Colombia: Escándalos, Corrupción y Pillos

Papa Francisco: «Quien roba al Estado y dona a la Iglesia es un hipócrita corrupto»

Simón Bolívar: “En este país está prohibido el comercio ilícito, y sus habitantes no son más que contrabandistas, y los empleados del tesoro, bodegueros”. En diciembre de 1826, Bolívar le escribió al general Urdaneta, refiriéndose a Colombia.

Fernando González: “De la causa principal de la corrupción de la democracia en Colombia. Que en Colombia no rija la ley de la proporcionalidad de las actividades es la causa principal de la corrupción de su democracia”. Una Tesis. El derecho a no obedecer. 1919.

Vargas Vilas. “La corrupción es lo más vergonzoso del alma y del cuerpo” .. “He llegado a comprender, dice Vargas Vila en ‘La semilla de la Ira’, que a estas repúblicas las matan no las doctrinas conservadoras sino los intereses, la corrupción, la ambición y la codicia que se ocultan tras la fachada de la tradición y las buenas costumbres. La enfermedad que corrompe el cuerpo social no es la miseria, sino el miedo. Cuando nadie se atreve a decir la verdad y todos huyen al chocar contra ella, la sociedad se lanza por un precipicio. En Colombia solo tienen cabida el bufón y el canto adulador de los juglares al servicio de los tiranos de turno. Si por azar del destino lleva hacia aquellas geografías a un hombre capaz de desvelar tanta ignominia, todos le vuelven la espalda; los periodistas, pagados por los poderosos, impiden que su verbo candente llegue hasta la multitud. Sin embargo no hay nadie que no declare vivir esperando una revolución...”. Ensayista, historiador, novelista, periodista y, sobre todo, panfletario, el más temido de los panfletarios colombiano; nacido en Bogotá, el 23 de junio de 1860, muerto en Barcelona, el 22 de mayo de 1933, dejando a la posteridad cerca de 100 libros, entre novelas, crónicas de viajes, historia, panfletos o ensayos, y a su hijo adoptivo, sus mansiones decimonónicas de París, Málaga, Sorrento, Madrid o Barcelona, donde con el más preciso y obstinado aislamiento, cumpliendo horarios de oficinista y vistiendo con exotismo se dedicó a combatir los gobiernos de Núñez, Holguines, Caro, Sanclemente, Marroquín, Reyes, Concha, Suárez, Ospina y Abadía Méndez de la ‘república conservadora’ de Colombia, y a déspotas sudamericanos como Estrada Cabrera, de Guatemala; Porfirio Díaz, de México, o Cipriano Castro, en Venezuela, con una obra que se sigue vendiendo, en el más absoluto pero galopante silencio e incluye joyas de la prosa modernista como Ibis, Ante los bárbaros, Los césares de la decadencia, Los divinos y los humanos o Rubén Darío.

Estanislao Zuleta: “Hay un dilema ético que tiene que resolverse a favor del esfuerzo consagrado como la mejor vía para triunfar en la vida”: “El elogio de la dificultad”. “Es mejor un país habitable que un país con grandes privilegios pero inhabitable”, esta burguesía se caracteriza por una codicia sin fin que se manifiesta no sólo en su incapacidad para sacrificar algo de sus privilegios económicos en aras de las reformas sociales que el país requiere, sino que, por el contrario, se ha aplicado, por ejemplo, a adelantar a punto de terror ese par de contrarreformas agrarias que son la de los años 50 y la de los años 90, que al precio de la muerte o el desplazamiento de centenares de miles de campesinos ha concentrado todavía más la de por sí ya históricamente concentrada propiedad territorial en Colombia o, un sistema financiero que bajo condiciones draconianas de préstamo ha terminado por expoliar de sus casas a miles y miles de familias, o la normalización que ha logrado para que los salarios de obreros y campesinos sean tan miserables que el 60% de la población vive en la pobreza absoluta y el 80% de los salarios sean del orden del mínimo que establece la ley, o su reflejo natural a evadir impuestos, o –¡hasta ahí puede llegar la codicia! – apoderarse de los magros recursos para seguridad social que el Estado destina a los sectores desprotegidos, o su proclividad a la corrupción para esquilmar los dineros del presupuesto nacional, los colombianos tenemos el infortunio de haber contado a lo largo de nuestra historia con una burguesía bien imbuida de esos atributos tan caros al mundo burgués que son la astucia, la codicia y la impiedad.”

Turbay: "Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones". Se inmortalizó negativamente con la frase.

Samper: “Hay que dejar investigar presuntos casos de corrupción”.

Uribe: “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la Politiquería”. Referendo contra la Corrupción y la Politiquería.

Colombia Escándalos, Corrupción y Pillos. La historia de Colombia ha sido atormentada por robos al erario público, escándalos, violencia que quedan en la impunidad. La institucionalidad se ha configurado para favorecer la corrupción. Esta podredumbre en Colombia tiene las constantes siguientes:

1ª No más Reformas, Acciones. Reformar la Ley. Quienes proponen la Reforma‘estructural’ a la Reforma del año anterior, para detener este flagelo, son los cómplices, encubridores y beneficiarios de los saqueos. Con las leyes y entes estatales se tiene para prevenir, investigar, judicializar, encarcelar a los responsables.

2ª Impunidad. Los fraudes a las arcas Públicas quedan en total impunidad. A pesar de los anuncios: “… se iniciaran exhaustivas investigaciones para aclarar los hechos, sin importar llegar hasta las últimas consecuencias.”

3ª Reformas Tributaria. El dinero de los hurtos tiene que salir de alguna parte, son los colombianos quienes terminan pagando los chanchullos, con las anuales Reformas Tributarias, mediante alzas de: IVA, 4 x mil, la gasolina, servicios públicos, agua, energía, predial. Hay que Eliminar todas las Exencionesy gabelas Tributarias que exoneran a los carteles comerciales, industriales, minerosde los grupos económicos y transnacionales. Seguridad Inversionista.

4º Préstamos Internacionales. En el peor de los casos, condicionados a requisitos más onerosos para alcanzar la Pensión; más gravámenes, desregularización, concesiones de recursos naturales y energía. 27.
   La Deuda externa alcanzó los USD $111.197.000 millones de dólares a finales de 2015. Este saldo representa un 38,1% del PIB y 11,3 puntos porcentuales más que en diciembre de 2014.

5ª Vender o Liquidar las Empresas Estatales. Por desfalcos, robos, se liquidan o venden los entes estatales, para luego el Estado, los vuelva a comprar, liquidar y vender, es una ‘espiral sin fin’ que repite cada Presidente. Aducen que son las cargas laborales, salarios, prestaciones, convenciones colectivas, Pensiones, lo que conlleva a liquidar las empresas del estado. El gobierno nunca admite quela corrupción, las prebendas, los altos salarios de los altos servidos públicos, que son la clientela de los lagartos políticos, como los culpables, porque se estaría incriminando.
   Con el fin de vender las empresas estatales de Alta Rentabilidad, el gobierno nombra gerentes para cumplir 3 objetivos: 1º Desacreditar el ente estatal; 2º Desfinanciarlo vía desfalcos, sobrecostos; Vender barato por ineficientes y corrupto, dándole el crédito al sector privado de su pulcritud y eficiencia.

6ª Ineficientes, Incapaces, Inútiles o Cómplices. Es suficiente para atajar la descomposición, que cumplan con su misión y objetivos de supervisión y control representantes de los colombianos: el Zar Anticorrupción, transparencia de la Presidencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, superintendencias, la defensoría, auditoría, contaduría, contraloría nacional, departamentales, municipales, procuraduría, fiscalía, juzgados, tribunales, cortes, personerías, unidades de control interno, unidades disciplinarias, que tienen cada ente público, adicional los contadores, economistas, administradores, ingenieros, interventores, abogados de planta o como calificados asesores, por contrato prestación servicios.

7ª Robos que no se ven, pero están a la vista. Peajes. El 4% de aporte para Salud que le roban a los Pensionados, después de 25, 30 años de pagar un Seguro; La eliminación de la mesada 13; Horas extras nocturnas; 4xMil; Tasas fijas en cuentas de servicios públicos; Tasas de Interés en Tarjetas de crédito; Préstamos bancarios; Tasas de Usura; Cuota fija de tarjeta débito y por uso en cada servicio; Foto multas; Cobro a autos estacionamiento;

8ª Voces aisladas. Las denuncias por corrupción, generalmente, provienen de periodistas y nimiamente de ‘Servidores Públicos’, a riesgo de perder la pauta publicitaria, el empleo o la Vida.

9ª “Perseguidos Políticos”. Los imputados de los Robosy sus defensores, afirman que la investigación se debe a “Persecución Políticadel gobierno de turno”. Con los millones robados, se van a vivir al exterior y piden Asilo Político.

Indice
1º Los más Vergonzosos
2º El más Magno. Reficar
3º El Cartel de la Justicia
Bogotá ‘Carruseles de la Contratación’
5º 1990-1994 César Gaviria Trujillo
6º 1994-1996 Ernesto Samper Pizano
7º 1998-2002 Andrés Pastrana Arango
8º 2002-2010 Álvaro Uribe Vélez
9º Seguridad Social
10º Nacionales
11º Regionales
12º Financieros
13º Carteles Industriales y Comerciales
14º Contralores Condenados
15º Firmas auditoras investigadas
16º Para Olvidar
17º Las Guerras Civiles en Colombia

1º Los más Escandalosos.
1968 Fadul y Peñaloza. Miguel Fadul, Gerente del IFI y Enrique Peñalosa, Gerente del Incora, por el lío de comprar las fincas de los ‘ricos, para la reforma agraria, como, unas tierras en Ayapel, Córdoba, finca Las Catas, de propiedad de la familia Ospina Vásquez de Medellín. 

1938 Handel. López. Alfonso López Michelsen, tumba un Presidente. Se aprovechó al vender las acciones de la empresa Handel, la mayor accionista de Bavaria, que estaban congeladas por la ocupación Nazi, y pertenecían a alemanes, judíos holandeses y europeos, obteniendo significativas ganancias, por lo que su padre, Alfonso López Pumarejo, Presidente de Colombia, renunció a su condición de mandatario.

1974-1978 Ventanilla Siniestra. López. Todo comenzó con Alfonso LópezMichelsen. La degradación de la sociedad y de las instituciones, públicas y privadas. Abrió ‘la ventanilla siniestra’, un lavadero oficial de ‘dineros calientes’, y el fútbol colombiano inició su segundo Dorado, como el primero de los mafiosos. Durante su gobierno implementó un plan para la compra de divisas, se conoció como “ventanilla siniestra” del Banrepública, se hacían grandes compras de dólares sin preguntar el origen. En esta oficina del Banco, los exportadores y narcos cambiaban sus dólares, sacados de actividades ilícitas sin mayor problema. La ventanilla siniestra, a través de su gran uso aumentaba la masa monetaria circulante, lo que repercutía en graves dificultades económicas, entre ellos grandes problemas inflacionarios.
   Igual, se hicieron famosos el caso de la finca La Libertad, Mamatoco, los viajes de su familia utilizando el avión presidencial, lo cual dio origen a que el humorista Klim, se refería al Fonsi Jet.

1982 Primera Reunión con Narcos. López. López acompañado de Ernesto Samper, en sucampaña de reelección presidencial, se reunió con los capos del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, clan Ochoa, Luis Ocampo, Lehder. Según trascendió de sus declaraciones, los narcos apoyaron financieramente su segunda campaña presidencial. López al ser interrogado por el ingreso de “los dineros calientes” a su campaña, respondió que él “no usaba termómetro para tomarle la temperatura al dinero” de los aportes electorales. “Ponía a pensar al país”. Esta mentalidad facilitó el ascenso de las clases emergentes y su asociación con sectores de las clases pudientes.

1984 Segunda Reunión con Narcos. López. Luego del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, López se reúne con el mismo grupo de narcos: Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa,"El Mexicano", Santiago Londoño White, coordinador de su campaña en Antioquia, en el Hotel Marriot de Panamá, para que oficiara de intermediario del ofrecimiento al gobierno, buscando una amnistía para los narcos, a cambio, de pagar la deuda externa del país, desactivar su red de distribución de droga, denunciar los sitios de procesamiento de la coca y repatriar sus capitales.
   La tolerancia del gobierno de López, continuó con Turbay Ayala 1978-82 y en general de la sociedad colombiana a capos del narcotráfico, fue premiada y estimulada por la generosa irrigación de beneficios a quienes negociaban con ellos desde la legalidad, como los propietarios de mansiones y fincas que las vendieron a alto precio, corredores de bolsa que amasaron fortunas con el lavado de dólares en la economía, empresarios que recibieron inversiones con bajos costos de capital para esconder ganancias ilegales.

1983 El robo de 13.5 millones de dólares al Ejercito. Roberto Soto Prieto se robó esta suma de las cuentas especiales del ejército, en el Chase Manhattan Bank de Londres. A pesar de que ocurrió en mayo 11 de 1983, el robo de los 13.5 millones de dólares solo lo descubrieron en octubre de 1994 cuando el general Miguel Vega Uribe solicitó información sobre los réditos de la cuenta. Soto debió ser condenado en ausencia, pues había pedido “Asilo Político” en Austria. Así burló la Justicia, hasta que lo detuvieron en Alemania por narcotráfico y lo condenaron a 9 años y medio de prisión. Soto se desempeñó como secretario General del mindesarrollo y vicemindesarrollo en 1976, Jefe de Comercio Exterior del minrelaciones y secretario asistente de asuntos económicos de la Cancillería.

2º El Robo más Grande.
2006Reficar. Refinería de Cartagena. Ecopetrol. Robo: $12 billones de pesos, 4 mil millones de dólares. Génesis. Decreto 1760 de 2003, Conpes 3312 de 2004 y 3336 de 2005. Es el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional en 2016, que terminaran de pagar los colombianos en 2046, según la Contraloría. Contexto. Desfalco y sobrecosto de la obra en el megaproyecto de la ampliación de la refinería de Cartagena. Consecuencias. La concentración de actividades en contratistas comunes con Chicago Bridge and Iron CB&I y Foster Wheeler. La partida de CB&I sin rendir cuentas ante la Contraloría. La cantidad de sobrecostos en el proyecto, debido al incremento de los materiales, la producción y la entrada en operación. La consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones.
La Contraloría detectó sobrecostos injustificados en la modernización de la refinería desde 2015;
   La Procuraduría inicio investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su responsabilidad en el detrimento patrimonial;
   ¿Absueltos? o ¿Impunes? La Fiscalía en diciembre de 2016, comunicó que quedaban exentos de responsabilidad penal: Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry. En investigación penal sobre el desfalco iniciada en enero del 2016, en pesquisas a archivos de Reficar y de los contratistas de la obra, así como de la investigación hecha por la Contraloría.
   ¿Culpables? A finales de abril de 2017, el Fiscal, imputo cargos a 8 ejecutivos de Reficar: 2 expresidentes, 1 Vicepresidente Jurídico y su grupo legal, 1 Revisor Fiscal y 6 representantes de los contratistas Downstream Ecopetrol, y CB&I; por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad en documentos. Así mismo, se llamó a indagatoria de 8 personas, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a declaración jurada, buscando más responsables. Según el fiscal, el costo del peculado está en el orden de $610 mil millones, cifra que difiere de la presentada por la Contraloría.
   ¿Qué pasa con la junta directiva de Ecopetrol, ministros de Minas?
   Otras responsabilidades en el manejo de Reficar. José Roberto Acosta. Fraude, negligencia, dolo, engaño, incumplimiento de deberes fiduciarios y violación del principio de buena fe son sólo algunas de las duras acusaciones que hace Ecopetrol en su demanda de arbitramento contra la multinacional CB&I, a la que contrató para ejecutar el Plan Maestro de Desarrollo de Reficar y que significó sobrecostos por US$4.000 millones de dólares del bolsillo de los colombianos.

2017 Llanopetrol. Refinería del Meta.
Robo $18 mil millones. Se imputo cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol. Se les acuso de apropiarse ilícitamente de más de $18 mil millones durante el mandato del gobernador Alan Jara entre 2012 y 2015, quien sería responsable de revivir el proyecto. La fiscalía dijo que los detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.

3º Cartel de la Justicia. Jueces y Magistrados.

1991-1996.Foncolpuertos. Robo: $2,5 billones. Jueces y magistrados decidieron unirse con empleados deFoncolpuertospara robar al Estado, reconociendo millonarias pensiones de más de $25 millones mensualesa exempleados de Puertos de Colombia. Se cree que en un lapso de 5 años se emitieron 55 sentencias reconociendo pensiones ilegales. Fueron condenadas penalmente 825personas, entreservidores públicos y particulares, por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación, concierto para delinquir, pero Luis Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de la empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones, Foncolpuertos,​ fue condenado a 13 años de prisión en el 2007, sin embargo, es pensionado del gobierno, como viudo de la congresista asesinada Martha Catalina Daniels. El caso fue discutido en el Congreso de Colombia, por la senadora Ingrid Betancourt, acusando directamente a Samper y Gaviria.

1.997-2012 ¿Cero -0-CorrupciónJudicial?

2013 Carrusel de Pensiones. Magistrados del Consejo de la Judicatura. Robo: $3.500 mil millones. Denunciado por María Mercedes López Mora, Magistrada de la Judicatura,al encontrar que magistrados de esta corporación nombraron, a familiares y personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de laComisión de Acusaciones de la Cámara, cuestionada desde la absolución de Samper en el “Proceso 8.000", estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso. Pese a ello, la Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al Estado en más de $3.500mil millones, investigación fue anulada por la Corte Suprema, al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes, ni al fiscal de estos magistrados, igual que al Presidente y Vicepresidente, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara y quien los destituye de sus cargos es el Congreso para que luego sean investigados, ya sin investidura, los respectivos entes de control.

2013 Caso Magistrado Villarraga. Fallos a $400 millones en 2013. En octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas. Hay una conversación entre el magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga y el coronel Róbinson González del Río, condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; del Río tenía 2 investigaciones en su contra, una por irregularidades en contratación y otra por "falsos positivos" asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo con los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y para lograr, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del militar por ‘falsos positivos’ quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde todos los militares investigados son absueltos. Pero mejor aún, la investigación quedó en manos de la Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso, provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el senado, renuncia aceptada por el congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones siguen vigentes.

   Lo que va de Villarraga al fuero penal militar. El Magistrado del Consejo de la Judicatura Henry Villarraga tiene más implicaciones, que su renuncia irrevocable a la magistratura, con su actuación siguen quedando al descubierto la poca decencia de los altos funcionarios del Estado, los alarmantes niveles de corrupción de la Administración de Justicia, y lo que es peor, la impunidad que se busca para los militares responsables de delitos comunes con el tristemente célebre fuero penal militar. Las dos cosas nos hablan de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

    El servidor público de marras, quien entre otras cosas, es de los pocos colombianos que tenían el honor de hacer parte de los 76 magistrados de las altas cortes, y con ello, de los privilegios que dicha dignidad representa: ganaba los mismos $24 milloncitos de pesos de los honorables congresistas, de los 365 días al año, si quería, podía trabajar sólo 169, tenía hasta 60 días de permisos remunerados (como el que disfrutó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz Rueda, bien utilizados en su crucero por el Caribe), también era merecedor de un régimen tributario especial, además de poder burocrático. Como Magistrado de alta corte participaba de la escogencia del Procurador General, el Contralor, el Registrador, el Auditor, tres magistrados de la Corte Constitucional y dos de la Corte Suprema de Justicia, como si fuera poco, no tenía pico y placa.    Adicionalmente, debe hacerse énfasis en que el Consejo Superior de la Judicatura, la corporación judicial que por conductas como la del señor Villarraga, quien ya había estado relacionado con casos de corrupción, está manchada por  el desprestigio desde su creación con la Constitución de 1991, aún vigente, según el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, es la encargada de administrar la rama judicial, como tal, le corresponde decidir sobre contratación, nombramientos de magistrados y funcionarios judiciales, aprobar inversiones, determinar la planta de personal de la rama, administrar la carrera judicial, es decir, administra y decide sobre los más de dos billones de presupuesto anuales, y claro, su sala disciplinaria, de la que hacía parte el señor Villarraga, decide sobre el conflicto de competencias entre jurisdicciones, como en el caso, la justicia ordinaria sobre la penal militar o viceversa. ¿Y qué relación tiene este episodio con los derechos humanos?
   La semana pasada la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios en el procedimiento un proyecto de ley que ampliaba el fuero penal militar, y entre otras gabelas, creaba un “Tribunal Especial” para juzgar militares por la comisión de delitos, los militares activos y retirados mostraron su inmediata indignación por lo que dicen es un “fuerte golpe a la moral de la tropa”, un “triunfo de los enemigos de las fuerzas militares y de policía”, es más, muchos se atrevieron a poner en tela de juicio la decisión del a corte, el presidente Santos y su Ministro de Defensa, rápidamente manifestaron el interés del gobierno por presentar otro proyecto de ley que blinde la actuación de las FFMM.
   Como siempre, con dicha posición tratan de ubicar a los amigos y a los enemigos del ejército nacional, creo que nadie en Colombia pone en duda la importancia de la fuerza pública y su legitimidad, empero, a estas alturas, hablar de la comisión de delitos por parte de sus miembros tampoco es herejía, menos, comprobar que el fuero penal militar es un privilegio en desuso, que le estorba a la paz y a la justicia. En los peores momentos del conflicto, el fuero penal permitió la impunidad de los militares respecto a los masivos y reiterados abusos contra la población civil y los derechos humanos; por ejemplo en las ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas como ‘falsos positivos’, vienen siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y otros 4.354 uniformados. Pero desde que se hizo pública dicha “práctica contra insurgente”, la que a propósito, conocía muy bien el presidente Santos, como ministro de defensa, se han dictado solo 639 condenas.
   En este contexto no se debe olvidar que los militares no son jueces, asumen con las armas del Estado la defensa del establecimiento en el conflicto que persiste, por ello, hacen parte de él. En la praxis democrática lo sensato es avanzar hacia una justicia única, fuerte, imparcial, y civilista, para todos, sin distingo alguno. El fuero Penal Militar es una medida para la guerra, los derechos humanos, sin excepción, deben tener absoluta preeminencia sobre el cálculo militar, por ello, la decisión de la Corte Constitucional resulta además de constitucional, pertinente para la paz.
   Ahora, no bastando con las implicaciones éticas, políticas e institucionales que arroja el comportamiento del doctor Villarraga, quien a pesar de ser beneficiario de los mejores tratos dispuestos por el Estado para consentir a sus máximos representantes, presuntamente venia teniendo por dinero, 400 millones de pesos, que no son nada, si se compara con lo anteriormente descrito, se deben analizar las implicaciones para los derechos humanos, de sus actuaciones irregulares y de favorecimiento dirigidas a salvar de la jurisdicción penal ordinaria y mandar a la justicia penal militar al Coronel Robinson González del Rio acusado de perpetuar asesinato contra dos humildes campesinos y de otros “falsos positivos”, este oficial es sobrino del pacificador de Urabá, General Rito Alejo del Rio condenado a 25 años de prisión por su participación en crímenes de grupos paramilitares.
   De estas reflexiones surgen varias preguntas: ¿por qué un oficial vinculado a estos delitos de lesa humanidad ofrece hasta 400 millones de pesos a un alto funcionario para no ser juzgado por la justicia ordinaria, a que le teme?, ¿qué le representa pasar a conocimiento de la justicia penal militar?, ¿impunidad?, ¿a quién o a quienes les conviene entonces revivir el tristemente célebre fuero penal militar, será tan sólo a los militares? Y para terminar, ¿hasta cuándo funcionarios venales decidirán sobre los derechos humanos de las víctimas del conflicto?, ¿cuáles son las garantías reales que nos ofrece la administración de justicia en Colombia?

2008 La Fiscalía. Guillermo León Valencia Cossío. Director seccional de fiscalías de Medellín fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, y enriquecimiento ilícito. La Corte concluyo que a través de su función como director de Fiscalías influyó para que John Freddy Manco Torres, alias ‘el indio’ fuera excluido del organigrama de la banda narcoparamilitar de Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, además, se comprobó que recibió $150 millones y una cuatrimotor de manos de El Indio. El caso comenzó en el año 2008, cuando salió a la luz pública la desaparición de alias ‘el indio’, un desmovilizado de las AUC y segundo de ‘don Mario’ de la lista de cabecillas de la organización narcoparamilitar ‘los urabeños’. En la investigación se encontró más de 120 grabaciones y 1.600 registros de otros archivos que comprometían al servidor público con la banda narcoparamilitar, grabaciones con Felipe Sierra, dueño de una firma de seguridad, Gustavo Villegas, secretario de Seguridad en Medellín con ‘el indio’. En agosto 4 de 2008, se capturo a ‘el indio’ y a Camilo Torres Martínez alias ‘fritanga’ o ‘mentira’, quienes pertenecen a la banda de narcotraficantes que actúa en el golfo caribeño de Urabá.
   Juan Felipe Sierra Fernández, condenado a 5 años de prisión en septiembre de 2011 tras aceptar que tuvo nexos con el narcoparamilitar ‘Don Mario’, fue excluido de la Lista Clinton, al igual que su compañía Control Total Ltda.
   Los líos de Sierra con el Departamento del Tesoro comenzaron el 18 de marzo de 2010, cuando él y su empresa de seguridad privada fueron incluidos en la Lista Clinton. De Control Total Ltda. Se sabe que contrató más de $1.200 millones con el Estado entre 2004 y 2007 y prestó el servicio de escolta a varios jefes narcoparamilitares mientras adelantaban el proceso de negociación con el Gobierno Uribe.
   Sin embargo, la sombra del narcoparamilitarismo siempre lo ha perseguido, ya que ‘narcos’ como Juan Carlos Sierra Ramírez, alias él tuso Sierra’, han señalado que tenía fuertes nexos con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´don berna’.

2015 Sistema Judicial de Barranquilla. Jueces y Fiscales. Fueron capturados 11 miembros de la rama judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, por concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada, falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas en los expedientes de procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.​

2016. Reelección Procurador Ordoñez. Magistrados Corte Suprema. El Consejo de Estado anulo la reelección del procurador Ordoñez, con 14 votos a favor y 6 en contra. Argumentó fallas en su postulación y elección al cargo: 1º En la Constitución no existe la figura de reelección de procurador, quien ya había sido elegido para 2009-2013; 2º La votación para elegir Procurador no debió haber ocurrido pues una de las integrantes de la terna, había renunciado a su postulación; 3º La designación de Ordóñez como candidato de la Corte Suprema había sido irregular pues los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz, quienes participaron en su elección, habrían violado una inhabilidad al tener familiares trabajando en el ente de control disciplinario.
   ¿Alguna sanción para estos Magistrados Corruptos?

2014 ¿Fallos a $450 millones en 2014 en Altas Cortes?

2015 Magistrado Pretelt. Fidupetrol. Fallos a $500 millones en 2015. En febrero de 2015, el magistrado de la corte constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes contra su colega magistrado y presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien habría pedido $500 millones, al abogado Víctor Pacheco, para fallar una tutelaa favor de la firma Fidupetrol, que debía resolver la Corte
   Tanto Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, como Hélber Otero, gerente de la sociedad, fueron condenados a 2 años de prisióny multa de 100 salarios mínimos. El juez que recibió el soborno, el magistrado Jorge Pretelt, fue suspendido y enfrenta un proceso en la Corte Suprema.
   La acción de tutela de Fidupetrol, buscaba revertir una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 mil millones, al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental, por este hecho, fue condenado en 2013 el gobernador de Casanare, Whitman Porras. Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el senado en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. El magistrado Pretelt pasó a juicio porcohechoen la corte suprema.Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el magistrado Rodrigo Escobar Gil, el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozanoy el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero; a los 3 se les imputó el cargo de tráfico de influencias. Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del magistrado Pretelt, originario de Córdoba, con el presidente Uribe, rival político de Santos.

2017 La Justicia del Meta. Jueces y Fiscales. La Dijin, en Villavicencio capturóa 2 fiscales, 2 jueces, 1 exjuez, 1 médico de medicina legal, 1 asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, 2 investigadores del CTI y 1 exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, debieron llevar a la cárcel hacen tiempo a integrantes de las Bacrim del Meta.
   La Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre ellos, 3magistrados del Tribunal del Meta, funcionarios del Inpec, abogados y particulares; a todos ellos, por concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos ‘servidores públicos’ conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.

2017 Desfalco a Ecopetrol. Juez. Robo $134 mil millones. El juez 4 laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, condenado por prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y enviado a prisión, luego de decidir varios fallos de tutela contrarios a la ley como extrabajadores de Ecopetrol, que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. La Fiscalía calcula pérdidas para la petrolera en $134 mil millones, además que en los procesos los reclamantes no se encontraban en la jurisdicción del circuito del juez. Por estos hechos, se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y tiene imputación de cargos el magistrado Fernando Castañeda, que está prófugo.

2012 Tribunal de Cundinamarca. A la cárcel Misael Alejandro Bautista, secretario de Tribunal por corrupción, cohecho y concusión. En segunda instancia, la juez 9 de Conocimiento de Bogotá, ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario Bautista, investigado por manipulación de procesos en el Tribunal. “LFiscalía demostró la participación del funcionario en un hecho de corrupción contra el exalcalde de Cota, Juan David Balcero, en el proceso por pérdida de investidura en el año 2012, y que habría recibido $200 millones de pesos por sus gestiones”. Y “dio un plazo de 5 días al Secretario del Tribunal, para que entregue su cargo, al decretar la suspensión de Bautista como funcionario en esa corporación”.


2012 Iván Velásquez Magistrado. Velásquez, el “investigador estrella” de la Corte, es una roca en el zapato de los mandatarios, congresistas corruptos, partidos clientelistas y de sus propios colegas los magistrados, cuya conducta está cerca de la de sus procesados. Ha soportado las mayores amenazas y conspiraciones contra su vida, su buen nombre y su honra, fue relevado del cargo de coordinador de los procesos del repugnante fenómeno de la narcoparapolítica, por el magistrado Leonidas Bustos, presidente de la sala penal de la corte suprema, en medio de un sospechoso sigilo y sin comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino mediante declaraciones soltadas al desgaire. La disculpa es baladí y ofende porque supone que somos estúpidos: el puesto debe rotar entre varios auxiliares, dijo Leonidas Bustos. La verdad es muy otra.
   Se beneficia con la sustitución de Velásquez, quien desentraño el modus operandi del “aparato organizado de poder” que surgió de la alianza del gobierno, la política y el narcoparamilitarismo:
   1º Los congresistas que purgan pena en La Picota:
1.1º Mario Uribe, primo del presidente, quien junto con su otro primo Santiago Uribe, un extraditado y su abogado complotaron contra Velásquez pagándole a alias Tasmania para que calumniara al magistrado. Hasta el jefe de Estado participó en esta patraña.
1.2º Óscar Suárez Mira le ofreció a alias Bam-Bam $100 millones para que se retractara de su testimonio contra él y enlodara a Velásquez.
1.3º Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño. Su abogado Ramón Ballesteros fue grabado mientras trataba de convencer a alias Diego Rivera de declarar en contra del investigador por 100 mil dólares.
1.4º Luis Humberto Gómez Gallo y su paisano Javier Ramiro Devia. El testigo Hernando Díaz aseguró que intentaron sobornarlo para desprestigiar a Velásquez y a la Corte.
   2º Los 30 congresistas investigados por nexos con el narcoparamilitarismo.
   3º El presidente y los funcionarios de su gobierno envueltos en el operativo de seguimientos, interceptaciones, montajes, ‘chuzadas’.
   4º La mayoría de integrantes de la Corte Suprema. Clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento, con el que se concertaron para privilegiarse, no pueden tener a un testigo de sus complicidades. Leonidas Bustos, a quien no le ajusta la toga, ha armado una oscura trinca y está triunfando.

2017 Magistrado de la Corte Suprema. Fiscalía. En junio 27 de 2017 fue capturado el CTI de la fiscalía, en su propia oficina y frente a sus empleados, el que fuera hasta ese día el Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, acusado, junto al abogado Leonardo Pinilla, de pedirle dinero al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones que cursan en su contra por malversación de recursos que superan los $10 mil millones, de lo cual sería investigado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión, revelación de secretos oficiales, de recibir sobornos para beneficiar al "Cártel de la Hemofilia" con el fin de que evitarán la cárcel y cumplieran su condena en casa, hoy en día permanecen en el pabellón de La Picota de Bogotá esperando ser extraditados a USA. La condena que Moreno podría enfrentar es de 8 a 15 años con rebajas de 6 años excarcelables.
   Lyons, quien pasó a ser cooperante del departamento de justicia de USA, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno quien apenas llevaba 1 mes en el cargo se le habían acercado para pedirle $100 millones a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons 10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La Fiscalía, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia. El Departamento de Justicia de USA descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones y una “adición” de 30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de USA. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradicción a Colombia. Luego de este suceso, la Fiscalía capturo más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradicción por USA.​
   Moreno, luego de confesar su delito, atestiguo en la Fiscalía contra magistrados de la corte: José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte Gómez, a los cuales USA les canceló la visa, manifestando que estos absolvieron a los congresistas Luis Alfredo Ramos,Hernán Andrade, Musa Besayle de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; la investigación contra los magistrados está en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
   El congresista Besayle admitió ante la Corte Suprema que pagó $2mil millones al fiscal Moreno y al magistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por NarcoParaPolítica, de una cantidad inicial de $6 mil millones solicitada por estos.​
   Barú. Los tentáculos del cuestionado Magistrado Francisco Ricaurte, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se quedaron allí, también llegaron a la Corte Constitucional, en la cual movía sus influencias y presionaba fallos. Ricaurte litiga en la Corte Constitucional, en forma oculta, en casos importantes, como el de los herederos de las tierras de Barú, en el departamento de Bolívar. El citado ex magistrado apoya a los miembros del Clan Ochoa, reconocidos narcotraficantes de Medellín, que se quieren quedar con las tierras en Barú, que por ley le pertenecen a unos humildes moradores de la zona. El abogado Luis Alfonso Barrios, quien forma parte de la familia de herederos de las tierras de Barú, reveló que tuvo que ceder el poder a otros juristas para que lo representaran en este espinoso caso, porque ha sufrido varios ataques judiciales por denunciar algunos hechos. Barrios manifestó, que uno de los obstáculos que enfrentan los propietarios originales de esos predios costeros de inmensa belleza, recursos ecológicos y atractivos turísticos, es que ellos han escuchado a la esposa de Fabio Ochoa Vásquez decirles en repetidas ocasiones que nada pueden en su contra, porque la justicia está del lado de ella. “Ella inclusive me lo manifestó a mí, que ellos tenían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un magistrado, Francisco Ricaurte y las decisiones evidencian que sí se ha manipulado”, afirmó el abogado Luis Alfonso Barrios.

