Colombia: Escándalos, Corrupción y Pillos
Papa Francisco: «Quien roba al Estado y dona a la Iglesia es un hipócrita corrupto»
Simón Bolívar: “En este país está prohibido el comercio ilícito, y sus habitantes no
son más que contrabandistas, y los empleados del tesoro, bodegueros”. En
diciembre de 1826, Bolívar le escribió al general Urdaneta, refiriéndose a
Colombia.
Fernando González: “De la causa principal de la corrupción de la democracia en Colombia.
Que en Colombia no rija la ley de la proporcionalidad de las actividades es la
causa principal de la corrupción de su democracia”. Una Tesis. El derecho a no
obedecer. 1919.
Vargas Vilas. “La
corrupción es lo más vergonzoso del alma y del cuerpo” .. “He llegado a comprender, dice Vargas
Vila en ‘La semilla de la Ira’, que a estas repúblicas las matan no las
doctrinas conservadoras sino los intereses, la corrupción, la ambición y la
codicia que se ocultan tras la fachada de la tradición y las buenas costumbres.
La enfermedad que corrompe el cuerpo social no es la miseria, sino el miedo.
Cuando nadie se atreve a decir la verdad y todos huyen al chocar contra ella,
la sociedad se lanza por un precipicio. En Colombia solo tienen cabida el bufón
y el canto adulador de los juglares al servicio de los tiranos de turno. Si por
azar del destino lleva hacia aquellas geografías a un hombre capaz de desvelar
tanta ignominia, todos le vuelven la espalda; los periodistas, pagados por los
poderosos, impiden que su verbo candente llegue hasta la multitud. Sin embargo
no hay nadie que no declare vivir esperando una revolución...”. Ensayista, historiador, novelista, periodista y,
sobre todo, panfletario, el más temido de los panfletarios colombiano; nacido
en Bogotá, el 23 de junio de 1860, muerto en Barcelona, el 22 de mayo de 1933, dejando
a la posteridad cerca de 100 libros, entre novelas, crónicas de viajes, historia,
panfletos o ensayos, y a su hijo adoptivo, sus mansiones decimonónicas de
París, Málaga, Sorrento, Madrid o Barcelona, donde con el más preciso y
obstinado aislamiento, cumpliendo horarios de oficinista y vistiendo con
exotismo se dedicó a combatir los gobiernos de Núñez, Holguines, Caro,
Sanclemente, Marroquín, Reyes, Concha, Suárez, Ospina y Abadía Méndez de la
‘república conservadora’ de Colombia, y a déspotas sudamericanos como Estrada
Cabrera, de Guatemala; Porfirio Díaz, de México, o Cipriano Castro, en
Venezuela, con una obra que se sigue vendiendo, en el más absoluto pero
galopante silencio e incluye joyas de la prosa modernista como Ibis, Ante los
bárbaros, Los césares de la decadencia, Los divinos y los humanos o Rubén Darío.
Estanislao Zuleta: “Hay un
dilema ético que tiene que resolverse a favor del esfuerzo consagrado como la
mejor vía para triunfar en la vida”: “El elogio de la dificultad”. “Es mejor un país habitable que un país con grandes
privilegios pero inhabitable”, esta burguesía se caracteriza por una codicia
sin fin que se manifiesta no sólo en su incapacidad para sacrificar algo de sus
privilegios económicos en aras de las reformas sociales que el país requiere,
sino que, por el contrario, se ha aplicado, por ejemplo, a adelantar a punto de
terror ese par de contrarreformas agrarias que son la de los años 50 y la de
los años 90, que al precio de la muerte o el desplazamiento de centenares de
miles de campesinos ha concentrado todavía más la de por sí ya históricamente
concentrada propiedad territorial en Colombia o, un sistema financiero que bajo
condiciones draconianas de préstamo ha terminado por expoliar de sus casas a
miles y miles de familias, o la normalización que ha logrado para que los
salarios de obreros y campesinos sean tan miserables que el 60% de la población
vive en la pobreza absoluta y el 80% de los salarios sean del orden del mínimo
que establece la ley, o su reflejo natural a evadir impuestos, o –¡hasta ahí
puede llegar la codicia! – apoderarse de los magros recursos para seguridad
social que el Estado destina a los sectores desprotegidos, o su proclividad a
la corrupción para esquilmar los dineros del presupuesto nacional, los
colombianos tenemos el infortunio de haber contado a lo largo de nuestra
historia con una burguesía bien imbuida de esos atributos tan caros al mundo
burgués que son la astucia, la codicia y la impiedad.”
Turbay: "Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones". Se
inmortalizó negativamente con la frase.
Samper: “Hay que dejar investigar presuntos casos de corrupción”.
Uribe: “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la
corrupción y la Politiquería”. Referendo contra la Corrupción y la
Politiquería.
Colombia Escándalos,
Corrupción y Pillos. La historia de Colombia ha sido atormentada por robos al erario público, escándalos, violencia que quedan en la impunidad. La
institucionalidad se ha configurado para favorecer la corrupción. Esta
podredumbre en Colombia tiene las constantes siguientes:
1ª No más
Reformas, Acciones. Reformar la Ley.
Quienes proponen la Reforma‘estructural’ a la Reforma del año anterior, para
detener este flagelo, son los cómplices, encubridores y beneficiarios de los saqueos.
Con las leyes y entes estatales se tiene para prevenir, investigar,
judicializar, encarcelar a los responsables.
2ª Impunidad. Los fraudes a
las arcas Públicas quedan en total impunidad. A pesar de los anuncios: “… se iniciaran exhaustivas investigaciones
para aclarar los hechos, sin importar llegar hasta las últimas consecuencias.”
3ª Reformas
Tributaria. El dinero de
los hurtos tiene que salir de alguna parte, son los colombianos quienes
terminan pagando los chanchullos, con las anuales Reformas Tributarias,
mediante alzas de: IVA, 4 x mil, la gasolina, servicios públicos, agua, energía,
predial. Hay que Eliminar todas las Exencionesy gabelas Tributarias que exoneran
a los carteles comerciales, industriales, minerosde los grupos económicos y
transnacionales. Seguridad Inversionista.
4º Préstamos
Internacionales. En el peor
de los casos, condicionados a requisitos más onerosos para alcanzar la Pensión;
más gravámenes, desregularización, concesiones de recursos naturales y energía.
27.
La Deuda
externa alcanzó los USD $111.197.000 millones de dólares a finales de 2015.
Este saldo representa un 38,1% del PIB y 11,3 puntos porcentuales más que en
diciembre de 2014.
5ª Vender o
Liquidar las Empresas Estatales. Por desfalcos, robos, se liquidan o venden los
entes estatales, para luego el Estado, los vuelva a comprar, liquidar y vender,
es una ‘espiral sin fin’ que repite cada Presidente. Aducen que son las cargas
laborales, salarios, prestaciones, convenciones colectivas, Pensiones, lo que
conlleva a liquidar las empresas del estado. El gobierno nunca admite quela
corrupción, las prebendas, los altos salarios de los altos servidos públicos,
que son la clientela de los lagartos políticos, como los culpables, porque se
estaría incriminando.
Con el
fin de vender las empresas estatales de Alta Rentabilidad, el gobierno nombra
gerentes para cumplir 3 objetivos: 1º Desacreditar el ente estatal; 2º
Desfinanciarlo vía desfalcos, sobrecostos; Vender barato por ineficientes y corrupto,
dándole el crédito al sector privado de su pulcritud y eficiencia.
6ª Ineficientes,
Incapaces, Inútiles o Cómplices. Es suficiente para atajar la descomposición,
que cumplan con su misión y objetivos de supervisión y control representantes
de los colombianos: el Zar Anticorrupción, transparencia de la Presidencia, la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, superintendencias, la
defensoría, auditoría, contaduría, contraloría nacional, departamentales,
municipales, procuraduría, fiscalía, juzgados, tribunales, cortes, personerías,
unidades de control interno, unidades disciplinarias, que tienen cada ente público,
adicional los contadores, economistas, administradores, ingenieros, interventores,
abogados de planta o como calificados asesores, por contrato prestación
servicios.
7ª Robos que
no se ven, pero están a la vista. Peajes. El 4% de aporte para Salud que le roban
a los Pensionados, después de 25, 30 años de pagar un Seguro; La eliminación de
la mesada 13; Horas extras nocturnas; 4xMil; Tasas fijas en cuentas de
servicios públicos; Tasas de Interés en Tarjetas de crédito; Préstamos
bancarios; Tasas de Usura; Cuota fija de tarjeta débito y por uso en cada
servicio; Foto multas; Cobro a autos estacionamiento;
8ª Voces
aisladas. Las
denuncias por corrupción, generalmente, provienen de periodistas y nimiamente
de ‘Servidores Públicos’, a riesgo de perder la pauta publicitaria, el empleo o
la Vida.
9ª “Perseguidos
Políticos”. Los
imputados de los Robosy sus defensores, afirman que la investigación se debe a
“Persecución Políticadel gobierno de turno”. Con los millones robados, se van a
vivir al exterior y piden Asilo Político.
Indice
1º Los más Vergonzosos
2º El más Magno. Reficar
3º El Cartel de la Justicia
4º Bogotá ‘Carruseles de la Contratación’
5º 1990-1994 César Gaviria
Trujillo
6º 1994-1996 Ernesto Samper
Pizano
7º 1998-2002 Andrés Pastrana
Arango
8º 2002-2010 Álvaro Uribe Vélez
9º Seguridad Social
10º Nacionales
11º Regionales
12º Financieros
13º Carteles Industriales y
Comerciales
14º Contralores Condenados
15º Firmas auditoras investigadas
16º Para Olvidar
17º Las Guerras Civiles en
Colombia
1º Los más Escandalosos.
1968
Fadul y Peñaloza. Miguel
Fadul, Gerente del IFI y Enrique Peñalosa, Gerente del Incora, por el lío de comprar
las fincas de los ‘ricos, para la reforma agraria, como, unas tierras en Ayapel, Córdoba, finca Las Catas,
de propiedad de la familia Ospina Vásquez de Medellín.
1938 Handel.
López. Alfonso López
Michelsen, tumba un Presidente. Se aprovechó al vender las acciones de la empresa
Handel, la mayor accionista de Bavaria, que estaban congeladas por la
ocupación Nazi, y pertenecían a alemanes, judíos holandeses y europeos, obteniendo significativas ganancias, por lo que su padre,
Alfonso López Pumarejo, Presidente de Colombia, renunció a su condición de
mandatario.
1974-1978 Ventanilla Siniestra. López. Todo comenzó con
Alfonso LópezMichelsen.
La degradación de la sociedad y de las instituciones, públicas y privadas. Abrió ‘la ventanilla
siniestra’, un lavadero oficial de ‘dineros calientes’, y el fútbol colombiano
inició su segundo Dorado, como el primero de los mafiosos. Durante su gobierno implementó un plan para la compra de divisas,
se conoció como “ventanilla siniestra” del Banrepública, se hacían grandes
compras de dólares sin preguntar el origen. En esta oficina del Banco, los
exportadores y narcos cambiaban sus dólares, sacados de actividades ilícitas
sin mayor problema. La ventanilla siniestra, a través de su gran uso aumentaba
la masa monetaria circulante, lo que repercutía en graves dificultades económicas,
entre ellos grandes problemas inflacionarios.
Igual, se hicieron famosos el caso de la
finca La Libertad, Mamatoco, los viajes de su familia utilizando el avión
presidencial, lo cual dio origen a que el humorista Klim, se refería al Fonsi
Jet.
1982 Primera Reunión con
Narcos. López. López acompañado de Ernesto
Samper, en sucampaña de reelección
presidencial, se
reunió con los capos del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez
Gacha, clan Ochoa, Luis Ocampo, Lehder. Según
trascendió de sus declaraciones, los narcos apoyaron financieramente su segunda
campaña presidencial. López al ser interrogado por el
ingreso de “los dineros calientes” a su campaña, respondió que él “no usaba
termómetro para tomarle la temperatura al dinero” de los aportes electorales.
“Ponía a pensar al país”. Esta mentalidad facilitó el ascenso de las clases
emergentes y su asociación con sectores de las clases pudientes.
1984 Segunda Reunión con
Narcos. López. Luego del asesinato de Rodrigo Lara
Bonilla, López se reúne con el mismo grupo
de narcos: Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa,"El
Mexicano", Santiago Londoño White,
coordinador de su campaña en Antioquia, en el Hotel Marriot de Panamá, para
que oficiara de intermediario del ofrecimiento al gobierno, buscando una amnistía para los narcos, a cambio, de pagar la deuda externa del país, desactivar
su red de distribución de droga, denunciar los sitios de procesamiento de la
coca y repatriar sus capitales.
La tolerancia del gobierno de López,
continuó con Turbay Ayala 1978-82 y en general de la sociedad colombiana a
capos del narcotráfico, fue premiada y estimulada por la generosa irrigación de
beneficios a quienes negociaban con ellos desde la legalidad, como los
propietarios de mansiones y fincas que las vendieron a alto precio, corredores
de bolsa que amasaron fortunas con el lavado de dólares en la economía,
empresarios que recibieron inversiones con bajos costos de capital para
esconder ganancias ilegales.
1983 El robo de 13.5
millones de dólares al Ejercito. Roberto Soto Prieto se robó
esta suma de las cuentas especiales del ejército, en el Chase Manhattan
Bank de Londres. A pesar de que ocurrió en
mayo 11 de 1983, el robo de los 13.5 millones de dólares solo lo descubrieron en
octubre de 1994 cuando el general Miguel Vega Uribe solicitó información sobre
los réditos de la cuenta. Soto debió ser
condenado en ausencia, pues había pedido “Asilo Político” en Austria. Así burló
la Justicia, hasta que lo detuvieron en Alemania por narcotráfico y lo
condenaron a 9 años y medio de prisión. Soto se desempeñó como
secretario General del mindesarrollo y vicemindesarrollo en 1976, Jefe de
Comercio Exterior del minrelaciones y secretario asistente de asuntos
económicos de la Cancillería.
2º
El Robo más Grande.
2006Reficar. Refinería de Cartagena. Ecopetrol. Robo: $12 billones
de pesos, 4 mil millones de dólares. Génesis. Decreto 1760 de 2003, Conpes 3312 de 2004 y 3336 de 2005. Es
el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un
5% del presupuesto nacional en 2016, que terminaran de pagar los colombianos en
2046, según la Contraloría. Contexto. Desfalco y sobrecosto de la obra en el megaproyecto de la
ampliación de la refinería de Cartagena.
Consecuencias. La concentración de
actividades en contratistas comunes con Chicago Bridge and Iron CB&I y
Foster Wheeler. La partida de CB&I sin rendir cuentas ante la Contraloría. La
cantidad de sobrecostos en el proyecto, debido al incremento de los materiales,
la producción y la entrada en operación. La consolidación de una feria de
contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler
de andamios y contrataciones.
La Contraloría detectó sobrecostos
injustificados en la modernización de la refinería desde 2015;
La Procuraduría inicio investigaciones
disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su
responsabilidad en el detrimento
patrimonial;
¿Absueltos?
o ¿Impunes? La Fiscalía en diciembre de 2016, comunicó que quedaban
exentos de responsabilidad penal: Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry. En
investigación penal sobre el desfalco iniciada en enero del 2016, en pesquisas
a archivos de Reficar y de los contratistas de la obra, así como de la
investigación hecha por la Contraloría.
¿Culpables?
A finales de abril de 2017, el Fiscal, imputo cargos a 8 ejecutivos de Reficar:
2 expresidentes, 1 Vicepresidente Jurídico y su grupo legal, 1 Revisor Fiscal y
6 representantes de los contratistas Downstream Ecopetrol, y CB&I; por
interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación,
enriquecimiento ilícito, falsedad en documentos. Así mismo, se llamó a
indagatoria de 8 personas, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a
declaración jurada, buscando más responsables. Según el fiscal, el costo del
peculado está en el orden de $610 mil millones, cifra que difiere de la
presentada por la Contraloría.
¿Qué pasa con la junta directiva de
Ecopetrol, ministros de Minas?
Otras
responsabilidades en el manejo de Reficar. José Roberto Acosta. Fraude,
negligencia, dolo, engaño, incumplimiento de deberes fiduciarios y violación
del principio de buena fe son sólo algunas de las duras acusaciones que hace
Ecopetrol en su demanda de arbitramento contra la multinacional CB&I, a la
que contrató para ejecutar el Plan Maestro de Desarrollo de Reficar y que
significó sobrecostos por US$4.000 millones de dólares del bolsillo de los
colombianos.
2017 Llanopetrol. Refinería
del Meta.
Robo $18 mil millones. Se imputo
cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la
empresa estatal Llanopetrol. Se les acuso de apropiarse ilícitamente de más de
$18 mil millones durante el mandato del gobernador Alan Jara entre 2012 y 2015,
quien sería responsable de revivir el proyecto. La fiscalía dijo que los
detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de
captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A
pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la
gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.
3º Cartel de la Justicia. Jueces y Magistrados.
1991-1996.Foncolpuertos. Robo: $2,5 billones. Jueces y
magistrados decidieron unirse con empleados deFoncolpuertospara robar al Estado,
reconociendo millonarias pensiones de más de $25 millones mensualesa exempleados
de Puertos de Colombia. Se cree que en un lapso de 5 años se emitieron 55 sentencias
reconociendo pensiones ilegales. Fueron condenadas penalmente 825personas,
entreservidores públicos y particulares, por falsificar documentos públicos,
prevaricato, peculado por apropiación, concierto para delinquir, pero Luis
Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de la empresa del estado
"Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones,
Foncolpuertos, fue condenado a 13 años de prisión en el 2007, sin
embargo, es pensionado del gobierno, como viudo de la congresista asesinada
Martha Catalina Daniels. El caso fue discutido en el Congreso de Colombia, por
la senadora Ingrid Betancourt, acusando directamente a Samper y Gaviria.
1.997-2012 ¿Cero -0-CorrupciónJudicial?
2013 Carrusel de Pensiones.
Magistrados del Consejo de la Judicatura. Robo: $3.500
mil millones. Denunciado por María Mercedes López Mora, Magistrada
de la Judicatura,al encontrar que magistrados de esta corporación nombraron, a familiares
y personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran
acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de
llegar a la Judicatura. En manos de laComisión de Acusaciones de la Cámara,
cuestionada desde la absolución de Samper en el “Proceso 8.000", estaba la
misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido
este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso.
Pese a ello, la Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los
magistrados implicados por detrimento
patrimonial al Estado en más de $3.500mil millones, investigación fue
anulada por la Corte Suprema, al considerar que la Contraloría no tiene la
jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes, ni al fiscal
de estos magistrados, igual que al Presidente y Vicepresidente, es la Comisión
de Acusaciones de la Cámara y quien los destituye de sus cargos es el Congreso
para que luego sean investigados, ya sin investidura, los respectivos entes de
control.