2010 Fiscalía. Directora de Fiscalías ejercía sin ser abogada. La directora nacional de Fiscalías de La Guajira Claudia Elena Lozano Doria, quien en el 2010 resultó enredada en una investigación contra una red de funcionarios que al parecer devolvía cargamentos de droga a narcotraficantes, fue llevada ante la justicia por la falsificación de los documentos con lo que logró ser nombrada en importantes cargos. La exfuncionaria fue llevada a imputación de cargos ante magistrados del Tribunal Superior de Bogotá por la supuesta falsificación de sus certificados de notas, su título de abogada y su tarjeta profesional. La fiscal Lozano Doria, según una testigo, habría recibido 350 millones de pesos por devolver un cargamento de droga a narcos de La Guajira.

Concejo Superior de la Judicatura. Nómina paralela en Barranquilla. Capturan 11 personas. Un funcionario de la Rama Judicial pagó más de $100 millones a personas que nunca trabajaron para la Judicatura.  Reclamaron más de $80 millones de pesos de sueldos a funcionarios que no existían.

 Juez de control de garantías en Medellín. Concedió la detención domiciliaria a 12 personas vinculadas con una operación de lavado de activos en transacciones de oro, que alcanza la escalofriante cifra de $2 billones de pesos.

Congreso. Yahir Acuña. Congresista. Revocan fallo que ordenaba devolverle $487 millones al congresista Acuña. La Fiscalía adelanta una investigación contra el congresista para establecer el origen del dinero incautado en octubre de 2015.

Congreso. Alexander García. Congresista, capturado con $600 millones, en operación de lavado de activos de bandas criminales.

Congreso. Historia del carro millonario. El presidente del Senado explicó que el vehículo en el que movilizaban los $613 millones había sido subastado en 2014. Era manejado por el hijo de la directora financiera del Congreso.  Dinero de bandas criminales. Hijo de directora financiera del Senado ofreció $ 100 millones para que lo dejaran libre.
   El escandaloso expediente de los carros del Senado. Firma Nave Ltda. No da razón de 11 blindados de los 166 que el Senado dice haberle entregado.

2011-2015 Congreso. Primas técnicas irregulares. Robo $3.486 millones. Entre el 2011 y el 2015, el Congreso repartió más de $3.486 millones en primas técnicas para funcionarios de las direcciones administrativas del Senado y de la Cámara de Representantes que no cumplían con los requisitos para lograr esos beneficios. Así lo denunció una auditoría de la Contraloría, que detectó que en ese periodo el detrimento por primas irregulares en el Senado fue de $2.255 millones, y en la Cámara, de $1.213 millones. La Contraloría, que ya inició varios procesos de responsabilidad fiscal contra los funcionarios que autorizaron esas dádivas, asegura que en muchos de esos giros no existía ningún acto administrativo o resolución que justificara su reconocimiento. Es el caso de un secretario de comisión al que se le giraron más de 82 millones de pesos sin control.

Policía. Capturado jefe de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta por pérdida de 264 armas. En la investigación hay otros 5 policías y un civil implicados, quienes también fueron detenidos. Según la Fiscalía trabajaban para el grupo armado ‘Los Pachencas’.

Concejo Nacional Electoral. Me acabo de enterar.

Bogotá ‘Carruseles de la Contratación’

El metro de Bogotá.
Costo Estudios.

1990-1992 Alcalde de Bogotá. Juan Martin Caicedo Ferrer y Marcela Airó de Jaramillo secretaria de Hacienda, fueron condenados por robo al tesoro público de Bogotá. Caicedo Ferrer haciendo mal uso de los mal llamados auxilios en su época repartió presupuestos de manera irregular a entidades privadas, concejales y contratistas. La lista de concejales implicados en este carrusel de auxilios y obras a medias incluyó en su momento a un arsenal de vigentes y reconocidos políticos dados al arte del CVY, el MTC y la compra-venta de conciencias y votos entre los que se incluían a los todavía activos en política y que hacen parte de las moralistas huestes conservadoras Telésforo Pedraza y Omar Mejía Báez y a los retirados Ricaurte Lozada, Marta Luna, Dimas Rincón, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca,  Guillermo Morales, Bernardo Ordóñez, Rafael Forero Fetecua urbanizador pirata, especializado en la venta de lotes baldíos con escrituras falsas a familias de escasos recursos.

2000 Losas Transmilenio. Robo. Andrés Camargo Ardila,  director del IDU yMaría Elvira Bolaño asesora del IDU, de la primera alcaldía de Peñalosa, condenados a 85 meses de prisión, por peculado culposo y celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, por las irregularidades que se presentaron en la contratación y el mal funcionamiento de las construcción de la troncal y losas del Transmilenio Fase II en la Autopista Norte con la firma Conciviles. Se condenó al constructor Alberto Otoya y al interventor Álvaro Silva Fajardo por peculado culposo a 10 meses, sin derecho a excarcelación. Actualmente las baldosas de la fase II de Transmilenio Caracas, Autopista norte, Calle 80, Suba, Eje ambiental y Américas, son algunas de las más destruidas de las 3 fases que se encuentran en funcionamiento. Siendo el sector más afectado la Avenida Caracas que atraviesa la ciudad de norte a sur.

2004 Vía Bogotá-Girardot. Grupo Nule. Robo: $170.800 mil millones. Afectada: Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Génesis. El Inco les da la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, uno de los proyectos viales más relevantes del país. 2 años más tarde comienzan a sonar, las primeras acusaciones por evasión de impuestos y por irregularidades en la ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa – Granada-Girardot, suscrito entre el Inco y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot. Afectación social. Que la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos. Vinculados: -Manuel Francisco Nule Velilla -Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Eduardo Nule Mariño -Luis Carlos Ordosgoitia-Álvaro José Soto García-Alfredo Pérez Santos-Julio César Arango Garcés-Álvaro Escalante Rodríguez-Juan Manuel Martínez Paz-Miguel David Bonilla España-Jaime Fernando Ortiz Díaz-Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.-MVN S.A. en liquidación judicial-Vergel y Castellanos S.A.-Álvarez y Collins S.A.-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS-Enrique Dávila Lozano EDL SAS-Consultoría Colombiana S.A.-B & C S.A.

2007 Transmilenio Calle 26. Grupo Nule. Robo: $156mil millones. Afectada: Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Pese a los de sobornos, el emporio Nule, ganó el contrato de la calle 26 que giraba en torno a los $315 mil millones. Este caso provocó que se revelara que no cumplirían con las fechas de entrega, además, los hermanos habían obtenido un préstamo por parte de la DNE, dirección nacional de Estupefaciente, para la vía Bogotá-Fusa. Dadas todas sus irregularidades e incumplimientos se les declararon en el 2010 a cinco de sus empresas en banca rota y en el 2011 se les convocó a una audiencia por 5 delitos. Recientemente los implicados en este caso han sido llamados para declarar por el caso Odebrecht. Génesis. Irregularidades en la celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre, entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda., Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al grupo de 4 obras licitadas por el IDU mediante licitación pública. Contexto. Los hermanos Nule, contratistas, la Odebrecht colombiana,reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados, llevar a cabo el manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot, y sobre todo Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada de $156 mil millones. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran cantidad de negocios que tenían se daba a partir del denominado Carrusel de la contratación, donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el Distrito, donde se realizaba la entrega de un 8% de comisión para altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Consecuencias. El retraso de las obras de Transmilenio  por la calle 26 afectando tanto a los ciudadanos como a los contratistas que estuvieron involucrados para tomar el proyecto. Las fallas del Estado en la contratación pública, en la revisión del manejo de contratos en la parte de concesiones viales. La afectación de la movilidad durante el tramo de 3 años en Bogotá. La pérdida de credibilidad y prestigio en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá. Afectación social. Los bogotanos son las víctimas. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados. En los actos de corrupción derivados de la contratación en la capital, especialmente provenientes de la construcción de la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26. La afectada es la ciudadanía bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y en el sistema jurídico. Vinculados. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso. -Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño -Luis Eduardo Garzón -Liliana Pardo Gaona -Néstor Eugenio Ramírez Cardona -Inocencio Meléndez Julio -María Clemencia Cantini Ardila -Luis Eduardo Montenegro Quintero -Carmen Elena Lopera Fiesco -Luis Esteban Prada Bretton -Aldemar Cortés Salinas -María Natalia Laurens Acevedo -Carmen del Rosario Silgado Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya -Giovanny Adolfo Arenas Beltrán -Miguel Ángel Morales Russi, el contralor distrital-Germán Olano, congresista, condenado. Samuel Moreno, Alcalde, condenado a 24 años -Iván Moreno Rojas, congresista, condenado a 14 años de cárcel.

   2010 Bogotá. Carrusel de la Contratación. Robo $2 billones. Enero de 2010. Se evidenció con los retrasos en las obras de la 3ª Fase de Transmilenio por la Calle 26, debido a que más de $80 mil millones de pesos fueron a parar a otros intereses del Grupo Nule, quienes eran accionistas mayoritarios de la Unión Temporal Transvial, encargada de adelantar estas obras, que finalmente fueron cedidas a Conalvías.
   Junio 25 de 2010. Fue revelada la ‘prueba reina’ de este escándalo. Una grabación entre el Miguel Nule y el congresista Germán Olano Becerra, del partido liberal, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años y condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, además influencio, para que los Nule se hicieran cargo de la reparación de la malla vial de la 3ª fase de Transmilenio y la valorización, conversación, en la que se pacta una comisión para el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, con el fin de que ignorar las irregularidades en la adjudicación ilegal del contrato de la Calle 26.
   La justicia ha probado, hasta ahora, graves irregularidades y multimillonarias ‘mordidas’ en 3 contratos: 2 de mantenimiento de la malla vial, que se adjudicaron por cerca de $200 mil millones, y 1 para la construcción de un tramo de TransMilenio, por más de $400 mil millones. Según las pruebas, a Morales Russi, le dieron $3.500 millones. Un informe de la Fiscalía, calcula que el detrimento patrimonial habría alcanzado los $2 billones.
   Por este escándalo, fueron imputados 17 Concejales de Bogotá. Hay 2 presos:
José Juan Rodríguez del Partido Verde en La Picota
Hipólito Moreno del Partido de la U que recibió temporalmente casa por cárcel.
   Otros dos concejales están negociando con la justicia su colaboración, es decir, confesando y reconociendo que hicieron parte de la estructura criminal que desfalcó a la ciudad.
   Qué pasa con estas curules.  Nada, serán reemplazados por otros de su partido, como si nada hubiera pasado.

2016 ‘Carrusel de Contratos’. Andrés Jaramillo López. Presidente de Conalvías. Robo $190 mil millones. Tiene 3 cargos. Habría pagado para quedarse con contrato de los Nule, más de $190 mil millones. La fiscalía imputó cargos por su participación en el ‘carrusel de la contratación’, que habría implicado pagos indebidos que implicaron un sobrecosto de $197.000 millones.

2011 Recolección de basuras en Bogotá. Robo: $348mil millones. Afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. Génesis. El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza de Bogotá. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión. La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo SIISA. Afectación social. Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad. Vinculados. -Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano-César Augusto Villamil Gómez-José Róbinson Gómez Trejos-Fabiola Ramos Bermúdez-Victoria Eugenia Virviescas Calvete-Tanny Liliana García Lizarazo-Gerardo Enrique Cuenca Melo-Miriam Margoth Martínez Díaz-Juan Carlos Junca Salas-Fiduciaria Bancolombia.


2016 En La Contraloría de Bogotá. La fiscalía ordenó la captura de 3 funcionarios de la Contraloría de Bogotá, debido a unas grabaciones, donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones a un interventor de obras, para archivarle una investigación por irregularidades encontradas en auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital, en cabeza de estos funcionarios.​

2017 Carrusel de las Alcaldías en Bogotá. Irregularidades por contratación "a dedo" a fundaciones "de papel" y de "objeto social amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley.La Fiscalía ordenó la captura de alcaldesas de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó celebración indebida de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300 mil millones a razón de $15.000 millones por localidad, se busca determinar cuánto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".​

2017 Caso Judy Pinzón. Robo $4.300 millones. El 17 de mayo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá pidió a la Personería Distrital realizar indagaciones correspondientes por irregularidades en la contratación con 5 alcaldías locales de Bogotá por parte de la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario Fundesco, dirigida por la concejala Judy Pinzón. Fundesco logró contratos superiores a los $4.300 mil millones; en un documento Fundesco contrato con las alcaldías para instalar equipos de cómputo, campañas de prevención contra la violencia, la celebración del bicentenario de una localidad.
   En 2004 Judy Pinzón, Directora de Fundesco fue condenada, junto a 2 concejales, a 6 años de prisión, además de 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100 millones para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas ambulantes.​

2009 Gobernador de Cundinamarca. Álvaro Cruz Vargas. Condenado a 6 años de prisión y multa de $145 millones por delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer. Además, Cruz Vargas entrego $2 mil millones al procurador Jovel Muñoz, con el fin de retardar el proceso penal en su contra. También, intentó sobornar al Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, para que su proceso fuera archivado, congelado  o prescrito. Cruz su esposa, Zoraida Rozo, ocultaron pruebas en el proceso tras las investigaciones adelantadas por el carrusel de contratos de Bogotá. Cruz se desempeñó como concejal de Bogotá, diputado, secretario de Hacienda y de Obras Publicas de Cundinamarca y 2 veces Gobernador de este departamento.
   Al menos 10 facturas encontradas en los allanamientos realizados en las oficinas de la empresa ICM Ingenieros en Bogotá enredan a Cruz, contra quien se imputarán cargos por el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. La Fiscalía señala que esas facturas soportaron operaciones ‘de papel’ que permitieron sacar de la empresa $900 millones que fueron a parar en los bolsillos de los concejales Hipólito Moreno, condenado a 6 años de cárcel, Orlando Parada y Andrés Camacho, todos condenados por la corrupción en ‘carrusel de los contratos’ en Bogotá. La plata salió del anticipo del contrato 193 del 2009, que por valor de $24 mil millones fue adjudicado a unión temporal en la que ICM Ingenieros fue parte clave. “Esos pagos no tenían justificación ni soporte y solo tenían un objetivo: pagar los sobornos a los concejales que presionaron la adjudicación del contrato”, señalo la fiscalía. Cruz ha señalado que solo era un asesor de la empresa, pero “hay evidencias de que él la controlaba y era quien tomaba las decisiones”. La fiscalía, dijo que Cruz tendrá que responder por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza, por los que podría pagar más de 12 años de cárcel.
   El concejal Hipólito Moreno, reconoció que recibió el pago del soborno en efectivo para que el contrato fuera entregado a la empresa vinculada a Cruz Vargas. Igual, el testimonio del cuestionado contratista Julio Gómez, quien dio cuenta de supuestas reuniones de Cruz con Emilio Tapia, otro condenado por el ‘carrusel’, en las que se habrían hecho acuerdos para la adjudicación de contratos. Tapia también testificó contra Cruz. La Fiscalía destapará durante la audiencia de imputación el testimonio del abogado Manuel Sánchez, que negoció con la Fiscalía y recibió un principio de oportunidad, y quien dijo a los investigadores que Cruz hizo parte de “una organización criminal” que se conformó para obtener millonarios contratos de obra en Bogotá.

2008-2014 Odebrecht. Cantidad hasta el momento: 11,5 millones de dólares. En 2015 en Brasil se captura a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. Mediante sobornos, esta multinacional brasileña obtenía jugosos contratos para la construcción de grandes obras.
   Las campañas presidenciales del 2014 de Santos y de su rival Óscar Iván Zuluaga, recibieron 1 millón de dólares y 1,6 millones de dólares, respectivamente, según la Fiscalía, que aseguró en una carta al Consejo Electoral que tiene elementos y documentos que le permiten concluir "certeramente" que Odebrecht asumió costos en las campañas de ambos, Santos y Zuluaga.
   En Colombia hay 4 capturas por los sobornos de Odebrecht por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, cohecho: -Rodrigo Aldana, Fiscal-Alberto Cardona, ingeniero y contratista -Otto Bula, congresista -Gabriel García Morales, vicetransporte.
1º Gabriel García Morales, vicetransporte. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió la suma de 6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo 2, excluyendo a otros competidores.
2º Otto Nicolás Bula, congresista. La segunda captura, en enero del congresista Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, lo contrato Odebrecht Colombia en agosto 5 de 2013, con el fin de que obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht es parte, con Corficolombiana. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de 4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró en marzo 14 de 2014. La Fiscalía imputó cargos al congresista Bula por cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito. El proceso aún continua en etapa de investigación, en búsqueda de más implicados y capturas.
3º Rodrigo Aldana, Fiscal. En mayo de 2017, se le imputaron nuevos cargos a Bula por cohecho y asociación para cometer delitos contra la administración pública, al entregar un apartamento en el norte de Bogotá al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana a quien en abril le imputaron cargos por cohecho propio, prevaricato por omisión, concertación para cometer delitos contra la administración pública, para que emitiera una resolución de extinción de dominio a 3 haciendas en el departamento de Córdoba.
4º Alberto Cardona, ingeniero y contratista.
5º Federico Gaviria, señalado de ser el enlace entre Odebrecht y las obras de infraestructura, se declaró culpable el 21 de julio pasado de los delitos de cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
6º José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, la Fiscalía le imputo cargos por cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos, investigado por la feria de sobornos que pagó Odebrecht en Colombia. Episol, filial de Corficolombiana para la época en que Melo la presidía, se volvió socia de Odebrecht en el concesionario Ruta del Sol 2 con el 33% de la unión temporal. Otto Bula le ha dicho a la Fiscalía que era imposible que la gente de Episol y Corficolombiana no supieran del pago de los sobornos, pues ellos, asegura Bula, estaban al tanto de todo el dinero que se desembolsaba para el proyecto.
Bula es otro testigo clave de la Fiscalía. Declaró que fue contratado por Odebrecht para “pedalear” que en el Congreso y el Gobierno se aprobara un nuevo contrato para la Ruta del Sol 2 de manera directa, es decir, sin licitación. Se trataba de la adición Ocaña-Gamarra, por la cual se invirtieron unos $1,2 billones. Según  Bula, Odebrecht autorizó a que se pagara el 2% del valor de ese contrato para el senador Bernardo Elías “y los amigos de las comisiones de presupuesto que él maneja”; 0,5 % para Bula; 0,5 % para Federico Gaviria, y 1 % para otros políticos que, al parecer, serían Plinio Olano y Miguel Peñaloza. Bula ha señalado que a través Elías se logró llegar a Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, para estructurar la adición, y que en las reuniones con Andrade también estaba Juan Sebastián Correa, enlace de la ANI con el Congreso. Dijo que parte del soborno se pagó a través de un contrato con el consorcio Sion, que manejaban dos amigos del senador Elías (Mauricio Vergara y Gabriel Dumar). Otra parte del soborno se habría manejado por medio de un contrato con Profesionales de Bolsa, aunque su representante legal, Gustavo Torres, rechazó los cargos en su contra. Se supone que, en total, el soborno por la adición Ocaña-Gamarra fue de US$4,6 millones. 
7º Miguel Peñaloza,
8º Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, para estructurar la adición, y que en las reuniones con Andrade también estaba Juan Sebastián Correa, enlace de la ANI con el Congreso. 
9º Gustavo Torres, parte del soborno se habría manejado por medio de un contrato con Profesionales de Bolsa, aunque su representante legal,
10º Gabriel Dumar representante del Consorcio Sion, al parecer, tenía conocimiento de la entrega de sobornos que realizó la multinacional brasileña. La Fiscalía dice que el empresario es responsable por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. 
11º Mauricio Alberto Vergara socio de Dumar, la Fiscalía le tiene pendiente una imputación de cargos por estos mismos hechos. Vergara figura como representante legal en cuatro contratos con el Estado firmados entre 2012 y 2014, que suman casi $9.000 millones, y que comprueban sus fuertes vínculos como contratista de Córdoba, fortaleza electoral de Elías, de Besaile y hasta de Otto Bula, quien es natural de Sahagún, donde Vergara tiene su oficina.
12º Roberto Prieto La Fiscalía abrió una investigación preliminar al gerente de la campaña presidencial, Roberto Prieto, en la que se ha enfocado en probar si cometió el delio de fraude procesal o no. En abril pasado trascendió la noticia de que el ente investigador estaba listo para pedir una audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, no ha sucedido. Prieto ya aceptó el pago de USD$400.000 por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 para la impresión de unos afiches. Por este caso, también es investigado el empresario Andrés Giraldo, amigo de Prieto y a quien Bula lo acusa de haber recibido USD$1 millón para que se lo entregara a Prieto.  
El exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos también está en el ojo del huracán por cuenta de 66 contratos que su empresa Marketmedios firmó entre 2011 y 2016 con 31 entidades del Estado. La Procuraduría ya puso la lupa sobre estos contratos  que suman más de $84.000 millones y, además, trasladó el expediente a la Fiscalía para determinar si existía alguna responsabilidad. Hasta ahora, Prieto es la primera persona del círculo cercano al presidente Santos en ser vinculada formalmente al caso de los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia.

Los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays

13º Los hermanos Ghisays Manzur, dice la Fiscalía, se prestaron para crear en Panamá una sociedad a través de la cual “lavar” el soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le pagó a Gabriel García Morales: Lurion Trading. La sociedad se creó en enero de 2010 y los únicos accionistas eran los hermanos Ghisays. Elos son señalados por la Fiscalía de haberse prestado para legalizar en Colombia los sobornos pagados a García Morales, con el propósito de salir de la bancarrota: así lo afirmó la Fiscalía, que al revisar las declaraciones de renta y las finanzas de Eduardo y Enrique Ghisays encontró que en 2010 sus números pasaron de estar en rojo a tener un incremento notorio en su patrimonio de US$750.000. Era un giro de la sociedad Valores Bancolombia y, luego se vino a conocer, era la tajada que les correspondía del “favor” que le hicieron a García Morales. La Fiscalía les abrió una investigación por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares y el 7 de marzo de este año, Enrique Ghisays aceptó los cargos. La Fiscalía confirmó que habrá audiencia de acusación contra Eduardo Ghisays el próximo 24 de agosto.

14º Álvarez y Parody, a interrogatorio

La Fiscalía anunció que este viernes, 18 de agosto, escuchará en interrogatorio a  la exministra de Educación, Gina Parody, y la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez. El ente investigador tiene en su radar a estas dos exministras por su relación  con la adición del tramo Ocaña-Gamarra, la cual se aprobó en 2014 y se sustentó con el Conpes 3817 de octubre de ese año. De acuerdo con otra de las líneas de investigación de la Fiscalía, para que Odebrecht se quedara con esa adición, la empresa brasileña pagó sobornos a varios funcionarios públicos. El Conpes fue firmado por todos los ministros de la época, entre los cuales estaba Álvarez en la cartera de Transporte. Con esta diligencia, la Fiscalía está tratando de establecer si esa decisión benefició a la familia de Gina Parody -pareja de Álvarez-, la cual es propietaria de un puerto seco que está ubicado cerca de la vía que se aprobó. Este caso  tiene además su capítulo en la Procuraduría en donde ya  se citó a declarar a  Parody y  ya hay una indagación preliminar contra  Álvarez.   

   Congresistas. La Fiscalía, tiene indicios de que congresistas habrían recibido dineros de Odebrecht para impulsar la aprobación del tramo Ocaña-Gamarra, que beneficiaría a la constructora brasilera y a sus socios, por lo que pidió a la Corte Suprema que investigara a:
1º Bernardo Elías,
2º Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, miembro de la Comisión Tercera, la cual se ocupa entre otros de los asuntos de Planeación Nacional.
3º Ciro Rodríguez, Ciro Rodríguez, conservador, representante por Norte de Santander, departamento por el cual pasa la vía Ocaña-Gamarra, y es miembro de la Comisión Sexta, que maneja obras públicas y transporte.
4º Musa Besayle, de Sahagún, Partido de la U.  
5º Plinio Olano, quien dejó el Congreso en 2014, estaba con el Partido de la U y hacía parte de la Comisión Sexta también.

1983-1992 Fondo de Seguridad y Vigilancia. Otro fortín de la corrupción. El Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito –FVS-, hace parte del conjunto de instituciones y dependencias públicas que se habían constituido al pasar de los años, en fortines políticos y económicos; donde no se tomaban ningún tipo de decisiones, particularmente contractuales, sin que el visto bueno del jefe político de turno.

   Recordemos que Bogotá venia sumida por décadas en el caos, producido por la  mala administración; la modernización administrativa es relativamente nueva; la misma se remonta a la administración de Jaime Castro en el periodo de 1992 a 1994, quien consiguió la aprobación del Estatuto Orgánico de la ciudad, poniéndolo a tono con lo establecido por la recién aprobada Constitución de 1991; reorganizó las finanzas distritales y sentó las bases para que administraciones como la actual, en uso de la autonomía relativa de la ciudad, acometa las reformas administrativas que se requieren para la recuperación del concepto de lo público.
   Lo que se observa en la actualidad es la tensión producida entre el gobierno de la ciudad y los otrora dueños de las secretarías, dependencias e instituciones, quienes no se dan al dolor de ver como son sacados de sus feudos, sin que se les consulte o participe de las iniciativas en los sectores que dicen representar y donde decidían impunemente quienes eran los actores de la contratación, muchas veces, generando dividendos ilícitos, en contra de los intereses colectivos.
   El ejemplo de FVS puede resultar paradigmático, veamos: En el Acuerdo 9 de 1980 de creación, en el Acuerdo 18 de 1983 que derogó el anterior, la clase política a través de los concejales había asegurado la participación en la junta administradora del FVS, el Acuerdo 28 de 1992 incluyó, además, un parágrafo que supedita cualquier compra destinada a la Policía Metropolitana, Mebog, a las especificaciones, niveles técnicos, cantidades y referencias indicadas por el comando respectivo, o aprobadas previamente por él. Cabe señalar que algunos actos administrativos posteriores, han tratado de tecnificar y organizar el objeto social del referido FVS, no obstante, los niveles de corrupción, ineficiencia y falta de control se mantienen.
   El FVS que maneja para este año alrededor de 170 mil millones de pesos para dotar a la Policía y otros organismos de seguridad en sus labores, se había  convertido en una “mina” para muchos contratistas amigos de poderosos políticos capitalinos, y más aún, en una “piñata” frente a la cual era válido para los mismos entes de seguridad, particularmente para la MEBOG, justificar cualquier tipo de contratación, con el único fin de ejecutar tan generoso presupuesto. Lo anterior ha dado como resultado que permanentemente se descubran actos de corrupción como el sobrecosto del 300 por ciento en los vehículos “autobalanceados”, que representan un detrimento de 894 millones de pesos en un contrato de 1.264 millones de pesos, la compra de cámaras de televisión que se instalaron en colegios públicos, las cuales tienen una serie de problemas y las que no se han instalado en su totalidad; contrato que se firmó por 40 mil millones de pesos. Adquisición de equipos de comunicación por 7,5 millones de dólares, los cuales no pudieron ser utilizados y hoy tiene que ser destruidos. Los 5 mil millones de pesos invertidos en la construcción de la Estación de Policía de Usaquén; la cual por quedar mal construida debe ser demolida, lo que representa la perdida de esa inversión. El contrato de mantenimiento del parque automotor de la Mebog, que asciende a los 6 mil millones de pesos anuales con la empresa Autoexpress Morato, la misma que le vendió los “autobalanceados” al Distrito Capital, empresa contra la cual existen denuncias penales y disciplinarias, entre otros claras pruebas de corrupción.
   Sin contar con lo que sucede con la administración de los bienes de propiedad del FVA, con sus inmuebles, 150  apartamentos que tiene en este momento la Mebog, sus vehículos, equipos, muchos entregados bajo la figura de los comodatos; los que son vigilados en forma precaria por 26 funcionarios de planta y una gran cantidad de contratistas que hoy están pero mañana no, en ultimas no existe continuidad y garantía de resultados. Frente al tema de los 416 comodatos cabe precisar que las entidades más beneficiadas con este tipo de préstamos son la Mebog, Brigada trece del Ejercito, Secretaría de Gobierno, Fiscalía, CTI- Bogotá, Medicina Legal, se sabe que muchos de ellos ya se encuentran vencidos, y otros no se sabe si están siendo usados adecuadamente.
   El gobierno de Petro incluyó en uno de los ejes de la “Bogotá Humana”, la recuperación de lo público; recuperar lo público es arrancarlo de las manos de quienes desde una posición privilegiada lo han explotado por décadas para su propio beneficio económico y electoral. Quienes desde esta posición ven en el Alcalde Mayor una amenaza contra sus intereses; tienen razón, los contratos ilícitos, los negocios torcidos, y el respeto por los fortines históricos no serán consultados en esta administración. Esto se evidencia en todos los sectores: en movilidad, educación, aseo, integración social y como no, en seguridad y convivencia. Hoy se observan reconocidos empresarios y políticos alterados frente a las iniciativas de la administración distrital, tildan al alcalde de dictador y crean un cerco mediático en su contra, no importa, las ciudadanías bogotanas hoy entienden que con su triunfo democrático perdieron las mafias corruptas, lo preocupante sería que no.

5º Robos 1990-1994

1980-1992 El Guavio. Robo $15 mil millones. Fabio Puyo Vasco el único condenado por el multimillonario desfalco al Estado en la construcción de la central hidroeléctrica en Cundinamarca. La Represa El Guavio. Localizada a 120 kilómetros de Bogotá, en la parte inferior del río Guavio. Esta planta es la segunda más grande de Colombia, tiene una capacidad de 1213 MW y entre las empresas que participaron en su construcción se encuentran: ICA de México, Termotécnica de Colombia, Consorcio Vianni de Italia, Entrecanales, Távora de España. La polémica nació cuando Fabio Puyo Vasco es acusado por desfalco al Estado por el inmenso costo y los largos plazos de entrega. En agosto 25 de 1994, la Fiscalía dictó auto de detención para Fabio, éste salió del país por emergencia y a pesar de ser arrestado en USA 2 años después, nunca pisó la cárcel porque su caso fue resuelto con una fianza de 8 mil dólares. Vive en España desde los años 90.

1990 Commsa. Pleito iniciado por el estado en los años 1990 con la firma española Commsa, que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, debido a la no construcción de una carretera clave para el país, la troncal del Magdalena, del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987 millones para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.Al final, se concretó el acuerdo y las investigaciones por el detrimento patrimonial se archivaron.​

6º Robos 1994-1998

1994-1998 Proceso 8.000. “Todo fue a mis espaldas”. Estalló en abril de 1995, a raíz de unas grabaciones entregadas por la DEA al derrotado candidato presidencial Andrés Pastrana y luego presentadas por éste a los medios, no a las autoridades, se destapo el escándalo conocido como “Proceso 8.000”, por la injerencia de dineros del cartel de Cali en la campaña que llevó a la Presidencia a Samper. Enagosto 15 de 1995 le tocó el turno al mindefensa y jefe de la campaña de Samper, Fernando Botero, quien fue puesto en detención en la Escuela de Caballería del Ejército por haber recibido Botero unos 8 millones de dólares del cártel de Cali, gran parte de la cual se robó.En enero 22 de 1996, ocho meses después de su detención, Fernando Botero se decidió a hablar, delatando que esas reuniones, contaban con la participación de Ernesto Samper, Horacio Serpa y Rodrigo Pardo.
   El Cartel de Cali ‘unto’ con su dinero a todo tipo de personajes. Se investigó y condenó a prisión a periodistas, artistas, dirigentes del fútbol, funcionarios públicos, congresistas, candidatos, ministros del Samper.
   Mogollón y Samper. Con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo y encarcelado, la Cámara de Representantes aprobó la preclusión sugerida por la Comisión de Acusaciones y absuelve de manera polémica aSamper, archivando el proceso.​
   Al ser el presidente en ejercicio, se adujo ilegalmente, que no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a pesar de que cuando recibió el dinero y la financiación del cartel de Cali no era presidente, era un particular.
Igual, En una visita de Samper a USA, en el avión presidencial se encontraron varios kilos de heroína.

1998 Termorrío. Corelca. Corelca (Gendelca y Transelca) electrificadoras, fortines burocráticos de los políticos de la Costa, debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento, condena a la Nación a pagar la suma de60.3 millones de dólares, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el incumplimiento de un contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del estado. Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social VIS. Se condenó a 134 meses de prisión al superserviciospúblicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a Marlén Valderrama, por peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos y multa de $111 millones a cada uno.​

Electricaribe. Robo 8 Billones. El gobierno de Samper, lidero y realizo la más grande privatización del sector Eléctrico y activos de Energía en la historia de Colombia, en asocio con los ministros Rodrigo Villamizar de Energía y Minas y Saulo Arboleda de Comunicaciones, del "Miti Miti".
   Vendieron pronto activos de generación propiedad de la Nación, y las actividades de generación, transmisión y distribución de la antigua CVC, empaquetados en una nueva sociedad, Empresa de Energía del Pacífico EPSA. Además se vendieron las 7 empresas electrificadoras de la Costa Caribe. Se vinculó capital privado a ISA e ISAGÉN, se convirtió la EEB en accionista mayoritario de empresas de generación y distribución con accionistas minoritarios en ejercicio del control administrativo, y se impulsaron inversiones en generación con gas, para acelerar el proceso para reducir la excesiva dependencia de la energía hidráulica.

Electricaribe y los líos del sistema eléctrico. Cuatro presidentes Gaviria, Samper, Uribe, Santos están comprometidos en las fallas que mantienen a Colombia siempre ad portas del apagón. Electricaribe, preocupan las implicaciones económicas y sociales derivadas de las elevadas pérdidas comerciales y técnicas en la Costa Atlántica, problema permanente desde que se vendieron las electrificadoras públicas de la región, por Samper y Rodrigo Villamizar.