2013 Caso Magistrado Villarraga.
Fallos a $400 millones en 2013. En
octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas. Hay una conversación entre
el magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga y el coronel Róbinson González
del Río, condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales, donde el
magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400
millones; del Río tenía 2 investigaciones en su contra, una por irregularidades
en contratación y otra por "falsos positivos" asesinato de civiles
haciéndolos pasar por guerrilleros. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo
con los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma
Garzón y para lograr, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que
el proceso en contra del militar por ‘falsos positivos’ quedara en manos de la
Justicia Penal Militar, donde todos los militares investigados son absueltos. Pero
mejor aún, la investigación quedó en manos de la Comisión de ‘Absoluciones’ de
la Cámara, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso,
provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el senado,
renuncia aceptada por el congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones
siguen vigentes.
Lo que va de Villarraga al
fuero penal militar. El
Magistrado del Consejo de la Judicatura Henry Villarraga tiene más
implicaciones, que su renuncia irrevocable a la magistratura, con su actuación
siguen quedando al descubierto la poca decencia de los altos funcionarios del
Estado, los alarmantes niveles de corrupción de la Administración de Justicia,
y lo que es peor, la impunidad que se busca para los militares responsables de
delitos comunes con el tristemente célebre fuero penal militar. Las dos cosas
nos hablan de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.
El servidor público de marras,
quien entre otras cosas, es de los pocos colombianos que tenían el honor de
hacer parte de los 76 magistrados de las altas cortes, y con ello, de los
privilegios que dicha dignidad representa: ganaba los mismos $24 milloncitos de
pesos de los honorables congresistas, de los 365 días al año, si quería, podía
trabajar sólo 169, tenía hasta 60 días de permisos remunerados (como el que
disfrutó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz Rueda,
bien utilizados en su crucero por el Caribe), también era merecedor de un
régimen tributario especial, además de poder burocrático. Como Magistrado de
alta corte participaba de la escogencia del Procurador General, el Contralor,
el Registrador, el Auditor, tres magistrados de la Corte Constitucional y dos
de la Corte Suprema de Justicia, como si fuera poco, no tenía pico y
placa. Adicionalmente, debe
hacerse énfasis en que el Consejo Superior de la Judicatura, la corporación
judicial que por conductas como la del señor Villarraga, quien ya había estado
relacionado con casos de corrupción, está manchada por el desprestigio
desde su creación con la Constitución de 1991, aún vigente, según el artículo
85 de la Ley 270 de 1996, es la encargada de administrar la rama judicial, como
tal, le corresponde decidir sobre contratación, nombramientos de magistrados y
funcionarios judiciales, aprobar inversiones, determinar la planta de personal
de la rama, administrar la carrera judicial, es decir, administra y decide
sobre los más de dos billones de presupuesto anuales, y claro, su sala
disciplinaria, de la que hacía parte el señor Villarraga, decide sobre el
conflicto de competencias entre jurisdicciones, como en el caso, la justicia
ordinaria sobre la penal militar o viceversa. ¿Y qué relación tiene este
episodio con los derechos humanos?
La semana pasada la Corte
Constitucional declaró inexequible por vicios en el procedimiento un proyecto
de ley que ampliaba el fuero penal militar, y entre otras gabelas, creaba un
“Tribunal Especial” para juzgar militares por la comisión de delitos, los
militares activos y retirados mostraron su inmediata indignación por lo que
dicen es un “fuerte golpe a la moral de la tropa”, un “triunfo de los enemigos
de las fuerzas militares y de policía”, es más, muchos se atrevieron a poner en
tela de juicio la decisión del a corte, el presidente Santos y su Ministro de
Defensa, rápidamente manifestaron el interés del gobierno por presentar otro
proyecto de ley que blinde la actuación de las FFMM.
Como siempre, con dicha posición
tratan de ubicar a los amigos y a los enemigos del ejército nacional, creo que
nadie en Colombia pone en duda la importancia de la fuerza pública y su
legitimidad, empero, a estas alturas, hablar de la comisión de delitos por
parte de sus miembros tampoco es herejía, menos, comprobar que el fuero penal
militar es un privilegio en desuso, que le estorba a la paz y a la justicia. En
los peores momentos del conflicto, el fuero penal permitió la impunidad de los
militares respecto a los masivos y reiterados abusos contra la población civil
y los derechos humanos; por ejemplo en las ejecuciones extrajudiciales, mal
conocidas como ‘falsos positivos’, vienen siendo procesados 47 coroneles, 66
mayores, 133 capitanes y otros 4.354 uniformados. Pero desde que se hizo
pública dicha “práctica contra insurgente”, la que a propósito, conocía muy
bien el presidente Santos, como ministro de defensa, se han dictado solo 639
condenas.
En este contexto no se debe
olvidar que los militares no son jueces, asumen con las armas del Estado la
defensa del establecimiento en el conflicto que persiste, por ello, hacen parte
de él. En la praxis democrática lo sensato es avanzar hacia
una justicia única, fuerte, imparcial, y civilista, para todos, sin distingo
alguno. El fuero Penal Militar es una medida para la guerra, los derechos
humanos, sin excepción, deben tener absoluta preeminencia sobre el cálculo
militar, por ello, la decisión de la Corte Constitucional resulta además de
constitucional, pertinente para la paz.
Ahora, no bastando con las
implicaciones éticas, políticas e institucionales que arroja el comportamiento
del doctor Villarraga, quien a pesar de ser beneficiario de los mejores tratos
dispuestos por el Estado para consentir a sus máximos representantes, presuntamente
venia teniendo por dinero, 400 millones de pesos, que no son nada, si se
compara con lo anteriormente descrito, se deben analizar las implicaciones para
los derechos humanos, de sus actuaciones irregulares y de favorecimiento
dirigidas a salvar de la jurisdicción penal ordinaria y mandar a la justicia
penal militar al Coronel Robinson González del Rio acusado de perpetuar
asesinato contra dos humildes campesinos y de otros “falsos positivos”, este
oficial es sobrino del pacificador de Urabá, General Rito Alejo del Rio
condenado a 25 años de prisión por su participación en crímenes de grupos
paramilitares.
De estas reflexiones surgen
varias preguntas: ¿por qué un oficial vinculado a estos delitos de lesa
humanidad ofrece hasta 400 millones de pesos a un alto funcionario para no ser
juzgado por la justicia ordinaria, a que le teme?, ¿qué le representa pasar a
conocimiento de la justicia penal militar?, ¿impunidad?, ¿a quién o a quienes
les conviene entonces revivir el tristemente célebre fuero penal militar, será
tan sólo a los militares? Y para terminar, ¿hasta cuándo funcionarios venales
decidirán sobre los derechos humanos de las víctimas del conflicto?, ¿cuáles
son las garantías reales que nos ofrece la administración de justicia en
Colombia?
2008 La Fiscalía. Guillermo León Valencia Cossío. Director seccional de fiscalías de Medellín fue condenado
a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado,
falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, y enriquecimiento
ilícito. La Corte concluyo que a través de su función como director de
Fiscalías influyó para que John Freddy Manco Torres, alias ‘el indio’ fuera
excluido del organigrama de la banda narcoparamilitar de Daniel Rendón Herrera,
alias ‘don Mario’, además, se comprobó que
recibió $150 millones y una cuatrimotor de manos de El Indio. El caso
comenzó en el año 2008, cuando salió a la luz pública la desaparición de alias
‘el indio’, un desmovilizado de las AUC y segundo de ‘don Mario’ de la lista de
cabecillas de la organización narcoparamilitar ‘los urabeños’. En la
investigación se encontró más de 120 grabaciones y 1.600 registros de otros
archivos que comprometían al servidor público con la banda narcoparamilitar,
grabaciones con Felipe Sierra, dueño de una firma de seguridad, Gustavo
Villegas, secretario de Seguridad en Medellín con ‘el indio’. En agosto 4 de
2008, se capturo a ‘el indio’ y a Camilo Torres Martínez alias ‘fritanga’ o
‘mentira’, quienes pertenecen a la banda de narcotraficantes que actúa en el
golfo caribeño de Urabá.
Juan Felipe Sierra Fernández, condenado a 5
años de prisión en septiembre de 2011 tras aceptar que tuvo nexos con el
narcoparamilitar ‘Don Mario’, fue excluido de la Lista Clinton, al igual que su
compañía Control Total Ltda.
Los líos de Sierra con el Departamento del
Tesoro comenzaron el 18 de marzo de 2010, cuando él y su empresa de seguridad
privada fueron incluidos en la Lista Clinton. De Control Total Ltda. Se sabe
que contrató más de $1.200 millones con el Estado entre 2004 y 2007 y prestó el
servicio de escolta a varios jefes narcoparamilitares mientras adelantaban el
proceso de negociación con el Gobierno Uribe.
Sin embargo, la sombra del
narcoparamilitarismo siempre lo ha perseguido, ya que ‘narcos’ como Juan Carlos
Sierra Ramírez, alias él tuso Sierra’, han señalado que tenía fuertes nexos con
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´don berna’.
2015 Sistema Judicial de
Barranquilla. Jueces y Fiscales. Fueron capturados 11 miembros de la rama judicial de Barranquilla, entre
jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, por concierto
para delinquir, prevaricato por acción agravada, falsedad ideológica en
documento público. La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas en los expedientes
de procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a
peligrosos delincuentes a cambio de dinero, conformando una auténtica
"empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.
2016.
Reelección Procurador Ordoñez. Magistrados Corte Suprema. El Consejo de Estado anulo la
reelección del procurador Ordoñez, con 14 votos a favor y 6 en contra. Argumentó
fallas en su postulación y elección al cargo: 1º En la Constitución no existe la
figura de reelección de procurador, quien ya había sido elegido para 2009-2013;
2º La votación para elegir Procurador no debió haber ocurrido pues una de
las integrantes de la terna, había renunciado a su postulación; 3º La
designación de Ordóñez como candidato de la Corte Suprema había sido irregular
pues los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina
Díaz, quienes participaron en su elección, habrían violado una inhabilidad
al tener familiares trabajando en el ente de control disciplinario.
¿Alguna sanción para estos Magistrados
Corruptos?
2014 ¿Fallos a $450 millones en 2014 en Altas
Cortes?
2015 Magistrado Pretelt.
Fidupetrol. Fallos a $500 millones en 2015. En febrero de 2015, el magistrado de la corte constitucional, Mauricio
González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes contra su colega magistrado y presidente de la
misma corte, Jorge Pretelt, quien habría pedido $500 millones, al abogado Víctor
Pacheco, para fallar una tutelaa favor de la firma Fidupetrol, que debía
resolver la Corte
Tanto Víctor
Pacheco, abogado de Fidupetrol, como Hélber Otero, gerente de la sociedad,
fueron condenados a 2 años de prisióny multa de 100 salarios mínimos. El juez
que recibió el soborno, el magistrado Jorge Pretelt, fue suspendido y enfrenta un
proceso en la Corte Suprema.
La acción de tutela de Fidupetrol, buscaba revertir
una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar
una suma de $22.500 mil millones, al departamento del Casanare, por manejos
irregulares del dinero departamental, por este hecho, fue condenado en 2013 el
gobernador de Casanare, Whitman Porras. Luego de meses de interrogatorios a los
involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra
el magistrado Pretelt y el senado en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo
de esta manera su investidura como magistrado. El magistrado Pretelt pasó a
juicio porcohechoen la corte suprema.Por estos hechos, también fueron acusados
por la Fiscalía el magistrado Rodrigo Escobar Gil, el presidente de Fidupetrol,
Abel Guillermo Caballero Lozanoy el máximo accionista de la fiducia, Hélbert
Otero; a los 3 se les imputó el cargo de tráfico de influencias. Pese a la
comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la
Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del
magistrado Pretelt, originario de Córdoba, con el presidente Uribe, rival
político de Santos.
2017 La Justicia del Meta.
Jueces y Fiscales. La Dijin, en Villavicencio capturóa
2 fiscales, 2 jueces, 1 exjuez, 1 médico de medicina legal, 1 asesor jurídico
de la cárcel de Villavicencio, 2 investigadores del CTI y 1 exfuncionario de la
Fiscalía; todos ellos, realizando maniobras dilatorias para entorpecer
investigaciones que, debieron llevar a la cárcel hacen tiempo a integrantes de
las Bacrim del Meta.
La Fiscalía realizó 24 capturas a miembros
de la rama judicial, entre ellos, 3magistrados del Tribunal del Meta, funcionarios
del Inpec, abogados y particulares; a todos ellos, por concierto para delinquir,
falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer,
prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos ‘servidores
públicos’ conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de
manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de
medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones
condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de homicidio,
concierto para delinquir y narcotráfico.
2017 Desfalco a Ecopetrol. Juez.
Robo $134 mil millones. El juez 4
laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, condenado por prevaricato por
acción en concurso homogéneo y sucesivo y enviado a prisión, luego de decidir
varios fallos de tutela contrarios a la ley como extrabajadores de Ecopetrol, que
buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. La Fiscalía calcula
pérdidas para la petrolera en $134 mil millones, además que en los procesos los
reclamantes no se encontraban en la jurisdicción del circuito del juez. Por
estos hechos, se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y tiene imputación
de cargos el magistrado Fernando Castañeda, que está prófugo.
2012 Tribunal de
Cundinamarca. A la cárcel
Misael Alejandro Bautista, secretario de Tribunal por corrupción, cohecho
y concusión. En segunda instancia, la juez 9 de Conocimiento de Bogotá,
ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario Bautista, investigado
por manipulación de procesos en el Tribunal. “La Fiscalía
demostró la participación del funcionario en
un hecho de corrupción contra el exalcalde de Cota,
Juan David Balcero, en el proceso por pérdida
de investidura en el año 2012, y que habría
recibido $200 millones de pesos por
sus gestiones”. Y “dio un plazo de 5
días al Secretario del Tribunal,
para que entregue su cargo, al decretar la suspensión de Bautista como
funcionario en esa corporación”.
2012 Iván Velásquez Magistrado. Velásquez, el “investigador estrella” de la
Corte, es una roca en el zapato de los mandatarios, congresistas corruptos,
partidos clientelistas y de sus propios colegas los magistrados, cuya conducta
está cerca de la de sus procesados. Ha soportado las mayores amenazas y
conspiraciones contra su vida, su buen nombre y su honra, fue relevado del
cargo de coordinador de los procesos del repugnante fenómeno de la
narcoparapolítica, por el magistrado Leonidas Bustos, presidente de la sala
penal de la corte suprema, en medio de un sospechoso sigilo y sin
comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino mediante
declaraciones soltadas al desgaire. La disculpa es baladí y ofende porque
supone que somos estúpidos: el puesto debe rotar entre varios auxiliares, dijo
Leonidas Bustos. La verdad es muy otra.
Se beneficia con la sustitución
de Velásquez, quien desentraño el modus operandi del “aparato organizado de
poder” que surgió de la alianza del gobierno, la política y el
narcoparamilitarismo:
1º Los congresistas que purgan
pena en La Picota:
1.1º Mario Uribe, primo del presidente, quien junto con su otro primo
Santiago Uribe, un extraditado y su abogado complotaron contra Velásquez
pagándole a alias Tasmania para que calumniara al magistrado. Hasta el jefe de
Estado participó en esta patraña.
1.2º Óscar Suárez Mira le ofreció a alias Bam-Bam $100 millones para que
se retractara de su testimonio contra él y enlodara a Velásquez.
1.3º Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño. Su abogado Ramón Ballesteros fue
grabado mientras trataba de convencer a alias Diego Rivera de declarar en
contra del investigador por 100 mil dólares.
1.4º Luis Humberto Gómez Gallo y su paisano Javier Ramiro Devia. El
testigo Hernando Díaz aseguró que intentaron sobornarlo para desprestigiar a
Velásquez y a la Corte.
2º Los 30 congresistas
investigados por nexos con el narcoparamilitarismo.
3º El presidente y los
funcionarios de su gobierno envueltos en el operativo de seguimientos,
interceptaciones, montajes, ‘chuzadas’.
4º La mayoría de integrantes
de la Corte Suprema. Clientelizados, burocratizados, lagartizados y
subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al
Parlamento, con el que se concertaron para privilegiarse, no pueden tener a un
testigo de sus complicidades. Leonidas Bustos, a quien no le ajusta la toga, ha
armado una oscura trinca y está triunfando.
2017 Magistrado de la Corte
Suprema. Fiscalía. En junio 27 de 2017 fue
capturado el CTI de la fiscalía, en su propia oficina y frente a sus empleados,
el que fuera hasta ese día el Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente
acusador; LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, acusado, junto al abogado Leonardo
Pinilla, de pedirle dinero al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio
de desviar indagaciones que cursan en su contra por malversación de recursos
que superan los $10 mil millones, de lo cual sería investigado por concierto
para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por
apropiación, concusión, revelación
de secretos oficiales, de recibir sobornos para beneficiar al "Cártel de
la Hemofilia" con el fin de que evitarán la cárcel y cumplieran su condena
en casa, hoy en día permanecen en el pabellón de La Picota de Bogotá esperando
ser extraditados a USA. La condena que Moreno podría enfrentar es de 8 a 15
años con rebajas de 6 años excarcelables.
Lyons, quien pasó a ser cooperante del
departamento de justicia de USA, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción
Moreno quien apenas llevaba 1 mes en el cargo se le habían acercado para
pedirle $100 millones a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de
testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una
trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons 10.000 dólares con billetes
marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La
Fiscalía, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para
entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del
Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia. El
Departamento de Justicia de USA descubrió que Pinilla y Moreno, este último
aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no
pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400
millones y una “adición” de 30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de
USA. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar
a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la
intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradicción
a Colombia. Luego de este suceso, la Fiscalía capturo más de 50 de sus
funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser
solicitados en extradicción por USA.
Moreno, luego de confesar su delito,
atestiguo en la Fiscalía contra magistrados de la corte: José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte Gómez, a los cuales USA les canceló la visa, manifestando que estos
absolvieron a los congresistas Luis Alfredo Ramos,Hernán Andrade, Musa Besayle
de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla,
fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; la investigación
contra los magistrados está en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
El congresista Besayle admitió ante la Corte
Suprema que pagó $2mil millones al fiscal Moreno y al magistrado Bustos para
beneficiarle en un proceso en su contra por NarcoParaPolítica, de una cantidad
inicial de $6 mil millones solicitada por estos.
Barú.
Los tentáculos del cuestionado Magistrado Francisco Ricaurte, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se
quedaron allí, también llegaron a la Corte Constitucional, en la cual movía sus
influencias y presionaba fallos. Ricaurte litiga en la Corte Constitucional, en
forma oculta, en casos importantes, como el de los herederos de las tierras de
Barú, en el departamento de Bolívar. El citado ex magistrado apoya a los
miembros del Clan Ochoa, reconocidos narcotraficantes de Medellín, que se
quieren quedar con las tierras en Barú, que por ley le pertenecen a unos
humildes moradores de la zona. El abogado Luis Alfonso Barrios, quien forma
parte de la familia de herederos de las tierras de Barú, reveló que tuvo que
ceder el poder a otros juristas para que lo representaran en este espinoso
caso, porque ha sufrido varios ataques judiciales por denunciar algunos hechos.