1999 "Miti Miti". Surgió por licitación para adjudicar, 81 emisoras en frecuencia modulada FM. En 1999 el Ministro de Comunicaciones Saulo Arboleda recibió una sanción disciplinaria con multa equivalente a 90 días de salario e inhabilidad para ejercer cargos públicos por igual periodo y en octubre 25 de 2000, fue condenado por la Corte Suprema.​ Para la Procuraduría, Arboleda planeó entregar el monopolio del espectro electromagnético a un proponente que no estaba dentro de lo estipulado en las cláusulas de la licitación.
   Rodrigo Villamizar, personaje importante de la endogámica clase política-aristocrática del país caribeño se voló de Colombia tras ser condenado a más de 4 años de cárcel por un caso de corrupción, al interferir en la concesión de licencias radiofónicas. En España fue bien acogido por el gobierno de Aznar durante su calvario procesal, al que puso fin una controvertida decisión de la Corte Constitucional Colombiana, que consideró prescrito el delito.

7º Robos 1998-2002

1986 La maleta de Fonseca. Diego Pardo Koppel y el Cartel de Cali. Están relacionados con el extravío de una maleta con 250 mil dólares que fue a parar a Nueva York, episodio por el cual debió renunciar Pardo en 1986 a la Alcaldía de Bogotá, un mes después de ser nombrado por Belisario, tras admitir que había recibido honorarios de Guillermo Rodríguez Orejuela para testimoniar en Nueva York contra las autoridades colombianas.

1999 Banco del Estado. Robo $15 mil millones. El CTI detuvo a Henry Avila, presidente de la entidad estatal, acusado de prestar en forma irregular más de $15 mil millones para a tan sólo 9 personas y sin tener las garantías reales legales. Avila rindió indagatoria ante la Fiscalía y  pasó de acusado a acusador, al denunciar que sus antecesores se robaron más de $70 mil millones de esa entidad oficial.
   También, fue capturado Diego Pardo Koppel, embajador de Colombia en México y  alcalde de Bogotá, sindicado de haber obtenido en forma irregular un préstamo de $400 millones y 2 compromisos bancarios, para importar automóviles, cada uno por $600 millones del Banestado. Como Pardo Koppel no cumplió con sus obligaciones, la firma automotriz hizo efectivas las garantías y así los $1.200 millones tuvieron que ser pagados por el Banestado. Pardo pago parte de las acreencias con pauta publicitaria a través de 2 programadoras de televisión en el canal regional de Teveandina y en la programadora Prisma T.V. en donde era socio Pardo Koppel, con 400 minutos de pauta publicitaria y entregó a otra programadora del mencionado canal, un lujoso automóvil a cambio de 125 minutos adicionales de comerciales, que endosó al Banco del Estado para completar el pago.
   Pardo regresó al país para darle sus explicaciones al presidente Andrés Pastrana. Al ser consultado por los hechos dijo: ‘Es una Persecución Política’. Sigue manteniendo su domicilio en México.

1999 Chambacú. En el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de las administraciones Gaviria y Samper, se acusó a los mindesarrollo Fernando Araujo Perdomo y Luis Alberto Moreno deaprovechar sus cargos, para negociar en términos favorables con el INURBE, en favor del Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado "Chambacú" en Cartagena, desalojando a la población que estaba en el lugar, formado por asentamientos irregulares de extrema pobreza, conocido como Chambacú. El sector era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurallada o Centro Histórico.
   El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo denunciando el drama de las familias afros que, a través del Estado, ya habían sido desalojadas de los terrenos de Chambacú trasladándolas a otro sector conocido como Papayal, del cual no apareció registro catastral en el Instituto GeográficoAgustín Codazzi entidad del estado que maneja el inventario nacional de inmuebles públicos y privados del país. Alfonso GómezMéndez, fiscal, y Jaime Bernal Cuellar, procurador, anunciaron que se abrirían indagaciones penales y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los funcionarios involucrados, entre ellos, Araujo y Moreno. Precluyeron los cargos  contra Fernando Araujo y Luis Alberto Moreno, director del BID.

1999 Dragacol. Robo $3.8 billones. El pago de $1.2 billones de un contrato firmado entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A Dragacol, en marzo de 1999. Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de dragados en el canal del Dique de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura. En la conciliación laboral entre Dragacol y el Mintrabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso por el congresista Javier Cáceres Leal ‘Chuzo a los corruptos’, condenado después por NarcoParaPolítica.
   Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos, todos absueltos, -Alfonso Campo Soto, actuando como ministro encargado, autorizó el contrato 98 de mayo 11 de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por $6.794 millones. -Juan Gómez Martínez, mintransporte, en diciembre 27 de 1995 autorizó un otrosí para incrementar en un 30% el valor del anticipo del contrato 0098. Ocurrió lo mismo con German Villegas, gobernador del Valle, en los contratos 0234 de octubre 20 de 1994 por $7.464 millones y el 286 por $7.500 millones. - Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, autorizaron el contrato 217 de noviembre 17 de 1996 el cual estipulaba el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por $400 millones. - Rodrigo Marín Bernal, mindesarrollo, inició una conciliación con Dragacol por cerca de $3.8 billones. - Mauricio Cárdenas, autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca, pero luego se retractó y pidió anularla.- Reginaldo Bray, Gestionó la conciliación a nombre de Dragacol, de la que era gerente y dueño.
   Después de 10 años que duró todo el proceso 13 jueces vieron el caso, algunos de los cuales se declararon impedidos para juzgar, Bray fue declarado inocente al no haber una "prueba contundente" por el Juez 3 Penal del Circuito de Bogotá, acusado de peculado por apropiación de $17 mil millones.–Juan Alberto Páez, vicetransporte participó el comité de conciliación. –Hugo Escobar, abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación.
   Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director Marítimo de Dimar. De los $26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los $4 mil millones. Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al ministro Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La decisión de vincular al ministro fue posteriormente revocada por la Corte Constitucional.

1998. Fiduciaria del Pacífico. Corporación Financiera del Pacífico.
Robo $13 mil millones. Fidupacífico adquirió derechos y acreencias de trabajadores de Colpuertos. Estos títulos valores fueron posteriormente vendidos a Bancali. En su momento, David Toledo, gerente de la fiduciaria, recomendó la negociación a la junta directiva, y la justificó con el argumento de que por tratarse de deudas de la Nación con los trabajadores de Colpuertos “el riesgo era mínimo”. Muchos trabajadores que, pasados 7 años de la liquidación, no habían recibido un peso de Foncolpuertos decidieron entregar sus mandamientos de pago a Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto Lloreda Garcés, hijo de Álvaro José Lloreda Caicedo. Propietarios del diario conservador, El País de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
   Corfipacífico. Una parte de los derechos fiduciarios que los trabajadores de Colpuertos tenían en Fidupacífico, respaldados por los mandamientos de pago, fueron adquiridos por la Corporación Financiera del Pacífico, también propiedad de Álvaro José. Esta entidad, a su vez, en octubre de 1998 ofreció venderlos a Bancali, entidad pública dedicada a hacer inversiones con el dinero del municipio. En diciembre 28 de 1998 Bancali pagó $13 mil millones a Corfipacífico y se quedó con derechos fiduciarios respaldados por mandamientos de pago a favor de trabajadores de Colpuertos. La transacción se cerró 4 días después de que la Superbancaria le ordenó a Corfipacífico hacer una capitalización por $18 mil millones, dada la grave situación de iliquidez que enfrentaba esta entidad. 
   El estatal Fondo de Inversión de Cali, Bancali, está en liquidación debido a las pérdidas que acumuló entre 1997 y 2000 no sólo por este negocio sino por otros muchos con resultados parecidos. El escándalo llevó a la Fiscalía a investigar la operación entre Fidupacífico, Corfipacífico y Bancali, llegando a la conclusión de que si bien los implicados no tuvieron nada que ver con las falsificaciones de las actas de conciliación, Lloreda y su hijo sí vendieron los derechos económicos originados en ellas a sabiendas de que tenían el riesgo de ser incobrables. 
Entre las pruebas con que los fiscales sustentaron su acusación hay 3 que, en criterio de la juez, la llevaron a decretar la condena: 9 años de cárcel a Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Lloreda Garcés, padre e hijo, a quienes la juez penal del circuito de descongestión de Bogotá, Claudia Marcela Castro Martínez, halló culpables de estafa agravada. Además, la juez condenó a los 2 implicados al pago de $13 mil millones a favor del liquidado Fondo Especializado Financiero de Cali Bancali. Al emitir su condena la juez consideró que los 2 sindicados conocían los problemas que tenían los mandamientos de pago y que aun así, resolvieron vendérselos a Bancali. “Los directivos del Grupo Pacífico intencionalmente ocultaron la información que les había sido suministrada acerca del posible no pago de los activos de Foncolpuertos”, dice el fallo.
   La 1ª. Demuestra que 7 días antes de la operación, la jurídica de Foncolpuertos envió a Fidupacífico una carta en que aclara que “dadas las irregularidades y falsificaciones detectadas por la Fiscalía a un gran número de mandamientos de pago y sentencias, Foncolpuertos no se compromete a ordenar su pago”. 
   La 2ª. Aduce que por la investigación que hizo Fidupacífico, cuando aceptó el encargo fiduciario de los trabajadores de Colpuertos, sabía que algunas de las conciliaciones que daban lugar a los órdenes de pago eran falsas.
   La 3ª. Es que la urgencia que tenía Corfipacífico de capitalizarse en $18 mil millones para no ser intervenida hace aún más sospechosa la operación. 
   Álvaro José Lloreda Caicedo, entro al sector financiero, estimulado por los logros de sus primos Ulpiano y Armando Lloreda Zamorano, quienes construyeron la Corporación Financiera del Valle. Con sus hijos, su esposa fueron consolidando al grupo financiero Lloreda como el 6 más grande del país. Se desato esa impresionante cadena de hechos que llevaron a liquidación de ese grupo financiero y todos los acontecimientos que rodearon las investigaciones judiciales que no solo se enfocan por la negociación de los mandamientos de pagos de Foncolpuertos, sino en la compra y venta de cartera a cooperadores, Interbanco, Bancali, así como el caso del sacerdote Raymund Schambach Garcés, a quien involucraron en el ingreso de más de $20 mil millones a través de Corfipacífico. Esta es la triste historia de uno de los empresarios más exitosos y visionarios del Valle del Cauca, quien comenzó a perder su rumbo cuando abandono el periodismo para convertirse en banquero, actividad que según los abuelos les roba el corazón a las personas.

8º Robos 2002-2010
039
2010 Dirección Nacional de Estupefacientes. DNE. Robo: $30 mil millones. Los procesos del robo al DNE llevan durmiendo en la Corte Suprema y en la Procuraduría más 17 años. Carlos Albornoz Guerrero, director de la DNE, denunciado por préstamos a los Nules, saqueo en los 85 mil bienes incautados que ‘administrabala DNE y entregas irregulares de narcobienes. Con él, otros 13 congresistas son acusados de intercambiar favores a costa del Estado para su beneficio personal. Tras este escándalo la DNE fue cerrada.
   El escándalo estalló en 2010, cuando el presidente Santos denunció los malos manejos que se habían presentado en la DNE.
   El Escándalo que se destapó por una investigación hecha sobre los bienes incautados a Pablo Escobar, que se entregaron a Roberto Escobar, alias "el osito", hermano deEscobar. Se descubrió que "el osito" habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre si contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de los ‘servidores públicos’.​
Se descubrió también que ese mismo "modus operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y jefes del crimen organizado en más bienes incautados por lafiscalía a través de la extinción de dominio y entregados en custodia a la DNE. Este escándalo llevó al gobierno a intervenir de manera directa la ordenando la liquidación de la entidad que concluyó en el año 2014;
   La Fiscalía investigó penalmente, a 41 personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y asesores de la DNE, así como a 13 congresistas, los cuales, por su cargo, debían ser investigados por la Corte Suprema y particulares que actuaban como testaferro e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los implicados.
Se descubrió que el sistema F.A.R.O Fácil Acceso, Rápido y Oportuno, que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos.
Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, filial de Central de Inversiones S.A. CISA, encargada de negociar activos de y para el Estado.
   El 'hombre del maletín”. Las autoridades están detrás de la pista del 'hombre del maletín' quien sería el encardado de entregar las resoluciones de nombramiento de los depositarios y de los pagos en efectivo por la adjudicación de bienes.Aún continua la investigación en busca de más implicados y para imputar cargos a 11 servidores públicos. En diciembre 21 de 2011 comenzó la debacle para la organización. Fueron imputados por 8 delitos: concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, concusión, cohecho, peculado, fraude procesal y falsedad. Omar Figueroa Reyes, los servidores públicos de la DNE Javier Mantilla, Manuel Ospino y Jairo Muñoz, así como la agrónoma Liliana Garavito.
Omar Adolfo Figueroa Reyes, director de la DNE. Desde febrero 3 de 2012, está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Luego de varios años en prisión y de permanecer en silencio, el director de estupefacientes entregó matriz en donde delata a 29 personas en negocios “non santos” con bienes del narcotráfico. “A Roy Barreras se le dieron bienes en el Valle. Concretamente el hotel Plaza Versalles en Cali a Carlos Urresty Isaza, quien figura como depositario del hotel”.
Camilo Bula, director de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, salpicado por el informe y quien también tenía sus recomendados.
Carlos Albornoz Guerrero, director de la DNE entre el 2006 y 2008, fue congresista y dirigente del Partido Conservador. El Ministerio Público lo sanciono con destitución e inhabilidad para ocupar cargos por 14 años, por 3 cargos: dos relacionados con omisiones para evitar que bienes incautados a la mafia terminaran en manos no idóneas y malos manejos: -la finca cafetera La Argentina, en Caldas; el hotel Chinauta Resort; y uno por falsedad en las actas que permitieron que el cuestionado exfiscal antimafia Camilo Bula terminara al frente de bienes que terminaron vendidos por debajo de su precio real.
La Procuraduría, investiga a los congresistas por dar comisiones a funcionarios de la DNE, para que entregaran los bienes a familiares y amigos.
La fiscalía tiene pruebas de que se entregaron bienes de la mafia para mantener el respaldo político a 13 congresistas, la mayoría del partido conservador.
   Según denuncias de Helia Niño, siempre que se avecinaba época de campañas políticas en el Congreso de la República los bienes incautados por la DNE se adjudicaban de tal forma que favorecieran los intereses políticos de estos congresistas.
   Estos 13 congresistas son investigados desde el 2011 en la Corte Suprema por tráfico de influencias en la DNE y en la procuraduría por indebidos manejos en la DNE:
1º Álvaro Ashton Giraldo. Partido Liberal. Varios testimonios relacionan a Zaira Villamil, a quien Albornoz nombró como depositaria del hotel Chinauta Resort, con el congresista Ashton. "La misma depositaria decía que con esos bienes no se podían meter porque eran de ese congresista", dijo en el proceso Publio Orlando Melo Ruiz, funcionario de la liquidada DNE. El Hotel Chinauta Resort, que fue de propiedad del capo Justo Pastor Perafán y, después de que el Estado se apropiara de él, pasó a manos de la depositaria Zaira Samira Villamil Álvarez, en diciembre 17 de 2008.
   La Procuraduría resalta que cuando la depositaria recibió el Chinauta Resort era “uno de los hoteles mejor posicionados en el mercado y en el momento que fue entregado pasó a ser improductivo”. Villamil Álvarez no contaba con la experiencia para administrar un hotel —apenas poseía un título como abogada— y durante su administración Chinauta Resort tuvo un bajón.
   Pero, como indicó la funcionaria de la DNE, Helia Marcela Niño, a la depositaria “no se le podía mover porque tenía un respaldo fuerte. Los manejos que se le dieron al hotel fueron muy malos, pero el grupo de sociedades comentó que no se podía mover”. Cuando los empleados le advertían que iban a “elevar quejas ante la Procuraduría y la Fiscalía, Villamil Álvarez abiertamente manifestaba que pusiéramos las demandas que quisiéramos, porque al fin y al cabo tenía el respaldo del congresista conservador Ashton y de los dirigentes de la DNE”.
   Álvaro Ashton: el congresista que más visitó a Francisco Ricaurte. El congresista barranquillero estuvo por lo menos 5 veces en la oficina de Francisco Ricaurte mientras éste fue magistrado del Consejo de la Judicatura, cargo que ocupó entre noviembre de 2012 y noviembre de 2014. La 1ª. Fue el 29 de noviembre de 2012, fecha en que Ricaurte estaba recién elegido. 14 días más tarde regresó al Palacio de Justicia. La 3ª y 4ª en agosto y diciembre de 2013. La 5ª en febrero 26 de 2014.
2º Hernán Andrade. Presidente del partido conservador. Juan Sebastián Lozada, asistente de Andrade entre agosto de 2006 y mayo de 2009, la DNE le entregó en 2008 cinco lotes de la finca La Esperanza en la vereda Río Frío, de Zipaquirá. Luego trabajó con el congresista Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar. La fiscalía reveló que controlo una inmobiliaria en Santa Marta y otros predios en Baranoa y Barranquilla que pertenecían a testaferros del cartel del Norte del Valle. De acuerdo la Fiscalía, sería Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota de Andrade en la DNE, Iglesias quedó depositario de 3 bienes rurales, 16 sociedades en Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles, todo de los narcotraficantes Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir.
   Congresistas nariñenses
3º Óscar Fernando Bravo Realpe. Partido Conservador. Manuel Jesús Guerrero Pasichana recibió entre noviembre de 2007 y julio de 2008 cuatro sociedades, 2 bienes urbanos y 22 rurales en el Valle del Cauca. Antes de esto, en 2006 y 2007 estuvo vinculado a la UTL del congresista. 
4º Miryam Alicia Paredes Aguirre. Partido Conservador. Figura en resoluciones en las que la DNE le delega a su hermano Luis Gonzalo la administración de varios bienes y sociedades como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda o de Inversiones Rodríguez Ramírez.
5º Eduardo Enríquez Maya. Partido Conservador. Recomendó el nombramiento de un depositario para los bienes del narcotraficante Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda Rodríguez como encargada del fondo Frisco.
6º Miguel Pinedo Vidal. Cambio Radical. Veterano cacique político del Magdalena. Siendo congresista, Pinedo Vidal consiguió que le nombraran a su hermano Alfredo Javier como depositario provisional de cerca de cinco sociedades, entre ellas, la de la sociedad Inversores y Construcciones Lybonnaty propietaria de 14 locales ubicados en el edificio Caribe Plaza en Barranquilla, en resolución 094 del 17 de julio de 2008, firmada por Omar Adolfo Figueroa, subdirector de la DNE.
7º Enrique Rafael Caballero. Partido Liberal. Condenado por NarcoParaPolítica a 67 meses y multa de 4.875 salarios mínimos, en calidad de autor de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, cargos que aceptó, de vínculos con Hernán Giraldo Serna, jefe de autodefensas campesinas que operaban en los departamentos del Magdalena y La Guajira desde los 80, denominadas Frente Resistencia Tayrona integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia a partir del año 2002.
8º Lucero Cortés. Partido de la U. Personas cercanas terminaron como depositarios administrando 5 carros y 2 fincas, una en la sabana de Bogotá.
9º Omar Yepes Alzate. Partido Conservador. En reportes de fiscales antimafia aparecen mencionado que intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales, intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales. La finca, que era administrada por Luis Vargas Vargas, cuota del congresista, dejó de repente de generar los $700 millones en ganancias que normalmente producía y empezó a tener pérdidas.Vargas y el dueño del predio Jorge Eduardo Mejía, vendíanla cosecha sin informar a la DNE sobre estos negocios. Así se desprende de la declaración dada a la Fiscalía por el excoordinador del Grupo de Bienes Rurales de la DNE, Juan Carlos Andrade, quien fue enfático en que, por los malos manejos de La Argentina, el predio no le dio ni un peso al Estado. Por ello la propiedad “pasó de ser una finca cafetera productiva a ser un predio que arrojaba pérdidas, situación frente a la cual no se adoptaron medidas que permitieran minimizar el daño”.
10º Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera. Colombia Democrática. Congresista delChoco. Desde 2011, la procuraduría lo investiga por indebidos manejos en la DNE y la Corte Suprema por tráfico de influencias en la DNE.
   11º Héctor José Ospina Avilés. Partido Conservador.Condenado por concusión. Desde 2011, la procuraduría lo investiga por indebidos manejos en la DNE y la Corte Suprema por tráfico de influencias en la DNE.
   12º Javier Enrique Cáceres Leal. Del partido Cambio Radical. Condenado por concierto para delinquir y multa de $6 mil millones por aliarse con grupos narcoparamilitares para favorecerse electoralmente, grupos del sur de Bolívar, con Salvatore Mancuso y Uber Enrique Bánquez Martínez, alias "Juancho Dique". 
13º Luis Humberto Gómez Gallo.Fallecido, condenado por NarcoParaPolítica.
   Cuatro Grupos. De acuerdo con la Fiscalía, hubo 4 grupos que saquearon la DNE: “dos de esas 4 organizaciones fueron lideradas por Albornoz y Figueroa, directores de la DNE”; “una funcionaria que manejaba el 3 grupo y que coordinaba el saqueo de los vehículos que ingresaban a la base de datos de la DNE”; “El 4 grupo, a los que la DNE entregaban los bienes a personas recomendados por 13 congresistas, en casi todas las adjudicaciones se han encontrado irregularidades y detrás han empezado a aparecer los nombres de reconocidos políticos, en este sentido, la Corte Suprema investiga si, entre los malos manejos de la DNE, hubo pagos de favores burocráticos, la falta de control en la elección de los depositarios, administradores que no contaban con la acreditación legal suficiente para poder responder a ese tipo de manejo, lo cual permitió que allegados a la mafia terminaran administrando bienes.
Antecedentes DNE.
   1º Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. En 2002 fue nombrado como director de la DNE el coronel Plazas Vega y ahí empezó una serie de anomalías que fueron documentadas y denunciadas por el senador Javier Cáceres Leal, quien citó al ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, a un debate de control político en el Congreso con el fin de ventilar esas irregularidades. Luego de múltiples maniobras dilatorias, dirigidas a impedir el debate, inclusive una “recusación” de Plazas Vega contra Cáceres Leal, finalmente se realizó en octubre 26 de 2004. El senador documentó varios casos, entre ellos el relacionado con la administración de varias empresas en la costa Atlántica, otorgada por Plazas Vega a su amiga Lilia Beatriz Sánchez, hija de un oficial retirado; y también el del sargento del ejército Jorge Alberto Monroy, quien renunció al cargo que tenía en la DNE para convertirse en administrador de cerca de 450 bienes incautados. El caos en la entidad era tal que luego del debate el delegado de la Contraloría calificó el desempeño de Plazas Vega de deficiente y el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema indicó que “el presidente se equivocó con Plazas; esta es la hora en que debía estar destituido”. Pero no, sin pena ni gloria, el señor coronel renunció días después del debate.
2º Juan Carlos Vives Menotti. En noviembre de 2004, tras la dimisión de Plazas Vega, fue nombrado Vives Menotti, cuestionado por tener un hermano, Patricio Vives Baquero, condenado en USA por narcotráfico; además, porque su prima Ana Elisa Vives, era la esposa de Rafael Abello “El Mono Abello” extraditado a USA por narcotráfico en 1989. Y también porque a través de una fiducia le otorgó un préstamo de $26 mil millones de pesos al Grupo Nule para financiar la doble calzada Bogotá-Girardot.
3º Carlos Albornoz Guerrero. En 2006 fue elegido  para dirigir la “feria” fue Albornoz, quien enfrenta procesos relacionados con 3 tres casos: uno de ellos, la venta de un predio rural en Cota, Cundinamarca, cuyo avalúo ronda los $3.500 millones de pesos y fue “vendido”, a precio de feria, en la módica suma de $1.200 millones. La Fiscalía le imputó cargos por prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude procesal, concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros y obtención de documento público falso. Además y de acuerdo con las evidencias y el testimonio de funcionarios de la DNE, Juan Carlos Andrade y Helia Marcela Niño, dejó la administración de cuantiosos bienes en manos de personas allegadas o cercanas a 13 congresistas y excongresistas. Albornoz estaba “detenido” desde septiembre de 2013 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, Cespo y el pasado 2 de agosto de 2017 recobró su libertad por haber operado el extraño fenómeno de la impunidad, en lenguaje técnico por “vencimiento de términos”.
   4º Omar Adolfo Figueroa Reyes. En 2009 fue nombrado como director de la DNE, Figueroa Reyes, vinculado a la entidad en 2003 como profesional universitario, pasó por la Secretaría General, 2006, fue asesor del Despacho del Director, 2007, Subdirector de Bienes, 2008. Y ahí fue la debacle. Adolfo Figueroa Abella, exalcalde de Sogamoso y padre de Figueroa Reyes, ofrecía en arrendamiento a nombre de su hijo, bienes del narcotráfico administrados por la DNE, a precios insignificantes pero por fuera del negocio oficial cobraba millonarias sumas.
   Cercado por las pruebas en su contra, detenido desde febrero de 2012 en la cárcel La Picota –no en el Cespo-, decidió colaborar con la justicia al amparo del principio de oportunidad, con el compromiso de entregar toda la información relacionada con el entramado que permitió que los bienes de la mafia terminaran en una vergonzosa piñata; para tal fin entregó un listado detallado de 29 personas, poderes, documentos notariales, nombres de predios, precios, áreas, intermediarios, etc. Y Figueroa Reyes debe conocer muchos secretos de la DNE desde que su paisano el coronel Plazas Vega lo vinculó en 2003.
   En junio de 2016 un juez de garantías aceptó el principio de oportunidad suscrito entre Figueroa Reyes y la Fiscalía, con lo cual cesa la persecución penal por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal y se convierte en testigo de la Fiscalía en las investigaciones que se adelantan por los casos de corrupción en la DNE, entre ellas las que involucran a 13 congresistas.
   El 26 de julio se ordenó su libertad inmediata, igual, por vencimiento de términos, es decir por inoperancia de la justicia.