Barrios manifestó, que uno de los obstáculos que enfrentan los propietarios
originales de esos predios costeros de inmensa belleza, recursos ecológicos y
atractivos turísticos, es que ellos han escuchado a la esposa de Fabio Ochoa
Vásquez decirles en repetidas ocasiones que nada pueden en su contra, porque la
justicia está del lado de ella. “Ella inclusive me lo manifestó a mí, que ellos
tenían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un
magistrado, Francisco Ricaurte y las decisiones evidencian que sí se ha
manipulado”, afirmó el abogado Luis Alfonso Barrios.
2010 Fiscalía. Directora de Fiscalías ejercía sin
ser abogada. La directora nacional de
Fiscalías de La Guajira Claudia Elena Lozano Doria, quien en el 2010 resultó
enredada en una investigación contra una red de funcionarios que al parecer
devolvía cargamentos de droga a narcotraficantes, fue llevada ante la justicia
por la falsificación de los documentos con lo que logró ser nombrada en
importantes cargos. La exfuncionaria fue llevada a imputación de cargos ante
magistrados del Tribunal Superior de Bogotá por la supuesta falsificación de sus
certificados de notas, su título de abogada y su tarjeta profesional. La fiscal
Lozano Doria, según una testigo, habría recibido 350 millones de pesos por
devolver un cargamento de droga a narcos de La Guajira.
Concejo Superior de la Judicatura.
Nómina paralela en Barranquilla. Capturan 11 personas. Un funcionario de la Rama Judicial
pagó más de $100 millones a personas que nunca trabajaron para la
Judicatura. Reclamaron más de $80
millones de pesos de sueldos a funcionarios que no existían.
Juez de control de
garantías en Medellín. Concedió la detención domiciliaria a 12 personas
vinculadas con una operación de lavado de activos en transacciones de oro, que
alcanza la escalofriante cifra de $2 billones de pesos.
Congreso. Yahir Acuña. Congresista. Revocan fallo que ordenaba
devolverle $487 millones al congresista Acuña. La Fiscalía adelanta una
investigación contra el congresista para establecer el origen del dinero
incautado en octubre de 2015.
Congreso. Alexander García. Congresista, capturado con $600 millones, en
operación de lavado de activos de bandas criminales.
Congreso. Historia del carro
millonario. El presidente del Senado
explicó que el vehículo en el que movilizaban los $613 millones había sido
subastado en 2014. Era manejado por el hijo de la directora financiera del
Congreso. Dinero de bandas criminales.
Hijo de directora financiera del Senado ofreció $ 100 millones para que lo
dejaran libre.
El
escandaloso expediente de los carros del Senado. Firma Nave Ltda. No da razón de 11 blindados de
los 166 que el Senado dice haberle entregado.
2011-2015 Congreso. Primas técnicas irregulares. Robo $3.486 millones. Entre el 2011 y el 2015, el
Congreso repartió más de $3.486 millones en primas técnicas para funcionarios
de las direcciones administrativas del Senado y de la Cámara de Representantes
que no cumplían con los requisitos para lograr esos beneficios. Así lo denunció
una auditoría de la Contraloría, que detectó que en ese periodo el detrimento
por primas irregulares en el Senado fue de $2.255 millones, y en la Cámara, de
$1.213 millones. La Contraloría, que ya inició varios procesos de
responsabilidad fiscal contra los funcionarios que autorizaron esas dádivas,
asegura que en muchos de esos giros no existía ningún acto administrativo o resolución
que justificara su reconocimiento. Es el caso de un secretario de comisión al
que se le giraron más de 82 millones de pesos sin control.
Policía. Capturado jefe de la Sijín de la Policía
Metropolitana de Santa Marta por pérdida de 264 armas. En la investigación hay
otros 5 policías y un civil implicados, quienes también fueron detenidos. Según
la Fiscalía trabajaban para el grupo armado ‘Los Pachencas’.
Concejo Nacional Electoral. Me acabo de enterar.
4º
Bogotá ‘Carruseles de la
Contratación’
El
metro de Bogotá.
Costo Estudios.
1990-1992 Alcalde de Bogotá. Juan Martin
Caicedo Ferrer y
Marcela Airó de Jaramillo secretaria de Hacienda, fueron condenados por robo al
tesoro público de Bogotá. Caicedo Ferrer haciendo
mal uso de los mal llamados auxilios en su época repartió presupuestos de
manera irregular a entidades privadas, concejales y contratistas. La lista de
concejales implicados en este carrusel de auxilios y obras a medias incluyó en
su momento a un arsenal de vigentes y reconocidos políticos dados al arte del
CVY, el MTC y la compra-venta de conciencias y votos entre los que se incluían
a los todavía activos en política y que hacen parte de las moralistas huestes
conservadoras Telésforo Pedraza y Omar Mejía Báez y a los retirados Ricaurte Lozada,
Marta Luna, Dimas Rincón, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca, Guillermo
Morales, Bernardo Ordóñez, Rafael Forero Fetecua urbanizador pirata,
especializado en la venta de lotes baldíos con escrituras falsas a
familias de escasos recursos.
2000 Losas Transmilenio.
Robo. Andrés Camargo Ardila, director del IDU yMaría Elvira Bolaño asesora
del IDU, de la primera alcaldía de Peñalosa, condenados a 85 meses de prisión, por peculado
culposo y celebración
indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos
legales, por las irregularidades que se
presentaron en la contratación y el mal
funcionamiento de las construcción de la troncal y losas del Transmilenio Fase II en la
Autopista Norte con la firma Conciviles. Se condenó al constructor
Alberto Otoya y al interventor Álvaro Silva Fajardo por peculado culposo a 10
meses, sin derecho a excarcelación. Actualmente las baldosas de la fase II de
Transmilenio Caracas, Autopista norte, Calle 80, Suba, Eje ambiental y
Américas, son algunas de las más destruidas de las 3 fases que se encuentran en
funcionamiento. Siendo el sector más afectado la Avenida Caracas que atraviesa
la ciudad de norte a sur.
2004 Vía Bogotá-Girardot. Grupo Nule. Robo:
$170.800 mil millones. Afectada: Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Génesis. El Inco les da la
concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, uno de los proyectos viales más
relevantes del país. 2 años más tarde comienzan a sonar, las primeras
acusaciones por evasión de impuestos y por irregularidades en la ejecución del
contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y
mantenimiento del proyecto vial Bosa – Granada-Girardot, suscrito entre el Inco
y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot. Afectación social. Que
la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su
ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los
retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro
los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía
impuestos. Vinculados: -Manuel Francisco Nule Velilla -Miguel Eduardo Nule Velilla
-Guido Eduardo Nule Mariño -Luis Carlos Ordosgoitia-Álvaro José Soto
García-Alfredo Pérez Santos-Julio César Arango Garcés-Álvaro Escalante
Rodríguez-Juan Manuel Martínez Paz-Miguel David Bonilla España-Jaime Fernando
Ortiz Díaz-Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.-MVN S.A. en
liquidación judicial-Vergel y Castellanos S.A.-Álvarez y Collins
S.A.-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS-Enrique Dávila Lozano EDL
SAS-Consultoría Colombiana S.A.-B & C S.A.
2007 Transmilenio Calle 26. Grupo Nule. Robo: $156mil millones. Afectada: Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Pese a los de
sobornos, el emporio Nule, ganó el contrato de la calle 26 que giraba en torno
a los $315 mil millones. Este caso provocó que se revelara que no cumplirían
con las fechas de entrega, además, los hermanos habían obtenido un préstamo por
parte de la DNE, dirección nacional de Estupefaciente, para la vía Bogotá-Fusa.
Dadas todas sus irregularidades e incumplimientos se les declararon en el 2010
a cinco de sus empresas en banca rota y en el 2011 se les convocó a una
audiencia por 5 delitos. Recientemente los implicados en este caso han sido
llamados para declarar por el caso Odebrecht. Génesis. Irregularidades en la
celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre,
entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e
Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A.,
Bitácora Soluciones Ltda., Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al
grupo de 4 obras licitadas por el IDU mediante licitación pública. Contexto. Los hermanos Nule, contratistas,
la Odebrecht colombiana,reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados,
llevar a cabo el manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot, y
sobre todo Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada
de $156 mil millones. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran
cantidad de negocios que tenían se daba a partir del denominado Carrusel de la contratación, donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las
comisiones ante el Distrito, donde se realizaba la entrega de un 8% de comisión
para altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Consecuencias. El
retraso de las obras de Transmilenio por la calle 26 afectando tanto a
los ciudadanos como a los contratistas que estuvieron involucrados para tomar
el proyecto. Las fallas del Estado en la contratación pública, en la revisión
del manejo de contratos en la parte de concesiones viales. La afectación de la
movilidad durante el tramo de 3 años en Bogotá. La pérdida de credibilidad y
prestigio en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá. Afectación social. Los
bogotanos son las víctimas. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del
patrimonio público fueron vulnerados. En los actos de corrupción derivados de
la contratación en la capital, especialmente provenientes de la construcción de
la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26. La afectada es la ciudadanía
bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la
administración y en el sistema jurídico. Vinculados. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso.
-Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño -Luis
Eduardo Garzón -Liliana Pardo Gaona -Néstor Eugenio Ramírez Cardona -Inocencio
Meléndez Julio -María Clemencia Cantini Ardila -Luis Eduardo Montenegro
Quintero -Carmen Elena Lopera Fiesco -Luis Esteban Prada Bretton -Aldemar
Cortés Salinas -María Natalia Laurens Acevedo -Carmen del Rosario Silgado
Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya -Giovanny Adolfo Arenas Beltrán -Miguel
Ángel Morales Russi, el contralor distrital-Germán Olano, congresista,
condenado. Samuel Moreno, Alcalde, condenado a 24 años -Iván Moreno
Rojas, congresista, condenado a 14 años de cárcel.
2010 Bogotá. Carrusel de la Contratación.
Robo $2 billones. Enero de 2010. Se
evidenció con los retrasos en las obras de la 3ª Fase de Transmilenio por la
Calle 26, debido a que más de $80 mil millones de pesos fueron a parar a otros
intereses del Grupo Nule, quienes eran accionistas mayoritarios de la Unión
Temporal Transvial, encargada de adelantar estas obras, que finalmente fueron
cedidas a Conalvías.
Junio 25 de 2010. Fue revelada la ‘prueba
reina’ de este escándalo. Una grabación entre el Miguel Nule y el congresista
Germán Olano Becerra, del partido liberal, la Procuraduría lo destituyó e
inhabilitó por 12 años y condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento
ilícito y tráfico de influencias, además influencio, para que los Nule se
hicieran cargo de la reparación de la malla vial de la 3ª fase de Transmilenio
y la valorización, conversación, en la que se pacta una comisión para el
contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, con el fin de que ignorar las
irregularidades en la adjudicación ilegal del contrato de la Calle 26.
La justicia ha probado, hasta ahora, graves
irregularidades y multimillonarias ‘mordidas’ en 3 contratos: 2 de
mantenimiento de la malla vial, que se adjudicaron por cerca de $200 mil
millones, y 1 para la construcción de un tramo de TransMilenio, por más de $400
mil millones. Según las pruebas, a Morales Russi, le dieron $3.500 millones. Un
informe de la Fiscalía, calcula que el detrimento patrimonial habría alcanzado
los $2 billones.
Por este escándalo, fueron imputados 17
Concejales de Bogotá. Hay 2 presos:
José Juan Rodríguez del
Partido Verde en La Picota
Hipólito Moreno del
Partido de la U que recibió temporalmente casa por cárcel.
Otros dos concejales están negociando con la
justicia su colaboración, es decir, confesando y reconociendo que hicieron
parte de la estructura criminal que desfalcó a la ciudad.
Qué pasa con estas curules. Nada, serán
reemplazados por otros de su partido, como si nada hubiera pasado.
2016 ‘Carrusel de Contratos’. Andrés Jaramillo
López. Presidente de Conalvías. Robo $190 mil millones. Tiene 3 cargos. Habría pagado para quedarse
con contrato de los Nule, más de $190 mil millones. La fiscalía imputó cargos
por su participación en el ‘carrusel de la contratación’, que habría implicado
pagos indebidos que implicaron un sobrecosto de $197.000 millones.
2011 Recolección de basuras en Bogotá.
Robo:
$348mil millones. Afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. Génesis. El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que
debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza
de Bogotá. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones
pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión.
La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa,
cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y
autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de
Información Integrado del Servicio de Aseo SIISA. Afectación
social. Los bogotanos son los afectados, pues los recursos
con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que
ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron
a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad. Vinculados. -Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano-César Augusto Villamil
Gómez-José Róbinson Gómez Trejos-Fabiola Ramos Bermúdez-Victoria Eugenia
Virviescas Calvete-Tanny Liliana García Lizarazo-Gerardo Enrique Cuenca
Melo-Miriam Margoth Martínez Díaz-Juan Carlos Junca Salas-Fiduciaria
Bancolombia.
2016 En La Contraloría de
Bogotá. La fiscalía ordenó la captura de
3 funcionarios de la Contraloría de Bogotá, debido a unas grabaciones, donde se
expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones a un
interventor de obras, para archivarle una investigación por irregularidades
encontradas en auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía
descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias
localidades de la capital, en cabeza de estos funcionarios.
2017 Carrusel de las Alcaldías
en Bogotá. Irregularidades por
contratación "a dedo" a fundaciones "de papel" y de
"objeto social amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de
Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos
regulares de licitación establecidos por la ley.La Fiscalía ordenó la captura
de alcaldesas de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba,
Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los
Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó celebración indebida de
contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la
Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300 mil
millones a razón de $15.000 millones por localidad, se busca determinar cuánto
dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos
"a dedo".
2017 Caso Judy Pinzón. Robo $4.300 millones.
El 17 de mayo, la Secretaría de
Gobierno de Bogotá pidió a la Personería Distrital realizar indagaciones
correspondientes por irregularidades en la contratación con 5 alcaldías locales
de Bogotá por parte de la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo
y Comunitario Fundesco, dirigida por la concejala Judy Pinzón. Fundesco logró
contratos superiores a los $4.300 mil millones; en un documento Fundesco contrato
con las alcaldías para instalar equipos de cómputo, campañas de prevención
contra la violencia, la celebración del bicentenario de una localidad.
En 2004 Judy Pinzón, Directora de Fundesco fue
condenada, junto a 2 concejales, a 6 años de prisión, además de 20 años de
inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100
millones para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas
ambulantes.
2009 Gobernador de Cundinamarca. Álvaro Cruz Vargas. Condenado a 6 años de
prisión y multa de $145 millones por delitos contra la administración pública,
interés indebido en la celebración de contratos, en concurso heterogéneo
con cohecho por dar u ofrecer. Además, Cruz
Vargas entrego $2 mil millones al procurador Jovel Muñoz, con el fin
de retardar el proceso penal en su contra. También, intentó sobornar al
Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, para que su proceso fuera archivado,
congelado o prescrito. Cruz su esposa, Zoraida Rozo, ocultaron
pruebas en el proceso tras las investigaciones adelantadas por el carrusel
de contratos de Bogotá. Cruz se desempeñó como concejal de Bogotá, diputado,
secretario de Hacienda y de Obras Publicas de Cundinamarca y 2 veces Gobernador
de este departamento.
Al menos 10 facturas
encontradas en los allanamientos realizados en las oficinas de la empresa ICM
Ingenieros en Bogotá enredan a Cruz, contra quien se imputarán cargos por el
escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. La Fiscalía señala que
esas facturas soportaron operaciones ‘de papel’ que permitieron sacar de la
empresa $900 millones
que fueron a parar en los bolsillos de los concejales Hipólito Moreno, condenado a 6 años de cárcel, Orlando Parada y Andrés Camacho, todos condenados por la corrupción en ‘carrusel de los
contratos’ en Bogotá. La plata salió del anticipo del contrato 193 del 2009,
que por valor de $24 mil millones fue adjudicado a unión temporal en la que ICM
Ingenieros fue parte clave. “Esos pagos no tenían justificación ni soporte y
solo tenían un objetivo: pagar los sobornos a los concejales que presionaron la
adjudicación del contrato”, señalo la fiscalía. Cruz ha señalado que solo era
un asesor de la empresa, pero “hay evidencias de que él la controlaba y era
quien tomaba las decisiones”. La fiscalía, dijo que Cruz tendrá que responder por interés indebido en la
celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza, por los que podría pagar más de 12 años de cárcel.
El concejal Hipólito Moreno, reconoció que recibió el pago del soborno en efectivo para
que el contrato fuera entregado a la empresa vinculada a Cruz Vargas. Igual, el
testimonio del cuestionado contratista Julio Gómez, quien dio cuenta de
supuestas reuniones de Cruz con Emilio Tapia, otro condenado por el ‘carrusel’,
en las que se habrían hecho acuerdos para la adjudicación de contratos. Tapia
también testificó contra Cruz. La Fiscalía destapará durante la audiencia de
imputación el testimonio del abogado Manuel Sánchez, que negoció con la
Fiscalía y recibió un principio de oportunidad, y quien dijo a los
investigadores que Cruz hizo parte de “una organización criminal” que se
conformó para obtener millonarios contratos de obra en Bogotá.
2008-2014 Odebrecht. Cantidad hasta el momento: 11,5 millones de dólares. En 2015 en Brasil se captura a
Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. Mediante sobornos,
esta multinacional brasileña obtenía jugosos contratos para la construcción de
grandes obras.
Las campañas
presidenciales del 2014 de Santos y de su rival Óscar Iván Zuluaga, recibieron 1
millón de dólares y 1,6 millones de dólares, respectivamente, según la
Fiscalía, que aseguró en una carta al Consejo Electoral que tiene elementos y
documentos que le permiten concluir "certeramente" que Odebrecht
asumió costos en las campañas de ambos, Santos y Zuluaga.
En Colombia hay 4 capturas
por los sobornos de Odebrecht por celebración indebida de contratos,
enriquecimiento ilícito, cohecho: -Rodrigo Aldana, Fiscal-Alberto Cardona, ingeniero
y contratista -Otto Bula, congresista -Gabriel García Morales, vicetransporte.
1º Gabriel García
Morales, vicetransporte. La Fiscalía comprobó
que García Morales exigió la suma de 6.5 millones de dólares a Odebrecht para
garantizar que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo 2,
excluyendo a otros competidores.
2º Otto Nicolás Bula, congresista. La segunda captura, en enero del congresista Otto
Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, lo contrato Odebrecht Colombia
en agosto 5 de 2013, con el fin de que obtuviera el contrato para hacer la vía
Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht
es parte, con Corficolombiana. Para lograr que Odebrecht obtuviera este
contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de
4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación
como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un
convenio que se logró en marzo 14 de 2014. La Fiscalía imputó cargos al congresista
Bula por cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito. El proceso aún
continua en etapa de investigación, en búsqueda de más implicados y capturas.
3º Rodrigo Aldana, Fiscal. En mayo de 2017, se le imputaron nuevos cargos a Bula por cohecho y
asociación para cometer delitos contra la administración pública, al entregar
un apartamento en el norte de Bogotá al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana a
quien en abril le imputaron cargos por cohecho propio, prevaricato por omisión,
concertación para cometer delitos contra la administración pública, para que
emitiera una resolución de extinción de dominio a 3 haciendas en el
departamento de Córdoba.
4º Alberto Cardona, ingeniero y
contratista.
5º Federico Gaviria, señalado de ser el enlace entre
Odebrecht y las obras de infraestructura, se declaró culpable el 21 de julio
pasado de los delitos de cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos,
enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
6º José Elías Melo, presidente de
Corficolombiana, la Fiscalía le imputo cargos por cohecho
por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos, investigado por la feria
de sobornos que pagó Odebrecht en Colombia. Episol, filial de Corficolombiana
para la época en que Melo la presidía, se volvió socia de Odebrecht en el
concesionario Ruta del Sol 2 con el 33% de la unión temporal. Otto Bula le ha
dicho a la Fiscalía que era imposible que la gente de Episol y Corficolombiana
no supieran del pago de los sobornos, pues ellos, asegura Bula, estaban al
tanto de todo el dinero que se desembolsaba para el proyecto.
Bula es
otro testigo clave de la Fiscalía. Declaró que fue contratado por Odebrecht
para “pedalear” que en el Congreso y el Gobierno se aprobara un nuevo contrato
para la Ruta del Sol 2 de manera directa, es decir, sin licitación. Se trataba
de la adición Ocaña-Gamarra, por la cual se invirtieron unos $1,2 billones.
Según Bula, Odebrecht autorizó a que se pagara el 2% del valor de ese
contrato para el senador Bernardo Elías “y los amigos de las comisiones de
presupuesto que él maneja”; 0,5 % para Bula; 0,5 % para Federico Gaviria, y 1 %
para otros políticos que, al parecer, serían Plinio Olano y Miguel Peñaloza.
Bula ha señalado que a través Elías se logró llegar a Luis Fernando Andrade,
presidente de la ANI, para estructurar la adición, y que en las reuniones con
Andrade también estaba Juan Sebastián Correa, enlace de la ANI con el Congreso.
Dijo que parte del soborno se pagó a través de un contrato con el consorcio
Sion, que manejaban dos amigos del senador Elías (Mauricio Vergara y Gabriel
Dumar). Otra parte del soborno se habría manejado por medio de un contrato con
Profesionales de Bolsa, aunque su representante legal, Gustavo Torres, rechazó
los cargos en su contra. Se supone que, en total, el soborno por la adición
Ocaña-Gamarra fue de US$4,6 millones.
7º Miguel
Peñaloza,
8º Luis
Fernando Andrade, presidente de la ANI, para estructurar la adición, y que en
las reuniones con Andrade también estaba Juan Sebastián Correa, enlace de la
ANI con el Congreso.
9º Gustavo
Torres, parte del soborno se habría manejado por medio de un contrato con
Profesionales de Bolsa, aunque su representante legal,
10º Gabriel
Dumar representante del Consorcio Sion, al parecer, tenía
conocimiento de la entrega de sobornos que realizó la multinacional brasileña. La Fiscalía dice que el empresario es responsable por los delitos de
lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
11º Mauricio
Alberto Vergara socio de Dumar, la Fiscalía le tiene pendiente una imputación
de cargos por estos mismos hechos. Vergara figura como representante
legal en cuatro contratos con el Estado firmados entre 2012 y 2014, que suman
casi $9.000 millones, y que comprueban sus fuertes vínculos
como contratista de Córdoba, fortaleza electoral de Elías, de Besaile y hasta
de Otto Bula, quien es natural de Sahagún, donde Vergara tiene su oficina.
12º Roberto
Prieto La Fiscalía abrió una
investigación preliminar al gerente de la campaña presidencial, Roberto Prieto,
en la que se ha enfocado en probar si cometió el delio de fraude procesal o no.
En abril pasado trascendió la noticia de que el ente investigador estaba listo
para pedir una audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, no ha sucedido.
Prieto ya aceptó el pago de USD$400.000 por parte de Odebrecht a la campaña
presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 para la impresión de unos afiches.
Por este caso, también es investigado el empresario Andrés Giraldo, amigo de
Prieto y a quien Bula lo acusa de haber recibido USD$1 millón para que se lo
entregara a Prieto.
El exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos
también está en el ojo del huracán por cuenta de 66 contratos que su empresa
Marketmedios firmó entre 2011 y 2016 con 31 entidades del Estado. La
Procuraduría ya puso la lupa sobre estos contratos que suman más de
$84.000 millones y, además, trasladó el expediente a la Fiscalía para
determinar si existía alguna responsabilidad. Hasta ahora, Prieto es la primera
persona del círculo cercano al presidente Santos en ser vinculada formalmente
al caso de los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia.
Los hermanos Eduardo
y Enrique Ghisays
13º Los hermanos Ghisays Manzur,
dice la Fiscalía, se prestaron para crear en Panamá una sociedad a través de la
cual “lavar” el soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le pagó a Gabriel
García Morales: Lurion Trading. La sociedad se creó en enero de 2010 y los
únicos accionistas eran los hermanos Ghisays. Elos son señalados por la
Fiscalía de haberse prestado para legalizar en Colombia los sobornos pagados a
García Morales, con el propósito de salir de la bancarrota: así lo afirmó la
Fiscalía, que al revisar las declaraciones de renta y las finanzas de Eduardo y
Enrique Ghisays encontró que en 2010 sus números pasaron de estar en rojo a
tener un incremento notorio en su patrimonio de US$750.000. Era un giro de la
sociedad Valores Bancolombia y, luego se vino a conocer, era la tajada que les
correspondía del “favor” que le hicieron a García Morales. La Fiscalía les
abrió una investigación por delitos de lavado de activos y enriquecimiento
ilícito de particulares y el 7 de marzo de este año, Enrique Ghisays aceptó los
cargos. La Fiscalía confirmó que habrá audiencia de acusación contra Eduardo
Ghisays el próximo 24 de agosto.
14º Álvarez y Parody,
a interrogatorio
La
Fiscalía anunció que este viernes, 18 de agosto, escuchará en interrogatorio a
la exministra de Educación, Gina Parody, y la exministra de Transporte,
Cecilia Álvarez. El ente investigador tiene en su radar a estas dos exministras
por su relación con la adición del tramo Ocaña-Gamarra, la cual se aprobó
en 2014 y se sustentó con el Conpes 3817 de octubre de ese año. De acuerdo con
otra de las líneas de investigación de la Fiscalía, para que Odebrecht se
quedara con esa adición, la empresa brasileña pagó sobornos a varios
funcionarios públicos. El Conpes fue firmado por todos los ministros de la
época, entre los cuales estaba Álvarez en la cartera de Transporte. Con esta
diligencia, la Fiscalía está tratando de establecer si esa decisión benefició a
la familia de Gina Parody -pareja de Álvarez-, la cual es propietaria de un
puerto seco que está ubicado cerca de la vía que se aprobó. Este caso
tiene además su capítulo en la Procuraduría en donde ya se citó a
declarar a Parody y ya hay una indagación preliminar contra Álvarez.
Congresistas. La Fiscalía, tiene
indicios de que congresistas habrían recibido dineros de Odebrecht para
impulsar la aprobación del tramo Ocaña-Gamarra, que beneficiaría a la
constructora brasilera y a sus socios, por lo que pidió a la Corte Suprema que
investigara a:
1º Bernardo
Elías,
2º Antonio
Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, miembro de la Comisión Tercera, la
cual se ocupa entre otros de los asuntos de Planeación Nacional.
3º Ciro
Rodríguez, Ciro Rodríguez, conservador, representante por Norte de Santander,
departamento por el cual pasa la vía Ocaña-Gamarra, y es miembro de la Comisión
Sexta, que maneja obras públicas y transporte.
4º Musa
Besayle, de Sahagún, Partido de la U.
5º Plinio
Olano, quien dejó el Congreso en 2014, estaba con el Partido de la U y hacía
parte de la Comisión Sexta también.
1983-1992 Fondo de Seguridad y Vigilancia. Otro fortín de la corrupción. El
Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito –FVS-, hace parte del conjunto de
instituciones y dependencias públicas que se habían constituido al pasar de los
años, en fortines políticos y económicos; donde no se tomaban ningún tipo de
decisiones, particularmente contractuales, sin que el visto bueno del jefe
político de turno.
Recordemos que Bogotá venia
sumida por décadas en el caos, producido por la mala administración; la
modernización administrativa es relativamente nueva; la misma se remonta a la
administración de Jaime Castro en el periodo de 1992 a 1994, quien consiguió la
aprobación del Estatuto Orgánico de la ciudad, poniéndolo a tono con lo
establecido por la recién aprobada Constitución de 1991; reorganizó las
finanzas distritales y sentó las bases para que administraciones como la
actual, en uso de la autonomía relativa de la ciudad, acometa las reformas
administrativas que se requieren para la recuperación del concepto de lo
público.
Lo que se observa en la
actualidad es la tensión producida entre el gobierno de la ciudad y los otrora
dueños de las secretarías, dependencias e instituciones, quienes no se dan al
dolor de ver como son sacados de sus feudos, sin que se les consulte o
participe de las iniciativas en los sectores que dicen representar y donde
decidían impunemente quienes eran los actores de la contratación, muchas veces,
generando dividendos ilícitos, en contra de los intereses colectivos.
El ejemplo de FVS puede
resultar paradigmático, veamos: En el Acuerdo 9 de 1980 de creación, en el
Acuerdo 18 de 1983 que derogó el anterior, la clase política a través de los
concejales había asegurado la participación en la junta administradora del FVS,
el Acuerdo 28 de 1992 incluyó, además, un parágrafo que supedita cualquier
compra destinada a la Policía Metropolitana, Mebog, a las especificaciones,
niveles técnicos, cantidades y referencias indicadas por el comando respectivo,
o aprobadas previamente por él. Cabe señalar que algunos actos administrativos
posteriores, han tratado de tecnificar y organizar el objeto social del
referido FVS, no obstante, los niveles de corrupción, ineficiencia y falta de
control se mantienen.
El FVS que maneja para este año
alrededor de 170 mil millones de pesos para dotar a la Policía y otros
organismos de seguridad en sus labores, se había convertido en una “mina”
para muchos contratistas amigos de poderosos políticos capitalinos, y más aún,
en una “piñata” frente a la cual era válido para los mismos entes de seguridad,
particularmente para la MEBOG, justificar cualquier tipo de contratación, con
el único fin de ejecutar tan generoso presupuesto. Lo anterior ha dado como
resultado que permanentemente se descubran actos de corrupción como el
sobrecosto del 300 por ciento en los vehículos “autobalanceados”, que
representan un detrimento de 894 millones de pesos en un contrato de 1.264
millones de pesos, la compra de cámaras de televisión que se instalaron en
colegios públicos, las cuales tienen una serie de problemas y las que no se han
instalado en su totalidad; contrato que se firmó por 40 mil millones de pesos.
Adquisición de equipos de comunicación por 7,5 millones de dólares, los cuales
no pudieron ser utilizados y hoy tiene que ser destruidos. Los 5 mil millones
de pesos invertidos en la construcción de la Estación de Policía de Usaquén; la
cual por quedar mal construida debe ser demolida, lo que representa la perdida
de esa inversión. El contrato de mantenimiento del parque automotor de la
Mebog, que asciende a los 6 mil millones de pesos anuales con la empresa
Autoexpress Morato, la misma que le vendió los “autobalanceados” al Distrito
Capital, empresa contra la cual existen denuncias penales y disciplinarias,
entre otros claras pruebas de corrupción.
Sin contar con lo que sucede
con la administración de los bienes de propiedad del FVA, con sus inmuebles,
150 apartamentos que tiene en este momento la Mebog, sus vehículos, equipos,
muchos entregados bajo la figura de los comodatos; los que son vigilados en
forma precaria por 26 funcionarios de planta y una gran cantidad de
contratistas que hoy están pero mañana no, en ultimas no existe continuidad y
garantía de resultados. Frente al tema de los 416 comodatos cabe precisar que
las entidades más beneficiadas con este tipo de préstamos son la Mebog, Brigada
trece del Ejercito, Secretaría de Gobierno, Fiscalía, CTI- Bogotá, Medicina
Legal, se sabe que muchos de ellos ya se encuentran vencidos, y otros no se
sabe si están siendo usados adecuadamente.
El gobierno de Petro incluyó en
uno de los ejes de la “Bogotá Humana”, la recuperación de lo público; recuperar
lo público es arrancarlo de las manos de quienes desde una posición privilegiada
lo han explotado por décadas para su propio beneficio económico y electoral.
Quienes desde esta posición ven en el Alcalde Mayor una amenaza contra sus
intereses; tienen razón, los contratos ilícitos, los negocios torcidos, y el
respeto por los fortines históricos no serán consultados en esta
administración. Esto se evidencia en todos los sectores: en movilidad,
educación, aseo, integración social y como no, en seguridad y convivencia. Hoy
se observan reconocidos empresarios y políticos alterados frente a las
iniciativas de la administración distrital, tildan al alcalde de dictador y
crean un cerco mediático en su contra, no importa, las ciudadanías bogotanas
hoy entienden que con su triunfo democrático perdieron las mafias corruptas, lo
preocupante sería que no.
1980-1992
El
Guavio. Robo $15 mil millones. Fabio Puyo Vasco el único condenado por
el multimillonario desfalco al Estado en la construcción de la central
hidroeléctrica en Cundinamarca. La Represa El Guavio. Localizada a 120
kilómetros de Bogotá, en la parte inferior del río Guavio. Esta planta es la
segunda más grande de Colombia, tiene una capacidad de 1213 MW y entre las
empresas que participaron en su construcción se encuentran: ICA de México,
Termotécnica de Colombia, Consorcio Vianni de Italia, Entrecanales, Távora de
España. La polémica nació cuando Fabio Puyo Vasco es acusado por desfalco al
Estado por el inmenso costo y los largos plazos de entrega. En agosto 25 de
1994, la Fiscalía dictó auto de detención para Fabio, éste salió del país por
emergencia y a pesar de ser arrestado en USA 2 años después, nunca pisó la
cárcel porque su caso fue resuelto con una fianza de 8 mil dólares. Vive en
España desde los años 90.
1990 Commsa. Pleito iniciado por el estado en los años 1990 con
la firma española Commsa, que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez,
Presidente del Real Madrid, debido a la no construcción de una carretera clave
para el país, la troncal del Magdalena, del cual Commsa ofreció pagar una
indemnización de $119 mil 987 millones para acabar el pleito, por lo cual los
organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y
en consecuencia haber detrimento
patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.Al final, se
concretó el acuerdo y las investigaciones por el detrimento patrimonial se
archivaron.
1994-1998 Proceso 8.000. “Todo fue a mis espaldas”. Estalló en
abril de 1995, a raíz de unas grabaciones
entregadas por la DEA al derrotado candidato presidencial Andrés Pastrana y
luego presentadas por éste a los medios, no a las autoridades, se destapo el
escándalo conocido como “Proceso 8.000”, por la injerencia de dineros del
cartel de Cali en la campaña que llevó a la Presidencia a Samper. Enagosto 15 de
1995 le tocó el turno al mindefensa y jefe de la campaña de Samper, Fernando
Botero, quien fue puesto en detención en la Escuela de Caballería del Ejército
por haber recibido Botero unos 8 millones de dólares del cártel de Cali, gran
parte de la cual se robó.En enero 22 de 1996, ocho meses
después de su detención, Fernando Botero se decidió a hablar, delatando que
esas reuniones, contaban con la participación de Ernesto Samper, Horacio Serpa
y Rodrigo Pardo.
El Cartel de Cali ‘unto’ con su dinero a
todo tipo de personajes. Se investigó y condenó a prisión
a periodistas, artistas,
dirigentes del fútbol, funcionarios públicos, congresistas, candidatos, ministros del Samper.
Mogollón y Samper. Con todas las pruebas y testimonios
para ser inhabilitado de su cargo y encarcelado, la Cámara de Representantes aprobó la preclusión sugerida
por la Comisión de Acusaciones y absuelve de manera polémica aSamper, archivando el proceso.
Al ser el presidente en ejercicio, se adujo
ilegalmente, que no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria
sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a
pesar de que cuando recibió el dinero y la financiación del cartel de Cali no
era presidente, era un particular.
Igual, En una visita
de Samper a USA, en el avión presidencial se encontraron varios kilos de
heroína.
1998 Termorrío.
Corelca. Corelca (Gendelca y
Transelca) electrificadoras, fortines burocráticos de los políticos de la Costa,
debido a un laudo arbitral del
Tribunal Internacional de Arbitramento, condena a la Nación a pagar la suma
de60.3 millones de dólares, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío
S.A. E.S.P., por el incumplimiento de un contrato por parte de Electranta,
empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del
estado. Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda
de interés social VIS. Se condenó a 134 meses de prisión al superserviciospúblicos,
Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a Marlén Valderrama, por
peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos y multa
de $111 millones a cada uno.
Electricaribe. Robo 8 Billones. El gobierno de Samper, lidero y realizo la más
grande privatización del sector Eléctrico y activos de Energía en la historia
de Colombia, en asocio con los ministros Rodrigo Villamizar de Energía y Minas
y Saulo Arboleda de Comunicaciones, del "Miti Miti".
Vendieron pronto activos de generación
propiedad de la Nación, y las actividades de generación, transmisión y
distribución de la antigua CVC, empaquetados en una nueva sociedad, Empresa de
Energía del Pacífico EPSA. Además se vendieron las 7 empresas electrificadoras
de la Costa Caribe. Se vinculó capital privado a ISA e ISAGÉN, se convirtió la
EEB en accionista mayoritario de empresas de generación y distribución con
accionistas minoritarios en ejercicio del control administrativo, y se
impulsaron inversiones en generación con gas, para acelerar el proceso para
reducir la excesiva dependencia de la energía hidráulica.
Electricaribe
y los líos del sistema eléctrico. Cuatro presidentes
Gaviria, Samper, Uribe, Santos están comprometidos en las fallas que mantienen
a Colombia siempre ad portas del apagón. Electricaribe, preocupan
las implicaciones económicas y sociales derivadas de las elevadas pérdidas
comerciales y técnicas en la Costa Atlántica, problema permanente desde que se
vendieron las electrificadoras públicas de la región, por Samper y Rodrigo
Villamizar.