2002-2010 Racha de Escándalos. El periódico El Nuevo Siglo de Bogotá, hizo a grandes rasgos un resumen de los escándalos de corrupción y de los delitos en que el gobierno 2002-2010 incurrió en desarrollo de 8 años de gestión. La contraloría, fiscalía, procuraduría han afirmado que estos billones de pesos robados no se podrán recobrar:
038
Megafraude a la Dian. Robo más $2 billones. Desfalco billonario perpetrado por empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por concepto de devolución del IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones.
037
Megadesfalco en Salud. Fraude millonario al sistema de aseguramiento en salud, mediante una red de corrupción que se especializó en el recobro ilícito al Fosyga.
036
Préstamos a floricultores. Peligrosa concentración de millonarios créditos en el sector floricultor que fue autorizada por los ministros Fernández y Arias. La contraloría, fiscalía, procuraduría han afirmado que miles de millones de pesos están embolatados.
000
Fedegan. Tenía un negocio con las vacunas del ganado. Cada día se revelan más hechos sobre el tema que envuelve al Fondo Nacional del Ganado (FNG) y su anterior administrador, Fedegan. Fedegan en vez de promocionar las vacunas, lo que tenía era un negocio que no tiene ninguna justificación.
035
“Piñata" en títulos mineros. Hubo un alud de autorizaciones anómalas de títulos mineros, por lo la minería ilegal se disparó en todo el país. Un incremento en el otorgamiento de títulos mineros que pasó de 15,9 millones de hectáreas en 2007 a 39,7 millones en mayo de 2009.
034
Desorden en Incoder. En los procesos de adjudicación de tierras y detectó entrega de miles de hectáreas a testaferros de narcoparamilitares y a la clientela política.
033
Los Nule. El escándalo que involucró al grupo Nule en Bogotá salpicó al gobierno Nacional, por los nexos de altos funcionarios con los cuestionados y presos empresarios. Caso concreto señalamientos al secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y a directores de la Dian.
032
Contratación Vial. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra Andrés Uriel Gallego, mintransporte, por irregularidades en la actividad contractual de esa cartera. Archivado por fallecimiento del implicado.
000
Educación. Más de 182.600 estudiantes y 5.900 docentes inexistentes. Luego de un proceso auditor realizado a 36 Entidades Territoriales Certificadas, mineducación alertó sobre varias irregularidades en la matrícula y las plantas verificadas en 4.712 establecimientos educativos y 17.238 sedes educativas del país.
032
Escándalo del 'Tolemaida Resort'.
031
Desorden carcelario. Anomalías en materia de prisiones. Flexibilización del régimen penitenciario en el pabellón de los narcoparapolíticos, el escándalo del 'Tolemaida Resort' y dudas sobre licitaciones, construcciones y ampliaciones de penales.
031
Fonade. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. La fiscalía imputó por fraude, peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en relación con algunas obras de cárceles a Diana Isabel Nasiff de Rima representante legal de la empresa Cipecol y Rapiscan, su esposo José Santiago Porras Navarrete, Gustavo Adolfo Domínguez ‘lobista’ de contratos con Diana Nasiff, Aaron Rabinovich representante de Interamericana de Sistemas y Seguridad, a los servidores públicos Mauricio Parada de Fonade, José Vicente Casanova secretario general encargado del Ministerio del Interior, María Fernanda Álvarez Castañeda directora técnica de infraestructura del Ministerio, Edgar Ortega Ramírez, profesional especializado asignado al despacho del Ministro y Carlos Carrillo Yañez interventor del contrato. La Fiscalía solicitó la captura de los citados a imputación.
  La Contraloría anunció indagación preliminar contra Valencia Cossío. Cuando fue ministro del Interior y Justicia, se contrató la construcción de 11 cárceles, entre las que se encontraba una en Cartagena, por $900 mil millones. Sin embargo, esas prisiones tienen problemas de diseño, retraso en las obras y no cuentan con interventoría, y al final el problema terminó costando cerca de $1,1 billones. De hecho, la Cárcel del Pedregal, en Medellín, tuvo como interventor al grupo Nule. La contraloría agregó que los objetivos de la inversión no se cumplieron, ya que se tenía como meta bajar el nivel de hacinamiento de 44% a 4%, pero éste solo llegó al 25%. Así mismo, dijo que dicha situación “significa un claro detrimento patrimonial en el buen manejo de los recursos públicos”. La indagación preliminar para determinar si el ministro del Interior y Justicia y Elvira Forero, directora de Fonade, habrían incurrido en alguna conducta punible por el fracaso de la política de construcción de 11 cárceles que generaron sobrecostos por cerca de $100 mil millones. Además, la obra no justifica la inversión pues, según el funcionario de la Contraloría, las metas previstas era bajar el nivel de hacinamiento de 44% a 4% y solo se llegó a 25%.
   En cuanto al nivel de hacinamiento el viceministro de Justicia, Pablo Robledo reveló que “El Gobierno anterior utilizó una metodología equivocada, porque pretendía establecer la cifra de los cupos actuales y del futuro que iban a hacer entregados y eso, obviamente es antitécnico. La cifra real se saca de los cupos realmente habilitados, versus los intramuros”, indicó el funcionario. El exministro Cossío estaba contando como cupo carcelario celdas que aún no se habían construido.
030
Falsas desmovilizaciones. Quedaron al descubierto casos de falsos desmovilizaciones de guerrilleros y narcoparamilitares, al punto que Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz, terminó en la mira de Fiscalía y Procuraduría y hoy se encuentra prófugo de la justicia. ‘Perseguido Político’.
029
Narcos desmovilizados. El extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, dijo que pagó dineros a  congresistas para que lo hicieran meter al proceso de desmovilización narcoparamilitar.
028
Nuevo envión a Narco Para Política. La Corte Suprema profundizó pesquisas por nexos entre congresistas y parlamentarios con grupos narcoparamilitares. Múltiples condenas y nuevos imputados. Rafael Orozco, congresista. Medida de aseguramiento. Participó en los ilícitos convenios denominados Pactos de Chivolo y Pivijay.
027
2006 “Pactos de Ralito, Chivolo, Pivijay”. La Narco Para Política. Se propusieron armar un proyecto político a nivel regional y local para luego proyectarlo a nivel nacional, incluso se firmaron acuerdos entre políticos y narcoparamilitares, los más conocidos, pactos de Ralito, Chivolo y Pivijay, con el propósito de articular un proyecto político de repercusiones nacionales. Corrupción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paras posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las AUC, mediante un documento firmado por los implicados y conocido como el pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el director del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del narcoparamilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir, homicidio agravado. Por este hecho se han condenado a más de 50 congresistas, del periodo 2002-2010; además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.
026
2008 La Fracpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte de alias Raúl Reyes de la Farc, donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente la  senadora Piedad Córdoba con el alias «Teodora de Bolívar”, el  presidente Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». Ronald Hayden Coy Ortiz de la Dijin, aceptó ante un juez y en audiencia pública que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a manipulaciones.Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda usar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales afirmen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados. Sin embargo, este material fue suficiente para que el procurador, destituyera e inhabilitara de ejercer cargos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.
025
2008 Falsos Positivos. “Crímenes de Estado” conocida como ‘Seguridad Democrática’.En total han sido más de 3.000 pelados que han sido ‘falsos positivos’ desde el 2002. Involucramiento de miembros delejército en asesinatos de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados irregulares promovida por el gobierno Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida. Han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ejército.
   El Comandante del Ejército, Mario Montoya, General, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado Embajador en RepúblicaDominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, los procedimientos de la PSD ‘Políticade Seguridad Democrática’ emprendida desde el gobierno.
   La fiscalía tiene bajo investigación 946 casos relacionados con "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.
   En mayo 7 de 2017, Uribe se había pronunciado vía Twitter ofreciendo perdón virtual a las víctimas, pero la Corte no aceptó ese acto y obligó a que fuera presencial.
024
2008 Madres de Soacha. Falsos Positivos. “Los 19 jóvenes de Soacha no se fueron precisamente a recoger café”.En 2013 el Tribunal de Cundinamarca declaró de lesa humanidad el asesinato de un joven de Soacha con síndrome de Down que fue presentado como miembro de una banda delincuencial muerto en combate, al que le pegaron 3 tiros en la cara y 10 más en el cuerpo, en un caso de los llamados ‘falsos positivos’. El fallo condeno a 53 y 54 años de prisión a 6 militares por la muerte del joven Fair Leonardo Porras Bernal, quien desapareció del municipio de Soacha y fue reportado como un guerrillero abatido en combate en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. Fair fue uno de los 19 jóvenes de Soacha trasladados mediante engaños al municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde fueron entregados a militares del BAEV, Plan Meteoro, agregado al Batallón Francisco de Paula Santander, quienes los asesinaron y posteriormente los reportaron como muertos en combate.
   En abril de 2017, un juez condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.​
023
2009 Las Chuzadas. En febrero 21 de 2009, se publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS, grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.Una vez presentadas las pruebas por la fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida desde la Casa de Nariño, por parte de la Corte Suprema. Por este caso, fueron capturados altos funcionarios del gobierno. La cúpula del DAS se encuentra presa y condenada. Este escándalo fue determinante para que Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.
   Bernardo Moreno, secretario de Presidencia fue destituido por la Procuraduría. La Corte lo condeno a 8 años, con beneficio de detención domiciliaria.
   María del Pilar Hurtado, directora del DAS. En 2015 fue condenada a 14 años por abuso de autoridad en la función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones, con multa de 43.3 salarios mínimos, $27 millones 900 mil pesos. La sanción económica se desprende por su culpabilidad en el delito de peculado. En 2010, cuando se iniciaba el proceso en su contra, Hurtado se fugó a Panamá en donde consiguió asilo como ‘Perseguida Política’.
   Jorge Noguera Cotes. La Corte Suprema condenó a 7 años, 10 meses y 15 días de prisión al director del DAS como coautor de Concierto Para Delinquir Agravado, responsable de las chuzadas entre 2002 y 2005 en un grupo llamado G-3. La sentencia compulsa de copias de las piezas procesales ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investiguen a Uribe por Concierto Para Delinquir Agravado.
   José Miguel Narváez, Director del G-3 del DAS, aseguró que las actividades se realizaron como parte de una estrategia política de seguridad democrática impulsada por la Presidencia.
   La Fiscalía acusó a César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo por chuzadas. Los funcionarios del Gobierno serán procesados por interceptaciones y seguimientos a la Corte Suprema de Justicia.
022
2013 Santoyo. El General de la Policía, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del Presidente, estaba siendo investigado por narcotráfico en USA, admitió en una corte de Virgina haber ayudado a las AUC. Debido a la controversia, el presidente indicó que desconocía las "andanzas" de su funcionario y que estaba "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general.​ Sin embargo, sectores políticos y los periodistas manifestaron que si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del presidente con el narcoparamilitarismo.
​  Aparte del presidente, Santos mindefensa, Luis Carlos Restrepo comisionado de paz, prófugo de la justicia desde 2012 y Oscar Narango, el director de la Policía, sabían de las "andanzas" de Santoyo. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. En tanto, la Fiscalía ejecutó el proceso de extinción de dominio​ a todas las propiedades de Santoyo y su familia.​
   Carrera pública de Santoyo. Jefe de seguridad durante la campaña a la presidencia en 2002 de Uribe. Informes del Departamento de Estado de USA de 2003, 2004 y 2005 advirtieron claramente la situación de Santoyo y del Gaula en Medellín. Lo trajo al Palacio de Nariño. Lo defendió. Lo condecoró. Lo llevó al servicio consular en Italia, como agregado militar. “Me complace mucho haber entregado esta noche la Orden Nacional al Mérito al general Mauricio Santoyo, protector de todas las horas con su lealtad y toda su eficacia”, el presidente 2 días antes de dejar el gobierno, en agosto 5 de 2010. La Procuraduría en fallo de octubre 7 de 2003, lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 5 años. Providencia confirmada en noviembre 30 de 2004. En abril 7  de 2006 se dispuso la suspensión de la sanción. De la sala del consejo de estado que tomó la decisión hacía parte el hoy Procurador Alejandro Ordóñez.
Se revelaron las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía con el General (r) Mauricio Santoyo, señalados de participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron al oficial en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia como jefe de seguridad del presidente. En USA tendría abiertos 8 expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos con narcoparamilitares. En esas investigaciones relacionan a la Policía y el ejército con el general Santoyo, a:
1º Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército;
2º  Jorge Daniel Castro, general, comandante policía Antioquia, en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el ascenso de Santoyo. En 2007, 11 generales son relevados por el caso de las “chuzadas” entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro.
3º Rubén Carrillo, comandante policía Antioquia;
4º Luis Alfredo Rodríguez Pérez, comandante de la Policía de Medellín y director de la Dijin;
5º Carlos Arturo Ceballos, jefe de la sala técnica del Gaula, quien llevaba los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín. En una carta dirigida al entonces fiscal Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en complicidad con Santoyo.
Mario Fernando Herrera Ariza, Mayor. Jefe de Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Éste concertaba las citas de ‘El Canoso’ y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Santoyo y Herrera se reunían en la sede de la empresa Seguridad Silver, para hacerle seguimientos a Daniel Coronell.
Teodoro Campo, general. En octubre de 2000 Campo fue retirado de la policía pero 2 años más tarde gracias a su cercanía con Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó.
Jorge Vargas Peña, Coronel. El narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ afirma que el general Santoyo, siendo jefe de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como principal enlace entre él y las AUC. Sierra afirma que, a pesar de que estaba expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el coronel Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de eso. “Él, Vargas, sabía que yo estaba y, yo, le aportaba dinero”.
Julio César Santoyo, general. Hermano de Santoyo, era el correo entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe de seguridad del comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo. Alias ‘El Tuso’ Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: “Julio le llevaba las razones a El Alemán”. Entre los narcoparamilitares que tuvieron nexos con los oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias ‘Don Berna’ y alias ‘Gordo Lindo’. Antes de ser asesinado el teniente Néstor Eduardo Porras, aseguró que Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali.
10º Flavio Buitrago Delgadillo, general. Fue comandante de la policía Antioquia, reemplazo a Santoyo como jefe de seguridad del presidente Uribe. Condecorado junto a Santoyo en agosto 5 del 2010. El General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre parapolítica. Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan contra dirigentes involucrados en la narcoparapolítica. Se intentaba presentar como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual éste hizo 2 días después.
021
020
2002 Enilce López ‘la gata’. Aporta $100 millones a campaña presidencial en 2002. ‘la gata’ empresaria del chance fue condenada por el asesinato de Amaury Fabián Ocho Torres, acribillado en junio 12 de 2000, quien era el celador del peaje en la vía entre los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar, en Sucre, por este delito fue sentenciada a 37 años de prisión, multa de 2.000 salarios mínimos y a indemnizar a la viuda de Ochoa Torres, Mabel María Ochoa Blanco, con 500 salarios mínimos, por homicidio agravado y concierto para delinquir. Enilse paga la condena en su casa en Barranquilla, cumpliendo además una pena de 9 años por su participación en el delito de concierto para delinquir por sus vínculos con grupos narcoparamilitares, entre ellos, el comandante de Policía de Magangué, John Milton Arévalo rodríguez, el director regional del DAS, narcoparamilitares como Lido Romero Contreras, alias ‘mono lidio’,  Sergio Manuel Córdoba, alias ‘ciento veinte’, Jairo Antonio Castillo, alias 'pitirri',  los autores del homicidio, alias ‘El Niche’ y Luis Fernando Caro Solano alias 'magensio'.
   “En mi campaña presidencial del 2002, hay un cheque por $100 millones de pesos fueron girados por Enilce López, “la gata” según admitió el propio mandatario. Fabio Echeverry, gerente de la campaña, negó que hubiera recibido cheques con la firma de López: “hizo los aportes a través de Uniapuestas, un consorcio de empresas de chance de la Costa, de la que López es socia”. La empresaria del chance, hoy detenida en el búnker de la Fiscalía, acusada por lavados de activos y peculado por apropiación. Cuando esos dineros ingresaron, la señora López no tenía investigaciones y la contabilidad pasó las pruebas de la lista Clinton y de la Fiscalía. Todo se hizo sobre la mesa, dijo Echeverry.
  ‘La Gata’ aparece referida en varias investigaciones desde finales de la década de los 80. La primera es un oficio radicado como DNPI-741, en el que miembros del Bloque de Búsqueda de la Policía que abatieron a Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, cerca de Coveñas, Sucre, en diciembre 15 de 1989, indicaban que el capo tenía amistad estrecha con una joven llamada Enilce López, y que ella le manejaba sus inversiones en la Costa. En julio 8 de 1998, una comisión de investigadores de la Fiscalía que instruyó 14 procesos por masacres, desapariciones y crímenes selectivos entre Carmen de Bolívar, Magangué y la parte norte de Sucre, donde La Gata tenia intereses en desplazar campesinos y apropiarse de sus tierras en de políticos de la región.
   Desde hace 3 décadas el nombre de Enilce del Rosario López Romero ha circulado por igual tanto en escenarios de poder de la costa Atlántica y los negocios del gota a gota, el chance o la brujería, como en expedientes judiciales y reportes de inteligencia de las autoridades de Colombia y USA que la relacionan con las mafias del sanguinario Rodríguez Gacha o Salvatore Mancuso.
   Después de la muerte del capo del narcotráfico Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, en diciembre de 1989, paisano del expolicía Héctor Julio Alfonso Pastrana esposo de ‘la gata’, la pareja se habría quedado con una finca que en vida les encargaba cuidar el narco cerca de Tolú, donde precisamente fue abatido. El negocio de apuestas creció tan rápido, que se asegura que alias ‘El Mexicano', había sido amigo y socio de La Gata y en su desesperada huida antes de caer muerto en una persecución del Bloque de Búsqueda en el Golfo de Morrosquillo, entre Sincelejo y Tolú, le había dejado unas canecas llenas de dólares. El control del negocio del chance dejó una estela de crímenes que jamás fueron aclarados.    En los años 90, en menos de 72 meses, fueron acribillados 18 empresarios. Varias investigaciones contra empresas de Enilce López, como Uniapuestas, ya prescribieron.
   Enilce López, en indagatoria ante un fiscal, negó las sindicaciones e insistió en que se trata de una ‘Persecución Política.
019
2006 Térmicas. ‘Cargo por Confiabilidad’. Robo 23 billones. La Resolución 071 de 2006, del ministro de Minas y Energía, Tomás González adopta la remuneración del ‘Cargo por Confiabilidad’, que obliga los generadores térmicos a surtir energía en época de crisis energética, pero el gobierno no facultó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para vigilar estos pagos a las térmicas. En 2015 de las 32 unidades de generación térmica existentes, en la actualidad solo se encuentra disponible Termocandelaria. La superservicios, entidad de ‘control’ del sector de servicios públicos informa que sólo vigila que las térmicas cobren las tarifas, más no el destino que se le dé a los recursos. El seguimiento al dinero pagado a las térmicas no tiene doliente en el Gobierno, razón por el cual no se sabe dónde fueron a parar los dineros recogidos en las facturas eléctricas que han pagado los colombianos por 23 billones.
   Costo de emergencia energética lo pagan los colombianos: supera los $3 billones. Los recursos se obtendrán vía tarifas y presupuesto de la Nación. Los usuarios ya pagaron más de $23 billones en el ‘Cargo por confiabilidad’.
018
2007 Invercolsa. Ecopetrol. Fernando Londoño Hoyos renuncio al mingobierno en medio de un escándalo miedoso por la adquisición ilegal de acciones de la firma Invercolsa y en febrero 8 de 2007 fue condenado a restituir las acciones. Hoy, Londoño impulsa el Referendo contra la corrupción y la politiquería”. ¿Qué tal?
017
2008 Aerocafé. Aeropuerto del Café. Robo 1.1 Billones. El aeropuerto del Café que se construye en Palestina, Caldas, se convirtió en un ‘hueco sin fondo’. Además de tragarse millonarios recursos de todos los colombianos, es el elefante blanco más grande y costoso de la Nación. En 2008 el caldense Óscar Iván Zuluaga fungió como impulsor de Aerocafé, obra que alzó vuelo durante el segundo gobierno Uribe, cuando Zuluaga era ministro de Hacienda, se gastó más de $300 mil millones, a pesar de graves errores técnicos, geológicos y con actos de corrupción. El director de Planeación, el pereirano Simón Gaviria, dijo que le faltan estudios y la estocada final vino del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aclaró que “Se necesitan recursos y hoy no los tenemos”, dijo.
   El problema es que para finalizar la obra tendría un costo cercano a 1,1 billones de pesos, una cifra exorbitante en comparación con otros terminales de América Latina. Lo insólito es que en 1985, cuando nació la idea, valía 45.000 millones de pesos.
   El terminal aéreo tiene varios problemas:
1º La pista tendría solo 1.400 metros de longitud, solo aterrizan aviones pequeños y permanece cerrado la mitad del año por problemas climáticos;
2º Ya hay 4 aeropuertos en la región que quedan muy cerca y que se pelearían los pasajeros, La Nubia en Manizales, El Edén, Armenia, Matecaña, Pereira y Santa Ana, Cartago;
3º El problema de la longitud de la pista plantea 2 enormes dificultades:
La primera es técnica, porque construir la definitiva, de 2.400 metros, es un reto enorme para la ingeniería. La razón es que para construirla es necesario cortar varias montañas y rellenar los espacios para formar una meseta.
La segunda, la financiera, es consecuencia de la anterior, pues hacer una obra de esas dimensiones multiplica el costo del proyecto;
4º Hoy nadie entiende cómo comenzaron obras sin los estudios técnicos, que aparecieron solo en 2014;
5º Lo peor, ignoraron un análisis de 2002 que advertía de los problemas con los rellenos, conocidos como terraplenes. En efecto, varios terraplenes no sirvieron, lo que motivó una investigación de la Contraloría que vinculó a 31 funcionarios entre exgobernadores y exalcaldes, que fueron absueltos. El proceso sigue abierto solo con los contratistas, a quienes la Corporación Cívica de Caldas, una entidad gremial veedora, les descubrió otra perla: un carrusel de contratistas e interventores. 
   Francisco José Cruz Prada, secretario de Ambiente de Bogotá. En contra de este servidor público cursa una investigación en la Contraloría por un detrimento patrimonial cercano a los $50 mil millones en la construcción del fallido Aeropuerto de Palestina, cuando este se desempeñaba como Gerente de Aerocafé. En Caldas dicen que el único avión que ha despegado del Aeropuerto del Café es su ex gerente el señor Cruz. Es el mismo que salió a defender la propuesta de Peñalosa diciendo que el concepto de la CAR sobre la Reserva Van der Hammen, es equivocado: ‘No hay reservas intocables’. Por un lado esto es sorpresivo ya que según la hoja de vida de Cruz, antes de su puesto en la Alcaldía trabajó 3 años como director de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la CAR, es decir que estuvo involucrado en el concepto que ahora desvirtúa. No es claro si hay que creerle al Cruz de Peñalosa o al Cruz de la CAR. Esto es preocupante ya que Cruz no parece tener el mejor prontuario en el tema de los macroproyectos.
016
2009 Isagén. Los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, propusieron la venta del 57% de la participación de la Nación en Isagén, negocio que incluía la venta de electrificadoras en Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, confiaban que la venta quedará definido para el segundo semestre de 2009 y por el que el gobierno calculaba que entrarían a las arcas de la Nación $4,3 billones, ya que contaba que esos recursos hicieran parte del plan de financiero de 2010, se adelantaron conversaciones con firmas como JP Morgan, Goldman Sachs, Créditos Suisse y Citibank.
015
2001. Caso Lezo. Cómo se apoderaron de la Triple A de Barranquilla. En 2000 comenzaron los negocios millonarios para un puñado de empresarios españoles y colombianos con el agua, el alcantarillado y el aseo de Barranquilla, cuando se dio el paso clave para el tránsito de la Triple A a Inassa, la filial de Canal Isabel II. Se concretó en  noviembre del 2001 y se abrió la compuerta para que entraran a participar del jugoso negocio los empresarios barranquilleros Luis Nicolella de Caro, Enrique Miguel  Gerlein Navas y Nelson Polo Carbonell con un 18.76% de Inassa.
   Inassa es el principal accionista de la Triple A de Barranquilla, que factura más de $650 mil millones, tiene el 37 por ciento de Metroagua de Santa Marta y de Asaa de Riohacha, entre otras empresas y actividades. Inassa fue constituida en 1996 en Barranquilla por Aguas de Barcelona, que en ese momento había sido contratada como socia operadora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la ciudad. Al llegar, adquirió el 13% de las acciones. En 2002, cuando se había expandido en varios países, Inassa fue adquirida por Canal de Isabel II a través de Canal Extensia, una filial creada para expandirse en América Latina. Colombia fue la cabeza de playa de esa operación.
   A partir de ese momento, y a través de unas cuestionadas operaciones de disminución de capital, revalorización del patrimonio o emisión de nuevas acciones de la Triple A, Inassa fue aumentando su participación en detrimento de Barranquilla, que terminó con los años con solo el 13% por ciento de la propiedad. La única explicación que el Distrito ha dado es que cada vez que había que hacer inversiones o se emitían acciones, Inassa aumentaba su participación porque Barranquilla no tenía cómo capitalizar. Sin embargo, lo que ahora está al descubierto es que lo habría hecho con dineros de la propia empresa.
014
2008. Subsidios no reembolsables para distrito de riego en Montería. Robo $15 mil millones. El ministro de Agricultura firmó el decreto 732 de 2008 con el que el gobierno invirtió más de $15 mil millones para el distrito de riego en Montería, Córdoba. Para la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, le fueron distribuidos recursos en subsidios por $3.200 millones, así: en 2008 recibió $903 millones; en 2009, $1.404 millones; en 2010, $990 millones, gracias al decreto. En el año 2008 este distrito tuvo la segunda mayor participación en un proyecto de mantenimiento e inversión que hay en el Incoder para los distritos de riego”.
013
2009 Carimagua. El gobierno pactó en el acuerdo 005 de septiembre de 2004 que el inmueble denominado Carimagua, de 17.000 hectáreas en el Meta, sería entregado 700 familias víctimas de desplazamiento forzoso, de la violencia narcoparamilitar y guerrillera.
   Andrés Felipe Arias, cambio la destinación y ordeno la entrega en concesión de Carimagua, a empresarios, para sembrar palma, caucho, madera, incluso propuso venderles los terrenos. El minagricultura, aseguro que ese predio no tiene infraestructura para entregarlos a un grupito de desplazados. En cambio dice Arias- en manos de los privados, generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados.
012
2009 Agro Ingreso Seguro AIS. Robo: $12.700 mil millones. Afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Despilfarro y Pillaje. Se contrató y pago a los Grandes Medios de Comunicación y a prestigiosas Agencias de Publicidad, para diseñar, programar, implementar, mantener y actualizar la divulgación, Manejo de Imagen y campañas del programa AIS; Con empresas de Encuestas para: Asesoría, consultoría, realización, diseño, digitación, tabulación y análisis de Sondeos de opinión pública de los colombianos sobre el AIS, igual, que la elaboración de Vallas, pendones y pasacalles de diferentes tamaños y la producción y fabricación de pocillos, gorras, camisetas, manillas, calendarios, llaveros, botones, lapiceros, para promocionar el programa AIS. Macabramente, AIS era la plataforma financiada por el Estado para que Arias llegara al Solio de Bolívar. Génesis. 1º Se investiga una gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos del Programa AIS en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología. 2º Según la investigación, la gestión fiscal fue inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa “AIS”. Créditos al sector agropecuario- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. Afectación social. Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Vinculados. -Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Andrés Darío Fernández Acosta, minagricultura. -Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. -Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro. Consecuencias. -El sector ciencia – tecnología se vio afectado por la falta de recursos que permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria. -Gran parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al programa AIS afectando la inversión social. -La apropiación de $25 mil millones entre 4 familias y algunas más, se destaca la familia Dávila, de subsidios destinados hacia campesinos medianos. La Fiscalía en las investigaciones sobre los desvíos de dinero determino que tenían como destino principal a políticos, empresas privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias el negro. Contexto. En el gobierno y el minagricultura, Arias, impuso uno de los programas más polémicos en la historia de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y tecnología dentro del sector agropecuario. Agro Ingreso Seguro AIS, era el nombre de un programa ‘estrella’ del del gobierno 2002-2010, que tenía como objetivo prestar asistencia agrícola a campesinos, en teoría este iba a ser un programa para impulsar el sector agro de Colombia, pero esos recursos fueron destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegarán realmente a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Además, muchos de esos recursos se otorgaron a poderosas y millonarias familias. Es decir, era un programa que beneficiaría a campesinos pobres pero el dinero resultó en manos de los millonarios.
   El escándalo estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones en 2009 a narcotraficantes prestantes familias del Magdalena y Valle del Cauca, entre ellas, Valerie Domínguez, su  novio, cuñada y suegros.​ Inés María y José Francisco Vives Lacouture fueron condenados a 12 años de prisión por su responsabilidad en peculado por apropiación y falsedad en documento privado por AIS.
   Condenas. Por el escándalo de AIS que tiene tras las rejas a varios empresarios y funcionarios del gobierno nacional el minagricultura Arias 2005-2009 está hoy pedido en extradición por Colombia. En 2014, la Corte Suprema condenó a Arias, estando prófugo en USA, a 17 años de prisión y multa de 13 millones de dólares, hallándolo culpable de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de terceros, según la justicia, terminó desviando millonarios recursos que debía dar en forma de subsidios y ayudas técnicas a los campesinos que quisieran trabajar la tierra, a algunas de las familias más ricas y poderosas del país. Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el ministro Arias escapó a USA, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.​
   Inés María y José Francisco Vives Lacouture fueron condenados a 12 años de prisión por su responsabilidad en peculado por apropiación y falsedad en documento privado por AIS.
   Odebrecht – Arias. La fiscalía definirá la situación jurídica del ministro de Agricultura Arias, quien empezó a aparecer en las declaraciones de testigos claves de la investigación que lleva el ente acusador por el escándalo de sobornos de Odebrecht. Ante esos testimonios, y varias pistas que lo ubican en reuniones con empresarios de la multinacional, el exministro tendrá que explicar qué relación tuvo con esa firma. Un alto funcionario del gobierno Uribe que está en USA venía siendo mencionado en las declaraciones como una de las personas que recibieron dinero de Odebrecht, incluso con un salario mensual para su sostenimiento en ese paísLa Fiscalía dijo que para el momento de los hechos investigados Arias ya no era ministro, por lo “va a tener que explicar su presencia en una reunión en Palacio en el gobierno  Uribe a la que asistió uno de los más altos directivos de Odebrecht”.
   Perseguido Político. Arias, quien siempre se ha declarado inocente y dice ser una víctima de ‘persecución política’ por parte del gobierno de Santos, fue arrestado en agosto del 2016 en USA y en noviembre de 2016 año recibió la libertad bajo fianza.
011
2004-2017 Acumulación irregular de predios baldíos.  La Contraloría solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, emprender acciones judiciales para anular casos de despojo y venta irregular de baldíos en casos de acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, UAF, o enajenaciones de adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.
   La acumulación irregular de predios baldíos recaen sobre 322 predios, para un total de 123.482.89 hectáreas. Por ahora el ente de control advierte sobre 33 casos concretos, 12 de ellos ubicados en Córdoba, 3 de familiares del minagricultura, Aurelio Iragorri, del ministro de esa misma cartera, Rubén Darío Lizarralde,
   Los informes de actuaciones especiales sobre "la acumulación irregular de predios baldíos", uno sobre la altillanura, Meta, Caquetá, Vichada de 240 páginas, y otro sobre Antioquia y Córdoba, de 67 páginas, presentados por el ente de control fiscal en febrero y septiembre de 2014, respectivamente, y que sirvieron de insumo para la decisión que se anuncia. Los documentos han sido remitidos la Fiscalía y Procuraduría,  para que determinen si existe responsabilidad penal y/o disciplinaria, por violación de los topes establecidos en la ley, como son 450 hectáreas o de la Unidad Agrícola Familiar, orientados promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.
El ministro Iragorri. La Contraloría señala a primos del ministro Aurelio Iragorri Valencia, por tierras situadas en La Primavera, Vichada, que corresponden a 3 predios de 3.816 hectáreas, "se logró evidenciar la adjudicación irregular de tres predios en el Vichada por el Incora y su posterior acumulación de cuatro empresas". Se pone de presente que "se omitió verificar el requisito de la explotación económica por los solicitantes por espacio al menos de 5 años, teniendo en cuenta que los beneficiarios con la adjudicación no son habitantes de la zona sino de la ciudad de Bogotá y con actividad económica en otras ramas de la economía".
El ministro Lizarralde. También se destaca el caso que tiene que ven con familiares del exministro Lizarralde, con tierras ubicadas en La Primavera y Puerto Carreño, Vichada, correspondientes a 4 predios de 5.064 hectáreas. El informe del organismo revisor, indica al que "los predios El Nudo, La Cola, El Gorro y la Costa hacen parte del denominado 'Bloque Dávila', dentro del proyecto de producción de caucho en el departamento del Vichada, promovido por Indupalma. En las sociedades por acciones simplificadas que adquieren estos predios se cuenta con la participación de la ministra de Educación, María Fernanda Campo -2010 a 2014-; del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, del hijo de la expareja y de 4 hermanos de la ministra". Y agrega el ente de control en este aparte que "los predios que se acumulan tiene origen en terrenos baldíos de la Nación, adjudicados a particulares y que desde el año 2010 han sido adquiridos por sociedades por acciones simplificadas y particulares (...)".
Los 12 casos en Córdoba. Entre los baldíos señalados en Córdoba por la Contraloría se encuentra:
1º. Con 17 predios de 570 hectáreas en Montería, Tierralta y Valencia de William Gánem, María Victoria Gánem, Abraham Gánem y Rosa María Gánem, ganaderos y algodoneros
2º. Con 5 predios de 223 hectáreas en Puerto Libertador de Cerro Matoso;
3º. Con 17 predios de 808 hectáreas en Canalete, San Pelayo y Tierralta de Pedro Ghisays Chadid, Exgobernador de Córdoba, dueño de Apuestas Córdoba. Presunto testaferro de Mancuso, señalado por el exgobernador de Córdoba Jaime Manzur de haber recibido dineros del Cartel de Cali y de ser el puente entre esa organización y el congresista Jorge Ramón Elías Nader -condenado por el proceso 8.000. La Fiscalía determinó que Pedro Ghisays era un testaferro de Mancuso que aportó $382 millones de pesos y unos predios para el desarrollo de proyectos productivos para desmovilizados. Con el fracaso de los proyectos, este sujeto y otros empresarios le devolvieron la mayoría de los predios a Mancuso a través de negociaciones simuladas para que luego el jefe narcoparamilitar pudiera entregarlos para la reparación de las víctimas. Según la investigación, Pedro Ghisays adquirido 17 predios adjudicados como baldíos entre 1997 y el 2004, once de dichas adjudicaciones fueron realizadas en diciembre 31 del 2004 por la regional Montería del Incora.
4º. Con 3 predios de 49 hectáreas en Canalete de la Sociedad de Inversiones Casa Grande;
5º Con 8 predios de 77,6 hectáreas en San Carlos y Montería de William Enrique Salleg Taboada, Propietario y director de los diarios El Meridiano, de Córdoba y de Sucre. Como antecedente, en grabaciones entregadas a la Corte Suprema por Clodomiro Castilla, periodista que posteriormente fue asesinado, se escucha a William Salleg conversando con Salvatore Mancuso y coordinando una estrategia mediática para las AUC en medio del proceso de desmovilización. La Corte ordenó a la Fiscalía investigar a Salleg, proceso en el cual Clodomiro Castilla iba a ampliar su denuncia, pero 5 días antes fue asesinado.
6º Con 6 predios de 152 hectáreasen Canaletes y Puerto Libertador del empresario antioqueño William Vélez, cabeza del Grupo Ethus y accionista mayoritario de Inversiones Las Cumbres, según la investigación, Vélez y empresas de sus familiares acumularon predios adjudicados como baldíos, así: 
6º 6.1º Con 2 predios de 43 hectáreas en Canalete de Lina María Vélez. Hija de William Vélez Sierra.
7º 6.2º Con 2 predios de 43 hectáreas en Puerto Libertador de Sandra María Vélez;
8º 6.3º Con 2 predios de 66 hectáreas en Canalete de la Sociedad W de Jesús Vélez Sierra. Hijo de William Vélez;
9º Con 6 predios de 580 hectáreas en Tierralta de la Reforestadora Kandecord;
10º Con 44 predios, de 1.450 hectáreas en Tierralta de la Reforestadora Industrial Paramillo;
11º Con 58 predios de 3.274 hectáreasen Ayapel, Córdoba y Caucasia, Antioquia, de la Sociedad Garlema, de Ernesto Garcés Soto, gerente de la empresa Garlema S. A., dedicada a la producción especializada de café, y a la cría especializada de ganado vacuno. Garcés Soto es excongresista por el Partido Conservador y, en 1995, tuvo orden de captura por la conformación del grupo narcoparamilitar ‘La Escopeta’, investigación que precluyó por vencimiento de términos. Garcés fue señalado por el ‘Tuso Sierra’ como narcoparamilitar, estuvo involucrado en el connotado caso ‘Tasmania’.
   En diciembre 31 de 2001 Héctor Manuel Pineda Gómez, gerente regional del extinto Incora en Antioquia, firmó 42 resoluciones de adjudicación de predios baldíos, es decir del Estado, a un grupo de solicitantes que “acreditaron todos los requisitos y condiciones para la expedición del título de dominio”, adjudicaciones que no se las hicieron a campesinos pobres, como dice la norma, para su supervivencia y la de su familia en lo que se llama una Unidad Agrícola Familiar. Quienes recibieron esos 42 predios, ubicados en el corregimiento Margento, de Caucasia, Antioquia, frontera con Ayapel, departamento de Córdoba, hacían parte de una intrincada red familiar, empresarial y clientelar de Garcés Soto, en la que participaron hijos, parientes, empleados, miembros de las juntas directivas de sus empresas, políticos de su tierra natal, Concordia, Antioquia, para hacerse a por lo menos 2,500 hectáreas en una zona de explotación minera y ganadera, y en una época en la que el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tenía la hegemonía armada en la región.
   Para lo cual se crearon camarillas de beneficiarios de las adjudicaciones de baldíos, realizadas por la Gerencia regional de Antioquia del extinto Incora en diciembre 31 de 2001:
   1ª. Familia directa y su parentela. Recibieron predios sus 4 hijos, Dora Cristina, Victoria Eugenia, Marta Isabel y Julio Alberto Garcés Lema. Pero además de ello aparecen como beneficiarios una serie de personas, hombres y mujeres, que a partir de sus apellidos se podría inferir una relación de parentesco, se trata de Lema Salazar, González Lema, Lema Restrepo, Lema de González, Garcés Acosta, y quienes tienen un gran porcentaje de las tierras adjudicadas como baldíos.
   2ª. Miembros de junta directiva. En las resoluciones de adjudicación hay 3 empresas de propiedad de Garcés Soto, Garlema S.A., Inversiones Balsora S.A. y Trilladora Unión S.A., todas ellas del sector agropecuario, registradas en la Superintendencia de Sociedades. Los integrantes que salieron “favorecidos” por el Incora, son: Honorio Vélez Uribe, quien hace parte de la junta de las 3 empresas; Luis Guillermo Gaviria Osorno, está en las de Garlema S.A. y Balsora S.A.; Pedro José Garcés Maya, en de Balsora S.A., quien recibió dos predios, el mismo día y con dos resoluciones distintas.
   3ª. Políticos locales y sus parientes. Juan Jairo Montoya Correa, alcalde de Concordia, elegido en las elecciones de octubre de 2007 para el periodo 2008-2011, pero fue destituido del cargo por irregularidades en contratación. Su esposa, Gladis Helena Hernández Barrera, aparece también en la resolución de adjudicación. Diego Alejandro Guerra Restrepo, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de Concordia para el periodo 2008-2011. Pues resulta que uno de sus hermanos, Juan David, también recibió predio del Incora el 31 de diciembre de 2001.
   4ª. Empleados de las empresas; Un predio les fue otorgado a Ángela María Betancur Cañola, secretaria de Garlema, Jesús Emilio Agudelo Sánchez, contador de Balsora S.A. y Trilladora Unión S.A. Beatriz Elena Betancur Cañola, hermana de la anterior, también le dieron predio.
   5ª. Personajes representativos; Sergio Alonso Vélez Sierra, hermano de William Vélez Sierra, uno de los empresarios más poderosos del país en renglones las empresas de aseo, la infraestructura y el sector eléctrico. En el título de adjudicación aparece junto con Victoria Eugenia Garcés Lema, hija de Garcés Soto.
12º Con 11 predios de 103 hectáreas en los municipios de San Carlos y Montería, de la persona natural o jurídica que posee las tierras que corresponden a la Sociedad Agropecuaria 'El Ubérrimo', Según el informe de la Contraloría, en 2012 estos predios resultaron beneficiados de inversiones por parte del Incoder y de Corpoica que privilegiaron el distrito de riego Mocarí. Allí se ubican los 59 predios que conforman esta Sociedad Agropecuaria, y agrega, que esta Sociedad adquirió 17 predios adicionales entre 2008 y 2012. Antes de eso, se había beneficiado con 4 terrenos baldíos y adquirido un predio de reforma agraria".
010

2010-2014 Ley Urrutia – Zidres. Brigard & Urrutia. Apropiación indebida de tierras mediante la Ley Urrutia - Lizarralde, deja sin vigencia el artículo 72 de la ley 160 que establece claramente que los baldíos son para campesinos pobres y sin tierra. Busca legalizar la acumulación ilegal de baldíos en la altillanura y en todo el país, deja abierta la puerta a la extranjerización de las tierras en Colombia, brindar “garantías jurídicas” a toda suerte de gamonales, terratenientes, especuladores financieros, rentistas y mafiosos que lavan dinero del narcotráfico acumulando tierras, se torna importante dimensionar el problema, cubicarlo, tenerlo claro, definir quiénes son sus beneficiarios, para identificar las acciones jurídicas y de movilización que lo confronten. El informe de la Contraloría indica las reales intenciones del gobierno.

   El golpe demoledor fue cuando revelaron que el gobierno tramitaba una ley para legalizar los negocios hechos por su flamante embajador en USA. Además, que Urrutia mismo habría participado en la redacción de ese proyecto ley junto con los abogados de los implicados. Entre ellos Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal, el abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Con el escándalo tocando la puerta de la Casa de Nariño, Urrutia renunció. Pero la salida de Urrutia y varios ministros no desanimó al Gobierno de Santos que volvió a presentar la ley 6 veces hasta que por fin logró que se la aprobaran pero esta vez con el nombre de Ley Zidres. 
Son más de 300 mil hectáreas las que se apropiaron multinacionales, políticos, empresarios, banqueros. Todos usando el mismo modelo jurídico. ‘Confianza Inversionista’
009
   2013 Riopaila y Carguill. Brigard & Urrutia. Francisco Uribe Noguera diseño un entramado legal que le permitió a Riopaila y Carguill acumular tierras baldías en la altillanura colombiana. Brigard & Urrutia elaboran el esquema jurídico que  le permitió a otros emporios económicos, apropiarse de miles de hectáreas de tierras baldías. Se comprobó que detrás de todo estaba el embajador de Colombia en Washington: Carlos Urrutia Valenzuela. Cómo se hizo. Uribe Noguera creó 27 compañías de papel de las cuales él era el legal y con cada una de ellas compró el límite legal permitido de baldíos. Esas empresas de papel, la mayoría recién creadas habían pagado $40 mil millones, cuando nunca habían operado y su capital social era ínfimo.
   Para ocultar quien estaba detrás de la operación Uribe Noguera cedió sus 27 empresas de papel a 5 sociedades españolas controladas por Asturias Holding una empresa de Luxemburgo, un paraíso fiscal en el que las leyes impiden conocer la identidad de los verdaderos propietarios.
    Pero un informe de la empresa de auditoría Deloitte & Touche, revisora fiscal de Riopaila, reveló que el verdadero dueño de la operación que había hecho Uribe era el ingenio azucarero Riopaila Castilla.
   Además, la firma del embajador Urrutia y Uribe Noguera había usado la misma estrategia con Carguill, multinacional que compró 52.575 mil hectáreas en el Vichada.
   Las revelaciones continuaron dejando al descubierto que  Corficolombiana, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pacho Santos, la familia Matos Barrera, Manuelita, Pacific Rubiales, Poligrow, Mónica Semillas, The Forest Group, entre otros, se hicieron adjudicar baldíos del estado, que la constitución y la ley destinan a los campesinos colombianos. Aunque no habían sido asesorados por la firma de Uribe Noguera, habían copiado el modelo. ‘Confianza Inversionista’.
008
2006 Los Nule. Brigard & Urrutia. Brigard & Urrutia asesoró a 2 fondos “buitre” internacionales: Invertotal y Hansa Holdings LTD, subsidiaria de Arco Capital Corporation, un fondo gringo e Invertotal, mexicano-americano, para que constituyeran la sociedad Solutions and Infrastructure Technologies, con un capital suscrito de $1 millón, un capital pagado de 0 pesos, sin junta directiva, Alberto Hernández es el gerente, constituida con el propósito exclusivo de tomar el control administrativo de las empresas de los Nule, que le deben a estos 2 fondos $80 mil millones desde 2007. Se intentaba blindar la plata de los Nule de los acreedores estatales, comenzando por Bogotá, otras ciudades, gobernaciones y la nación, que les dieron anticipos para obras que no se han entregado y que tendrían que “hacer cola” detrás de estos fondos por la ‘Confianza Inversionista’. Los Nule firmaran el acuerdo, los Fondos les prometían que se quedarían con el 25% de sus empresas si se salvaban.
007
2006 Los Nule. Electrolima. El grupo Nule era propietario de Enertolima, de la empresa de energía de Pereira e iban por la Electrificadora del Cauca. Enertolima entro como operador de Electrolima, afectando la infraestructura eléctrica del Tolima, pese a denuncias presentadas a María Eva Uribe, superserviciospúblicos, Manuel Maiguasha viceminas y Luis Ernesto Mejía miminas, candidato vicepresidencial de Noemí  y ministro estrella según el gobierno, no intervinieron.
   Resulta que el 50% de Enertolima y el 25%  de la empresa de energía de Pereira, no es de los Nule, sino de la empresa Solutions and Infraestructure Technologies Colombia S.A.S, que aparece como el dueño mayoritario de la empresa MNV y como un socio importante de Gas Kapital. La Supersociedades en visita a las sociedades MNV y Gas Kapital al revisar el libro de accionistas,  descubrió que éste había sido sustraído de la compañía sin ninguna explicación, que las empresas carecían de contabilidad desde marzo de 2010, que había habido una cesación de la actividad contable y tributaria. Un completo desorden financiero.
   Los Nule tras 15 años de trayectoria, conformaron un emporio de más 35 empresas en los sectores de energía, agua y construcción; llegaron a participar en más de 86 consorcios para las diferentes licitaciones públicas; sus inversiones traspasaron las fronteras, además de varios países de América Latina, desarrollaron proyectos en España y en busca de recursos llegaron a China y Dubai. En su mejor momento facturaron más de 200 millones de dólares al año, y emplearon, directa e indirectamente a través de sus empresas, a unas 15.000 personas. Se convirtieron en las estrellas nacientes de la contratación pública del país. Algunos competidores que perdieron licitaciones frente a ellos, se atreven a decir que como los sobornos a servidores públicos, fueron parte integral de la fórmula del triunfo, lo implicaban un sobrecosto adicional que agravaba los problemas de liquidez.
006
2014 Casos Andrómeda. Andrés Sepúlveda. El CTI allano un local en Bogotá con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada de una central de inteligencia del ejército, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno con la frac en el marco de los diálogos de Paz de la Habana; en este lugar se hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias usd, planos de diagramas para crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos.
​ En el allanamiento, el CTI capturó al hacker AndrésSepúlveda, quien compró información de manera ilícita al ejército sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático Zuluaga.Un colaborador de Sepúlveda, Daniel Bajaña Barragán, ecuatoriano, fue capturado por interceptar ilegalmente a Francisco Santo vicepresidente.
   La Fiscalía capturó a 3 miembros del ejército por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros más.
En informe de la comisión especial creada por mindefensa, concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andrómeda, por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro del ejército.
A pesar de estos hallazgos, el gobierno ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.​
005
2004 Compra de Reelección. Yidispolítica. “Vallan votando mientras los condenan”. A partir de las condenas penales por cohecho propio a los congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema, quedó judicialmente demostrado que existieron ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del gobierno a cambio del voto favorable al proyecto de reforma constitucional que le permitió a Uribe aspirar a un segundo mandato presidencial. El Alto Tribunal expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio, minprotecciónsocial y Sabas Pretelt, mininterior y de Justicia y embajador en Italia. Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente, sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del Estado en el época de campaña, por mencionar sólo algunos.
   La Corte Suprema determinó que Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas en Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría al presidente, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Si Medina hubiera votado en contra, el proyecto de reelección se habría caído.
   Yidis Medina fue sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por cohecho. Además de la congresista, en el 2015 fueron condenados altos funcionarios del gobierno, Sabas Pretelt ambos a 80 meses de prisión y Diego Palacio a 60 meses, Alberto Velásquez, secretario de la Presidencia. También fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iban Díaz Mateus.
000
2010 Referendo para reelegirse a un tercer período. Luis Guillermo Giraldo. El presidente intentó habilitar su nombre para una segunda reelección mediante un referendo y el comité promotor de la consulta, en cabeza de Luis Guillermo Giraldo, estuvo en un largo proceso judicial por graves irregularidades en la recolección de las firmas. El Congreso, en horas de la madrugada, aprobó la convocatoria al referendo. Pero la Corte Constitucional, en la histórica sentencia del 26 de febrero del 2010, tumbó la segunda reelección. Entre otras razones tras comprobar que hubo irregularidades en la financiación de la campaña y que se gastó hasta seis veces más plata de lo permitido. El congresista Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo, como representantes de la asociación Primero Colombia, las cabezas visibles de esa campaña, terminaron imputados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Fueron exonerados por falta de pruebas a pesar de que aceptaron su responsabilidad y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía para pagar 54 meses de cárcel.
004
2004 ‘Carrusel de las Notarías’. Surgió a raíz de las declaraciones del ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien reveló ante la Corte Suprema el nombre de cerca de 34 congresistas a los cuales acusó de recibir nombramientos y notarías después de entregar el voto favorable al proyecto que buscaba cambiar un artículo de la Constitución con el fin de permitir la reelección presidencial.Tras estas revelaciones la Corte abrió investigación y citó a versión libre a los siguientes congresistas:
Eduardo Enríquez Maya                                 Carlos Enrique Soto Jaramillo
Plinio Edilberto Olano Becerra                        Milton Arlex Rodríguez Sarmiento
Jorge Hernando Pedraza.                              Jaime Alejandro Amín Hernández
Hernando Torres Barrera                               Flor Gnecco Arregocés
Tony Jozame Amar                                       José Luis Arcila Córdoba
Luis Fernando Almario Rojas                          José Renán Trujillo
Mario Uribe Escobar                                               William Vélez Mesa
Camilo Hernando Torres Barrera
   Por este mismo caso la Corte había condenado al congresista Alirio Villamizar a 9 años de cárcel por concusión.
003
2006 Ventajosos Negocios de los hijos del presidente. El escándalo de corrupción que mayor trascendencia mediática tuvo fue el relacionado con los negocios de sus hijos Tomás y Jerónimo, quienes compraron a Bavaria SABMiller un terreno por $33 millones en el municipio de Mosquera, que en sólo 2 años pasó a valer $3 mil millones un incremento de 9.100% en virtud de las decisiones oficiales tomadas:1ºPor el POT del municipio de Mosquera y 2ºAl declarar en el lugar donde se encuentra ubicados dichos predios, La Zona Franca de Occidente, los ministros y altos funcionarios del estado.
002
2006 Notaría en Tunja. Este caso fue otro de los más sonoros sobre la utilización de la investidura presidencial para aumentar las arcas de la familia Uribe Moreno y que tuvo su punto más álgido en julio de 2010, cuando la Corte instó a la Fiscalía a investigar a Tomás Uribe por injerencia en la asignación a un recomendado suyo de una notaría de Tunja, en un hecho que se suma al escándalo de ofrecimientos de prebendas para la reelección de su padre en 2006.
001
2008 Panamá Papers. Los Uribe Moreno, aparecen conectados con Asia America Investment Corporation, desde 2008, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. “La compañía fue creada para vender artesanías colombianas en el mundo pero que “el negocio nunca despegó”. La dirección registrada en Colombia es la carrera 8 No. 7-26, es decir, la Casa de Nariño. Igual, con fecha noviembre de 2012, figura el registro de la firma UM Holdings Global Inc a nombre de la sociedad Uribe Moreno S.A.S. Dueños de "empresas de maletín", el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, encontró la ubicación de las empresas en ese ‘paraíso fiscal’ donde invierten los evasores de impuestos, ladrones empresarios, mafiosos, políticos corruptos, asesinos en fuga.
   Hecho que han generado debates éticos sobre los diferentes negocios de los Uribe Moreno, quienes han sido presentados ante la opinión pública como 2 exitosos jóvenes emprendedores, de 20 y 22 años de edad, en el sector de la propiedad raíz, construcción y financiamiento de centros comerciales, artesanías, compra de Cobre y reciclaje de basuras con la firma Residuos Ecoeficiencia, pero que en virtud de su calidad de hijos del presidente obtuvieron enormes ventajas comerciales respecto de sus competidores.
000
2002-2010 ‘Contra la Corrupción y la Politiquería’. Un manto de podredumbre por la comisión de varios delitos cubre al entorno más próximo del cuestionado mandato, quien en 8 años de gobierno dejó desinstitucionalizada a Colombia. Los escándalos han salido a la luz pública han estremecido a la opinión pública y demuestran el talante y la catadura de una gestión que utilizó el gobierno para favorecer sus intereses y los del gran capital.
   Escándalos de gran magnitud que tiene en la cárcel a altos servidores públicos. Bernardo Moreno secretario de Presidencia, Mario Aranguren director de la Unidad de Análisis e Información Financiera UIAF, Jorge Noguera director del DAS, Andrés Felipe Arias minagricultura. Irán más integrantes de ese gobierno a prisión dada la gravedad de los desafueros cometidos durante los 2 periodos.

2016 Plebiscito por la Paz. Juan Carlos Vélez Uribe. En la campaña, ‘No a los acuerdos de paz’, en octubre 2 de 2016, fue el propio gerente de la actividad, Juan Carlos Vélez Uribe, quien salió a reconocer que habían puesto en marcha una densa estrategia de mentiras aconsejados por asesores de Brasil y Panamá y financiados por importantes empresarios del país.
   La degradación de la contienda electoral no es el único daño que le ha infligido a la democracia esta corriente política, en el mandato 2002-2010 se han descubierto más de 27 grandes escándalos de corrupción. Pero es el más profundo: ¡6 campañas nacionales, 6 escándalos! No obstante, para importantes sectores resultará más creíble la ‘Cruzada Anticorrupción’ del Ordoñez-uribismo.
000
Los 3 huevitos. 1º ‘Seguridad Democrática’ 2º ‘Cohesión Social’ 3º ‘Confianza Inversionista’.  
1º “Seguridad Democrática”. Política destinada a atacar y debilitar a las organizaciones criminales que actúan en el país. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, reconoce que en el 2011 los grupos armados ilegales hacían presencia en 700 municipios, es decir, en el 65% del país. Las Farc, en 166 municipios, el ELN, en 117, las bandas criminales “Los Rastrojos”, en 166, “Los Urabeños”, en 176, “Erpac”, en 28 y las “Águilas Negras”, en 84 municipios. Los actores armados le disputan al Estado el uso de la coacción y ésta se orienta en controlar instancias de decisión y de estructuras económicas e influir en las decisiones de las autoridades.
2º ‘Cohesión Social’.
3º “Confianza Inversionista”. La estrategia ‘funcionó’: entre el 2000 y el 2015 ingresaron al país $131.400 millones de dólares. Lo que se escondió, con la cortina de la euforia por los altos precios internacionales del petróleo y los minerales, es que la renta de esa inversión era mayor (como debía de esperarse) a lo que estaba ingresando. Para el mismo período la plata que salió del país como renta de la inversión extranjera fue de $158.427 millones de dólares. Es decir, cada dólar rentaba el 20% en renta bruta de inversión, un rendimiento extraordinario. Una economía bulímica, que expulsa más capital del que le ingresa.
   Las reformas al código minero, la reducción del pago por regalías, sacar a Ecopetrol como socio incondicional de las operaciones de las petroleras foráneas, eliminar el impuesto de 7% de remesas, las reformas de flexibilización laboral, los contratos de estabilidad jurídica y las zonas francas fueron parte fundamental de la estrategia para atraer ese capital extranjero en forma de inversión extranjera directa.
   Para beneficios de particulares, el gobierno da en concesión las vías, los recursos naturales, estatizamos los territorios con Zonas Francas, pero vende y privatiza las empresas estatales de alta rentabilidad.



9º Robos Seguridad Social Pensión - Salud - Riesgos.

2002-2010. ISS. Ley 100.
La privatización de los desfalcos.

2014 En Colpensiones. Una juez envió a prisión a 8 de 11 capturados por la Fiscalía, los otros 3 se les dio detención domiciliaria, por concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos personales y fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas, quienes laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la entidad estatal encargada del régimen de prima media, Colpensiones. La investigación comenzó en mayo 8 de 2014, momento en el cual uno de los directivos de la entidad denunció irregularidades en el sistema informático de Colpensiones. Los contratistas crearon una red delincuencial que cobraba por la modificación de los historiales laborales entre $10 y $100 millones, según la complejidad del trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon 2 modalidades de delinquir: la 1ª, consistía en inventar desde cero el historial laboral de una persona que nunca hubiese estado afiliada al ISS, la entidad encargada del sistema pensional ni a Colpensiones; la 2ª, consistía en modificar el número de semanas cotizadas por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes de lo estipulado. La Fiscalía continúa la investigación.

2015 Desfalco a Colpensiones. Quindío. La fiscalía capturo en Armenia 15 personas, acusadas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a Colpensiones, a quienes se les imputo: fraude procesal, falsedad en documento, estafa.Los detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían conspirado para apropiarse de más de $1.400 millones de Colpensiones,​ aunque la cifra podría llegar a los $7.5 mil millones, debido a que la entidad fue defraudada durante varios años por esta "empresa criminal" encabezada por un abogado. Este buscaba a personas mayores que fueran pensionadas o estuvieran tramitando ese derecho argumentándoles que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional argumentando una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos ‘engañaba’ a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas pretensiones.​

2006 Desfalco a Cajanal. Robo $600 mil millones. Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones a Cajanal, tramitando además de manera irregular ante la justicia, pensiones de gracia, para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil millones, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años en total el desfalco podría sumar unos $600 mil millones en 2006. Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los abogados guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013 por el tribunal de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7 años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez y multa a los 2 de $269 y $622 millones.​

1989. Cajanal. Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con la complicidad de jueces, lograron desfalcar en más de $5 mil millones a la desaparecida Cajanal, a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.
   Hernán Andrade, congresista, fue salpicado en este escándalo, la Corte Suprema lo investigó en 2008, absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.​

2016 Desfalco a Cajanal. Bolívar. Robo $40 mil millones. En 2016 la Fiscalía abrió investigación contra otro abogado Manlio Aristio Barrios Buelvas, en otro desfalco a Cajanal en Cartagena, por prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal, como responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones en 2006. Según el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de $40 mil millones.

2011 Escándalo de la Salud. Fosyga. En mayo, Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde el 2002 que podrían superar no millones, sino billones de pesos en el minproteccionsocial. A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fosyga, con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia.
   Las modalidades de fraude consistía: 1ª en “autorizarles los pagos a las EPS que habrían sido retenidos”; esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS, por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro. 2ª era colocar "personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran".
   Por estas acciones fueron capturadas 7 personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS´s.Este hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS´s en Colombia se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto, las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es tan grave que la Supersalud ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop, que eran en su momento las más grandes de país. Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del país suman, a finales de 2015, unos $4 billones.​

2002-2011Caprecom. Robo $4 billones. Afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom. Génesis. Indebida financiación con proveedores, desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos. Afectación social. Se investigan deficiencias en la administración de los recursos de la salud. El manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para contar con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de los sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo. Vinculados. -Carlos Tadeo Giraldo Gómez, director general18.11.2002 a 19.09.2010. -Mario Andrés Urán Martínez, director general 20.09.2010 a 20.09.2011. -Fernando González Rodríguez, subdirector financiero 30.01.2003 a 31.01.2011. -Rafael Leonardo Páez Fuentes, secretario general E. -Moisés David Hernández Sánchez, secretario general 11.07.2011 a 15.12.2011. -Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS E de Caprecom. -Bdo Audit S.A. revisor fiscal, representada por Luz Marina Pérez Serna -Asesorías y Servicios en Salud – Asalud Ltda, representada por Pedro Fabián Forero. -Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., representada por Fabio Alberto Valencia Bustamante.
   En mayo de 2011 se anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, que se hacía desde varios años atrás, que podrían superar los billones de pesos en el minprotecciónsocial. Se llegó a decir que era el mayor cartel de corrupción en el país. Caprecom también era una EPS que tuvo que ser liquidada por no poder pagar sus deudas,  debido al mal manejo de los recursos que le llegaban, el desvío de esos recursos por pagos de costos, y la indebida financiación con proveedores. En  Caprecom desapareció $559.500 millones destinados para la salud de los colombianos. Se logró detectar a un grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial, nombrados por el ministro Diego Palacio, que organizaron un  grupo delictivo, mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al FOSYGA, que es con el que se financia la salud de los ciudadanos más pobres en Colombia.
   Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizar pagos a las EPS que habrían sido retenidos”; es decir que la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al FOSYGA a disponer de los recursos y generar un doble cobro.
Por estas y otras acciones de fraude fueron capturadas 7 personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS. Las deudas de las EPS  a las clínicas y hospitales del país sumaron, a finales de 2015, unos $4 billones.

1998-2011 Saludcoop. Robo: $1,7 billones. Afectada: Ministerio de Salud. Vinculados. -Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente SaludCoop -María Carolina Lamus, -Alberto Castro Cantillo, -Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, -Eugenio Mejía Serna, directivos de Saludcoop EPS -Consultoría de Estrategias y Negocios S.A. -Estudios e Inversiones Médicas S.A. Hecho generador. La utilización indebida y contraria a las normas de los recursos parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud para fines distintos a los permitidos en beneficio de particulares. Afectación social. Los afectados son los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de servicios de salud. Se vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de la vida. Contexto. En mayo 11 de 2011, por resolución 0801 de la Supersalud, se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS Saludcoop. Todo empieza a partir del seguimiento de la Contraloría, por el uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales mediante la  desviación de $1.05 billones entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por $6 mil millones, de los cuales $3.541 millones fueron al bolsillo del presidente Carlos Palacino en el periodo del 2005-2010. Consecuencias. -El sobreprecio de medicina y tratamientos para la atención de los usuarios de los servicios de la EPS. -La confusión de los recursos de medicina prepagada  con los que integran el POS en beneficio de los privados. -La falta de pago de los servicios de salud a los proveedores, que se registraba como utilidad. -El traslado de aproximadamente 4 millones 500 mil pacientes a Cafesalud, debido a la apropiación de los recursos públicos y desvío de dineros por parte de su fundador Carlos Palacino y su equipo conformado por María Carolina Lemus, Alberto Castro Cantillo, entre otros.
   Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, es investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes e inversiones en el extranjero. Saludcoop está en venta y el proceso contra Palacino y otros responsables continúa. La Contraloría intervino Saludcoop y obligó a sus directivos, en cabeza de Carlos Palacino, a devolver los 1,4 billones de pesos correspondientes a la salud, que habían sido desviados de manera ilícita. Según la Contraloría, desde el año 1998 comenzó el fraude cuando Saludcoop, entre otros delitos, extendió su red de oficinas y centros médicos apropiándose de un porcentaje de los dineros de la salud que ingresaban y que eran registrados como utilidad. Razón que lo sancionó a Palacino y a otros 14 involucrados.
   El castigo del gobierno: Palacino no puede ocupar cargos públicos en 18 años y multa por $56 millones. A 4 años de que el caso tomó forma, ninguno de los acusados ha sido procesado, Saludcoop está a la venta y el proceso continúa para todos. La EPS más grande de Colombia también fue una de las más corruptas. 2001-2010
 Usó de forma indebida los parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud y generó pérdidas de $1,7 billones. Por este caso hay 7 personas procesadas por este caso, que dio cuenta de la impresionante corrupción en el sector salud.
   La Contraloría sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de $1,4 billones.
   En 2004, la supersalud sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de $195 mil millones, sanción que en 2010 y por las mismas razones elevó a $627 mil millones, al llevar los análisis hasta 2008. Sanciones confirmadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.
   La Procuraduría inhabilitó a Carlos Palacino por estafa y por el incremento injustificado de su patrimonio.
   La superindustria condenó a Saludcoop por crear un “cartel” con otras EPS, entre otros delitos, pagarse 2 veces por el mismo servicio, con la plata de la UPC y con la del Fosyga
   Pero el Fiscal Jorge Perdomo, afirmó que la Fiscalía no ha acusado a nadie porque “se habla mucho de una gran situación de corrupción pero las pruebas no existen”.
   En la Fiscalía tampoco avanza el caso en el que esta EPS le robó al Fosyga $27 mil millones, al cobrarle por lo que no había gastado, mediante el truco de girar 8.021 cheques que nunca se hicieron efectivos. Ni en el otro de 2009 en el que el Grupo Saludcoop –con Cruz Blanca EPS y Cafesalud EPS– infló en $825 mil millones sus gastos en medicamentos, según los análisis del CID de la Universidad Nacional de Colombia.

2014 Coomeva EPS. Robo: $146.900 mil millones. Afectada: Ministerio de Salud. Génesis. Distorsión de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta y equipo, así como en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos. Afectación social. El efecto del uso indebido de recursos de la salud, que se generó por manejos financieros y contables ilegales, evidencia la falta de transparencia y la debilidad en los controles de las EPS, afectando a los aportantes del sistema, debilitando financieramente el sistema de salud, contribuyendo así al deterioro de la calidad de prestación del servicio y a su sostenibilidad financiera. Vinculados. –CoomevaEPS-Fernando Panesso Serna, gerente.-Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general.-Nilson Humberto León Ramírez.-Sandra Moya Mendoza.-Price Waterhouse Coopers Ltda. -Judith Chica Mosquera, revisora fiscal de Coomeva EPS. Los altos mandos de Coomeva EPS, distorsionaron cuentas de costo y para su propio beneficio. Por ese caso, 5 directivos y 3 particulares fueron acusados por la Fiscalía por peculado por apropiación, contratos sin requisitos legales, celebración indebida de los mismos, quienes por medio de estos fraudes se apropiaron de $3.411 mil millones que hacían parte de contratos irregulares para la compra de medicamentos.


2017 El Cartel de los Abuelos. Risaralda. El 18 de mayo se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a 8 implicados en irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde se atienden 93 personas, el caso fue denunciado por la personería. Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado 4 de 13 contratos en el Programa del Adulto Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones. Entre los imputados estaJohn Lemus, secretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía, quien dice no tener responsabilidad en los cargos imputados. De los 8 implicados, el fiscal solicito la medida de aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que aceptó cargos, podría tener rebaja de pena del 50% y detención domiciliaria.

2016 Hospital Universitario del Valle. Robo $123.783 mil millones. Fueron capturadas por el CTI, 7 servidores públicos del Hospital Universitario del Valle de Cali, por celebración indebida de contratos en el centro asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación Ley 550 para reestructurarla. La Contraloría había alertado sobre un detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones. Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se encuentra el director de la institución, Jaime Rubiano.

2013-2015 El Cartel de la Hemofilia. Córdoba. Robo $80 mil millones. Estalló luego de una investigación hecha por la Contraloría, donde descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba donde más se presentaron casos, Sucre, Bolívar, La Guajira, donde, a través de falsas IPS, falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a 3 personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los hechos 2013 a 2015. El desfalcoa la salud por este caso de corrupción estaría, según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones.​

2016 El Cartel del Síndrome de Down. Córdoba. Robo $10 mil millones. Otro escándalo que involucra al departamento de Córdoba, al ser detectadas irregularidades por parte de la Contraloría en el pago, por parte de la gobernación, a 4 IPS por $10 mil millones en la atención a niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aun así, se pagaron dado que se facturaron por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos recursos debieron ser costeados por el POS en lugar del departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas EPS. Solo una de estas IPSrecibió cerca de $7 mil millones sin tener un contrato formal con el departamento.​

2015 PAE Programa de Alimentación Escolar. Robo $12.745 mil millones. El Programa de Alimentación Escolar fue creado en el año 2007. Cuando se investigaron las denuncias sobre las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar en 7 departamentos de Colombia, se descubrieron 42 irregularidades, incumplimientos por parte de los contratistas, quienes en teoría, deberían entregar desayunos, almuerzos y refrigerios a las escuelas más pobres.  
   Los manejos en los dineros de los recursos para los niños  en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre sumaron $12.745 millones en pérdidas. Ese dinero es equivalente a más de 12.7 millones de raciones de comida que habrían alimentado a niños que realmente lo necesitaran. Enriquecerse a costa de la alimentación de los niños más vulnerables, es sin duda un acto más que vergonzoso y reprochable. 
   La fiscalía señaló que este desfalco a las arcas fue “sistemático y constante”. “Alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y en condiciones sanitarias deficientes, incumplimiento de la minuta o ración nutricional necesaria, operadores que entregan la mitad de raciones contratadas pero cobran el 100%”, son algunas de las deficiencias de este programa.

2015 La Salud en el Huila. La Fiscalía capturó a 9 personas, entre funcionarios de IPS, de EPS y alcaldes de municipios del departamento del Huila, por celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito, con detención en establecimiento carcelario. Esto debido a irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar y Medilaser, una IPS del departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender la población de este departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25 mil millones, dineros públicos que debían ser destinados a la atención de personas inscritas en el Sisben un sistema estatal de atención en salud para personas de escasos recursos a través del Régimen Subsidiado. La Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para "quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisben para acceder a los servicios de salud".
   Además, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales, clínicas y centros de salud de los municipios deGarzón y La Plata por valor de $6 mil millones bajo la modalidad de "eventos controlados", limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado.​ Se capturaron 2 personas más involucradas en el escándalo, representantes de otra IPS que no cumplía con las facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la atención de usuarios Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos, firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3 mil millones.​

Recursos parafiscales de la salud. Robo: $224 mil millones. Afectada: Ministerio de Salud. Génesis. Denuncias sobre desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social. Afectación social. El desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del aporte de los colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema y en el Estado. Vinculados. -Consorcio Fidufosyga 2005-Coomeva EPS -Cruz Blanca E.P.S.-Famisanar E.P.S.-Humana Vivir E.P.S-Solsalud EPS-Luisa Fernanda Bellini Pérez.

 

IPS no habilitadas. Robo: $943.900 mil millones. Afectada: Ministerio de Salud. Génesis. Pagos a IPS que según los registros no aparecen como habilitadas. Afectación social. Se afecta la red hospitalaria legalmente establecida, poniendo en riesgo su viabilidad financiera y, en consecuencia, la calidad de la prestación del servicio de salud a los usuarios. Vinculados: Por determinar.


Hospital Infantil los Ángeles en Pasto. Nariño. 5 de las 7 implicados del millonario desfalco al Hospital infantil los Ángeles, fueron capturados en Pasto. Entre los retenidos hay una trabajadora del área financiera de la entidad dijo la gerente del Hospital Doris Sarasty quien señaló que la sustracción de recursos se hizo a través de una nómina paralela para favorecer a acreedores de deudas particulares de la funcionaria que ya fue separada de su cargo.

10º Robos Nacionales

2017 El Cartel de la Chatarrización. Robo $600 mil millones. La Fiscalía ordenó, la captura de 28 personas, entre policías, servidores públicos del mintransporte, tramitadores privados y líderes del sector camionero, por hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El gobierno, para controlar el crecimiento del parque automotor de carga, implementó la Política de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión o empresa quería comprar un vehículo, debía chatarrizar o desmantelar otro de más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según la Fiscalía, el Cartel de la Chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: 1º La chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para reposición; 2º la chatarrización de camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este fin y 3º la desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones, a razón de $50 millones  por camión.​ A los capturados se les imputó concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal, concurso con el de uso de documento falso, supresión u ocultamiento de documento público.​

Isagén. Acuerdo de Brookfield y Colbun en subasta de Isagén. Ambas compañías, con conocimiento del Gobierno, acordaron todo para que la subasta tuviera un solo proponente. La intención desde el principio, fue el pago por la generadora con el precio base de la subasta: $6,49 billones. Colbun no participaría y a pesar del tema siguió el proceso a sabiendas de que iba a ser una licitación con un solo proponente, lo que podría configurar el delito de colusión, pactar contra un tercero. Un documento de la Superintendencia del Mercado de Valores de Chile que demuestra que Colbun nunca manifestó interés en comprar Isagén. Incluso, cuando fueron cuestionados en una tercera ocasión dijeron que por el aumento de precio de Isagén “no están en condiciones de presentar una oferta”.

2010 Coljuegos. Etesa. Robo $2 mil millones. Mery Luz Londoño, gerente de ETESA Empresa territorial para la Salud, cuota del congresista Cáceres, capturada por el DAS junto con su esposo, Raúl Quintana, por el cobro de sobornos a propietarios de casinos y máquinas tragamonedas.
   La Policía y la fiscalía en varias ciudades del eje cafetero y luego de una investigación de 1 año, hicieron efectivas 31 órdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y exfuncionarios de Etesa y Coljuegos; de estas capturas, 3 fueron contra directores de la entidad. Se descubrió que, a través de empresas de papel, funcionarios de Coljuegos engañaron al estado generando detrimento patrimonial superior a los $2 mil millones entregando contratos "a dedo" para activar unas máquinas tragamonedas que habían sido dadas de baja después de haber sido incautadas por Etesa entidad predecesora de Coljuegos. Por alguna razón que se desconoce, las máquinas decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de seguridad de la entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido habilitadas y puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones.​ A los capturados se les imputo: interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.​

2016 La Comunidad del Anillo. Se denunció una "red de prostitución homosexual masculina" que funcionaba en la Policía desde la escuela de cadetes general Santander, a cargo del  director de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del gobierno.
​ La periodista que dio a conocer en su programa de radio una grabación del año 2008, donde se oye aCarlos Ferro, congresista, sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el subteniente y miembro de su escolta, Ányelo Palacios. Por esta denuncia la periodista fue obligada a presentar su renuncia como directora de La FM y presentadora dercn, configurándose una "persecución" y un "atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno.
   Las declaraciones de las víctimas sirvieron como base a la Procuraduría para iniciar investigaciones disciplinarias contra los involucrados en este escándalo, entre ellos, el Director de la Policía, General Rodolfo Palomino,quien se vio obligado a pedir la baja del servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más crítico de su historia. El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía desempeñando como vice relaciones públicas del mininterior, presentó su renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.​ El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de la Policía debido a acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio del oficial.​

2017 Caso Sandra Bonilla. Fue condenada a 90 meses de prisión por peculado por apropiación y multa de $400 millones, la tesorera de la Agencia Logística del ejercito Regional Suroccidente, Sandra Bonilla, por una transferencia de más de $800 millones a cuentas de sus familiares de 2009 a 2014. Además, fueron condenadas también otras 4 personas que deben pagar penas de 35 a 50 meses de prisión y multas de $20 a $160 millones por complicidad en el delito.

11º Robos Regionales.

1980 y 1990. Robos a los dineros del erario público de gobernaciones y alcaldías en todo el país ocurridos.

2010 Gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Gobernadores en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía.
Gobernadores en ejercicio condenados:
Juan Carlos Abadía, del Valle de Cauca;
Oscar Raúl Flórez, del Casanare;
Joaco Berrío, de Bolívar;
Felipe Alonso Guzmán, del Putumayo;
Fredy Forero Renquiva, de Arauca;
Guillermo Alberto González, del Cauca;
Blas Arvelio Ortiz, del Vichada;
Oscar López, del Guaviare;
Patrocinio Sánchez Montes de Oca, del Chocó.
Exgobernadores condenados:
Jorge Eduardo Londoño, deBoyacá;
Efrén de Jesús Ramírez, de Guainía;
Luis Carlos Torres Rueda, del Meta;
William Pérez Espinel, del Casanare.​
   En el periodo de 2009-2016, se sancionaron por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;​
   En el periodo 2004-2008 se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular.​

2013 Empresa de Energía de Pereira Enerpereira. Risaralda.  Robo: $64.700 mil millones. Afectada: Empresa de Energía de Pereira Enerpereira.La Contraloría archivo la investigación. Génesis. Directivos de Enerpereira repartieron ganancias sin liquidación de deudas y depositaron el capital social de $64.700 mil millones en el Fondo Proyectar Valores, decisión que dejó en riesgo el patrimonio de la empresa pública de energía de Pereira. El monto correspondiente al 51% de la Enerpereira es de recursos públicos de la ciudad, es decir, de los ciudadanos. La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones.  Vinculados. -Israel Londoño Londoño.-Adriana M. Wolff Cuartas.-Carlos A. Peña Bernal.-Jaime A. Herrera Agudelo.-Carlos A. Duque.-Édgar M. Galvis Lugo.-José M. Giraldo Barreto.-Gabriel A. Viveros Naranjo.-Juan M. Arango Vélez.-Álvaro D. García Muñoz.-Álvaro Beltrán Alzate.-Guillermo L. Henao Flórez.-Gabriela Jaramillo Restrepo.-Andrés H. Tamayo Guarín.-Diana M. Pulgarín Santa.-Jorge I. Zapata Escorcia.-John J. Toro Ríos.-Gabriel Gómez Gutiérrez.-Luis González López.-César Arango Isaza.-Empresa Capitalizadora del Tolima.-Luis A. Ríos Velilla. -Kapital Energy.-Enertolima Inversiones S. A. -Manuel Nule Velilla. -Grupo NULE.