1999 "Miti Miti". Surgió por licitación para adjudicar, 81 emisoras en frecuencia
modulada FM. En 1999 el Ministro de Comunicaciones Saulo Arboleda
recibió una sanción disciplinaria con multa equivalente a 90 días de salario e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por igual periodo y en octubre 25 de
2000, fue condenado por la Corte Suprema. Para la Procuraduría, Arboleda
planeó entregar el monopolio del espectro electromagnético a un proponente que
no estaba dentro de lo estipulado en las cláusulas de la licitación.
Rodrigo Villamizar, personaje importante de
la endogámica clase política-aristocrática del país caribeño se voló de
Colombia tras ser condenado a más de 4 años de cárcel por un caso de
corrupción, al interferir en la concesión de licencias radiofónicas. En España
fue bien acogido por el gobierno de Aznar durante su calvario procesal, al que
puso fin una controvertida decisión de la Corte Constitucional Colombiana, que
consideró prescrito el delito.
1986 La maleta de
Fonseca. Diego Pardo Koppel y el Cartel de
Cali. Están relacionados con el extravío de una maleta con 250 mil dólares que
fue a parar a Nueva York, episodio por el cual debió renunciar Pardo en 1986 a
la Alcaldía de Bogotá, un mes después de ser nombrado por Belisario, tras
admitir que había recibido honorarios de Guillermo Rodríguez Orejuela para
testimoniar en Nueva York contra las autoridades colombianas.
1999 Banco del Estado. Robo
$15 mil millones. El CTI detuvo a Henry Avila, presidente de la entidad
estatal, acusado de prestar en forma irregular más de $15 mil millones para a
tan sólo 9 personas y sin tener las garantías reales legales. Avila rindió
indagatoria ante la Fiscalía y pasó de
acusado a acusador, al denunciar que sus antecesores se robaron más de $70 mil
millones de esa entidad oficial.
También, fue capturado Diego Pardo Koppel,
embajador de Colombia en México y
alcalde de Bogotá, sindicado de haber obtenido en forma irregular un
préstamo de $400 millones y 2 compromisos bancarios, para importar automóviles,
cada uno por $600 millones del Banestado. Como Pardo Koppel no cumplió con sus
obligaciones, la firma automotriz hizo efectivas las garantías y así los $1.200
millones tuvieron que ser pagados por el Banestado. Pardo pago parte de las
acreencias con pauta publicitaria a través de 2 programadoras de televisión en
el canal regional de Teveandina y en la programadora Prisma T.V. en donde era
socio Pardo Koppel, con 400 minutos de pauta publicitaria y entregó a otra
programadora del mencionado canal, un lujoso automóvil a cambio de 125 minutos
adicionales de comerciales, que endosó al Banco del Estado para completar el
pago.
Pardo regresó al país para darle sus
explicaciones al presidente Andrés Pastrana. Al ser consultado por los hechos
dijo: ‘Es una Persecución Política’. Sigue manteniendo su domicilio en México.
1999 Chambacú. En el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó
también a funcionarios de las administraciones Gaviria y Samper, se acusó a los
mindesarrollo Fernando Araujo Perdomo y Luis Alberto Moreno deaprovechar sus
cargos, para negociar en términos favorables con el INURBE, en favor del Consorcio
Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un
proyecto de construcción llamado "Chambacú" en Cartagena, desalojando
a la población que estaba en el lugar, formado por asentamientos irregulares de
extrema pobreza, conocido como Chambacú. El sector era codiciado desde hace
años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos
de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurallada o Centro
Histórico.
El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo
denunciando el drama de las familias afros que, a través del Estado, ya habían
sido desalojadas de los terrenos de Chambacú trasladándolas a otro sector
conocido como Papayal, del cual no apareció registro catastral en el Instituto
GeográficoAgustín Codazzi entidad del estado que maneja el inventario nacional
de inmuebles públicos y privados del país. Alfonso GómezMéndez, fiscal, y Jaime
Bernal Cuellar, procurador, anunciaron que se abrirían indagaciones penales y
disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los
funcionarios involucrados, entre ellos, Araujo y Moreno. Precluyeron los
cargos contra Fernando Araujo y Luis
Alberto Moreno, director del BID.
1999 Dragacol. Robo $3.8 billones. El pago de $1.2 billones de un contrato firmado
entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones
de Colombia y del Caribe S.A Dragacol, en marzo de 1999. Dragacol no cumplió
con el contrato para la ejecución de dragados en el canal del Dique de acceso
al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de
Buenaventura. En la conciliación laboral entre Dragacol y el Mintrabajo por
incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de
$26 mil millones a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998,
haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue
denunciado en el Congreso por el congresista Javier Cáceres Leal ‘Chuzo a los
corruptos’, condenado después por NarcoParaPolítica.
Más de 30 funcionarios fueron investigados a
raíz de estos hechos, todos absueltos, -Alfonso Campo Soto, actuando como
ministro encargado, autorizó el contrato 98 de mayo 11 de 1995 para el dragado
y limpieza del río Magdalena por $6.794 millones. -Juan Gómez Martínez,
mintransporte, en diciembre 27 de 1995 autorizó un otrosí para incrementar en
un 30% el valor del anticipo del contrato 0098. Ocurrió lo mismo con German
Villegas, gobernador del Valle, en los contratos 0234 de octubre 20 de 1994 por
$7.464 millones y el 286 por $7.500 millones. - Carlos Hernán López y Rodolfo
Espinosa, autorizaron el contrato 217 de noviembre 17 de 1996 el cual
estipulaba el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por
$400 millones. - Rodrigo Marín Bernal, mindesarrollo, inició una conciliación
con Dragacol por cerca de $3.8 billones. - Mauricio Cárdenas, autorizó la
conciliación cuando Dragacol pretendía demandar al Estado ante el Tribunal de
Cundinamarca, pero luego se retractó y pidió anularla.- Reginaldo Bray, Gestionó
la conciliación a nombre de Dragacol, de la que era gerente y dueño.
Después de 10 años que duró todo el proceso
13 jueces vieron el caso, algunos de los cuales se declararon impedidos para
juzgar, Bray fue declarado inocente al no haber una "prueba
contundente" por el Juez 3 Penal del Circuito de Bogotá, acusado de
peculado por apropiación de $17 mil millones.–Juan Alberto Páez, vicetransporte
participó el comité de conciliación. –Hugo Escobar, abogado de Dragacol, cuando
se firmó la conciliación.
Un fallo del Consejo de Estado ordena el
embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al
Director Marítimo de Dimar. De los $26 mil millones se debieron pedir según el
Consejo de Estado, una suma que no excediera los $4 mil millones. Se embargaron
las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a
nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al ministro Cárdenas
basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La
decisión de vincular al ministro fue posteriormente revocada por la Corte
Constitucional.
1998. Fiduciaria del
Pacífico. Corporación Financiera del Pacífico.
Robo
$13 mil millones. Fidupacífico adquirió derechos y acreencias de trabajadores
de Colpuertos. Estos títulos valores fueron posteriormente vendidos a Bancali.
En su momento, David Toledo, gerente de la fiduciaria, recomendó la negociación
a la junta directiva, y la justificó con el argumento de que por tratarse de
deudas de la Nación con los trabajadores de Colpuertos “el riesgo era
mínimo”. Muchos trabajadores que, pasados 7 años de la liquidación, no
habían recibido un peso de Foncolpuertos decidieron entregar sus mandamientos
de pago a Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto Lloreda Garcés, hijo
de Álvaro José Lloreda Caicedo. Propietarios del diario conservador, El
País de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
Corfipacífico.
Una parte de los derechos fiduciarios que los trabajadores de Colpuertos tenían
en Fidupacífico, respaldados por los mandamientos de pago, fueron adquiridos
por la Corporación Financiera del Pacífico, también propiedad de Álvaro José.
Esta entidad, a su vez, en octubre de 1998 ofreció venderlos a Bancali, entidad
pública dedicada a hacer inversiones con el dinero del municipio. En diciembre
28 de 1998 Bancali pagó $13 mil millones a Corfipacífico y se quedó con
derechos fiduciarios respaldados por mandamientos de pago a favor de
trabajadores de Colpuertos. La transacción se cerró 4 días después de que la
Superbancaria le ordenó a Corfipacífico hacer una capitalización por $18 mil
millones, dada la grave situación de iliquidez que enfrentaba esta
entidad.
El estatal Fondo de Inversión de Cali, Bancali, está en liquidación debido a
las pérdidas que acumuló entre 1997 y 2000 no sólo por este negocio sino por
otros muchos con resultados parecidos. El escándalo llevó a la Fiscalía a
investigar la operación entre Fidupacífico, Corfipacífico y Bancali, llegando a
la conclusión de que si bien los implicados no tuvieron nada que ver con las
falsificaciones de las actas de conciliación, Lloreda y su hijo sí vendieron
los derechos económicos originados en ellas a sabiendas de que tenían el riesgo
de ser incobrables.
Entre
las pruebas con que los fiscales sustentaron su acusación hay 3 que, en
criterio de la juez, la llevaron a decretar la condena: 9 años de cárcel a
Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Lloreda Garcés, padre e hijo, a
quienes la juez penal del circuito de descongestión de Bogotá, Claudia Marcela
Castro Martínez, halló culpables de estafa agravada. Además, la juez condenó a
los 2 implicados al pago de $13 mil millones a favor del liquidado Fondo
Especializado Financiero de Cali Bancali. Al emitir su condena la juez
consideró que los 2 sindicados conocían los problemas que tenían los
mandamientos de pago y que aun así, resolvieron vendérselos a Bancali. “Los
directivos del Grupo Pacífico intencionalmente ocultaron la información que les
había sido suministrada acerca del posible no pago de los activos de
Foncolpuertos”, dice el fallo.
La 1ª. Demuestra que 7 días antes de la
operación, la jurídica de Foncolpuertos envió a Fidupacífico una carta en que
aclara que “dadas las irregularidades y falsificaciones detectadas por la
Fiscalía a un gran número de mandamientos de pago y sentencias, Foncolpuertos
no se compromete a ordenar su pago”.
La 2ª. Aduce que por la investigación que
hizo Fidupacífico, cuando aceptó el encargo fiduciario de los trabajadores de
Colpuertos, sabía que algunas de las conciliaciones que daban lugar a los
órdenes de pago eran falsas.
La 3ª. Es que la urgencia que tenía
Corfipacífico de capitalizarse en $18 mil millones para no ser intervenida hace
aún más sospechosa la operación.
Álvaro José Lloreda Caicedo, entro al sector financiero, estimulado
por los logros de sus primos Ulpiano y Armando Lloreda Zamorano, quienes
construyeron la Corporación Financiera del Valle. Con sus hijos, su esposa
fueron consolidando al grupo financiero Lloreda como el 6 más grande del país.
Se desato esa impresionante cadena de hechos que llevaron a liquidación de ese
grupo financiero y todos los acontecimientos que rodearon las investigaciones
judiciales que no solo se enfocan por la negociación de los mandamientos de
pagos de Foncolpuertos, sino en la compra y venta de cartera a cooperadores,
Interbanco, Bancali, así como el caso del sacerdote Raymund Schambach Garcés, a
quien involucraron en el ingreso de más de $20 mil millones a través de
Corfipacífico. Esta es la triste historia de uno de los empresarios más exitosos
y visionarios del Valle del Cauca, quien comenzó a perder su rumbo cuando
abandono el periodismo para convertirse en banquero, actividad que según los
abuelos les roba el corazón a las personas.
039
2010 Dirección Nacional de
Estupefacientes. DNE. Robo: $30 mil millones. Los procesos del robo al DNE llevan durmiendo en la
Corte Suprema y en la Procuraduría más 17 años. Carlos Albornoz Guerrero,
director de la DNE, denunciado por préstamos a los Nules, saqueo en los 85 mil bienes incautados que ‘administrabala
DNE y entregas irregulares de narcobienes. Con él, otros 13 congresistas son acusados
de intercambiar favores a costa del Estado para su beneficio personal. Tras
este escándalo la DNE fue cerrada.
El escándalo estalló en 2010, cuando el
presidente Santos denunció los malos manejos que se habían presentado en la
DNE.
El Escándalo que se destapó por una
investigación hecha sobre los bienes incautados a Pablo Escobar, que se
entregaron a Roberto Escobar, alias "el osito", hermano deEscobar. Se
descubrió que "el osito" habría retomado el control de esos bienes a
través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron
entre si contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos
productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y
beneplácito de los ‘servidores públicos’.
Se descubrió también que ese
mismo "modus operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y
jefes del crimen organizado en más bienes incautados por lafiscalía a través de
la extinción de dominio y entregados en custodia a la DNE. Este escándalo llevó
al gobierno a intervenir de manera directa la ordenando la liquidación de la
entidad que concluyó en el año 2014;
La Fiscalía investigó penalmente, a 41
personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y
asesores de la DNE, así como a 13 congresistas, los cuales, por su cargo,
debían ser investigados por la Corte Suprema y particulares que actuaban como testaferro
e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los
implicados.
Se descubrió que el sistema
F.A.R.O Fácil Acceso, Rápido y Oportuno, que era el sistema de seguridad de
información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era
tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los
propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos.
Todos los bienes incautados que
estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos
de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, filial de Central de
Inversiones S.A. CISA, encargada de negociar activos de y para el Estado.
El 'hombre
del maletín”. Las autoridades están detrás de la pista del 'hombre del
maletín' quien sería el encardado de entregar las resoluciones de nombramiento
de los depositarios y de los pagos en efectivo por la adjudicación de bienes.Aún continua la investigación en busca de más
implicados y para imputar cargos a 11
servidores públicos. En diciembre 21 de 2011
comenzó la debacle para la organización. Fueron imputados por 8 delitos:
concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión,
concusión, cohecho, peculado, fraude procesal y falsedad. Omar Figueroa Reyes,
los servidores públicos de la DNE Javier Mantilla, Manuel Ospino y Jairo Muñoz,
así como la agrónoma Liliana Garavito.
Omar Adolfo Figueroa
Reyes,
director de la DNE. Desde febrero 3 de 2012, está recluido en la cárcel La
Picota de Bogotá. Luego de varios años en prisión y de permanecer en
silencio, el director de estupefacientes entregó matriz en donde delata a 29
personas en negocios “non santos” con bienes del narcotráfico. “A Roy Barreras
se le dieron bienes en el Valle. Concretamente el hotel Plaza Versalles en Cali
a Carlos Urresty Isaza, quien figura como depositario del hotel”.
Camilo Bula, director de la
Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, salpicado por el informe y quien también
tenía sus recomendados.
Carlos Albornoz Guerrero, director de la DNE entre el 2006 y
2008, fue congresista y dirigente del Partido Conservador. El Ministerio
Público lo sanciono con destitución e inhabilidad para ocupar cargos por 14
años, por 3 cargos: dos relacionados con omisiones para evitar que bienes
incautados a la mafia terminaran en manos no idóneas y malos manejos: -la finca cafetera La Argentina, en Caldas; el
hotel Chinauta Resort; y uno por falsedad en las actas que permitieron que el
cuestionado exfiscal antimafia Camilo Bula terminara al frente de bienes que
terminaron vendidos por debajo de su precio real.
La Procuraduría, investiga a los congresistas por dar comisiones a
funcionarios de la DNE, para que entregaran los bienes a familiares y amigos.
La fiscalía tiene pruebas
de que se entregaron bienes de la mafia para mantener el respaldo político a 13
congresistas, la mayoría del partido conservador.
Según denuncias de Helia Niño, siempre que
se avecinaba época de campañas políticas en el Congreso de la República los
bienes incautados por la DNE se adjudicaban de tal forma que favorecieran los
intereses políticos de estos congresistas.
Estos 13 congresistas son investigados desde
el 2011 en la Corte Suprema por
tráfico de influencias en la DNE y en la procuraduría por indebidos manejos en
la DNE:
1º Álvaro Ashton Giraldo. Partido Liberal. Varios testimonios relacionan a Zaira Villamil, a quien
Albornoz nombró como depositaria del hotel Chinauta Resort, con el congresista
Ashton. "La misma depositaria decía que con esos bienes no se podían meter
porque eran de ese congresista", dijo en el proceso Publio Orlando Melo
Ruiz, funcionario de la liquidada DNE. El Hotel Chinauta Resort, que fue de
propiedad del capo Justo Pastor Perafán y, después de que el Estado se
apropiara de él, pasó a manos de la depositaria Zaira Samira Villamil Álvarez,
en diciembre 17 de 2008.
La Procuraduría resalta que cuando la
depositaria recibió el Chinauta Resort era “uno de los hoteles mejor
posicionados en el mercado y en el momento que fue entregado pasó a ser
improductivo”. Villamil Álvarez no contaba con la experiencia para administrar
un hotel —apenas poseía un título como abogada— y durante su administración
Chinauta Resort tuvo un bajón.
Pero, como
indicó la funcionaria de la DNE, Helia Marcela Niño, a la depositaria “no se le
podía mover porque tenía un respaldo fuerte. Los manejos que se le dieron al
hotel fueron muy malos, pero el grupo de sociedades comentó que no se podía
mover”. Cuando los empleados le advertían que iban a “elevar quejas ante la
Procuraduría y la Fiscalía, Villamil Álvarez abiertamente manifestaba que
pusiéramos las demandas que quisiéramos, porque al fin y al cabo tenía el
respaldo del congresista conservador Ashton y de los dirigentes de la DNE”.
Álvaro Ashton: el congresista que más visitó
a Francisco Ricaurte. El congresista barranquillero estuvo por lo menos 5 veces
en la oficina de Francisco Ricaurte mientras éste fue magistrado del Consejo de
la Judicatura, cargo que ocupó entre noviembre de 2012 y noviembre de 2014. La
1ª. Fue el 29 de noviembre de 2012, fecha en que Ricaurte estaba recién
elegido. 14 días más tarde regresó al Palacio de Justicia. La 3ª y 4ª en agosto
y diciembre de 2013. La 5ª en febrero 26 de 2014.
2º Hernán Andrade. Presidente del
partido conservador. Juan Sebastián Lozada, asistente de Andrade entre agosto
de 2006 y mayo de 2009, la DNE le entregó en 2008 cinco lotes de la finca La
Esperanza en la vereda Río Frío, de Zipaquirá. Luego trabajó con el congresista
Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar. La fiscalía reveló que controlo una
inmobiliaria en Santa Marta y otros predios en Baranoa y Barranquilla que
pertenecían a testaferros del cartel del Norte del Valle. De acuerdo la Fiscalía,
sería Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota de Andrade en la DNE, Iglesias
quedó depositario de 3 bienes rurales, 16 sociedades en Barranquilla, 16
establecimientos de comercio y 17 inmuebles, todo de los narcotraficantes
Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir.
Congresistas nariñenses
3º Óscar Fernando
Bravo Realpe.