2017 En Corpourabá. Antioquia. Luego de 2 días de audiencia, 3 empleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpourabá entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la región, aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público imputados por la Fiscalía. Se apropiaron de $2.648 millones en dineros públicos de 2010 a 2016. Esta investigación comenzó luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden de captura vigente a la tesorera de la entidad.

2017 En la Secretaría de Movilidad de Medellín. Antioquia. La Fiscalía capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito, documentos propios de la entidad, licencias de conducir y SOAT a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venía haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.

2016 En la Secretaría de Hacienda de Medellín. Antioquia. Fueron capturados y enviados a prisión 6 servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, por concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y peculado por apropiación. LaFiscalía señala que, desde el 2014, este grupo de personas habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a la Alcaldía por cuantía más de $1.800 millones. El modus operandi consistía en: 1º contactar y convencer a contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto de Impuesto Predial uso de suelo e Industria y Comercio para establecimientos comerciales e industriales a cambio de considerables sumas de dinero; 2º dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripción; 3º la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.​

2017 Carrusel de las Cirugías Plásticas. Antioquia. A comienzos de Julio fueron capturados por la Fiscalía el Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el gerente de la ESE Hospital La María en Medellín; William Marulanda, y 3 hermanas del contralor Zuluaga. El gerente Marulanda habría autorizado realizar cirugías plásticas sin realizar el respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el Contralor y sus hermanas; en su lugar, se hacían las facturas y posteriormente se anulaban realizando cobros con valores menores a los reales, a veces, ni se cobraban los servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, afectando la parte financiera de ente de salud público. En otros casos, el gerente las hizo pasar por otros procedimientos para que las cobijara el POS. A los detenidos se les imputaron peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Según una auditoría hecha, se habrían hallado desde el año anterior, cuando se solicitó la investigación a la Fiscalía de este caso por parte de concejales de Medellín y diputados de Antioquia, un total de 102 procedimientos médicos irregulares por valor de $130.762.550. Pese a las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el juez del caso les concedió libertad a los imputados al considerar que no había suficiente material probatorio; aun así, el proceso sigue su marcha.​

2017 Captura de alcaldesa de Ocaña. Norte de Santander. Capturados por la Fiscalía la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley colombiana del año 2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante laProcuraduría.En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrascal.

2017 Captura del alcalde de Mogotes. Santander. La Fiscalía ordenó la captura en enero, con la respectiva medida de aseguramiento de prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la Contraloría, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno de Onzaga, Santander. En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad documento exigido por la ley colombiana para la realización de un contrato no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente $18 millones sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones, firmado con la cooperativa Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares.​ En Marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio seguirá su marcha.

2016 En la CAS. Santander. La Fiscalía capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a 4 funcionarios y exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander; entre ellos, la directora de la entidad, Flor María Rangel, por peculado por apropiación y falsedad en documento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones, donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista Unión Temporal Barrancabermeja sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.

2015 Captura del alcalde de San Gil. Santander. En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de Gil Santander; Alvaro Agón Martínez, por fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el alcalde de San Gil; Javier Agón condenado por celebración indebida de contratos durante su administración estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones con un proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir" Asovibrisas. Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como Reserva Forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón.​ En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran "muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.
2014 Carrusel de contratos en Bucaramanga. Santander. La Fiscalía capturó al alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos,​ ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución de Fernando Vargas Mendoza, alcalde titular por parte de la Procuraduría, de octubre a diciembre de 2011, firmó contratos por más de $2 mil millones sin haber pasado por el proceso delicitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato.​ El alcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitosimputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria;​ en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.​

2011 Destitución del Alcalde de Bucaramanga. Santander. En julio, la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz Unipaz, al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones en 2011, que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del alcalde Vargas; la más drástica, contra la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley.
​ En enero de 2015, el alcalde Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque". Por este hecho, también fue sancionado su secretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12 años sin ejercer cargos públicos.​

Ordenan captura del exalcalde de Barrancabermeja por “parapolítica”. Un fiscal de la Unidad de Antiterrorismo ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Elkin Bueno Altahona.

2008 Condena a gobernador de Santander. En febrero, fue capturado por la fiscalía en Bogotá el exgobernador de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por laCorte Suprema a 7 años y 6 meses de prisión por peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones en 2008, para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del Contralor Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el banco de occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones en 2008, dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel. En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.

2006 Destitución del Alcalde de Cali. Valle. En diciembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de Cali. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del minhacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.​ En 2013, el alcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.​

2015 Escándalo en los Juegos Nacionales. Tolima. El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibagué, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el Gobierno, a través de Coldeportes, invirtió $258.910 mil millones; de los cuales se perdieron $66 mil millones, según la Contraloría, dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción.​ Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y funcionarios de la alcaldía de Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, asesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratosy concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 mil millones y multa de $22 mil millones. Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables.​ En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué Imdri Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, y multa de $61 millones, que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones en multa.

2013 Escándalo de la Gobernación del Casanare. Robo $46 mil millones. El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte Suprema a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63 mil millones correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38 mil millones del departamento a 5 patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25mil millones al patrimonio de Fidupetrol posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebra y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63 mil millones, siguen perdidos $46 mil millones.​
   Regalías. Llanos orientales, la región que concentra las mayores irregularidades en el manejo de regalías. Según la Contraloría, la incidencia fiscal en esa región es de $46.954 millones.
Nuevos señalamientos contra la directora de la cárcel de Yopal. Gina Paola Ura habría conformado una red interna en el centro carcelario que cobraba por la entrega de beneficios como detenciones domiciliarias y otorgamiento de la libertad.

Educación y Salud. Choco. El ‘el abogado del diablo’. La Fiscalía ocupará los bienes, por $26 mil millones, del abogado Wiston Leonel Torres, quien orquestó grandes estafas a la educación y la salud de Chocó.

2017 Captura del alcalde de Cartagena. Bolívar. El 3 de agosto fueron capturados por el CTI el alcalde de Cartagena; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; José Julián Vásquez y la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados disciplinariamente por la Procuraduría todos los concejales de la ciudad que eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado Iván Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.​

2017 El Cartel de las Regalías. Córdoba. En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento deCórdoba y director del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150 mil millones producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del TLC con USA, proyectos que no se ejecutaron completamente, según denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin Besaile, causando detrimento patrimonial al departamento por haber sido girados la casi totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso heterogéneo además de celebración indebida de contratos. Maximiliano García, funcionario departamental que trabajó con el director de regalías Jairo Zapa, asesinado al descubrir las irregularidades, también está vinculado al proceso, además de estar investigado por el crimen de su jefe, igual que Henao.

2017 Captura del alcalde de Moñito. Córdoba. Fueron capturados por la DIJIN el alcalde de Moñitos; Álvaro Casseres Matoza junto a su padre; Álvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su administración con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripción de documentos de identidad; descubriéndose estas irregularidades en el proceso de elección de Casseres Matoza como alcalde de este municipio.​

2015 Carrusel de la Educación. Córdoba. Funcionarios de la Fiscalía capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento deCórdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones en 2015. Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del mineducación Fiduprevisora.​ Entre los involucrados está el congresista Armando Benedetti, por lo cual laCorte Suprema abrió indagación preliminar en su contra.

2016 Escándalo en la Policía de Barranquilla. Atlántico. En noviembre fueron capturados, en un operativo conjunto entre Policía y Fiscalía, 19 policías activos que eran parte de la Policía y 2 personas civiles que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la base de datos del RUNT, aprovechando su condición de autoridad de tránsito, para chantajear a aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de dádivas o sobornos, utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que permitían elmicrófono a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que había asaltado unos días atrás, en compañía de un exagente de la institución, una tienda de barrio.

2011 Condena a exalcaldes de Barranquilla. Atlántico. Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisberg, alcaldes de Barranquilla, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por peculado y celebración indebida de contratos, debido a anomalías en la compra, en agosto 20 de 1998, de 2 lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social VIS en Barraquilla y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones en 2011 del total de $4.500 millones a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda.​ Los 2 alcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones en 2011, y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones; igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.​

2016 Gobernación de La Guajira. Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado como gobernadora del departamento a solo 5 meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación.​ En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez,​ ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte. Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.​ En octubre, la Fiscalía capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre ellos, el alcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra y un gobernador Jorge Pérez Bernier, además de involucrar en la investigación a 21 personas más, entre funcionarios nacionales, departamentales y contratistas.​ Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, La Guajira, cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por cohecho propio y corrupción al sufragante convencer, mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; enviado a prisión, como medida necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalía. En enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar PAE del municipio por valor de $5.713 millones, al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e indignación.​

Escándalo En Manaure. La Guajira. La alcaldesa titular, un exalcalde, 3 secretarios de despacho, un contratista y un líder indígena, fueron cobijados con orden de captura, y tras ello, se impuso medida de aseguramiento a algunos y abstención de medida para el exalcalde.La investigación adelantada por la Fiscalía sobre 3 contratos suscritos por más de $14 mil millones de los indígenas, que desparecieron sin explicación o soporte que indique su destino o la forma en que fueron invertidos.


Cinco universidades que engañaron a sus estudiantes. La Fiscalía anunció la imputación de cargos contra rectores y directivos por estafa agravada y concierto para delinquir. Se trata de la Fundación Universitaria San Martín, la Universidad Indígena e Intercultural Jacinto Ortiz, UNICJAO, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad del Pacífico y la Fundación Universitaria Ideas.

12º Robos Financieros.

1982 Crisis Financiera. Grupo Grancolombiano, Corporación Financiera Santa Fe, Banco Nacional, Banco del Estado, Furatena. 1982 marca un hito en la cronología de las defraudaciones económicas. Después de varios meses de omisiones de las autoridades de control y de debates políticos, estalló la llamada crisis financiera de los años 80, que obligó al Estado a intervenir a 17 instituciones crediticias que, a través de autopréstamos, captación ilegal de ahorros o maniobras financieras y bursátiles para apoderarse de empresas, terminaron defraudando a más de 80 mil ahorradores privados que, en su momento, perdieron más de $10 mil millones.
   Estas entidades financieras y múltiples compañías inmobiliarias, entre otros, se dieron a los malos manejos y, a través de operaciones ficticias o falsificando documentos, desataron una crisis financiera sin precedentes. El asunto desbordó en la declaratoria de la emergencia económica en 1982 y la expedición del decreto 2920 para meter en cintura a los banqueros defraudadores. Terminaron condenados, sujetos como Jaime Michelsen Uribe, Félix Correa, Jaime Mosquera.
   En medio de la crisis, 2 episodios dieron cuenta del deterioro de la banca en Colombia:
1º el Banco de los Trabajadores. Oficializado en 1986 por manipulación del ahorro del público, con un accionista mayoritario: Gilberto Rodríguez Orejuela.
2º La Caja Vocacional. Fondo pastoral de la Iglesia Católica, que también cedió a la tentación de captar dineros y promover acciones dolosas hasta defraudar a muchos de sus cuentahabientes.

   1999. El Banco del Estado, el Banco del Pacífico, el Banco Andino o el Banco Central Hipotecario.  Lección no aprendida porque, 15 años después, la insolvencia de varias entidades financieras repitió la película. Fue necesario crear, a través de la Ley 510 de 1999, una comisión de la verdad para informarle al país las causas y responsables de una nueva crisis del sector financiero estatal. Los directores de estos bancos fueron objeto de falsedades, peculados, sobregiros, autopréstamos u otras irregularidades que los llevaron a su intervención estatal.

2012 Interbolsa. Robo: $340 mil millones. Contexto. En el momento menos esperado, en las circunstancias más ilógicas, durante el año 2012, la comisionista Interbolsa fue intervenida, el principal corredor de bolsaen Colombia. Una de las razones principales por las cuales se empezó el proceso, fue la deuda que la comisionista tenía con el banco español BBVA por una suma de $20 mil millones. También, otro de los puntos principales fue la caída de Víctor Maldonado, con el 30% de acciones dentro de la comisionista. Entre los otros acusados se encuentra Rodrigo Jaramillo, cerebro principal del caso Interbolsa, condenado a 7 años de prisión domiciliaria por manipulación fraudulenta y administración desleal. El descalabro de la firma, con un portafolio de 174 millones de dólares, es quizás el más sonado de los últimos años, una historia de corrupción que defraudó a 1.260 inversionistas que perdieron más del billón de pesos. Consecuencias. El desvío de dineros obtenidos mediante préstamos por $248 mil millones de pesos, utilizados por la directiva de Interbolsa para uso personal. La incautación de bienes y empresas intervenidas por una deuda pendiente de Fondo Premium, por un valor de $350 mil millones. La extradición del fundador de Interbolsa, Víctor Maldonado, hacia España por estafa gravada y captación masiva de dinero. El descalabro de varias empresas intervenidas por Interbolsa en operaciones financieras de altas sumas de dinero. La consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones. El escándalo estalló por el del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsaa su "Fondo Premium" para su uso personal. Condenas. Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz montaron un entramado que estafó a inversionistas de Interbolsa y Premium. En el 2016 aceptaron el delito y en marzo pasado fueron condenados a 5 años y 9 meses de detención domiciliaria, el pago de 100 salarios mínimos como multa.  Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, condenado por manipulación fraudulenta y administración desleal, a 7 años de prisión domiciliaria, multa de $7 mil millones. Además de otras personas vinculadas con la entidad.

1997 Escándalo de Invercolsa. Robo $9 mil millones. Estalló durante el período de Fernando Londoño como ministro del interior y de justicia, en el período presidencial de Uribe.
  La supersociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9 mil millones en mayo de 1997, obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.​ Invercolsa era una empresa de Ecopetrol, la petrolera estatalque manejaba inversiones en campos petroleros. En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el ministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones.
   El Juzgado determinó que Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los $145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el ministro Londoño debiera restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.​ Decisión que fue inmediatamente apelada por el ministro y en 2005, una sala de conjueces del consejo de estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo.
   La Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy las acciones no han sido devueltas.

2016 Las Libranzas. Estraval. Elite. Rédito. Robo $2 mil millones. Miles de inversionistas fueron estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Rédito, Estraval y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un esquema pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la perdida de sus ahorros. Se estima que las pérdidas pueden ascender a más de $1.5 billones​ en 2016 de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones. La supersociedades inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015. La Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite.​ En cuanto a las sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas.​ La Fiscalía imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.
   Rédito S.A. Otra captadora ilegal, objeto de intervención. Donde figura Juan Carlos Tavera, ex Global Securitires, Proyectar Valores, quien captó dineros del público a más de 50 inversionistas por valor de $12 mil millones. Aquí el interventor Javier Suárez ha brillado por su falta de gestión a pesar de haberle denunciado oportunamente todos los bienes que tenían los captadores. El hombre no fue diligente en embargarlos y fueron en su mayoría traspasados a terceros, al igual que los bienes del gerente Edwin Lopera. Ni siquiera ha iniciado las acciones revocatorias del caso.

   Cronología de la liquidación de Estraval. Desde el 15 de abril de 2015, ESTRAVAL S.A. comenzó a incurrir en mora en la transferencia de los flujos de la cartera recaudada, hasta que en el mes de marzo de 2016 cesó totalmente en su obligación de realizar las transferencias de los recursos al BAC.
   El 2 de junio de 2016, el BAC toma la decisión de revocar el mandato de administración, cobro y recaudo de cartera, para asumir dichas actividades de manera directa, es decir, cuando ESTRAVAL ya había entrado en liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, entidad que había ordenado poner a su disposición los recursos de ESTRAVAL, como medida cautelar emitida en auto del 26 de mayo de 2016.
   25 de mayo de 2016 la Supersociedades admitió en proceso de reorganización Empresarial a ESTRAVAL;
   14 de junio de 2016 decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de ESTRAVAL
   31 de agosto de 2016 decretó la liquidación Judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de ESTRAVAL por captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.
   El hallazgo con incidencia fiscal se determinó dentro de la Auditoría Regular que adelantó la CGR al BAC. El informe ya se encuentra publicado en la página web de esta Entidad para conocimiento de la ciudadanía.

   Estraval. Estrategias en Valores S.A. Se ha conocido que Fernando Joya, alto directivo de Estraval, está haciendo acercamientos con la Fiscalía para buscar rebaja en la pena y ha suministrado información que permite esclarecer lo que ocurrió al interior de esta firma y quienes son las personas que participaron en todo el descalabro financiero por más de un billón de pesos, y si se pagará capital e intereses a los inversionistas.
   Dentro de las personas mencionadas hay un expresidente y un exsuperintendente. Y también se espera que haya un Estraval 2, con una serie de órdenes de captura a más involucrados en el descalabro financiero.
   Estraval. El lote de Colombian Land tiene un avalúo máximo de $214.000.000.000, de los cuales se han pagado $12.391.160.731. La supersociedades decide que el monto actualizado de los valores que debe restituir a la intervención, la señora María Matilde Carrasquilla Sicard, es de $ 13.316.092.692. Lo que significa que de un plumazo los afectados de Estraval perdieron $200 mil millones.

Banco Agrario y Estraval. El detrimento patrimonial de $20 mil millones en Banagrario por Estraval. Loestableció la Contraloría, derivado de la celebración y ejecución del contrato de compra de cartera de libranza a descuento celebrado por el Banagrario y ESTRAVAL.

   En virtud del mencionado negocio de compra de cartera, el Banagrario compró a ESTRAVAL créditos de libranza no vencida, originados por varias cooperativas, por valor de $24.126 millones, correspondiente a 5.359 libranzas, y le delegó a ESTRAVAL funciones esenciales, como lo eran la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.
   La Contraloría estableció que Banagrario no dio cumplimiento a su Manual de Políticas de Crédito que exigía  que el vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y tuviera experiencia mínima de 3 años en la originación de libranzas,  ni su trayectoria en la celebración y ejecución a satisfacción de ese tipo de contratos, como tampoco existe soporte alguno que demuestre que el BAC obtuvo conocimiento de las políticas y procedimientos de crédito de las cooperativas que otorgaban los créditos (originadoras).
   Banagrario desconoció las disposiciones de la Superfinanciera que establecen la obligación del comprador de cartera de “Conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de los procesos”.
   Se encontraron  deficiencias en el proceso de valoración  y estructuración del modelo de negocio de compra de cartera de libranza por parte del BAC, “al no realizar la evaluación integral de los riesgos asociados a la operación, entre ellos el riesgo de contraparte, pues ESTRAVAL fue un intermediario que asumió obligaciones y responsabilidades propias del negocio, como fueron las consistentes en administrar, cobrar y recaudar los valores que componían la cartera, para posteriormente transferir tales recursos al BAC”., explica el informe de auditoría.
   Aunado al hecho de que la empresa que custodiaba los títulos y toda la documentación física de la cartera objeto de compra, fue contratada directamente por ESTRAVAL bajo su cuenta, riesgo y costos.
   Con miras a recuperar los $19.666.496.435, el BAC solicitó al Liquidador de ESTRAVAL ser reconocido en el proceso liquidatorio como acreedor de ESTRAVAL y subsidiariamente como afectado; no obstante, no fue reconocido como afectado.

   Otras situaciones que originaron el detrimento patrimonial. No se demostró si el BAC obtuvo pleno conocimiento acerca de los procedimientos, políticas y trayectoria de ESTRAVAL en los procesos de administración, seguimiento, recaudo y transferencia de los recursos provenientes de la cartera vendida, con lo cual el BAC hubiese podido identificar los riesgos adicionales que suponían la intervención de una persona jurídica a cuyo cargo se establecieron las importantes labores de administrar, realizar el cobro de la cartera y transferirla al comprador.
   No obstante que en marzo de 2015 ESTRAVAL había sido sometida a control de la Superintendencia de Sociedades; que en marzo y abril del mismo año diferentes dependencias del BAC habían advertido situaciones que ponían en riesgo el negocio y consideraban inconveniente continuar los vínculos contractuales que se tenían con ESTRAVAL, y que desde abril de 2015 ESTRAVAL comenzó a demorar las transferencias de las cuotas recaudadas, el BAC no adoptó ni ejecutó acciones o medidas eficaces y oportunas frente a tales situaciones, que alertaban posibles riesgos de incumplimiento del contrato y, con ello, pérdida de los recursos.
   El BAC se limitó a realizar gestiones de cobranza ordinarias, como si ESTRAVAL fuera deudor de un contrato de mutuo, y a suspender las compras  a ESTRAVAL para no incrementar su exposición al riesgo, pero ante el riesgo inminente de no obtener a futuro el recaudo de la cartera no realizó gestión temprana alguna, ni tomó medidas oportunas y eficaces como la que el mismo contrato le permitía, consistente en la revocatoria del mandato de administración y recaudo.
   Fue solo hasta el 2 de junio de 2016 que el BAC tomó la decisión de revocar el mandato de administración y recaudo de la cartera, fecha en la cual la Superintendencia de Sociedades ya había admitido la reorganización Empresarial de ESTRAVAL y como medida cautelar había ordenado poner a su disposición los recursos de ESTRAVAL, motivo por el cual el BAC no pudo obtener la transferencia de las sumas que ya se habían descontado en los créditos de libranza.
   Finalmente, no se evidenció la supervisión, el seguimiento y control a la ejecución del contrato, por cuanto no hubo evaluación de los requisitos documentales de las libranzas de manera previa a la ejecución del crédito; no se ejecutaron medidas correctivas tendientes a subsanar los riesgos identificados previamente y durante la ejecución del contrato; no se generaron informes que den cuenta de las medidas tomadas en el momento en que ESTRAVAL incumplió con la transferencia de los recursos en el plazo pactado, ni cuando suspendió de manera definitiva los pagos al BAC.
   En consecuencia, se constituyó hallazgo fiscal en cuantía de $19.666.496.435, que corresponde al saldo de capital (15.926.494.432), más la prima ($3.740.002.203).
   Con miras a recuperar los $19.666.496.435, el BAC solicitó al Liquidador de ESTRAVAL ser reconocido en el proceso liquidatorio como acreedor de ESTRAVAL y subsidiariamente como afectado; no obstante, no fue reconocido como afectado.
   Según información suministrada por el Liquidador, ESTRAVAL cuenta con activos equivalentes a $41.449 millones, que debe destinar, en primer orden, a cancelar las reclamaciones por valor superior a $549.000 millones, de personas naturales y jurídicas que han sido reconocidos como “afectados”, situación que no cobija al BAC.

2008 Las Pirámides. Robo: $2.16 billones en 2008. En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones DRFE y DMG. La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico.Estas empresas afectaron la economía del país.

2008 La DMG Política. Aporte campañas políticas $1 mil millones. En el año 2008 el emporio que David Murcia Guzmán DMG comenzó a construir tres años antes se desplomó tras ser capturado en Panamá, después de que en Colombia sele imputara captación ilegal de dinero y lavado de activos. Murcia Guzmán, quien fue relacionado con reconocidos narcoparamilitares como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta”, habría defraudó a centenares de ahorradores en cerca $1,1 billones, según la Supersociedades.
   Suscitada a raíz de la intervención, por parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase de empresas en Colombia.​ En grabaciones Murcia, gerente de DMG, conversa con su cuñado William Suárez ambos capturados por la justicia, dejando en evidencia la entrega de $400 millones en 2008, como contribución a la campaña política del candidato a la gobernación de Boyacá y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, magistrado del consejo de la judicatura, a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos.​ En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.
   La fiscalía advirtió que también existirían nexos entre DMG y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía. ​ El Procurador, Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al consejo electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de DMG.
​ De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al personero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.​ De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y del Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.

2016 Panamá Papers. 850 Colombianos tienen 100.000 millones de dólares ocultos en Paraísos Fiscales. Ortega. El exdirector de la Dian basa su cifra en una tesis doctoral y dice que sus propietarios evaden millonarios impuestos en el país. Hay 850 colombianos vinculados con el escándalo de ‘Papeles de Panamá’. Funcionarios, ex servidores públicos, políticos y empresarios son señalados de tener negocios en paraísos fiscales y crear empresas ficticias. ‘Son muy pocos los que pagan impuestos en el país’. Entidades sin Ánimo de Lucro operan como plataformas de evasión.
   Para evadir impuesto y depositar dineros fruto del narcotráfico, robas al erario público. En el procesamiento de la información participaron 86 periodistas de 38 medios diferentes del mundo: The Guardian y la BBC, Reino UnidoLe Monde, Francia, The Washington Post, USA. Tras conocerse la dirección de la base de datos, revelada en la página web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, se conoció que de los registros vinculados a Colombia, entre periodistas, políticos, empresarios y congresista, 41 direcciones en Barranquilla.
   Juanita León García, del portal web de La Silla Vacía, aparece como socia de la empresa Snowville Overseas, que está activa. Quien aseguró que “es una empresa de mi familia socia de comercializadoras de materias primas en el sector alimenticio. Como lo exige la ley, registrada ante el Banco de la República como inversión en el exterior y reportada en mi declaración de renta”.
   Darío Arizmendi Posada, periodista, director de noticias de Caracol, figura como beneficiario de la firma Clear Creek Limited, con sede en Islas Vírgenes, de la que sus 3 hijos son accionistas.
   Humberto De la Calle Lombana, jefe negociador para la paz, con shareholder de Davinia Properties S.A., con dirección en Bogotá.
   Jerónimo y Tomás Uribe Moreno, con Asia America Investment Corporation, vinculada desde 2008, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. La dirección registrada en Colombia es la carrera 8 No. 7-26, es decir, la Casa de Nariño. Igual, con fecha noviembre de 2012, figura el registro de la firma UM Holdings Global Inc a nombre de la sociedad Uribe Moreno S.A.S.
  Alfredo Ramos Maya, congresista del Centro Democrático, vinculado a Kirtland Holding Inc., empresa activa con jurisdicción en Panamá y dirección en Medellín.
   Roberto Hinestrosa Rey, presidente del Concejo de Bogotá, de Cambio Radical, está como socio de Crownpeak Enterprises Inc., con jurisdicción en Panamá.
   Efraín Enrique Forero, presidente de Davivienda, tiene registro en la base de datos como socio de Seavers International Inc., con sede en Bogotá.
   Juan Carlos Echeverry. Presidente Ecopetrol.
   Servidores Públicos del sector financiero que aparecen en el escándalo “Panamá Papers”.
   Alberto Carrasquilla, ministro de hacienda
   Augusto Acosta, superintendente financiero
   Andrés Flórez, director de Fogafín
   Ricardo Rubiano-Groot. Jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, mayor general. El militar es parte de una compañía de papel investigada por irregularidades fiscales. Igual,  Agentes de servicios secretos de Colombia, en los ‘Panamá Papers’. Según el diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trataría de funcionarios de alto rango, actuales y antiguos. En la lista también figuran intermediarios de la CIA estadounidense.

2015 Crédito de Banco Agrario a Navelena. Banco de Occidente. Robo $135.805 mil millones. La Contraloría determinó el detrimento en $135.805 millones, por créditos que el Banco Agrario le hizo a Navelena, cuyo dueño es la multinacional Odebrecht. Se trata de 2 préstamos, por $70 mil millones y $50 mil que, según el ente de control, no debieron ser otorgados por la reputación de Odebrecht, y porque la posibilidad de que fueran pagados estaba supeditada al cierre financiero del proyecto y a las condiciones de terminación anticipada del convenio. Aunque se suponía que los créditos debían ser para la recuperación del río Magdalena, la Contraloría encontró que, el crédito de $50 mil millones, se destinó al pago de una deuda con el Banco de Occidente.

   Según la investigación, el banco estatal no estudió lo riesgos a los que se exponía, pues no tuvo en cuenta el escándalo de Odebrecht en Brasil, que ya era ampliamente conocido cuando el Banco decidió aprobar y desembolsar los créditos. El organismo dice que para el 20 de junio del 2015, cuando se otorgaron los créditos ya era conocido que 5 directivos de Odebrecht habían sido detenidos por las autoridades de Brasil por los escándalos de los sobornos. Aunque algunos delegados del banco intervinieron y afirmaron que esto implicaba un riesgo reputacional, aun así el préstamo continuó su trámite y fue otorgado. 
   Además, tampoco se hizo un análisis sobre el flujo de caja, que era incierto para esa época, y no se avizoraron las dificultades de pago que podrían generarse, dice la investigación. 

   Para la Contraloría es claro que el banco también desconoció la normatividad de esa entidad y la de la Superintendencia Financiera en materia de créditos y garantías.
​  
Otra de las irregularidades es que aunque la junta directiva del banco había aprobado unas condiciones para el crédito, fueron modificadas por instancias internas sin realizar una consulta. 

   Esas modificaciones tuvieron como origen un concepto del abogado de Navelena “sin que las instancias del Banco Agrario que conocieron del mismo hubieran realizado un análisis serio de la garantía o hubieran consultado con la Fiduciaria de Occidente y, lo más importante, sin que hubieran informado a la Junta Directiva del Banco las modificaciones adoptadas en relación con las garantías, para que sus miembros pudiera analizar y tomar una decisión seria y suficientemente informada sobre las mismas”, dice la auditoría hecha por la Contraloría Delegada para el Sector de Gestión Pública e Instituciones Financieras.

   Añade que las condiciones que se cambiaron fueron específicamente las que tenían que ver con la garantía de pago del crédito, y las exigencias ante incumplimiento.