Partido Conservador. Manuel Jesús Guerrero Pasichana recibió entre noviembre de
2007 y julio de 2008 cuatro sociedades, 2 bienes urbanos y 22 rurales en el
Valle del Cauca. Antes de esto, en 2006 y 2007 estuvo vinculado a la UTL del
congresista.
4º Miryam Alicia
Paredes Aguirre.
Partido Conservador. Figura en resoluciones en las que la DNE le delega a su
hermano Luis Gonzalo la administración de varios bienes y sociedades como la
Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda o de Inversiones
Rodríguez Ramírez.
5º Eduardo Enríquez
Maya. Partido
Conservador. Recomendó el nombramiento de un depositario para los bienes del
narcotraficante Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda
Rodríguez como encargada del fondo Frisco.
6º Miguel Pinedo
Vidal. Cambio
Radical. Veterano cacique político del Magdalena. Siendo congresista, Pinedo
Vidal consiguió que le nombraran a su hermano Alfredo Javier como depositario
provisional de cerca de cinco sociedades, entre ellas, la de la sociedad
Inversores y Construcciones Lybonnaty propietaria de 14 locales ubicados en el
edificio Caribe Plaza en Barranquilla, en resolución 094 del 17 de julio de 2008,
firmada por Omar Adolfo Figueroa, subdirector de la DNE.
7º Enrique Rafael
Caballero. Partido
Liberal. Condenado por NarcoParaPolítica a 67 meses y multa de 4.875 salarios mínimos, en calidad de autor de concierto para
promover grupos armados al margen de la ley, cargos que aceptó, de vínculos con
Hernán Giraldo Serna, jefe de autodefensas campesinas que operaban en los
departamentos del Magdalena y La Guajira desde los 80, denominadas Frente
Resistencia Tayrona integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de
Colombia a partir del año 2002.
8º Lucero Cortés. Partido de la U. Personas
cercanas terminaron como depositarios administrando 5 carros y 2 fincas, una en
la sabana de Bogotá.
9º Omar Yepes Alzate. Partido Conservador. En reportes de
fiscales antimafia aparecen mencionado que intervino para designar un
depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales, intervino
para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en
Manizales. La finca, que era administrada por Luis Vargas Vargas, cuota del
congresista, dejó de repente de generar los $700 millones en ganancias que
normalmente producía y empezó a tener pérdidas.Vargas
y el dueño del predio Jorge Eduardo Mejía, vendíanla cosecha sin informar a la
DNE sobre estos negocios. Así se desprende de la declaración dada a la Fiscalía
por el excoordinador del Grupo de Bienes Rurales de la DNE, Juan Carlos
Andrade, quien fue enfático en que, por los malos manejos de La Argentina, el
predio no le dio ni un peso al Estado. Por ello la propiedad “pasó de ser una
finca cafetera productiva a ser un predio que arrojaba pérdidas, situación
frente a la cual no se adoptaron medidas que permitieran minimizar el daño”.
10º Cristóbal Rufino
Córdoba Mosquera. Colombia
Democrática. Congresista delChoco. Desde 2011, la procuraduría lo investiga por indebidos
manejos en la DNE y la Corte Suprema por tráfico de influencias en la DNE.
11º Héctor José Ospina Avilés. Partido
Conservador.Condenado por concusión.
Desde 2011, la procuraduría lo investiga por indebidos manejos en la DNE y la
Corte Suprema por tráfico de influencias en la DNE.
12º Javier Enrique Cáceres Leal. Del partido Cambio
Radical. Condenado por concierto para delinquir y multa de $6 mil millones por
aliarse con grupos narcoparamilitares para favorecerse electoralmente, grupos
del sur de Bolívar, con Salvatore Mancuso y Uber Enrique Bánquez Martínez,
alias "Juancho Dique".
13º Luis Humberto
Gómez Gallo.Fallecido,
condenado por NarcoParaPolítica.
Cuatro Grupos. De acuerdo con la Fiscalía, hubo 4 grupos que
saquearon la DNE: “dos de esas 4 organizaciones fueron lideradas por Albornoz y
Figueroa, directores de la DNE”; “una funcionaria que manejaba el 3 grupo y que
coordinaba el saqueo de los vehículos que ingresaban a la base de datos de la
DNE”; “El 4 grupo, a los que la DNE entregaban los bienes a personas
recomendados por 13 congresistas, en casi todas las adjudicaciones se han
encontrado irregularidades y detrás han empezado a aparecer los nombres de
reconocidos políticos, en este sentido, la Corte Suprema investiga si, entre
los malos manejos de la DNE, hubo pagos de favores burocráticos, la falta de
control en la elección de los depositarios, administradores que no contaban con
la acreditación legal suficiente para poder responder a ese tipo de manejo, lo
cual permitió que allegados a la mafia terminaran administrando bienes.
Antecedentes DNE.
1º Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. En 2002 fue nombrado como director de la DNE el coronel
Plazas Vega y ahí empezó una serie de anomalías que fueron documentadas y
denunciadas por el senador Javier Cáceres Leal, quien citó al ministro del
Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, a un debate de control
político en el Congreso con el fin de ventilar esas irregularidades. Luego de
múltiples maniobras dilatorias, dirigidas a impedir el debate, inclusive una
“recusación” de Plazas Vega contra Cáceres Leal, finalmente se realizó en
octubre 26 de 2004. El senador documentó varios casos, entre ellos el relacionado
con la administración de varias empresas en la costa Atlántica, otorgada por
Plazas Vega a su amiga Lilia Beatriz Sánchez, hija de un oficial retirado; y
también el del sargento del ejército Jorge Alberto Monroy, quien renunció al
cargo que tenía en la DNE para convertirse en administrador de cerca de 450
bienes incautados. El caos en la entidad era tal que luego del debate el
delegado de la Contraloría calificó el desempeño de Plazas Vega de deficiente y
el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema indicó que “el presidente se
equivocó con Plazas; esta es la hora en que debía estar destituido”. Pero no,
sin pena ni gloria, el señor coronel renunció días después del debate.
2º Juan Carlos Vives Menotti. En noviembre de 2004, tras la
dimisión de Plazas Vega, fue nombrado Vives Menotti, cuestionado por tener un
hermano, Patricio Vives Baquero, condenado en USA por narcotráfico; además,
porque su prima Ana Elisa Vives, era la esposa de Rafael Abello “El Mono
Abello” extraditado a USA por narcotráfico en 1989. Y también porque a través
de una fiducia le otorgó un préstamo de $26 mil millones de pesos al Grupo Nule
para financiar la doble calzada Bogotá-Girardot.
3º Carlos Albornoz Guerrero. En 2006 fue elegido para dirigir la “feria” fue Albornoz, quien
enfrenta procesos relacionados con 3 tres casos: uno de ellos, la venta de un
predio rural en Cota, Cundinamarca, cuyo avalúo ronda los $3.500 millones de
pesos y fue “vendido”, a precio de feria, en la módica suma de $1.200 millones.
La Fiscalía le imputó cargos por prevaricato por acción, prevaricato por
omisión, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude
procesal, concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de
terceros y obtención de documento público falso. Además y de acuerdo con las
evidencias y el testimonio de funcionarios de la DNE, Juan Carlos Andrade y
Helia Marcela Niño, dejó la administración de cuantiosos bienes en manos de
personas allegadas o cercanas a 13 congresistas y excongresistas. Albornoz
estaba “detenido” desde septiembre de 2013 en el Centro de Estudios Superiores
de la Policía, Cespo y el pasado 2 de agosto de 2017 recobró su libertad por
haber operado el extraño fenómeno de la impunidad, en lenguaje técnico por
“vencimiento de términos”.
4º Omar Adolfo Figueroa Reyes. En 2009 fue nombrado como director de la DNE, Figueroa
Reyes, vinculado a la entidad en 2003 como profesional universitario, pasó por
la Secretaría General, 2006, fue asesor del Despacho del Director, 2007,
Subdirector de Bienes, 2008. Y ahí fue la debacle. Adolfo Figueroa Abella,
exalcalde de Sogamoso y padre de Figueroa Reyes, ofrecía en arrendamiento a
nombre de su hijo, bienes del narcotráfico administrados por la DNE, a precios
insignificantes pero por fuera del negocio oficial cobraba millonarias sumas.
Cercado por las pruebas en su contra,
detenido desde febrero de 2012 en la cárcel La Picota –no en el Cespo-, decidió
colaborar con la justicia al amparo del principio de oportunidad, con el
compromiso de entregar toda la información relacionada con el entramado que
permitió que los bienes de la mafia terminaran en una vergonzosa piñata; para
tal fin entregó un listado detallado de 29 personas, poderes, documentos
notariales, nombres de predios, precios, áreas, intermediarios, etc. Y Figueroa
Reyes debe conocer muchos secretos de la DNE desde que su paisano el coronel
Plazas Vega lo vinculó en 2003.
En junio de 2016 un juez de garantías aceptó
el principio de oportunidad suscrito entre Figueroa Reyes y la Fiscalía, con lo
cual cesa la persecución penal por los delitos de peculado por apropiación y
fraude procesal y se convierte en testigo de la Fiscalía en las investigaciones
que se adelantan por los casos de corrupción en la DNE, entre ellas las que
involucran a 13 congresistas.
El 26 de julio se ordenó su libertad
inmediata, igual, por vencimiento de términos, es decir por inoperancia de la
justicia.
2002-2010 Racha de
Escándalos. El periódico El Nuevo
Siglo de Bogotá, hizo a grandes rasgos un resumen de los escándalos de
corrupción y de los delitos en que el gobierno 2002-2010 incurrió en desarrollo
de 8 años de gestión. La contraloría, fiscalía, procuraduría han afirmado que
estos billones de pesos robados no se podrán recobrar:
038
Megafraude a la Dian. Robo más $2 billones. Desfalco billonario perpetrado por
empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por
concepto de devolución del IVA. Incluso, involucró el soborno a los
investigadores iniciales por $1.400 millones.
037
Megadesfalco en Salud. Fraude millonario al sistema de aseguramiento en salud,
mediante una red de corrupción que se especializó en el recobro ilícito al
Fosyga.
036
Préstamos a floricultores. Peligrosa concentración de millonarios créditos en el sector
floricultor que fue autorizada por los ministros Fernández y Arias. La
contraloría, fiscalía, procuraduría han afirmado que miles de millones de pesos
están embolatados.
000
Fedegan. Tenía un negocio con las vacunas del ganado. Cada día se revelan más
hechos sobre el tema que envuelve al Fondo Nacional del Ganado (FNG) y su
anterior administrador, Fedegan. Fedegan en vez de promocionar las vacunas, lo
que tenía era un negocio que no tiene ninguna justificación.
035
“Piñata" en títulos
mineros. Hubo un alud de autorizaciones anómalas
de títulos mineros, por lo la minería ilegal se disparó en todo el país. Un incremento
en el otorgamiento de títulos mineros que pasó de 15,9 millones de hectáreas en
2007 a 39,7 millones en mayo de 2009.
034
Desorden en Incoder. En los procesos de adjudicación de tierras y detectó
entrega de miles de hectáreas a testaferros de narcoparamilitares y a la
clientela política.
033
Los Nule. El escándalo que involucró al grupo Nule en Bogotá salpicó
al gobierno Nacional, por los nexos de altos funcionarios con los cuestionados
y presos empresarios. Caso concreto señalamientos al secretario jurídico de
Presidencia, Edmundo del Castillo y a directores de la Dian.
032
Contratación Vial. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra
Andrés Uriel Gallego, mintransporte, por irregularidades en la actividad
contractual de esa cartera. Archivado por fallecimiento del implicado.
000
Educación. Más de 182.600 estudiantes y 5.900 docentes inexistentes.
Luego de un proceso auditor realizado a 36 Entidades Territoriales
Certificadas, mineducación alertó sobre varias irregularidades en la matrícula
y las plantas verificadas en 4.712 establecimientos educativos y 17.238 sedes
educativas del país.
032
Escándalo del 'Tolemaida
Resort'.
031
Desorden carcelario. Anomalías en materia de prisiones. Flexibilización del
régimen penitenciario en el pabellón de los narcoparapolíticos, el escándalo
del 'Tolemaida Resort' y dudas sobre licitaciones, construcciones y
ampliaciones de penales.
031
Fonade.
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. La fiscalía imputó por fraude, peculado y contrato sin el cumplimiento
de requisitos legales, en relación con algunas obras de cárceles a Diana Isabel
Nasiff de Rima representante legal de la empresa Cipecol y Rapiscan, su
esposo José Santiago Porras Navarrete, Gustavo Adolfo Domínguez ‘lobista’ de
contratos con Diana Nasiff, Aaron Rabinovich representante de Interamericana de
Sistemas y Seguridad, a los servidores públicos Mauricio Parada de Fonade, José
Vicente Casanova secretario general encargado del Ministerio del Interior,
María Fernanda Álvarez Castañeda directora técnica de infraestructura del
Ministerio, Edgar Ortega Ramírez, profesional especializado asignado al
despacho del Ministro y Carlos Carrillo Yañez interventor del contrato. La
Fiscalía solicitó la captura de los citados a imputación.
La Contraloría anunció indagación
preliminar contra Valencia Cossío. Cuando fue ministro del Interior
y Justicia, se contrató la construcción de 11 cárceles, entre las que se
encontraba una en Cartagena, por $900 mil millones. Sin embargo, esas prisiones
tienen problemas de diseño, retraso en las obras y no cuentan con
interventoría, y al
final el problema terminó costando cerca de $1,1 billones. De hecho, la Cárcel del Pedregal, en Medellín, tuvo
como interventor al grupo Nule. La contraloría agregó que los objetivos de
la inversión no se cumplieron, ya que se tenía como meta bajar el nivel de
hacinamiento de 44% a 4%, pero éste solo llegó al 25%. Así mismo, dijo que
dicha situación “significa un claro detrimento patrimonial en el buen manejo de
los recursos públicos”. La indagación preliminar para determinar si el ministro
del Interior y Justicia y Elvira Forero, directora de Fonade, habrían
incurrido en alguna conducta punible por el fracaso de la
política de construcción de 11 cárceles que generaron sobrecostos por cerca de
$100 mil millones. Además, la obra no
justifica la inversión pues, según el funcionario de la Contraloría, las metas
previstas era bajar el nivel de hacinamiento de 44% a 4% y solo se llegó a 25%.
En cuanto
al nivel de hacinamiento el viceministro de Justicia, Pablo Robledo reveló que
“El Gobierno anterior utilizó una metodología equivocada, porque pretendía
establecer la cifra de los cupos actuales y del futuro que iban a hacer
entregados y eso, obviamente es antitécnico. La cifra real se saca de los cupos
realmente habilitados, versus los intramuros”, indicó el funcionario. El
exministro Cossío estaba contando como cupo carcelario celdas que aún no se
habían construido.
030
Falsas desmovilizaciones.
Quedaron al descubierto casos de falsos
desmovilizaciones de guerrilleros y narcoparamilitares, al punto que Luis
Carlos Restrepo, comisionado de Paz, terminó en la mira de Fiscalía y
Procuraduría y hoy se encuentra prófugo de la justicia. ‘Perseguido Político’.
029
Narcos desmovilizados. El extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El
Tuso, dijo que pagó dineros a
congresistas para que lo hicieran meter al proceso de desmovilización narcoparamilitar.
028
Nuevo envión a Narco Para
Política. La Corte Suprema profundizó pesquisas
por nexos entre congresistas y parlamentarios con grupos narcoparamilitares.
Múltiples condenas y nuevos imputados. Rafael Orozco,
congresista. Medida de aseguramiento. Participó en los ilícitos convenios
denominados Pactos de Chivolo y Pivijay.
027
2006 “Pactos de Ralito, Chivolo,
Pivijay”. La Narco Para Política. Se propusieron armar un proyecto político a nivel regional y local para
luego proyectarlo a nivel nacional, incluso se firmaron acuerdos entre
políticos y narcoparamilitares, los más conocidos, pactos de Ralito, Chivolo y Pivijay, con el propósito de articular un proyecto político
de repercusiones nacionales. Corrupción política en el que se descubrieron
vínculos de políticos con paras posterior al proceso de desmovilización que
adelantaron las AUC, mediante un documento firmado por los implicados y
conocido como el pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el
director del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a
disposición del narcoparamilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la
libertad y condenado por concierto para delinquir, homicidio agravado. Por este
hecho se han condenado a más de 50 congresistas, del periodo 2002-2010; además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.
026
2008 La Fracpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con
la muerte de alias Raúl Reyes de la Farc, donde fue abatido se hallaron
computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía
supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e
internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba
supuestamente la senadora Piedad Córdoba
con el alias «Teodora de Bolívar”, el
presidente Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». Ronald Hayden Coy
Ortiz de la Dijin, aceptó ante un juez y en audiencia pública que se rompió la
cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un
determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a manipulaciones.Esto
hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se
pueda usar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las
certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales afirmen que no
se produjeron manipulaciones a los equipos incautados. Sin embargo, este
material fue suficiente para que el procurador, destituyera e inhabilitara de
ejercer cargos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en
2016 por el Consejo de Estado.
025
2008 Falsos Positivos. “Crímenes de Estado” conocida como ‘Seguridad Democrática’.En total han sido más de 3.000 pelados que han sido ‘falsos positivos’
desde el 2002. Involucramiento de miembros delejército
en asesinatos de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos
en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados irregulares promovida
por el gobierno Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al
gobierno por parte de las brigadas de combate. A estos casos se les conoce en
el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el
Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida. Han sido
destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y
suboficiales del Ejército.
El Comandante del Ejército, Mario Montoya, General,
pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue
nombrado Embajador en RepúblicaDominicana.
Dichas revelaciones han puesto en tela
de juicio, los procedimientos de la PSD ‘Políticade Seguridad Democrática’ emprendida desde el gobierno.
La fiscalía tiene bajo investigación 946
casos relacionados con "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.Para
abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos.
Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo
menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido
liberados por vencimientos de términos.
En mayo 7 de 2017, Uribe se había
pronunciado vía Twitter ofreciendo perdón virtual a las víctimas, pero la Corte
no aceptó ese acto y obligó a que fuera presencial.
024
2008 Madres
de Soacha. Falsos Positivos. “Los 19 jóvenes de Soacha no se fueron
precisamente a recoger café”.En 2013 el
Tribunal de Cundinamarca declaró de lesa humanidad el asesinato de un joven de
Soacha con síndrome de Down que fue presentado como miembro de una banda
delincuencial muerto en combate, al que le pegaron 3 tiros en la cara y 10 más en
el cuerpo, en un caso de los llamados ‘falsos
positivos’. El fallo condeno a 53 y 54 años de prisión a 6 militares por la
muerte del joven Fair Leonardo Porras Bernal, quien desapareció del municipio
de Soacha y fue reportado como un guerrillero abatido en combate en el
municipio de Ocaña en Norte de Santander. Fair fue uno de los 19 jóvenes de
Soacha trasladados mediante engaños al municipio de Ocaña, Norte de Santander,
donde fueron entregados a militares del BAEV, Plan Meteoro, agregado al
Batallón Francisco de Paula Santander, quienes los asesinaron y posteriormente
los reportaron como muertos en combate.