 

   Crédito de Banco Agrario a Navelena: radiografía de un préstamo espinoso. Un concepto jurídico que llegó tarde, tasas mal calculadas y, en general, modificaciones irregulares quedan expuestas en el informe de auditoría del Banco Agrario sobre $120 mil millones desembolsados al consorcio conformado por la multinacional Odebrecht.
   Desde el interior del Banco Agrario de Colombia se habían cambiado las condiciones que la junta directiva de esa entidad había estipulado para los desembolsos del crédito por $120.000 millones aprobado a Navelena en noviembre de 2015. Se trata del préstamo otorgado al consorcio al que se le encargó recuperar la navegabilidad del río Magdalena y que está compuesto en un 13,3 % por Valorcon y en 86,5 % por Odebrecht, la firma brasileña que entregó US$11 millones en sobornos a cambio de contratos de construcción de infraestructura en Colombia y que está en la mira de las autoridades de varios países por sus tentáculos de corrupción.
   Dos días después de la publicación de este diario, las conductas de los funcionarios del banco fueron consignadas en un informe de auditoría interna de la entidad, conocido por El Espectador. Allí se recoge el paso a paso de las modificaciones que se hicieron a las condiciones del préstamo que fue solicitado por Navelena el 26 de agosto de 2015, aprobado por la junta directiva el 12 de noviembre del mismo año y desembolsado los días 17 y 22 del mes siguiente, en montos de $70.000 millones y $50.000 millones, respectivamente. Al mismo tiempo, en el documento, se señalan las “debilidades de control interno y de gobierno corporativo” en el único banco público del país.
   Fueron suspendidos de sus cargos el gerente de asesoría jurídica del negocio, Juan Carlos Orjuela, y el vicepresidente que estaba encargado de la banca comercial en el momento de los desembolsos efectuados a Navelena, Alejandro Jiménez. Este último fue apartado ahora de la gerencia de banca empresarial y la Fiscalía General de la Nación le imputará el cargo de delito de falsedad en documento el próximo 15 de marzo. Entre las faltas que la auditoría interna le achaca a Jiménez está haber aprobado el cálculo de las tasas preferenciales que se dieron en el crédito a Navelena a partir de ingresos “establecidos sobre la base de expectativas futuras” del área comercial y no ingresos reales.
   El informe de auditoría estudió el crédito desde su origen, análisis y decisión, constitución de garantía, desembolso y recuperación de la cartera. Advierte que, de entrada, no hay “una solicitud formal por parte de la empresa (Navelena) para el trámite de un crédito por $120.000 millones, por cuanto la existente en los soportes documentales sólo asciende a $100.000 millones”. Es decir, Navelena en principio pidió prestados $100.000 millones, pero, de alguna manera, el monto que llegó a la consideración de la junta directiva que aprobó el crédito es superior en $20.000 millones. Según la auditoría, sólo hubo una “manifestación vía correo electrónico de la Vicepresidencia de Banca Comercial en donde se indica a esta oficina que el aumento del monto obedece a la variación en los gastos preoperativos que ocurre en el lapso de agosto a septiembre (de 2015)”.
   Asimismo, señala que funcionarios de la entidad ignoraron o no tuvieron en cuenta las condiciones tanto financieras como reputacionales de Odebrecht. A septiembre de 2015, las cifras de Norberto Odebrecht Colombia (titular del 25 % de Navelena), “aun cuando reflejan un significativo incremento de los ingresos que pasaron de $27.864 millones en 2014 a $74.094 millones, por el impacto en los costos y gastos arrojan pérdidas operacionales por $3.881 millones, las cuales, aunadas por el rubro de otros egresos, conllevaron a que las pérdidas netas ascendieran a $7.204 millones”. Agrega que, si bien el hecho de que las pérdidas superen ampliamente el valor del capital de la compañía no impide la posibilidad de otorgamiento del crédito en cabeza de Navelena, “sí es un factor de riesgo inherente sobre el cual no figura mención alguna ni en las presentaciones comerciales ni en el estudio realizado por la gerencia de análisis de crédito”, dice la auditoría.
   Casi igualmente inoportuno fue el concepto jurídico que se emitió con respecto a la reputación de Odebrecht. Para el trámite de la operación a cargo de Navelena, “la gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio (adscrita a la Vicepresidencia Jurídica) emite un concepto 13 días después de la aprobación por parte de la junta directiva (es decir, el 25 de noviembre) en donde plasma su opinión sobre la ausencia de inhabilidad para contratar con la firma Odebrecht en Colombia”.
Llama la atención en el informe de auditoría que quienes se pronuncian sobre la posibilidad de que esa empresa pueda contratar, a pesar de las circunstancias legales que enfrentaban en ese momento en Brasil Odebrecht y sus directivos, son los abogados externos Ricardo Hoyos Duque, expresidente del Consejo de Estado, y Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general de la Nación, así como las firmas Arrieta Mantilla y Asociados y Jaime Lombana Villalba & Abogados.
   Gran parte de las 31 páginas de la auditoría se extiende en la minucia de las modificaciones a las condiciones con base en las cuales la junta directiva dio su visto bueno al crédito. Entre ellas estaba que el banco tuviera en custodia el contrato de fiducia mercantil suscrito entre Navelena y Fiduciaria de Occidente, que la vicepresidencia comercial se asegurara de que el Banco Agrario quedara como beneficiario de la fuente de pago (fiducia) y, además, que esa misma vicepresidencia certificara que Cormagdalena reconociera al banco como “acreedor financiero de la etapa de preconstrucción” y autorizara modificar el contrato de fiducia suscrito entre Navelena y Fiduoccidente. Eso, básicamente, garantizaba que al banco se le pagara sí o sí, y con prioridad respecto a cualquier otro acreedor, pero las condiciones fueron cambiadas.
   Según la comunicación 981 del 16 de diciembre, conocida por este diario, la vicepresidenta de crédito y cartera, Marcela Ferrán, le informa al vicepresidente de banca comercial (e), Alejandro Jiménez, que el comité de crédito (la primera instancia que estudia la solicitud del préstamo) decidió “aclarar el texto de la garantía de la operación (crédito)” aprobada por la junta directiva. Eso, según la misma 981, se hizo con base en otra comunicación del mismo día de la gerencia de asesoría jurídica -a cargo de Juan Carlos Orjuela- y la vicepresidencia de banca comercial, en la que “se indica que no es necesario tener en custodia el contrato en original de fiducia mercantil irrevocable de administración, garantía, fuente de pago y pagos suscrito entre Navelena S. A. S. y la Fiduciaria de Occidente S. A., dado que el certificado emitido por la Fiduciaria de Occidente es suficiente”.
   Pero, además, el 17 de diciembre, el día del primer desembolso, la vicepresidencia de crédito y cartera, el gerente nacional de análisis de crédito (e), la subgerente de crédito empresarial y oficial (e), el profesional sénior de análisis financiero (e) y la coordinadora de crédito empresarial y oficial informaron al vicepresidente de banca comercial (e) que el mismo comité de crédito de la vicepresidencia de crédito decidió “modificar el texto de las condiciones previas al desembolso” del crédito. Según la comunicación 0992 de esa fecha, se eliminó el requisito de que Navelena incluyera al Banco Agrario como beneficiario de la fuente de pago de la fiducia y de certificar que Cormagdalena reconociera al banco como acreedor financiero de la etapa de preconstrucción y la modificación del contrato de fiducia mercantil.
   Finalmente, el 22 de diciembre, día del segundo desembolso, por $50.000 millones, el comité de crédito hizo otra “aclaración”, firmada por Irleana Martínez, profesional sénior de análisis financiero, y Édgar Velasco, coordinador de crédito: dado que no era necesario tener original del contrato de fiducia, “el banco deja en custodia la copia”.
   Lo irregular de estos hechos parte de la base de que, según la política institucional del Banco Agrario, cualquier modificación de las condiciones financieras y de garantías de una operación de crédito debe ser aprobada por el estamento que dio originalmente el visto bueno. Es decir, a la luz de eso, la única que podría haber modificado las reglas de juego era la junta directiva, y así lo reconoce la misma auditoría.
   Ahora bien, ¿por qué estaba encargado Alejandro Jiménez en la vicepresidencia de banca comercial? Fuentes del Banco Agrario confirmaron que la titular de esa dependencia, Mónica Santamaría, estaba ocupando el cargo de vicepresidenta encargada de Banca Agropecuaria, después de que, por decisión de la junta directiva, Magdalena Fandiño dejara esa función.
   Se informó sobre diferencias que, existían entre miembros de la junta directiva y el expresidente del Banco Agrario -Francisco Solano-, quien estaba en el cargo al momento de la aprobación del crédito a Navelena. La razón era que el órgano directivo tenía en buen concepto a Fandiño, pero Solano no se sentía a gusto trabajando con ella. Posterior a la remoción de la funcionaria por parte de la junta directiva, que accedió a la petición de Solano, este último decidió cambiar a otros dos vicepresidentes, lo cual no cayó bien en la junta.
   En un artículo publicado el 2 de julio, Francisco Solano explicó: “Hice unos cambios que creí que eran necesarios para el banco, normales. Cuando los tres cambios, al otro día salió que en Bancolombia habían cambiado a cuatro. Consideraba que había cosas por mejorar (…) que haya tenido un timing desafortunado, en una coyuntura complicada, sobre todo por los temas de la junta. Se mezclaron dos variables independientes por una decisión de la asamblea en la que no tengo nada que ver (el cambio en los miembros independientes de la junta)”.
   ¿Qué sigue? El Banco Agrario espera la audiencia de caducidad del contrato de alianza público-privada entre Cormagdalena y Navelena, que se llevará a cabo el próximo ocho de marzo, en vista de que el consorcio no cumplió con el cierre financiero el pasado 22 febrero, fecha en que terminaba el último plazo que la Corporación había otorgado. El banco estima que el dinero del crédito se estaría recuperando aproximadamente en mayo.
   El informe de auditoría sugiere la inexperiencia o por lo menos la descoordinación que en el momento del desembolso existía en el banco y que hizo cambiar de parecer una y otra vez sobre la naturaleza del crédito: “La carencia en el interior del banco de una línea de crédito para la financiación de una operación catalogada en principio como un crédito puente en un proyecto de infraestructura, que se ajustara a las condiciones del mercado sin tener que acudir a condiciones excepcionales para obrar en consecuencia, determinó que en las etapas de análisis posteriores se propusiera como un cupo de tesorería, se aprobara como crédito con destino a inversión y finalmente se desembolsara como una operación de capital de trabajo que, además, a la fecha aparece nombrada en el sistema como un mejoramiento de perfil de deuda por defectos asociados a la falta de coherencia entre las etiquetas que identifican las líneas de crédito en los diferentes módulos del sistema”.
   Según documentos publicados por Caracol Radio,
   Entre 2007 y 2016 el Banco Agrario aprobó recursos por más de $2,1 billones a empresas del sector de infraestructura.
   Allí están incluidas las garantías bancarias de casi medio billón de pesos sobre las que informó este diario en enero pasado y otorgadas para proyectos de vías de cuarta generación, respaldos que fueron aprobados con un plazo de 12 meses renovables, entre febrero y julio de 2016, apenas meses después de que el Banco Agrario estableció la política y las normas que rigen la expedición de ese tipo de garantías, procedimiento que fue reglamentado internamente en 2016.
   Además de las determinaciones disciplinarias que se tomaron dentro del banco -con respecto al gerente Orjuela y el vicepresidente (e) Jiménez-, la entidad está evaluando cómo mejorar el proceso de aprobación de créditos, que, a la luz del informe de auditoría, está en mora desde hace rato.
   El proceso sobre las irregularidades en el crédito seguirá en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, ante la cual el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, interpusieron denuncia penal. “Es penoso que el ministro y el secretario de Transparencia escurran sus responsabilidades en los subalternos, cuando la junta directiva siempre conoció que Marcelo Odebrecht estaba preso y que el riesgo reputacional era un hecho objetivo y protuberante, a pesar de los ‘sesudos’ conceptos de pomposos y costosos abogados externos”.

13º Carteles Industriales y Comerciales.

La lista de los carteles en Colombia puede ser interminable, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de ellos surgieron hace más de 10 años y con el tiempo reaparecieron.

Cartel de la contratación en Bogotá 1990-2017. Es el más grande, el más antiguo, el que no recuerdan los colombianos, sobre todo los bogotanos, quienes aún padecen los estragos del llamado ‘carrusel de la contratación’ que se gestó durante la alcaldía de Juan Martín Caicedo Ferrer, Peñalosa I-II, los Moreno Rojas. Alcaldes, congresistas, funcionarios, los Nule, contratistas, interventores, se reparten billonarios contratos de obras públicas en Bogotá. Como: Transmilenio, construcción y remodelación de calles, carreras, troncales, puentes, desniveles, deprimidos, desviando los anticipos de dichas construcciones a sus cuentas. Después de años de investigaciones los órganos de control se limitan a tasar en monto del rodo y el detrimento patrimonial.

Cartel del Azúcar 2010-2013. La SIC descubrió que los ingenios azucareros se asociaron con otros países para evitar que llegara azúcar importada a Colombia. De esta manera, la oferta sería mínima y el precio a los consumidores se podía mantener alto. Finalmente la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia Asocaña fue multada junto con 14 empresas, entre las que figuraron Riopaila Castilla, Ingenio del Cauca y Manuelita, y que se vieron obligadas a pagar $324.441 mil millones de pesos.
   Todo comenzó en 2010, cuando representantes de la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño, Comestibles San Antonio, Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas, Aje Colombia, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Meals de Colombia S. A. y Casa Luker denunciaron la obstrucción de las importaciones del azúcar, que es una materia prima esencial para sus negocios.

Cartel del Cemento 2005-2013. La SIC, quien vela por la libre competencia para que los colombianos no terminen pagando más por un producto o servicio, inició hace un par de años una investigación contra varias compañías como Cementos Argos, Holcim, Cémex Colombia, Cementos San Marcos y Cementos Tequendama al detectar que entre ellas, había acuerdos de precios para mantenerlos altos. Aunque la SIC acusó a 14 funcionarios y castigó a dichas empresas con multa de $3.183 mil millones en total, tiempo después la multa contra Argos se cayó.

Cartel de los Tubos 2004-2014. La SIC sanciono con $231 mil millones a 3 empresas: American Pipe, Manufacturas de Cemento Titán, Tubox, por conformar un cartel para fijar artificialmente los precios en el sector de los tubos de cemento, en2004 a 2014, tiempo en el que se habrían cometido las conductas anticompetitivas, las empresas vendieron en el mercado local $250 mil millones.

Cartel del Papel 1998-2014. La SIC formuló pliego de cargos en contra de Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Risaralda, Drypers por la cartelización empresarial que desarrollaron desde 1998 hasta 2013, cuando varias empresas decidieron delatar el cartel. La multa fue de $60 mil millones.

Cartel del Papel Higiénico 2002-2016. La SIC impuso sanciones por $70 mil millones. En 2002 las empresas Productos Familia, Colombiana Kimberly, Papeles Nacionales, C. Y P. conformaron el cartel a través de sus directivos, que acordaron fijar conjuntamente el precio del papel higiénico, servilletas, toallas para cocina, de la línea tisu,  pañuelos para manos y cara. Fueron amos y señores del negocio durante los más de 14 años que duró el cartel afectando a 3.7 millones de hogares, manipulando los precios de productos de la canasta familiar.

Cartel de los Cuadernos 2001-2016. La SIC impuso sanciones por $70 mil millones para cada empresa,  a Kimberly, Carvajal y Scribe, el cartel “se originó en el año 2001, se mantuvo hasta el 2014. El cartel fijo los precios del segmento económico, intermedio y premium de los cuadernos” Estas empresas habrían creado un acuerdo para evitar la competencia y así poder inflar los precios de estos útiles escolares, que afectaron a más de 9 millones de estudiantes.

Cartel de la Chatarrización 2017. La Policía capturó a 20 personas en todo el país por este cartel, empezando por Pedro Aguilar, quien sería la cabeza del cartel de la chatarrización. Fueron más de 12 mil vehículos de carga chatarrizados de manera fraudulenta, “operaciones que podrían representar ganancias aproximadas a los $600 mil millones, es decir, $50 millones por cada camión”.

Cartel del Ganado 2017. La SIC descubrió irregularidades en las subastas ganaderas y anunció una millonaria multa de $2.692 mil millones. Son 17 empresas que hacen parte del sector de las subastas ganaderas y que fueron sancionadas por “violación a la libre competencia”. Según la SIC, “las mencionadas sociedades formaron un cartel empresarial para fijar, coordinada y artificialmente, una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas”.

Cartel de los Medicamentos 2016. Y luego llegó el cartel de los fármacos. Se trataba de 38 pacientes que presentaron 269 autorizaciones fraudulentas para reclamar medicamentos de alto costo que luego eran vendidos a un precio mucho mayor. Nueva EPS fue la entidad que resultó afectada con el desfalco al entregar 6.123 dosis de medicamentos que sumaban más de $1.261 mil millones.

Cartel de la Hemofilia 2016. Si hasta este punto usted cree que los carteles en Colombia tocaron fondo, el cartel de la hemofilia lo hará pensar que las mafias son capaces de lograr lo que se propongan sin importar el daño que causan. Quienes conformaron esta organización usaban pacientes con hemofilia para robarse los recursos destinados a la salud. El caso ocurrió en Córdoba, donde los supuestos pacientes reclamaban medicamentos no contemplados en el POS.

14º Contralores Condenados

1º Julio Enrique Escallón 1971-1975.  Estuvo detenido por corrupción.

2º Aníbal Martínez Zuleta 1975-1982. En 1985 la Corte Suprema lo sentenció a 3 años de prisión por haber autorizado la apertura de una cuenta con dineros de la Contraloría, de la que obtuvo luego préstamos personales por $5 millones. La Corte lo responsabilizó de cohecho,  pero se libró de la cárcel. Le dieron libertad condicional y tuvo que pagar multa.

3º Rodolfo González 1982-1990. Su gestión recibió críticas por clientelismo y terminó enredado por la avalancha del proceso 8.000.

4º Manuel Francisco Becerra 1990-1994. En 1998 fue condenado a 70 meses de prisión y multa de $300 millones por estar en la nómina de la mafia. El contador del cartel, Guillermo Pallomari, declaró que le dio a Becerra 300 millones en efectivo. Logró que una instancia internacional declarara ilegal su proceso. Proceso 8.000.

5º David Turbay 1994-1998. En pleno ejercicio de su cargo fue capturado por la Fiscalía y llevado a juicio. Fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por haber recibido $49 millones del cartel de Cali para sus campañas políticas.  Proceso 8.000.

15º Firmas auditoras investigadas por casos corrupción.

   Estos entes ‘zombis’ tenían que haber notado, prevenido, detectado los movimientos financieros que derivaron en los diferentes hechos de corrupción que se produjeron después. Lista de las firmas investigadas por la Junta Central de Contadores por acción anti ética y penal:

1ª Reficar y CB&: Price Waterhouse Cooper y Ernst and Young.

2ª Navelena: La contadora es Mariela Patricia Marroquín Aragón y su revisor fiscal es Diego Armando Lara de Price Waterhouse Cooper, junto con KPMG.

3ª Constructora Norberto Odebrecht S.A: El contador público es Héctor William Santos Jiménez y su revisor fiscal es Camilo Reyes, de Price Waterhouse Cooper.

4ª Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S: El contador es el mismo de Odebrecht, Héctor William Santos, y su revisor fiscal es Diego Armando Lara, de Price Waterhouse Cooper.

5ª Concesionario Ruta del Sol: La contadora es Luz Ángela Gutiérrez Hernández y su revisor fiscal Luis Jovany Gómez Forero de Price Waterhouse Cooper.

6ª Estraval: La contadora Marisela Triana Quintero y su revisora fiscal es Rosalba Janeth Morroy.

7ª Élite: Las contadoras son Luz Astrid Bernal Espinosa y Luz Miriam Buitrago, y su revisora fiscal es Shirley Andrea Pulido que pertenece a Moore Stephens, junto con Global Consultant Group S.A.S.

16º Para Olvidar.

1829-30 Disolución de la Gran Colombia. Separación Ecuador Venezuela. 1829 Venezuela 1829. Ecuador 1830.La Gran Colombia se creó en 1819 con la unión de Nueva Granada, hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá en un intento de unir en una sola nación a varios pueblos del norte de la América del Sur, la nueva República fue vista por sus naciones constituyentes más como un recurso para unir fuerzas contra el poder colonial y prevenir su restablecimiento, que como la culminación de un proceso de identificación social, económica y política de sociedades marcadamente desiguales en su composición y en el grado de estructuración del poder social.El principal líder ideológico para la creación de la Gran Colombia fue el Libertador Simón Bolívar, quien pretendía crear una nación fuerte, económicamente poderosa y mantener su independencia. Fue el sueño de unidad más ambicioso de Latinoamérica. Las potencias europeas y USA no los aceptaron.

1903 Separación de Panamá.

1974 Golfo de Coquivacoa. En 1974 el presidente liberal Alfonso López Michelsen 

2016 Nicaragua y Colombia. Pérdida de Territorio. Es un litigio histórico por el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y unos cayos. No se conocen las actas del gobierno en las que se plasman las decisiones que llevaron a la pérdida del mar territorial aledaño a San Andrés.

1928 Masacre de las Bananeras. En 1928 se produjo la horrible matanza de las bananeras, con casi dos mil víctimas, y esto causó el inicio del derrumbe de la hegemonía conservadora, pero también el punto de partida del moderno populismo colombiano. En efecto, el joven parlamentario liberal Jorge Eliécer Gaitán tomó la bandera de la lucha contra la United Fruit y del castigo a los asesinos de las bananeras, ganó el proceso parlamentario y luego el proceso penal, logró la expulsión de la United Fruit del país y dio con ello comienzo a una impresionante carrera política de lucha contra las oligarquías.

La Guerra entre Esmeralderos.

La Bonanza de la Marihuana ‘Bonanza Marimbera’.

La Bonanza Cocalera.

El Cartel de Pereira. El Bloque Pereirano. Territorio Neutral donde los diferentes carteles se reunían a planificar sus intereses Estratégicos. Bloque que impuso un Presidente, después de asesinar un Candidato. Presidente financiado para un Periódico en Risaralda 

El Cartel de Medellín.

El Cartel de Cali.

El Cartel del Norte del Valle.

El Cartel de la Costa Atlántica.

17º Las Guerras Civiles en Colombia.

1778. “Sublevación de los Pardos”. Valle del Cauca. Fue una zona caracterizada por las revueltas de negros y gentes del común en el siglo XVIII. En 1778 tuvo lugar un movimiento llamado “Sublevación de los Pardos”, en el que la población negra de Llanogrande, la actual Palmira y Tuluá, se rebeló contra el trabajo obligatorio que debían prestar en el camino del Chocó.

1780. Rebelión de los Negros. Valle del Cauca. Las restricciones en la siembra de tabaco motivaron también el enfrentamiento con las autoridades por parte de los negros libres de Puerto Tejada, Candelaria, Llanogrande y Tuluá en 1780; en este caso, la protección de grupos de negros armados permitió que el tabaco, pese a las prohibiciones, se continuara cultivando. En la insurrección registrada en Cartago, las acciones se dirigen contra los guardas y estancos de aguardiente, y se pegan en las casas de los guardas pasquines que advierten sobre ataques sino se derogan las medidas fiscales. Al no ser depuesta la nueva legislación, se efectúan ataques a los estancos en los que participan mulatos.

1781. Rebelión de los Comuneros. Primera Etapa. ‘Reforma Tributaria’. Los impuestos motivaron los levantamientos del común. Las reformas borbónicas con el fin de incrementar los ingresos reales, mejorar el control burocrático sobre las colonias e incrementar la extracción de sus riquezas, imposición de nuevos impuestos, monopolios  o de su incremento, el impuesto de la armada de Barlovento, produjeron rechazo, protestas y  levantamientos de comerciantes, propietarios de tierra, arrendatarios, y consumidores.
   La revuelta fue encabezada por compradores y expendedores de ganado, a quienes se les imponía un gravamen de un real por cada cabeza de vacuno.
   La imposición del estanco del tabaco, que le daba al gobierno español el control de su producción y comercio, afectó a los empresarios privados acostumbrados a su comercio y a los beneficios derivados de su favorable relación con los cosecheros y pequeños propietarios, dado que a estos la hoja no se les cambiaba por dinero sino por mercancías. Como la administración directa no se imponía sólo al tabaco, en otros ámbitos también se lesionaron los intereses de la élite criolla.
   A nivel de los sectores populares, lo que más afectó fue el alza en los gravámenes sobre el tabaco –dos reales por libra– y el aguardiente, y sobre todo la restricción al cultivo de tabaco, junto al hecho que la represión al cultivo acarreó no sólo la destrucción de las siembras sino daños a otros cultivos, así como robos, abusos y atropellos por parte de los guardas, sin contar con la prisión y la imposición de penas secundarias impuestas sin ninguna equidad. La composición de las tierras de resguardo afectó, además de los indígenas, a mestizos y blancos pobres que trabajaban en dichas tierras. Cronología:
1781
   16 de marzo. La protesta comunera inicia en la provincia del Socorro y se generaliza por las poblaciones de los actuales departamentos de Boyacá y Cundinamarca, como Chatalá, Pamplona, Zipaquirá, Maracaibo, Tequia, Riachuelo, Simacota. Entre marzo 16 y junio 7 de 1781, se presentan 33 tumultos en toda la región.
   18 de abril. Se da lectura a Nuestra Cédula o Cédula del Pueblo. El pasquín que plasmó los objetivos iniciales de la rebelión, estaba redactado en verso, escrito por un fraile dominico y el criollo Jorge Lozano de Peralta. Se nombró a Juan Francisco Berbeo, comandante general, y como capitanes a Antonio Monsalve, Francisco Rosillo, José Antonio Estévez, Ramón Ramírez y Joaquín Fernández Álvarez.
Los únicos miembros del pueblo que alcanzaron título dentro del movimiento fueron el labrador José Antonio Galán, el portero del Cabildo del Socorro, Manuel José Ortíz, y el tejedor de mantas Isidro Molina. Otros personajes que aparecen en los motines iniciales son el talabartero Lorenzo Alcantuz, la cigarrera Manuela Beltrán, el tejedor de mantas José Delgadillo, los carniceros Ignacio Ardila, Pablo Ardila, Roque Cristancho, Miguel Uribe, el arriero Hilario Galán, los labradores mestizos José Velandia y Francisco Antonio Mesa y los sombrereros mestizos Nicolás Pedraza y Miguel Fulgencio de Vargas.
   7 de mayo. El Supremo Consejo de Guerra definió como prioridad la movilización militar sobre Santafé. En su camino, el ejército del común derrota la expedición pacificadora que había salido a hacerle frente en Puente Real, hoy Puente Nacional.
12 de mayo. Apresamiento del oidor por tropas del ejército del común.
19 de mayo. En Casanare, vecinos criollos dirigidos por Javier de Mendoza, quien se había designado como subalterno del rey inca Túpac Amaru, se tomaron las principales ciudades, abolieron los impuestos y depusieron al gobernador.
26 de mayo. Levantamiento en Támara por la situación que pasan tejedores e indios a causa de los nuevos impuestos.
   29 de mayo. El ejército comunero, que 20.000 mujeres y hombres, avanzó con la toma de Girón.
   2 de junio. Se consolidó la insurrección al llegar a Zipaquirá, a un día de distancia de Santafé.
7 de junio. Se aprueban las capitulaciones de Zipaquirá.Llegado a Zipaquirá, el ejército del común dividió opiniones cuando tuvo que decidirse entre avanzar hacia Santafé o negociar. El comandante general Francisco Berbeo y los capitanes generales estuvieron a favor de la negociación, en contra estuvieron el resto de los comuneros.
   El regente visitador nombró al arzobispo Caballero y Góngora como principal negociador de la Junta, recibió de Berbeo las Capitulaciones, un documento con 35 puntos que exigía reformas administrativas, mayores oportunidades para los criollos y un mejor tratamiento para los indígenas, y lo firmó el 6 de junio, siendo a su vez aprobado por la Audiencia al día siguiente. Percibida la firma como una victoria y en condescendencia con las autoridades, Berbeo ordenó la dispersión del ejército comunero.Entre lo acordado en Zipaquirá destaca:
1º -la abolición de los impuestos de la armada de Barlovento,
2º -el de guías y tornaguías,
3º -el de ramo de barajas,
4º -el gracioso donativo,
5º -el de las medias anatas;
6º -la rebaja del impuesto de alcabala;
7º -el retorno a los antiguos precios de productos como el aguardiente, la sal, el papel sellado y la pólvora, las tarifas de correos.
-Se derogaron:
8º -el estanco de tabaco,
9º -los peajes de entrada a Santafé,
10º -el decreto que ordenaba la limitación del número de tiendas.
-Se estableció:
11º -el derecho de armar rancherías en tierras cercadas a orillas de los caminos por parte de los viajeros.
-Respecto a los indios:
12º -se rebajaron los tributos,
13º -se los exoneró del pago de derechos religiosos,
14º -se les concedió los beneficios y explotación exclusiva de las minas de sal de Zipaquirá.
15º -Se aprobó la posibilidad de que regresaran a los resguardos, siempre y cuando no hubiesen sido rematados,
16º -de convertirse en propietarios individuales.
-En cuanto al clero:
17º -se rechazaron los derechos eclesiásticos,
18º -se pidió el control sobre los derechos que cobraban los clérigos, los notarios y los escribanos religiosos.
-Se planteó:
19º -la preferencia para los americanos en los empleos de primera y segunda categoría,
20º -el mantenimiento del ejército del común,
21º -el nombramiento de un corregidor
22º -Justicia mayor para los pueblos,
23º -el perdón general para todos los participantes en la rebelión.

   6 de julio. El virrey Flores, que se había fugado para Cartagena, desconoció los acuerdos totalmente, confirmando su negativa, envía 500 soldados a Santafé, para restaurar el orden.

Segunda Etapa. Radicalización, expansión de la revuelta y Berberismo.
8 Junio. Galán se desplaza por los pueblos del valle del río Magdalena. El momento de mayor radicalidad en la rebelión comunera tiene lugar después de la firma de las capitulaciones, cuando José Antonio Galán da nuevos rumbos a la revuelta llevando a cabo liberaciones de esclavos, reparto de tierras y sustitución de autoridades. Galán, quien no había estado en la firma de los acuerdos A su paso, las rebeliones de indígenas y negros se desencadenaron. Al mismo tiempo que los berberistas desmovilizaba el ejército del común y que Galán hacía su campaña revolucionaria en el Magdalena, se presentaban nuevas insurrecciones en la provincia de Antioquia, los llanos orientales y algunos lugares de la provincia de Popayán. Del mismo modo, se presentaron en junio tumultos en Ocaña, Lobatera y Rosario de Cúcuta.
   Mestizos, negros e indios se plantean reivindicaciones propias; de ahí la liberación de esclavos y la negación de la autoridad real, reconociendo por el contrario a Túpac Amaru como nuevo rey en las Indias.
   En Casanare, el gobernador reunió indios de varios pueblos y se juró por el rey inca.
   En Neiva, los mestizos insurreccionados, ante el imperativo de rendirse formulado por el gobernador de la provincia, contestaron que no tenían ninguna orden del rey Túpac Amarú para hacerlo.

Berberismo. Soborno y Traición. La dirección de la 1ª. Etapa del movimiento, conformada por el notablado local y criollos blancos pobres, Juan Francisco Berbeo, comandante general, los capitanes generales, Salvador Plata, Antonio Monsalve, Francisco Rosillo, José Antonio Estévez, Ramón Ramírez y Joaquín Fernández Álvarez, fueron sobornados por la corona española, con entrega de poder local, recaudo de los impuestos, manejo de los monopolios, tierras en sus provincias de origen, promesa de títulos nobiliarios y el perdón por liderar la rebelión, a cambio se comprometieron y fueron parte activa en el proceso de represión. Berbeo, ordena obstaculizar las comunicaciones con el Ejercito de los Comuneros comandado por José Antonio Galán, perseguirlos, aniquilarlos, capturarlos y asesinarlos. Salvador Plata, apresa con engaños a Galán.
El cierre de la 2ª. Fase de la rebelión estará marcado por la traición, apresamiento y muerte de Galán, junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz; así como por la persistencia de la protestas.

   12 de junio. En Honda se ordena que sea vendidala azumbre de aguardiente a 9 reales.
   16 de junio. Galán entra a Mariquita.
17 de junio. En Antioquia. Se presentaron protestas en distintas regiones que no tuvieron ninguna coordinación. En las poblaciones de El Guarne, La Mosca, Rionegro y Palencia se formaron entre esclavos y gentes del común, que contaron con el apoyo del alcalde de Rionegro. El primer motín tuvo ocasión en Guarne, contra el establecimiento de pulperías y el cobro de 2 pesos de oro limpio para obtener el título de mazamorreros lavadores.
   En Julio, se registraron protestas en Rionegro, de donde se propagó por Medellín, Arma, San Vicente y Marinilla. Este alzamiento de los propietarios mineros de la región junto con mestizos que trabajaban como mazamorreros o se dedicaban al comercio, tenía como fin pedir que se limitara la extensión de las minas y la abolición de los impuestos de “mazamorreo” y del gracioso donativo. Propusieron, la extinción de las tiendas establecidas en las minas y su reemplazo por el libre comercio –TLC-, la rebaja en los precios del aguardiente, la licencia para portar armas, el castigo para los guardas que atropellaran a la población y la designación de los criollos en los cargos de jueces y administradores de las rentas reales. A algunas de sus peticiones las autoridades accedieron, al menos temporalmente.
   Para septiembre, los cosecheros de tabaco de Sacaojal y Sopetrán se sumaron a las protestas, comandados por el liberto Pedro Lastra. Los amotinados impidieron que los alguaciles continuaran arrancando las siembras de tabaco, a los gritos de “Todos tenemos tabacales” y “no obedecerían ni a Dios ni al rey”. Las exigencias de los rebeldes, presentadas ante el gobernador por medio del cura de Sacaojal, consistían en la extinción de los estancos de tabaco y aguardiente, libre siembra y beneficio del tabaco, a lo que se respondió con una violenta represión de la revuelta.
   A mediados de septiembre, los tabacaleros selevantaron en contra delas rondas que realizaban los guardas del estanco del tabaco en busca de cultivos clandestinos. En Sacaojal, Sopetrán, San Jerónimo, Quebradaseca, La Miranda y El Tablazo, los vecinos se apoderaron del paso del río Cauca y controlaron la comunicación hacia el poblado de Antioquia y lugares vecinos. En esta ocasión, el gobernador se vio obligado a suspender las medidas contra los defraudadores de la renta, aunque luego se retracta del acuerdo y condena a muerte a varios comprometidos.
19 de junio. Los comuneros de Mariquita ajustician al gobernador.
23 de junio. Estalla rebelión en Honda a consecuencia de la agitación de Galán por haciendas y minas del valle del río Magdalena.
23 de junio. En Pasto, los motines populares se iniciaron en protesta por el estanco de aguardiente y contaron con la participación principalmente de indios y mestizos. El movimiento se extendió por Túquerres y otros pueblos. 
   Junio Provincia de Neiva. Los tumultos se presentaron en toda la Provincia, luego en Aipe, Caguán, Villavieja, Fortalecillas y el Volcán, comprometieron a indios y libertos en protesta por las medidas sobre la siembra del tabaco y el estanco de aguardiente.
6 de julio. En oficio dirigido al Cabildo de Santafé, el virrey Flores ordena desde Cartagena suspender la publicación de las capitulaciones.
16 de Julio "Los naturales del pueblo de Támara". Casanare. Francisco Javier de Mendoza, criollo propietario de un hato ganadero, organizó un numeroso ejército de indígenas provenientes de Pore, Támara, Ten, Manare y otros pueblos, a quienes liberó de pagar impuestos, los instó a atacar al clero de los pueblos cercanos y les ordenó obedecer a los capitanes comuneros del Socorro. Identificándose como el apoderado del inca, les hizo jurar lealtad al rey de América, Túpac Amaru, y se hizo llamar capitán general y gobernador de la provincia de los llanos. Mendoza mantuvo su actividad por 4 meses más, hasta que fue reducido por una milicia paramilitar privada financiada por el marqués de San Jorge, uno de los hombres más ricos de Santafé.
26 de julio. Llegan a la capital noticias sobre la nueva insurrección en El Socorro y el objetivo que tiene de marchar hacia Santafé.
   Julio. Comuneros en la Capitanía General de Venezuela. Se extiende la rebelión hacia las poblaciones limítrofes de la Capitanía General de Venezuela como San Antonio de Cúcuta, San Antonio del Táchira, San Cristóbal, La Grita, Bailadores, Ocaña, Mérida, Ejido, Timotes y Villa de San Xual, en las que se  eliminan impuestos y nombran capitanes de entre los vecinos. El inicio de las sublevaciones fue atribuido a capitanes provenientes de Pamplona y Socorro, los sargentos de milicias Carnero y Suárez acusados de agitadores por autoridades de Maracaibo. Estos tumultos también terminaron en la organización de un ejército, que reconoció la dirección política y militar del Supremo Consejo de Guerra del Socorro. La rebelión concluyó por la falta de apoyo de los habitantes de Trujillo y Caracas, quienes se negaron a participar. Para agosto de 1781, las autoridades españolas habían sometido a las poblaciones insurrectas y tomado prisioneros a los principales cabecillas.
31 de agosto. En carta al virrey, Bernet informa sobre derrota del ejército realista.
9 de septiembre. Es descubierta una conspiración de esclavos en Antioquia.
11 de septiembre. Se decide en El Socorro una nueva marcha sobre Santafé.
19 de septiembre. Se expide el acta capitular sobre las disposiciones luego de las capitulaciones. Entre ellas la prédica de la orden religiosa de los capuchinos para incentivar el arrepentimiento.
13 de octubre. Galán es capturado en Onzaga.
   En noviembre de 1781 en Buriticá, provincia de Antioquia, los indios del pueblo se negaron a pagar tributos y el impuesto del gracioso donativo. Las tropas enviadas al lugar aplastaron el levantamiento.
1782 Enero. En San Andrés de Tumaco. Se registran levantamientos en contra los estancos, en cabeza del Vicente de la Cruz, negro liberto, negro libre, Francisco Sánchez de la Flor, quien comandaba la insurrección, vecino de Tumaco que residía en Quito, Eugenia y Dominga Ballejo, entre otros.
21 de enero. Por medio de oficio, el rey ordena enviar tropas a Honda para contener a los rebelados.
30 de enero. Se publica la sentencia de muerte contra José Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz. En febrero 1 son ejecutados. Luego de la ejecución y restaurado el orden, el virrey Flores restableció los impuestos motivo de los levantamientos del común.
Julio. La corona nombró como sucesor del virrey Flores a Caballero y Góngora.
   1783 Enero 4. Desacato de los vecinos de Fusagasugá al decreto que prohíbe sembrar tabaco y anuncia los castigos a los infractores. 