En abril de 2017, un juez condenó a 21
militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de
Soacha, entre ellos un coronel que fue condenado a 46 años de prisión; a los
demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El
mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como
delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y
sistemático en contra de la población civil, población que además era
vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los
victimarios.
023
2009 Las Chuzadas. En
febrero 21 de 2009, se publicó un informe en el que se detallaba cómo
funcionarios del DAS, grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a
líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.Una
vez presentadas las pruebas por la fiscalía, la situación fue calificada de una
«empresa criminal» dirigida desde la Casa de Nariño, por parte de la Corte
Suprema. Por este caso, fueron capturados altos
funcionarios del gobierno. La cúpula del DAS se encuentra presa y condenada.
Este escándalo fue determinante para que Santos, decretara en 2011 la
desaparición del DAS.
Bernardo Moreno, secretario de Presidencia fue
destituido por la Procuraduría. La Corte lo condeno a 8 años, con beneficio de
detención domiciliaria.
María del Pilar Hurtado, directora del DAS. En 2015 fue
condenada a 14 años por abuso de autoridad en la función pública, falsedad
ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado
por apropiación y violación ilícita de comunicaciones, con multa de 43.3
salarios mínimos, $27 millones 900 mil pesos. La sanción económica se desprende
por su culpabilidad en el delito de peculado. En 2010, cuando se iniciaba el
proceso en su contra, Hurtado se fugó a Panamá en donde consiguió asilo como
‘Perseguida Política’.
Jorge Noguera Cotes. La Corte Suprema condenó a 7 años, 10 meses y 15
días de prisión al director del DAS como coautor de Concierto Para Delinquir
Agravado,
responsable de las chuzadas entre 2002 y 2005 en un grupo llamado G-3. La sentencia compulsa de copias de las piezas
procesales ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investiguen a
Uribe por Concierto Para Delinquir Agravado.
José Miguel Narváez, Director del G-3
del DAS, aseguró que las actividades se realizaron como parte de una estrategia
política de seguridad democrática impulsada por la Presidencia.
La
Fiscalía acusó a César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo por chuzadas.
Los funcionarios del Gobierno serán procesados por interceptaciones y
seguimientos a la Corte Suprema de Justicia.
022
2013 Santoyo. El General de la Policía,
Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del Presidente, estaba siendo investigado por
narcotráfico en USA, admitió en una corte de Virgina haber ayudado a las AUC. Debido a la controversia, el presidente indicó que
desconocía las "andanzas" de su funcionario y que estaba
"decepcionado" de este, además de que no había influido en la
elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a
general. Sin embargo, sectores políticos y los periodistas manifestaron que si
había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el
establecimiento de la relación del presidente con el narcoparamilitarismo.
Aparte del presidente, Santos mindefensa,
Luis Carlos Restrepo comisionado de paz, prófugo de la justicia desde 2012 y
Oscar Narango, el director de la Policía, sabían de las "andanzas" de
Santoyo. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el
cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y otorgarle libertad bajo fianza,
además de protección para su familia en territorio norteamericano. En tanto, la
Fiscalía ejecutó el proceso de extinción de dominio a
todas las propiedades de Santoyo y su familia.
Carrera pública de Santoyo. Jefe de seguridad durante la campaña a la
presidencia en 2002 de Uribe. Informes del Departamento de Estado de USA
de 2003, 2004 y 2005 advirtieron claramente la situación de Santoyo y del Gaula
en Medellín. Lo trajo al Palacio de Nariño. Lo defendió. Lo condecoró. Lo llevó
al servicio consular en Italia, como agregado militar. “Me complace mucho haber entregado esta noche la Orden Nacional al
Mérito al general Mauricio Santoyo, protector de todas las horas con su lealtad
y toda su eficacia”, el presidente 2 días antes de dejar el
gobierno, en agosto 5 de 2010. La Procuraduría en fallo de octubre 7 de 2003,
lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de
funciones públicas por el término de 5 años. Providencia confirmada en
noviembre 30 de 2004. En abril 7 de 2006
se dispuso la suspensión de la sanción. De la sala del consejo de estado que
tomó la decisión hacía parte el hoy Procurador Alejandro Ordóñez.
Se revelaron las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la
Policía con el General (r) Mauricio Santoyo, señalados de participar en
actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron al oficial
en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia como jefe de
seguridad del presidente. En USA tendría abiertos 8 expedientes de altos
oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos con
narcoparamilitares. En esas investigaciones relacionan a la Policía y el
ejército con el general Santoyo, a:
1º Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército;
2º Jorge
Daniel Castro, general, comandante policía
Antioquia, en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y
cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el
ascenso de Santoyo. En 2007, 11 generales son relevados por el caso de las
“chuzadas” entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro.
3º Rubén Carrillo, comandante policía Antioquia;
4º Luis Alfredo Rodríguez Pérez, comandante de la Policía de Medellín y director
de la Dijin;
5º Carlos Arturo Ceballos, jefe de la sala técnica del Gaula, quien llevaba
los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín. En una carta dirigida
al entonces fiscal Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la
participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en
complicidad con Santoyo.
6º Mario Fernando Herrera Ariza, Mayor. Jefe de
Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Éste concertaba las citas
de ‘El Canoso’ y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para
lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Santoyo y Herrera se reunían en la
sede de la empresa Seguridad Silver, para hacerle seguimientos a Daniel
Coronell.
7º Teodoro Campo, general. En octubre de 2000 Campo
fue retirado de la policía pero 2 años más tarde gracias a su cercanía con
Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue
designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien
designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada
gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó.
8º Jorge Vargas Peña, Coronel. El narcotraficante
Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ afirma que el general Santoyo, siendo jefe
de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como
principal enlace entre él y las AUC. Sierra afirma que, a pesar de que estaba
expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5
millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el
coronel Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de
eso. “Él, Vargas, sabía que yo estaba y, yo, le aportaba dinero”.
9º Julio César Santoyo, general. Hermano de Santoyo,
era el correo entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe
de seguridad del comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo. Alias ‘El Tuso’
Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: “Julio le llevaba las
razones a El Alemán”. Entre los narcoparamilitares que tuvieron nexos con los
oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias ‘Don Berna’ y alias ‘Gordo
Lindo’. Antes de ser asesinado el teniente Néstor Eduardo Porras, aseguró que
Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali.
10º
Flavio Buitrago Delgadillo, general. Fue comandante de la policía Antioquia, reemplazo a Santoyo como
jefe de seguridad del presidente Uribe. Condecorado junto a Santoyo en agosto 5
del 2010. El General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al
senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre
parapolítica. Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al
entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan
contra dirigentes involucrados en la narcoparapolítica. Se intentaba presentar
como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio
Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual
éste hizo 2 días después.
021
020
2002 Enilce López ‘la gata’. Aporta
$100 millones a campaña presidencial en 2002. ‘la gata’ empresaria del chance fue
condenada por el asesinato de Amaury Fabián Ocho Torres, acribillado en junio 12 de 2000, quien era el celador del peaje en la
vía entre los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar, en Sucre, por este
delito fue sentenciada a 37 años de prisión, multa de 2.000 salarios mínimos y
a indemnizar a la viuda de Ochoa Torres, Mabel
María Ochoa Blanco, con 500 salarios mínimos, por homicidio agravado y
concierto para delinquir. Enilse paga la condena en su casa en
Barranquilla, cumpliendo además una pena de 9
años por su participación en el delito de concierto para
delinquir por sus vínculos con grupos narcoparamilitares, entre ellos, el
comandante de Policía de Magangué, John Milton Arévalo rodríguez, el director
regional del DAS, narcoparamilitares como Lido Romero Contreras, alias ‘mono
lidio’, Sergio Manuel Córdoba, alias
‘ciento veinte’, Jairo Antonio Castillo, alias 'pitirri', los autores del homicidio, alias ‘El Niche’ y
Luis Fernando Caro Solano alias 'magensio'.
“En mi campaña presidencial del
2002, hay un cheque por $100 millones de pesos fueron girados por Enilce López,
“la gata” según admitió el propio mandatario. Fabio Echeverry, gerente de la
campaña, negó que hubiera recibido cheques con la firma de López: “hizo los
aportes a través de Uniapuestas, un consorcio de empresas de chance de la
Costa, de la que López es socia”. La empresaria del chance, hoy detenida en el
búnker de la Fiscalía, acusada por lavados de activos y peculado por
apropiación. Cuando esos dineros ingresaron, la señora López no tenía
investigaciones y la contabilidad pasó las pruebas de la lista Clinton y de la
Fiscalía. Todo se hizo sobre la mesa, dijo Echeverry.
‘La Gata’ aparece referida en
varias investigaciones desde finales de la década de los 80. La primera es un
oficio radicado como DNPI-741, en el que miembros del Bloque de Búsqueda de la
Policía que abatieron a Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, cerca de Coveñas,
Sucre, en diciembre 15 de 1989, indicaban que el capo tenía amistad estrecha
con una joven llamada Enilce López, y que ella le manejaba sus inversiones en
la Costa. En julio 8 de 1998, una comisión de investigadores de la Fiscalía que
instruyó 14 procesos por masacres, desapariciones y crímenes selectivos entre
Carmen de Bolívar, Magangué y la parte norte de Sucre, donde La Gata tenia
intereses en desplazar campesinos y apropiarse de sus tierras en de políticos
de la región.
Desde hace 3 décadas el nombre de Enilce del Rosario López Romero ha
circulado por igual tanto en escenarios de poder de la costa Atlántica y los
negocios del gota a gota, el chance o la brujería, como en expedientes judiciales
y reportes de inteligencia de las autoridades de Colombia y USA que la
relacionan con las mafias del sanguinario Rodríguez Gacha o Salvatore Mancuso.
Después de la muerte del capo del narcotráfico Gonzalo Rodríguez Gacha,
alias El Mexicano, en diciembre de 1989, paisano del expolicía Héctor Julio
Alfonso Pastrana esposo de ‘la gata’, la pareja se habría quedado con una finca
que en vida les encargaba cuidar el narco cerca de Tolú, donde precisamente fue
abatido. El negocio de apuestas creció tan rápido, que se asegura que alias ‘El
Mexicano', había sido amigo y socio de La Gata y en su desesperada huida antes
de caer muerto en una persecución del Bloque de Búsqueda en el Golfo de
Morrosquillo, entre Sincelejo y Tolú, le había dejado unas canecas llenas de
dólares. El control del negocio del chance dejó una estela de crímenes que
jamás fueron aclarados. En los años
90, en menos de 72 meses, fueron acribillados 18 empresarios. Varias
investigaciones contra empresas de Enilce López, como Uniapuestas, ya
prescribieron.
Enilce
López, en indagatoria ante un
fiscal, negó las sindicaciones e insistió en que se trata de una ‘Persecución
Política.
019
2006
Térmicas. ‘Cargo
por Confiabilidad’. Robo 23 billones. La Resolución 071 de 2006, del ministro de Minas y
Energía, Tomás González adopta la
remuneración del ‘Cargo por
Confiabilidad’, que obliga los generadores térmicos a surtir energía en
época de crisis energética, pero el gobierno no facultó a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios para vigilar estos pagos a las térmicas. En
2015 de las 32 unidades de generación
térmica existentes, en la actualidad solo se encuentra disponible
Termocandelaria. La superservicios, entidad de ‘control’ del sector de
servicios públicos informa que sólo vigila que las térmicas cobren las
tarifas, más no el destino que se le dé a los recursos. El seguimiento al
dinero pagado a las térmicas no tiene doliente en el Gobierno, razón por el
cual no se sabe dónde fueron a parar los dineros recogidos en las facturas
eléctricas que han pagado los colombianos por 23
billones.
Costo de emergencia energética lo pagan los
colombianos: supera los $3 billones. Los recursos se obtendrán vía tarifas y
presupuesto de la Nación. Los usuarios ya pagaron más de $23 billones en el
‘Cargo por confiabilidad’.
018
2007 Invercolsa. Ecopetrol. Fernando Londoño Hoyos renuncio al
mingobierno en medio de un escándalo miedoso por la adquisición ilegal de
acciones de la firma Invercolsa y en febrero 8 de 2007 fue condenado a
restituir las acciones. Hoy, Londoño impulsa el Referendo contra la corrupción
y la politiquería”. ¿Qué tal?
017
2008
Aerocafé. Aeropuerto del Café. Robo 1.1 Billones. El aeropuerto del Café que se construye
en Palestina, Caldas, se convirtió en un ‘hueco sin fondo’. Además de tragarse
millonarios recursos de todos los colombianos, es el elefante blanco más grande
y costoso de la Nación. En 2008 el caldense Óscar Iván Zuluaga fungió como
impulsor de Aerocafé, obra que alzó vuelo durante el segundo gobierno Uribe,
cuando Zuluaga era ministro de Hacienda, se gastó más de $300 mil millones, a
pesar de graves errores técnicos, geológicos y con actos de corrupción. El
director de Planeación, el pereirano Simón Gaviria, dijo que le faltan estudios
y la estocada final vino del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aclaró
que “Se necesitan recursos y hoy no los tenemos”, dijo.
El problema es que para finalizar la obra
tendría un costo cercano a 1,1 billones de pesos, una cifra exorbitante en
comparación con otros terminales de América Latina. Lo insólito es que en 1985,
cuando nació la idea, valía 45.000 millones de pesos.
El terminal aéreo tiene varios problemas:
1º La
pista tendría solo 1.400 metros de longitud, solo aterrizan aviones pequeños y
permanece cerrado la mitad del año por problemas climáticos;
2º Ya
hay 4 aeropuertos en la región que quedan muy cerca y que se pelearían los
pasajeros, La Nubia en Manizales, El Edén, Armenia, Matecaña, Pereira y Santa
Ana, Cartago;
3º El
problema de la longitud de la pista plantea 2 enormes dificultades:
La
primera es técnica, porque construir la definitiva, de 2.400 metros, es un reto
enorme para la ingeniería. La razón es que para construirla es necesario cortar
varias montañas y rellenar los espacios para formar una meseta.
La
segunda, la financiera, es consecuencia de la anterior, pues hacer una obra de
esas dimensiones multiplica el costo del proyecto;
4º Hoy
nadie entiende cómo comenzaron obras sin los estudios técnicos, que aparecieron
solo en 2014;
5º Lo
peor, ignoraron un análisis de 2002 que advertía de los problemas con los
rellenos, conocidos como terraplenes. En efecto, varios terraplenes no
sirvieron, lo que motivó una investigación de la Contraloría que vinculó a 31
funcionarios entre exgobernadores y exalcaldes, que fueron absueltos. El
proceso sigue abierto solo con los contratistas, a quienes la Corporación
Cívica de Caldas, una entidad gremial veedora, les descubrió otra perla: un
carrusel de contratistas e interventores.
Francisco José Cruz Prada, secretario de
Ambiente de Bogotá. En contra de este servidor público cursa una investigación
en la Contraloría por un detrimento patrimonial cercano a los $50 mil millones
en la construcción del fallido Aeropuerto de Palestina, cuando este se
desempeñaba como Gerente de Aerocafé. En Caldas dicen que el único avión que ha
despegado del Aeropuerto del Café es su ex gerente el señor Cruz. Es el mismo
que salió a defender la propuesta de Peñalosa diciendo que el concepto de la
CAR sobre la Reserva Van der Hammen, es equivocado: ‘No hay reservas
intocables’. Por un lado esto es sorpresivo ya que según la hoja de vida de
Cruz, antes de su puesto en la Alcaldía trabajó 3 años como director de
Evaluación y Seguimiento Ambiental de la CAR, es decir que estuvo involucrado
en el concepto que ahora desvirtúa. No es claro si hay que creerle al Cruz de
Peñalosa o al Cruz de la CAR. Esto es preocupante ya que Cruz no parece tener
el mejor prontuario en el tema de los macroproyectos.
016
2009 Isagén. Los ministros de Hacienda,
Óscar Iván Zuluaga y de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, propusieron la
venta del 57% de la participación de la Nación en Isagén, negocio que incluía
la venta de electrificadoras en Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, confiaban que la venta quedará definido para el
segundo semestre de 2009 y por el que el gobierno calculaba que
entrarían a las arcas de la Nación $4,3 billones, ya que contaba que esos
recursos hicieran parte del plan de financiero de 2010, se adelantaron
conversaciones con firmas como JP Morgan, Goldman Sachs, Créditos Suisse y
Citibank.
015
2001.
Caso Lezo. Cómo se apoderaron de la Triple A de
Barranquilla. En
2000 comenzaron los negocios millonarios para un puñado de empresarios
españoles y colombianos con el agua, el alcantarillado y el aseo de
Barranquilla, cuando se dio el paso clave para el tránsito de la Triple A a
Inassa, la filial de Canal Isabel II. Se concretó en noviembre del 2001 y
se abrió la compuerta para que entraran a participar del jugoso negocio los empresarios
barranquilleros Luis Nicolella de Caro, Enrique Miguel Gerlein Navas y
Nelson Polo Carbonell con un 18.76% de Inassa.
Inassa
es el principal accionista de la Triple A de Barranquilla, que factura más de $650
mil millones, tiene el 37 por ciento de Metroagua de Santa Marta y de Asaa de
Riohacha, entre otras empresas y actividades. Inassa fue constituida en 1996 en
Barranquilla por Aguas de Barcelona, que en ese momento había sido contratada
como socia operadora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la
ciudad. Al llegar, adquirió el 13% de las acciones. En 2002, cuando se había
expandido en varios países, Inassa fue adquirida por Canal de Isabel II a
través de Canal Extensia, una filial creada para expandirse en América Latina.
Colombia fue la cabeza de playa de esa operación.
A partir de ese momento, y a
través de unas cuestionadas operaciones de disminución de capital,
revalorización del patrimonio o emisión de nuevas acciones de la Triple A,
Inassa fue aumentando su participación en detrimento de Barranquilla, que
terminó con los años con solo el 13% por ciento de la propiedad. La única
explicación que el Distrito ha dado es que cada vez que había que hacer
inversiones o se emitían acciones, Inassa aumentaba su participación porque
Barranquilla no tenía cómo capitalizar. Sin embargo, lo que ahora está al
descubierto es que lo habría hecho con dineros de la propia empresa.
014
2008. Subsidios no
reembolsables para distrito de riego en Montería. Robo $15 mil millones. El ministro de Agricultura firmó
el decreto 732 de 2008 con el que el gobierno invirtió más de $15 mil millones
para el distrito de riego en Montería, Córdoba. Para
la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, le fueron distribuidos recursos en subsidios
por $3.200 millones, así: en 2008 recibió $903
millones; en 2009, $1.404 millones; en 2010, $990 millones, gracias al decreto.