Entre 1810-24. Padecimiento de las Guerras de la Independencia. Muchos grupos y sectores explotados entendieron o intuyeron, desde el primer momento, que la "independencia" era un asunto de los señores hacendados y de los grandes comerciantes.
   Los negros de la costa colombo-venezolana se alzaron en armas para luchar por el rey de España y en contra de la emancipación.
   En los valles y montañas del sur, en Pasto, en el Cauca, en las llanuras del Huila y en la montaña antioqueña, millares de pequeños agricultores y colonos combatieron ferozmente contra los ejércitos de la Gran Hacienda.
   La guerra social se extendió por todo el territorio de lo que más tarde se llamaría "La Gran Colombia" pero de esto solamente ha quedado constancia documental en la provincia venezolana y en algunas regiones del sur de Colombia.
   Paralelamente, los ejércitos libertadores organizados con tenacidad sobrehumana por Simón Bolívar, aplicaron la Guerra a Muerte en Venezuela y Colombia, desde 1813 hasta 1820. Durante esos 7 años no se hicieron prisioneros ni hubo sobrevivientes entre los vencidos de una batalla o una escaramuza. Todos los españoles capturados por los patriotas eran pasados por las armas. Se arrasaban pueblos enteros, incluyendo ancianos mujeres y niños. No se hizo distinción alguna entre los combatientes y la población civil. En Pasto, se ofreció amnistía absoluta a las partidas guerrilleras campesinas que entregaran sus armas, y una vez obtenida la paz se procedió a exterminarlas implacablemente.
   Detrás de esta felonía había una clara conciencia de clase: se trataba de la lucha de la gran hacienda contra el minifundio, de los señores contra la plebe, de una estrategia de autoridad contra una expresión de libertad.

En 1829. Estalló la guerra en Antioquia, dirigida por el general Córdova. Asesinado por un Irlandés, Ruperto Hand.

En 1830. Guerras Civiles Regionales. Tuvimos una guerra contra el Perú y numerosas guerras civiles regionales: En Antioquia 2; Cauca 1; Magdalena 1; Tolima 1; Cundinamarca 1 incruenta; En Panamá 2, entre 1862 y 1879 un presidente muerto en campo de batalla, 7 derrocados violentamente y 1 envenenado

De 1932 a 1933. Guerra Internacional con Perú. Que desangró la economía nacional y produjo daños muy graves en las relaciones entre los dos pueblos. Perdimos Territorio.

Entre 1839-41."Guerra de los Supremos" o “de los Conventos”. Horrenda.

Entre 1843-50. Hubo incontables asonadas y motines locales y regionales.

En 1851. Guerra de los Latifundistas. Se alzaron en armas los latifundistas y amos esclavistas para impedir la abolición de la esclavitud y para derrocar al presidente José Hilario López, quien además de decretar la libertad de los esclavos apoyó a las organizaciones de artesanos y realizó la primera Reforma Agraria en la historia del país.

En 1854. Guerra de los Artesanos.
Para Colombia la insubordinación y toma del poder por el general tolimense José María Melo en 1854 tuvo una significación excepcional: a sólo treinta años de consumada la independencia, a 60 de la Revolución de los Comuneros del Socorro y Charalá, por primera vez en la vida republicana del país una clase social distinta de la burguesía, el artesanado, se asomó al poder. El general José María Melo dio un golpe de estado apoyado por los artesanos y las Sociedades Democráticas, lo cual produjo un levantamiento general de la oligarquía. El baño de sangre concluyó con fusilamientos en masa de artesanos y el destierro de más de 2 mil de ellos a las regiones inhóspitas del Darién.

Entre 1859-62. Tuvimos otra guerra, mejor dicho, muchas guerras provinciales entrelazadas en una sola gran conflagración, cuyo resultado fue el triunfo del federalismo, afianzado a sangre y fuego en la terrible guerra de 1876-77.

Entre 1876-77.

Entre 1884-1885."Regeneración Nacional".Los excesos del sistema federal condujeron a la reacción que se conoce con el nombre de "Regeneración Nacional", movimiento liberal-conservador que se impuso en la guerra de 1884-84 y que implementó la Constitución de 1886, vigente en Colombia hasta 1991.

En 1895. Se libró una breve pero muy sangrienta guerra civil, que debe ser vista como el preludio de la inmensa conflagración de 1899-1902, Guerra de los Mil Días.

1899-1902. Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días abrió en el país una herida que no se ha cerrado. En ella se aplicaron sistemáticamente los métodos de exterminio de pueblos enteros. Durante 3 años fue saqueado el campo colombiano, dejando agotados los recursos naturales y humanos de la nación. La ocasión fue aprovechada por nuestros amigos del Norte para darnos prueba de su amistad en el istmo de Panamá. Las cañoneras norteamericanas impidieron a la flota colombiana desembarcar en tierra panameña y la independencia de Panamá se consumó por obra y gracia de la estúpida política de la oligarquía colombiana, unida a la felonía yanqui.
    Al comenzar el siglo, la hegemonía conservadora impuso un régimen muy represivo, tanto en lo material como en lo espiritual. Se intentó imponer un modelo de desarrollo que en muchos aspectos evoca la dictadura de Porfirio Díaz en México, pero que en Colombia estuvo marcado por el servilismo más absoluto a los caprichos más retrógrados del Vaticano y la Iglesia Católica. El naciente movimiento obrero fue reprimido con ferocidad. Fueron frecuentes las huelgas heroicas, con balaceras y muertos. Durante la década de los años 20 se crearon sindicatos textiles, ferroviarios, de la alimentación, de los petroleros, de las bananeras. Muchos de ellos fueron organizados por mujeres. Los pioneros de la organización proletaria fueron anarquistas, socialistas, comunistas.
   En la guerra de los mil días, muchos del estado mayor de los Liberales, se apropiaron de inmensas fincas en diferentes regiones del país, quienes más adelante se opondrían en alianza con sectores del conservatismo, el sector financiero y la iglesia, para torpedear las reforma agraria y sus decretos reglamentarios, cuyo resultado fue la explosión d la violencia liberal conservadora, que dirigieran Mariano y Laureano.

1930. La República Liberal. Terminó empantanada en la corrupción de sus gobernantes. Los escándalos se sucedían en la prensa y la radio, mientras el abismo entre los oligarcas liberales y el movimiento Gaitanistas se iba haciendo más profundo.

1945. Chulavitas. Pájaros. Aplanchadores. Chusmeros. En ese período trágico de nuestra historia, los colombianos cometimos todas las atrocidades que nos habían enseñado los caudillos oligárquicos del siglo pasado: mutilaciones, decapitaciones masivas, descuartizamientos, en fin, todo lo que el lector pueda imaginar y mucho más que no puede imaginar. El país se agotó en rituales de sadismo y horror.
   Comenzó a perfilarse la estrategia guerrera de la reacción conservadora. Al amparo de la doctrina Truman, se aplica un plan de violencia "de baja intensidad" en los campos y pueblos. Se trataba de impedir el triunfo electoral de Gaitán, desmovilizar a los campesinos liberales, anular la capacidad de resistencia del pueblo y recuperar el control de la tierra para el gran latifundio. La violencia se encendió otra vez, con ferocidad inaudita, pero oficialmente reinaba la paz. Las masacres eran frecuentes y se estima que en ellas murieron más de 130.000 personas. Hasta hace unos años, en Villahermosa, norte del Tolima, se decía que en no se conseguía un liberal ni para remedio. Las masacres eran frecuentes y se estima que en ellas murieron más de 130.000 personas.
   Comenzaron a conformarse cuadrillas conservadoras, "chulavitas" en Boyacá, “pájaros” en el Valle, “aplanchadores” en Antioquia, en Tolima, costa caribe.
   Encargadas de quitarle la cédula de identidad a cada campesino liberal, por la razón o la fuerza. Pero en realidad la estrategia era más profunda: se trataba de iniciar la violencia generalizada "por abajo", por el campesinado pobre, de manera que cuando llegara a los "notables" fuera ya demasiado tarde para responder.
   Esta estrategia fue tan eficaz, que todavía hoy muchos historiadores sostienen que la Gran Violencia comenzó en 1948, con el asesinato de Gaitán, pero cuando fue asesinado, el 9 de abril de 1948, ya la violencia había cobrado miles de víctimas en los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca, y comenzaba a dejar su huella sangrienta las regiones cafeteras, eje cafetero.

Chulavitas. Boyacá. Facción de la policía conservadora que operaba en la región cundiboyacense.​ Es el epíteto utilizado para denominar las bandas armadas de origen campesino en Colombia que existieron durante los primeros años de La Violencia, conformado por gentes del campo procedentes de la vereda Chulavita, municipio de Boavita, departamento de Boyacá, reclutados rápidamente en enclaves conservadores del nororiente del departamento de Boyacá, para defender al gobierno conservador del presidente Mariano Ospina Pérez, con el objetivo de restablecer el orden en Bogotá, la cual estaba sumida en el caos, el pillaje y la violencia callejera debido al Bogotazo, que fue una manifestación espontánea de una turba enfurecida tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Los Chulavitas cumplieron su misión con eficacia, aunque con exceso de fuerza; luego fueron usados como contrapeso a las guerrillas liberales denominadas también como Los cachiporros, estacionadas en los Llanos Orientales, razón por la cual algunos historiadores los definen como la semilla del conflicto armado en Colombia.

Pájaros. Valle del Cauca. Un grupo armado ilegal que existió durante los años de La Violencia conformado por campesinos y habitantes de filiación conservadora, procedentes de pueblos con dicha filiación, principalmente en el Valle del Cauca y sobre todo en Tuluá, análoga los chulavitas. El objetivo de los "pájaros", nombre dado en 1953 tras el ascenso de Laureano Gómez a la presidencia y con el poder definitivamente conservador, era asesinar e intimidar a los residentes y campesinos de filiación liberal opositores a los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Gómez. Los pájaros eran pagados con buenas sumas de dinero por los caciques conservadores: Asesinos a sueldo, patrocinados por terratenientes o gente del poder, para eliminar opositores políticos. Los “Pájaros” tenían como norte fundamental eliminar liberales. El más conocido de ellos fue León María Lozano, alias “El Cóndor”, que desde Tuluá, Valle del Cauca, determinaba quien vivía y quien moría en la región, en el propósito de hacer viable la “cordillera azul”.

Llanos Orientales. En el caserío La Bonita, Villahermosa, norte del Tolima, su crecimiento y proyección en manos de colonizadores antioqueños llegados de Abejorral y Sonsón, hacían prever que el azul prevalecería, por encima de cualquier requerimiento social o económico. Hasta hace unos años, en Villahermosa, se decía que en no se conseguía un liberal ni para remedio.

Cundinamarca. Una de esas cacerías ha quedado en la memoria de los colombianos como prueba patente de la eficacia del ejército nacional. El legendario guerrillero Efraín González, conservador, se mantuvo fuera de la ley durante años y fueron necesarios más de 1.000 soldados para cazarlo en el centro de Bogotá, en una persecución que duró varias horas. Se destruyeron edificios y se utilizó artillería para eliminar a un bandido fugitivo armado con una pistola. Después de la batalla de Boyacá, que selló la independencia del país en 1819, no se había visto tanto heroísmo.

1946 La Guerrilla Liberal. Grupos liberales armados que se consolidan durante el gobierno de Rojas Pinilla, que controlan de norte a sur toda la cordillera, en defensa de liberales y venganza sectaria, como reacción a la guerra desatada por Mariano y Laureano. Guerrilla liberal o "chusma" contra los "comuneros" o “chulos” miembros del ejército. Cuando los campesinos denunciaban los atropellos ante el ejército en espera de protección y justicia, el militar de mando preguntaba a qué partido pertenecían, y, oyendo que al liberal, decían: "¿Cachiporro? Que se los traguen los chulos". Los asesinados se diferenciaban, a bala, si eran por guerrilleros liberales, con ‘corte de franela’ ejecutados por las cuadrillas conservadoras.
   De los jefes liberales alzados en armas en los años 40 y 50, los más mentados eran, aparte de Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza, Eliseo Velásquez, Tulio Bautista y sus 4 hermanos, Carlos Rodríguez “el pote”, Bernardo Giraldo “el tuerto”, Rafael Sandoval “failache”, Eduardo Nossa, y muy destacadamente, Dumar Aljure “el valiente”. En vísperas del advenimiento del régimen militar que negoció con ellos, el número de guerrilleros se calculaba en unos 3.000, auxiliados por 2.000 colombianos más. Si se les preguntaba por qué estaban en combate, respondían: “para entregar el poder al pueblo Gaitanistas”.

En Tolima, Huila, Eje cafetero, Norte del Valle. Adoptaron nombres de miedo, Capitán Veneno, El Tigre, Alma Negra, Zarpazo, Capitán Venganza, el pollo de la Tebaida, Sangre Negra y Tarzán, 2 de los más feroces bandoleros del fin de la violencia, "Desquite" sus cuadrillas sembraron el terror en los territorios del Tolima y el viejo Caldas, entre 1956 y 1963. Sembraron el terror por todas las comarcas del país. Uno a otro fueronasesinados, en cacerías que costaban la vida a civiles de toda condición y edad.

Quindío. La más importante de dichas "guerrillas" era la comandada por el reservista tolimense Teófilo Rojas Barón alias "Chispas"; logró abarcar en su zona de control casi todo el municipio de Calarcá, con sus corregimientos de Córdoba, Quebrada Negra, Barcelona y Albania y parte considerable de Génova, Pijao y Armenia. La evocación de un campesino parcelario sobre su propia suerte entre 1950 y 1953, la remembranza de otro campesino letrado de la situación vivida desde 1954 en su vereda, una de las áreas controladas por "Chispas", de  los comerciantes de las tiendas, incluyendo algún conservador y en las veredas de los otros municipios de la cordillera oíamos decir sin cesar durante la serie de entrevistas: "Si no es por Chispas, destruyen a todos los liberales del pueblo" o "Gracias a Chispas pudimos conservar las parcelas".
   No existen registros que "Chispas" o "El Mosco" o los jefes de las principales cuadrillas liberales que se gestaron antes del "Frente Nacional", hubiesen hecho riquezas traducibles en tierra o en inversiones urbanas. "Chispas", por ejemplo, durante la tregua de 1958 a 1959 aparece como un propietario pequeño que cultiva con sus propias manos la tierra. La compra de la "mejora" habría sido posible mediante un préstamo otorgado por los fondos gubernamentales de Rehabilitación.
   Después de entregar sus armas en 1955, fueron cazados y exterminados los ex combatientes. El jefe guerrillero Guadalupe Salcedo desmovilizado, fue asesinado en 1957. Junto a Salcedo se entregaron otros jefes guerrilleros liberales: Dumar Aljure, Eduardo Fonseca, Carlos Perdomo y Jorge González. Algo parecido sucedió en escenarios distintos a los Llanos: en el Tolima, en Santander y en Antioquia.

1948 El Bogotazo. Operación Pantomima. El 9 de abril de 1948, la CIA con la complicidad de la oligarquía colombiana liberal – conservadora, asesinaba una esperanza más del pueblo colombiano en las calles céntricas de Bogotá. El asesinato del líder popular produjo una violenta insurrección en la capital, el "Bogotazo" en momentos en que se celebraba la Conferencia Panamericana. En muchas ciudades y pueblos del país se formaron juntas revolucionarias y hubo momentos en que se creyó que el gobierno iba a caer. La USA intervino al enviar tropas desde Panamá para afianzar al régimen. Pero el gaitanismo no había creado estructuras políticas sólidas, capaces de enfrentarse a la inmensa tarea de la toma del poder. Y así como las fuerzas del gobierno no podían restablecer el orden en todos los rincones del país, tampoco las fuerzas populares podían imponer el suyo ni crear nuevos mecanismos democráticos para el manejo de los territorios bajo su control.
   Bien pronto se diluyó el ímpetu revolucionario de las masas y el país quedó a merced de la violencia generalizada, sin dirección central y sin estrategia, de dos pueblos enfrentados por el odio: el pueblo liberal y el pueblo conservador.
   Porque la violencia fue popular. Participaron en ella hombres, ancianos, mujeres y niños. La lucha fue muy desigual e irregular, porque al lado de las masacres de población civil cometidas por población civil, hubo masacres cometidas por militares disciplinados, por bandas paramilitares conservadoras y por guerrillas liberales.

1953-56 Golpe de Estado del General Rojas. Y a pesar de que Rojas Pinilla no quería y vacilaba, porque en Colombia las oligarquías no han dado casi nunca permiso para estas cosas, lo obligaron a deponer al presidente y a asumir el mando con un plan de "reconciliación" y Pacificación Nacional: "La Patria por Encima de los Partidos". Y así fue cómo nos decretaron la paz.
   En este escenario el Jefe Supremo, como llamaban al Rojas Pinilla, el General Presidente, se apartó de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez, 1946-1953, que llamaban a los llaneros alzados en armas “bandoleros” o “delincuentes comunes que actuaban movidos por odios y pasiones para satisfacer sus deseos personales”, porque los denominó “guerrilleros”, es decir, delincuentes políticos.
   A la hora de la verdad. Embriagados por la que consideraban una gran victoria del Régimen de las Fuerzas Armadas, sus propagandistas no contaron todo lo qué pasó con los desmovilizados. Estos, campesinos que regresaron a las tierras que ocuparon antaño, confiados en las promesas de Bogotá, las encontraban en manos de conservadores que, lejos de restituírselas, los expulsaban de nuevo en medio de amenazas. O sea que los reinsertados liberales no hallaron la prometida paz. 
   Que no fue tan completa la pacificación del régimen militar pudo comprobarse, asimismo, porque en su transcurso y según las mismas declaraciones oficiales, estaban en pie de guerra los municipios de Cabrera; Carmen de Apicalá; Cunday; Icononzo; el mismísimo Melgar, sede de una importante base militar; Pandi; y Venecia. Con el argumento de acabar con el comunismo, los altos mandos enviaron a algunas de esas localidades al Batallón Colombia, curtido en Corea, y emplearon hasta bombas de napalm. Se inició entonces otro de los terribles desplazamientos que han caracterizado al viejo conflicto armado de Colombia. El pacificador Rojas Pinilla, en 1955, destinó 252 millones de pesos a las fuerzas armadas y apenas 41 millones a la salud y 62.5 a la educación, pero en honor a la verdad, preciso es recordar que no gastó más en seguridad que lo que hicieron los ex presidentes Ospina Pérez, Gómez y Urdaneta. Dos años después de que los civiles recuperaron el poder, todavía quedaban en Colombia 43 cuadrillas de bandoleros en plena actividad con casi 500 integrantes.

1958-1975. El Frente Nacional. Esta época se debe llamar "Las mafias" le viene mejor. Fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. A manera de respuesta contra la dictadura militar en 1953, su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, Liberal y Laureano Gómez Castro, Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del Bipartidismo. El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se estableció como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16 años, el poder presidencial se alternaría, cada 4 años, entre un liberal y uno conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la transición política efectuada por una Junta Militar, y con la elección de Alberto Lleras Camargo, y llegó a su fin el 7 de agosto de 1974.
Fue en estos años que comenzaron a actuar las primeras mafias organizadas:

. La mafia de los esmeralderos. Colombia es el segundo productor de esmeraldas del mundo. En torno a los basureros de las minas, bajo control del ejército, comenzó la actividad de robos en gran escala. Pronto hubo más delitos, más dólares y más violencia en las regiones esmeralderas. Políticos corruptos compraban y vendían cargos de auditores en las minas, para negociar con las mafias y favorecer el comercio clandestino. Más violencia. Más arbitrariedad. Más corrupción.

. La mafia de la política. Después de siglo y medio de guerras civiles, el partido liberal y el conservador se pusieron de acuerdo para alternarse en el poder durante 16 años, manteniendo la paz por arriba para impedir que el pueblo hiciera su propia guerra. De esta época data la "Guerra Sucia" en Colombia, pues fue preciso comenzar a matar, hacer desaparecer, intimidar e eliminar por diferentes medios a dirigentes estudiantiles, sindicales, campesinos, políticos de oposición, etc.
   El Frente Nacional gobernó casi ininterrumpidamente con Estado de Sitio, y los gobiernos que le han sucedido lo siguen haciendo. La represión, con los años, se ha convertido en una rutina implacable. En un país donde la pena de muerte no existe, los allanamientos practicados por las fuerzas de policía y del ejército siempre terminan con el mismo saldo: familias enteras son exterminadas y luego se pone el rótulo de "guerrillero" a cada muerto, incluyendo a los bebés. A partir del Frente Nacional, el estado colombiano se erige como un Estado Terrorista, independientemente de la buena o mala voluntad del presidente de turno.

. Las mafias de la marihuana, primero, y de la cocaína, más tarde.Al amparo de estas políticas represivas nacieron, originalmente capitales de políticos regionales que se invierten en este negocio, con la anuencia o la complacencia del poder central. Cuando estas mafias comienzan a desarrollar sus propias violencias, y especialmente cuando entran en conflictos con USA, los grandes políticos liberales y conservadores reaccionan e intentan reprimir estas actividades. Pero ya es tarde.
   Desde 1958 han recibido regalos, dineros, caballos de carreras, automóviles, invitaciones y zalamerías de los peores mafiosos del país. Comparten con ellos acciones en las grandes empresas. Reciben sus contribuciones en las campañas electorales. En muchas regiones del país, dependen por entero de las mafias. El círculo se ha cerrado.
   Las mafias han desarrollado y "modernizado" la escuela tradicional de la violencia en Colombia. Además de los métodos de tortura y exterminio que los partidos tradicionales perfeccionaron durante casi dos siglos de guerras civiles y asonadas anticonstitucionales, las mafias han introducido los atentados en gran escala, los asesinatos sistemáticos de jueces y periodistas, los descuartizamientos con sierra mecánica y otros avances técnicos similares.
La expansión de la actividad mafiosa no solamente ha significado una ampliación de los territorios de la violencia en Colombia en las cuatro últimas décadas del siglo. Además, y esto es lo más grave, ha significado una descomposición general de la sociedad colombiana. Los dineros de la mafia, sus métodos y su política de corrupción han penetrado en las instituciones, en los partidos políticos, en todos los estamentos sociales, en las fuerzas militares y policiales e incluso en los movimientos llamados "revolucionarios", como mencionaré más adelante.
Las mafias han sabido aprovechar en su beneficio el tradicional "clientelismo" de la política colombiana. Se han apoderado de puntos claves en la estructura gamonalista y caciquista de los partidos políticos. Han logrado intimidar, neutralizar, corromper, sobornar o simplemente convertir en socios de sus fechorías a magistrados, ministros, mandatarios, jefes civiles y militares.
Una parte importante del país ha respondido a este desafío con valor y coraje civil. La respuesta de las fuerzas de la corrupción ha sido implacable: centenares de jueces, periodistas, políticos honestos, han sido asesinados brutalmente. Debe constatarse que a pesar de esto, muchos colombianos continúan sosteniendo con dignidad y valor sus posiciones en contra de la corrupción, el clientelismo político y la penetración de las mafias en las instituciones del país.

4ª. El Cartel o La era de las guerrillas.
Durante el Frente Nacional nacieron también las guerrillas revolucionarias.
ELN.
1964 FARC. Nace la guerrilla de las Farc en mayo 27 de 1964.
EPL.
1973 M-19. El líder máximo, Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Carlos Pizarro, Alvaro Fayad.

1985-2001 Asesinatos Selectivos.

1985 Exterminio de la UP. Fue un genocidio político, delito de Lesa humanidad. Se desconoce la cifra total de militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados, pero cálculos parciales estiman que pudieron ser unos 3,500 y un buen número de desaparecidos.
   La Unión Patriótica UP es un partido político colombiano de izquierda, fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos. Tomó distancia de los grupos insurgentes y llamó a negociar una paz democrática y duradera.
   Asesinatos. Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3.500 de sus militantes, otras fuentes aseguran que fueron unos 5.000, fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos narcoparamilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular y narcotraficantes; los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país.​
   1987 agosto 14. Sicarios motorizados derribaron la puerta de la residencia del Senador Pedro Luis Valencia en Medellín y fue acribillado.
   Alejandro Cárdenas Villa, quien fue alcalde de la UP en Mutatá, pasó luego a la gerencia de la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social de Medellín CORVIDE, y murió asesinado a plena luz del día en la Plaza de Ferias de Medellín.
   Gabriel Jaime Santamaría, siendo presidente de la Asamblea de Antioquia, murió asesinado dentro de la oficina de presidencia en La Alpujarra de Medellín, a pesar de las medidas de seguridad.
   1988 mayo 18. Fue asesinado en Medellín Elkin Martínez, elegido para posesionarse en Remedios, Antioquia. Fue asesinado en una recepción de hotel mientras tomaba una foto turística. Su muerte desencadenó el paro del nordeste antioqueño en Segovia y Remedios, paro que duró cerca de 3 semanas. Los narcoparamilitares de Puerto Boyacá incursionaron en Segovia el 11 de noviembre de 1988 al mando de Alonso J. Vaquero Agudelo mejor conocido como el ‘Negro Vladimir’ bajo las órdenes de los hermanos Carlos y Fidel Castaño jefes de las ACCU y Henry Pérez comandante de los narcoparamilitares del magdalena medio. Entraron disparando y dejando a 48 muertos incluyendo niños, mujeres y ancianos. El ‘Negro Vladimir’ participó también en las masacres de 14 campesinos en Cimitarra, Santander, 19 comerciantes en Puerto Boyacá y 15 funcionarios de la Fiscalía en La Rochela, Santander.18​ Estos hechos se conocieron posteriormente como la Masacre de Segovia, Masacre de La Rochela y la Masacre de Cimitarra.
   1997. A Elkin Martínez lo reemplazó Carlos Rojo Uribe quien también murió asesinado el 1 de agosto de 1997 por los alrededores del batallón Bomboná, junto con 7 personas que fueron sacadas de sus casas en Remedios, Antioquia
   1988. La muerte en Puerto Valdivia del concejal de Valdivia, Henry Montenegro, desató un paro en el Bajo Cauca antioqueño, que duró una semana hasta que se hiciera presente una comisión del gobierno. Henry Montenegro perdió la Alcaldía de Valdivia por 1 voto en las elecciones de 1988.
   1992. Fue perpetrada la masacre de Caño Sibao contra dirigentes de la UP.
   1993. Henry Millán González dirigente y fundador de la UP en el departamento del Caquetá, represente a la cámara del Caquetá, asesinado en diciembre 7 de 1993 en la plaza de mercado de Florencia Caquetá con 3 impactos de bala en la cabeza.
   1995. Aída Avella, concejal de Bogotá a quien intentaron matar en 1995. Refugiada en Suiza desde hace varios años.
   2002. Octavio Sarmiento Bohórquez congresista por Arauca fue asesinado por el grupo de Autodefensas Vencedores de Arauca, el 1 de octubre de 2002.
   2013 Julio. El Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la UP, que había sido suprimida debido a que en las elecciones legislativas de 2002 no obtuvo representación en el Congreso; el fallo reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a las elecciones y por tanto no obtuvieran la representación requerida.
   2014. Estas ejecuciones o asesinatos de los miembros de la UP en los años 80´s y 90´s fueron declarados en 2014 por la Fiscalía como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcoparamilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana; en consecuencia, estos crímenes seguirán siendo investigados de manera permanente y se procederá a judicializar a quienes resulten implicados.

1987 Antioquia. Magnicidios. Universidad de Antioquia. 22 profesores y estudiantes de la U. de A. fueron asesinados, la racha sangrienta se inició en julio 3 de 1987, pasados 30 años, nadie ha sido detenido, juzgado o condenado por este magnicidio.
1º - 3 de julio - Darío Garrido Ruiz. Profesor de la facultad de odontología de la Universidad de Antioquia UdeA.
2º - 4 de julio - Edison Castaño Ortega. Estudiante de la Facultad de Odontología de la UdeA, al otro día de haber sido asesinado un profesor de su misma facultad.
3º - 14 de julio - José Abad Sánchez. Estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UdeA, desaparecido, torturado y asesinado.
4º - 26 de julio - John Jairo Villa Peláez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UdeA, torturado y asesinado.
5º - 27 de julio - Yowaldin Cardeño Cardona.  Estudiante del Liceo de la UdeA.
6º - 27 de julio - José Ignacio Londoño. Estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UdeA, torturado y asesinado el 2 de Agosto.
7º - 3 de agosto - Carlos López Bedoya. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Antropología de la UdeA, asesinado 2 horas después de haber sido sepultado el estudiante José Ignacio Uribe Londoño.
8º - 5 de agosto- Gustavo Franco Marín. Estudiante de la Facultad de Ingeniería UdeA.
9º - agosto - Hernando Restrepo. Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
10º - 14 de agosto - Pedro Luis Valencia. Médico, Senador de la República por la UP, Profesor de la Facultad de Enfermería y Salud Pública de la UdeA. El comando paramilitar irrumpió en la casa del senador Valencia a bordo de un campero, atropelló la puerta del garaje de la residencia situada a unas seis cuadras de la IV Brigada del Ejército, y cuando el congresista se asomó a una de las ventanas para averiguar qué estaba sucediendo, fue atacado con ráfagas de ametralladora. A los 48 años de edad, luego de una exitosa carrera política en las filas de la izquierda, en los últimos tiempos de la Unión Patriótica, Valencia Giraldo pagó con su vida sus incontables denuncias. ‘don berna’ aseguró sobre el crimen del senador Valencia: “Carlos Castaño fue personalmente a ese operativo con miembros de la IV Brigada”
11º - 25 de agosto - Luis Felipe Vélez, Presidente de ADIDA.
12º - 25 de agosto - Leonardo Betancur Taborda. Profesor de la Facultad de Medicina y Miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, asesinado Asociación de Institutores de Antioquia -ADIDA- en donde estaban acompañando el traslado del féretro de Luis Felipe Vélez, Presidente de ADIDA quien había sido asesinado horas antes en esta misma sede.
13º - 25 de agosto - Héctor Abad Gómez. Profesor de la Facultad de Salud Pública de la UdeA y miembro del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, fue asesinado junto con Leonardo Betancur a la entrada de ADIDA.Seis disparos acabaron con la vida del médico Héctor Abad.
14º - 17 de octubre - Rodrigo Guzmán. Médico internista del Hospital San Vicente de Paúl, vicepresidente de la Asociación de Médicos Internos y Residentes Seccional Antioquia.
15º - 24 de octubre- Orlando Castañeda Sánchez. Estudiante de la Facultad de Medicina de la UdeA, detenido, desaparecido, torturado y asesinado.
16-20º - 24 de noviembre –Masacre 6 asesinatos: 1ª Orfelina Sánchez, de 28 años; 2ª María Concepción Bolívar, de 19 años, recién graduada de bachiller; 3ª el joven obrero Iriam Zuluaga, de 30 años; 4ª Luz Marina Ramírez, 21 años y estudiante de Química y Farmacia de la Nacional; 5ª Pedro Sandoval, de 18 años.
21º - 10 de diciembre - Francisco Gaviria. Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UdeA, desaparecido, torturado y asesinado.
22º - 16 de diciembre - Luis Felipe Vélez. –Noreña- Abogado, Profesor de la Facultad de Derecho de la UdeA, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y miembro del Partido Conservador.En la tercera semana de diciembre, después de ser secuestrado en Medellín, el cadáver de Vélez fue encontrado en un paraje de la carretera al mar. Con dos impactos de bala los asesinos acabaron con la vida de un intelectual que le entregó 19 años a la Universidad de Antioquia.
    Las confesiones de Don Berna, 25 años después. Por estos crímenes jamás hubo un detenido. A comienzos de febrero de 2012, el jefe narcoparamilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró que Carlos Castaño, fue el determinador de estos asesinatos. Don Berna indicó  que todos estos crímenes hicieron parte de una estrategia de los paramilitares para apoderarse de la capital antioqueña. Cuando la Fiscalía le preguntó qué miembros del ejército ayudaron a Castaño en su plan para apoderarse de la ciudad, Don Berna guardó silencio y dijo que por problemas de seguridad preferiría no mencionar a nadie. Al único al que se refirió fue al general Farouk Yanine Díaz, ya fallecido, que en vida fue señalado, además, como responsable de la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989. “Este general era clave en el apoyo a las autodefensas en asuntos logísticos, de relaciones con otros oficiales y con información”.

   1986-89 Periodistas Asesinados. Antes de Diego Vargas Escobar, en Medellín fueron asesinados los periodistas Alberto Lebrún Múnera 11·01·1986, el mismo Héctor Abad Gómez 25·08·1987, Nelson Gavini Alzate 11·11·1987, Jorge León Vallejo Rendón 15·06·1989, Juan Gabriel Caro Montoya 17·06·1989; Roberto Sarasty Obregón 10·10·1989, Martha Luz López 10·10·1989 y Miguel Arturo Soler Leal 10·10·1989.
Carlos Gónima

1998 Jesús María Valle Jaramillo. Asesinado en febrero 27 en su oficina, piso 4º Edificio Colón, en frente del Tribunal de Justicia, en el centro de Medellín. Máximo defensor de los derechos humanos en Antioquia, se desempeñaba como Presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Defensor de los presos políticos de Antioquia y Diputado en la Asamblea de Antioquia por el partido Conservador. Señalo a altos oficiales del Ejército y de la Gobernación de Antioquia, su connivencia con grupos de narcoparamilitares y autodefensas y como responsables de varias masacres en Ituango y El Aro.

- Otras Masacres en Antioquia:
1996. San Roque agosto;
1997. Vegachi febrero 29, Mutata mayo 29,  Segovia abril 22, Sabanalarga julio 12, El Retiro agosto 14, Dabeiba noviembre 24;
1998. Mutata enero 14, Urrao abril 28, Sabanalarga julio 12, San Carlos octubre 25, Remedios noviembre 5, Yolombo noviembre 18;
1999. San Carlos junio 17, Yolombo agosto 31, Heliconia octubre 10, Concepción diciembre 20;
2000. Yarumal enero 17, Urrao febrero 4, San Carlos abril 15;
2001. Peñol enero 5, Yolombo enero 4 y abril 16, San Carlos mayo 17, Peque julio 4, Remedios julio 7, Alejandría octubre 19.








FALTAN
Colfuturo
Epm une
Secretario de seguridad Medellín
Villegas moreno
Paraíso fiscal panamá Bancolombia
Bavaria mincultura
El metro y el TransMilenio de Bogotá,
Cruz Gobernado Cundinamarca
Gobernado condenarme Ardila periódico
Buscar Luque falto
Café fede juan Valdés
Bananeras
San Andrés pastrana mar territorial
Coquivacoa
Perú
Nicaragua
Fuero
Comisión
Exención tributaria
Lloreda
Cossío cárceles
Yopal acueducto
Choco carretera
Crispín

Comentarios

Entradas populares