En el año
2008 este distrito tuvo la segunda mayor participación en un proyecto de
mantenimiento e inversión que hay en el Incoder para los distritos de riego”.
013
2009 Carimagua. El gobierno pactó en el
acuerdo 005 de septiembre de 2004 que el inmueble denominado Carimagua, de
17.000 hectáreas en el Meta, sería entregado 700 familias víctimas de
desplazamiento forzoso, de la violencia narcoparamilitar y guerrillera.
Andrés Felipe
Arias, cambio la destinación y ordeno la entrega en concesión de Carimagua, a
empresarios, para sembrar palma, caucho, madera, incluso propuso venderles los
terrenos. El minagricultura, aseguro que ese predio no tiene infraestructura
para entregarlos a un grupito de desplazados. En cambio dice Arias- en manos de
los privados, generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en
otras tierras para desplazados.
012
2009 Agro Ingreso Seguro
AIS. Robo: $12.700 mil millones. Afectada: Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Despilfarro y Pillaje. Se contrató y pago a los
Grandes Medios de Comunicación y a prestigiosas Agencias de Publicidad, para
diseñar, programar, implementar, mantener y actualizar la divulgación, Manejo
de Imagen y campañas del programa AIS; Con empresas de Encuestas para:
Asesoría, consultoría, realización, diseño, digitación, tabulación y análisis
de Sondeos de opinión pública de los colombianos sobre el AIS, igual, que la
elaboración de Vallas, pendones y pasacalles de diferentes tamaños y la
producción y fabricación de pocillos, gorras, camisetas, manillas, calendarios,
llaveros, botones, lapiceros, para promocionar el programa AIS. Macabramente,
AIS era la plataforma financiada por el Estado para que Arias llegara al Solio
de Bolívar. Génesis. 1º Se investiga una gestión fiscal inoportuna e ineficaz por
la pérdida de recursos del Programa AIS en gastos distintos a difusión,
divulgación y socialización de ciencia y tecnología. 2º Según la investigación,
la gestión fiscal fue inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos,
derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros
para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos,
incentivos y demás instrumentos que integran el programa “AIS”. Créditos al
sector agropecuario- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. Afectación social. Que
los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de
ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector
agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad,
el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido
destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo
que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general
al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Vinculados. -Andrés Felipe Arias
Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Andrés Darío Fernández Acosta,
minagricultura. -Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA. -Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro. Consecuencias. -El
sector ciencia – tecnología se vio afectado por la falta de recursos que
permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria. -Gran
parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al
programa AIS afectando la inversión social. -La apropiación de $25 mil millones
entre 4 familias y algunas más, se destaca la familia Dávila, de subsidios
destinados hacia campesinos medianos. La Fiscalía en las investigaciones sobre
los desvíos de dinero determino que tenían como destino principal a políticos,
empresas privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja
Carrillo, alias el negro. Contexto. En el gobierno y el
minagricultura, Arias, impuso uno de los programas más polémicos en la historia
de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y
tecnología dentro del sector agropecuario. Agro Ingreso Seguro AIS,
era el nombre de un programa ‘estrella’ del del gobierno 2002-2010, que tenía
como objetivo prestar asistencia agrícola a campesinos, en teoría este iba a
ser un programa para impulsar el sector agro de Colombia, pero esos recursos
fueron destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la
gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegarán realmente a los
productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario.
Además, muchos de esos recursos se otorgaron a poderosas y millonarias
familias. Es decir, era un programa que beneficiaría a campesinos pobres pero
el dinero resultó en manos de los millonarios.
El escándalo estalló por irregularidades en
el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias
campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales por
más de $200.000 millones en 2009 a narcotraficantes prestantes familias del
Magdalena y Valle del Cauca, entre ellas, Valerie Domínguez, su novio, cuñada y suegros. Inés María y José Francisco Vives Lacouture fueron
condenados a 12 años de prisión por su responsabilidad en peculado por
apropiación y falsedad en documento privado por AIS.
Condenas. Por el
escándalo de AIS –que tiene tras las rejas a varios
empresarios y funcionarios del gobierno nacional –el
minagricultura Arias 2005-2009 está hoy pedido en extradición por Colombia. En
2014, la Corte Suprema condenó a Arias, estando prófugo en USA, a 17 años de
prisión y multa de 13 millones de dólares, hallándolo culpable de celebración
de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de
terceros, según la justicia, terminó desviando millonarios recursos que debía
dar en forma de subsidios y ayudas técnicas a los campesinos que quisieran
trabajar la tierra, a algunas de las familias más ricas y poderosas del país.
Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el ministro Arias escapó a
USA, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad
bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o
no de su extradición a Colombia.
Inés María y José Francisco Vives Lacouture
fueron condenados a 12 años de prisión por su responsabilidad en peculado por
apropiación y falsedad en documento privado por AIS.
Odebrecht
– Arias. La fiscalía definirá la situación jurídica del ministro de
Agricultura Arias, quien empezó a aparecer en las declaraciones de testigos
claves de la investigación que lleva el ente acusador por el escándalo de
sobornos de Odebrecht. Ante esos testimonios, y varias pistas que lo ubican en
reuniones con empresarios de la multinacional, el exministro tendrá que
explicar qué relación tuvo con esa firma. Un alto funcionario del gobierno
Uribe que está en USA venía
siendo mencionado en las declaraciones como una de las personas que recibieron dinero
de Odebrecht, incluso con un salario mensual para su sostenimiento en ese país. La
Fiscalía dijo que para el momento de
los hechos investigados Arias ya no era ministro, por lo “va a tener que
explicar su presencia en una reunión en Palacio en el gobierno Uribe a la que asistió uno de los más altos
directivos de Odebrecht”.
Perseguido Político. Arias, quien siempre se ha declarado inocente y dice ser
una víctima de ‘persecución política’ por parte del gobierno de Santos, fue
arrestado en agosto del 2016 en USA y en noviembre de 2016 año recibió la
libertad bajo fianza.
011
2004-2017 Acumulación
irregular de predios baldíos. La Contraloría solicitó a la Agencia Nacional
de Tierras, ANT, emprender acciones judiciales para anular casos de despojo y
venta irregular de baldíos en casos de acumulación indebida de Unidades
Agrícolas Familiares, UAF, o enajenaciones de adjudicatarios originales sin el
lleno de los requisitos legales.
La acumulación irregular de predios baldíos recaen sobre 322 predios,
para un total de 123.482.89 hectáreas. Por ahora el ente de control advierte
sobre 33 casos concretos, 12 de ellos ubicados en Córdoba, 3 de familiares del
minagricultura, Aurelio Iragorri, del ministro de esa misma cartera, Rubén
Darío Lizarralde,
Los informes de actuaciones especiales sobre "la acumulación
irregular de predios baldíos", uno sobre la altillanura, Meta, Caquetá,
Vichada de 240 páginas, y otro sobre Antioquia y Córdoba, de 67 páginas,
presentados por el ente de control fiscal en febrero y septiembre de 2014,
respectivamente, y que sirvieron de insumo para la decisión que se anuncia. Los
documentos han sido remitidos la Fiscalía y Procuraduría, para que determinen si existe responsabilidad
penal y/o disciplinaria, por violación de los topes establecidos en la ley,
como son 450 hectáreas o de la Unidad Agrícola Familiar, orientados promover la
función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.
El
ministro Iragorri. La Contraloría señala a primos del ministro Aurelio
Iragorri Valencia, por tierras situadas en La Primavera, Vichada, que
corresponden a 3 predios de 3.816 hectáreas, "se logró evidenciar la
adjudicación irregular de tres predios en el Vichada por el Incora y su
posterior acumulación de cuatro empresas". Se pone de presente que
"se omitió verificar el requisito de la explotación económica por los
solicitantes por espacio al menos de 5 años, teniendo en cuenta que los
beneficiarios con la adjudicación no son habitantes de la zona sino de la
ciudad de Bogotá y con actividad económica en otras ramas de la economía".
El
ministro Lizarralde. También se destaca el caso que tiene que ven con familiares
del exministro Lizarralde, con tierras ubicadas en La Primavera y Puerto
Carreño, Vichada, correspondientes a 4 predios de 5.064 hectáreas. El informe
del organismo revisor, indica al que "los predios El Nudo, La Cola, El
Gorro y la Costa hacen parte del denominado 'Bloque Dávila', dentro del
proyecto de producción de caucho en el departamento del Vichada, promovido por
Indupalma. En las sociedades por acciones simplificadas que adquieren estos
predios se cuenta con la participación de la ministra de Educación, María
Fernanda Campo -2010 a 2014-; del ministro de Agricultura, Rubén Darío
Lizarralde, del hijo de la expareja y de 4 hermanos de la ministra". Y
agrega el ente de control en este aparte que "los predios que se acumulan
tiene origen en terrenos baldíos de la Nación, adjudicados a particulares y que
desde el año 2010 han sido adquiridos por sociedades por acciones simplificadas
y particulares (...)".
Los
12 casos en Córdoba. Entre los baldíos señalados en Córdoba por la Contraloría
se encuentra:
1º. Con 17 predios de 570 hectáreas en
Montería, Tierralta y Valencia de William Gánem, María Victoria Gánem, Abraham
Gánem y Rosa María Gánem, ganaderos y algodoneros
2º. Con 5 predios de 223 hectáreas en
Puerto Libertador de Cerro Matoso;
3º. Con 17 predios de 808 hectáreas en Canalete, San Pelayo y Tierralta de Pedro Ghisays Chadid, Exgobernador de Córdoba, dueño
de Apuestas Córdoba. Presunto testaferro de
Mancuso, señalado por el exgobernador de Córdoba Jaime Manzur de haber recibido
dineros del Cartel de Cali y de ser el puente entre esa organización y el congresista
Jorge Ramón Elías Nader -condenado por el proceso 8.000. La Fiscalía determinó
que Pedro Ghisays era un testaferro de Mancuso que aportó $382 millones de
pesos y unos predios para el desarrollo de proyectos productivos para
desmovilizados. Con el fracaso de los proyectos, este sujeto y otros empresarios
le devolvieron la mayoría de los predios a Mancuso a través de negociaciones
simuladas para que luego el jefe narcoparamilitar pudiera entregarlos para la
reparación de las víctimas. Según la investigación, Pedro Ghisays adquirido 17
predios adjudicados como baldíos entre 1997 y el 2004, once de dichas
adjudicaciones fueron realizadas en diciembre 31 del 2004 por la regional
Montería del Incora.
4º. Con 3 predios de 49 hectáreas en
Canalete de la Sociedad de Inversiones Casa Grande;
5º Con 8 predios de 77,6 hectáreas en
San Carlos y Montería de William Enrique Salleg
Taboada, Propietario y director de los
diarios El Meridiano, de Córdoba y de Sucre. Como antecedente, en grabaciones
entregadas a la Corte Suprema por Clodomiro Castilla, periodista que posteriormente
fue asesinado, se escucha a William Salleg conversando con Salvatore Mancuso y
coordinando una estrategia mediática para las AUC en medio del proceso de
desmovilización. La Corte ordenó a la Fiscalía investigar a Salleg, proceso en
el cual Clodomiro Castilla iba a ampliar su denuncia, pero 5 días antes fue
asesinado.
6º Con 6 predios de 152 hectáreasen Canaletes y Puerto Libertador del empresario
antioqueño William Vélez, cabeza del Grupo Ethus y accionista mayoritario de
Inversiones Las Cumbres, según la investigación, Vélez y empresas de sus
familiares acumularon predios adjudicados como baldíos, así:
6º 6.1º Con 2 predios de 43 hectáreas en
Canalete de Lina María Vélez. Hija de William
Vélez Sierra.
7º 6.2º Con 2 predios de 43 hectáreas en
Puerto Libertador de Sandra María Vélez;
8º 6.3º Con 2 predios de 66 hectáreas en
Canalete de la Sociedad W de Jesús Vélez Sierra. Hijo de William Vélez;
9º Con 6 predios de 580 hectáreas en
Tierralta de la Reforestadora Kandecord;
10º Con 44 predios, de 1.450 hectáreas
en Tierralta de la Reforestadora Industrial Paramillo;
11º Con 58 predios de 3.274 hectáreasen Ayapel, Córdoba y Caucasia,
Antioquia, de la Sociedad Garlema, de Ernesto
Garcés Soto, gerente de la empresa Garlema S. A., dedicada a la producción
especializada de café, y a la cría especializada de ganado vacuno. Garcés Soto
es excongresista por el Partido Conservador y, en 1995, tuvo orden de captura
por la conformación del grupo narcoparamilitar ‘La Escopeta’, investigación que
precluyó por vencimiento de términos. Garcés fue señalado por el ‘Tuso Sierra’
como narcoparamilitar, estuvo involucrado en el connotado caso ‘Tasmania’.
En diciembre 31 de
2001 Héctor Manuel Pineda Gómez, gerente regional del extinto Incora en
Antioquia, firmó 42 resoluciones de adjudicación de predios baldíos, es decir
del Estado, a un grupo de solicitantes que “acreditaron todos los requisitos y
condiciones para la expedición del título de dominio”, adjudicaciones que no se
las hicieron a campesinos pobres, como dice la norma, para su supervivencia y
la de su familia en lo que se llama una Unidad Agrícola Familiar. Quienes
recibieron esos 42 predios, ubicados en el corregimiento Margento, de Caucasia,
Antioquia, frontera con Ayapel, departamento de Córdoba, hacían parte de una intrincada red familiar,
empresarial y clientelar de Garcés Soto, en la que participaron hijos,
parientes, empleados, miembros de las juntas directivas de sus empresas,
políticos de su tierra natal, Concordia, Antioquia, para hacerse a por lo menos
2,500 hectáreas en una zona de explotación minera y ganadera, y en una época en
la que el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)
tenía la hegemonía armada en la región.
Para lo cual se
crearon camarillas de beneficiarios de las adjudicaciones de baldíos,
realizadas por la Gerencia regional de Antioquia del extinto Incora en
diciembre 31 de 2001:
1ª. Familia
directa y su parentela. Recibieron predios sus 4 hijos, Dora Cristina, Victoria
Eugenia, Marta Isabel y Julio Alberto Garcés Lema. Pero además de ello aparecen
como beneficiarios una serie de personas, hombres y mujeres, que a partir de
sus apellidos se podría inferir una relación de parentesco, se trata de Lema
Salazar, González Lema, Lema Restrepo, Lema de González, Garcés Acosta, y
quienes tienen un gran porcentaje de las tierras adjudicadas como baldíos.
2ª. Miembros de
junta directiva. En las resoluciones de adjudicación hay 3 empresas de
propiedad de Garcés Soto, Garlema S.A., Inversiones Balsora S.A. y Trilladora
Unión S.A., todas ellas del sector agropecuario, registradas en la
Superintendencia de Sociedades. Los integrantes que salieron “favorecidos” por
el Incora, son: Honorio Vélez Uribe, quien hace parte de la junta de las 3
empresas; Luis Guillermo Gaviria Osorno, está en las de Garlema S.A. y Balsora
S.A.; Pedro José Garcés Maya, en de Balsora S.A., quien recibió dos predios, el
mismo día y con dos resoluciones distintas.
3ª. Políticos
locales y sus parientes. Juan Jairo Montoya Correa, alcalde de Concordia,
elegido en las elecciones de octubre de 2007 para el periodo 2008-2011, pero
fue destituido del cargo por irregularidades en contratación. Su esposa, Gladis
Helena Hernández Barrera, aparece también en la resolución de adjudicación.
Diego Alejandro Guerra Restrepo, quien se desempeñó como secretario de Gobierno
de Concordia para el periodo 2008-2011. Pues resulta que uno de sus hermanos,
Juan David, también recibió predio del Incora el 31 de diciembre de 2001.
4ª. Empleados de
las empresas; Un predio les fue otorgado a Ángela María Betancur Cañola,
secretaria de Garlema, Jesús Emilio Agudelo Sánchez, contador de Balsora S.A. y
Trilladora Unión S.A. Beatriz Elena Betancur Cañola, hermana de la anterior,
también le dieron predio.
5ª. Personajes representativos;
Sergio Alonso Vélez Sierra, hermano de William Vélez Sierra, uno de los
empresarios más poderosos del país en renglones las empresas de aseo, la
infraestructura y el sector eléctrico. En el título de adjudicación aparece
junto con Victoria Eugenia Garcés Lema, hija de Garcés Soto.
12º Con 11 predios de 103 hectáreas en
los municipios de San Carlos y Montería, de la persona natural o jurídica que
posee las tierras que corresponden a la Sociedad Agropecuaria 'El Ubérrimo',
Según el informe de la Contraloría, en 2012 estos predios resultaron
beneficiados de inversiones por parte del Incoder y de Corpoica que
privilegiaron el distrito de riego Mocarí. Allí se ubican los 59 predios que
conforman esta Sociedad Agropecuaria, y agrega, que esta Sociedad adquirió 17
predios adicionales entre 2008 y 2012. Antes de eso, se había beneficiado con 4
terrenos baldíos y adquirido un predio de reforma agraria".
010
2010-2014
Ley Urrutia – Zidres. Brigard & Urrutia. Apropiación
indebida de tierras mediante la Ley Urrutia - Lizarralde, deja sin vigencia el artículo 72 de la ley 160 que
establece claramente que los baldíos son para campesinos pobres y sin tierra.
Busca legalizar la acumulación ilegal de baldíos en la altillanura y en todo el
país, deja abierta la puerta a la extranjerización de las tierras en Colombia,
brindar “garantías jurídicas” a toda suerte de gamonales, terratenientes,
especuladores financieros, rentistas y mafiosos que lavan dinero del
narcotráfico acumulando tierras, se torna importante dimensionar el problema,
cubicarlo, tenerlo claro, definir quiénes son sus beneficiarios, para
identificar las acciones jurídicas y de movilización que lo confronten. El
informe de la Contraloría indica las reales intenciones del gobierno.
El golpe
demoledor fue cuando revelaron que el
gobierno tramitaba una ley para legalizar los negocios hechos por su
flamante embajador en USA. Además, que Urrutia mismo habría participado en la
redacción de ese proyecto ley junto con los abogados de los implicados.
Entre ellos Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal, el abogado de Luis Carlos
Sarmiento Angulo. Con el escándalo tocando la puerta de la Casa de
Nariño, Urrutia renunció. Pero la salida de Urrutia
y varios ministros no desanimó al Gobierno de Santos que volvió a presentar la
ley 6 veces hasta que por fin logró que se la aprobaran pero esta vez
con el nombre de Ley Zidres.
Son más de
300 mil hectáreas las que se apropiaron multinacionales, políticos,
empresarios, banqueros. Todos usando el mismo modelo jurídico. ‘Confianza
Inversionista’
009
2013 Riopaila y Carguill. Brigard & Urrutia. Francisco Uribe Noguera diseño un entramado legal que le permitió a
Riopaila y Carguill acumular tierras baldías en la altillanura colombiana.
Brigard & Urrutia elaboran el esquema jurídico que le permitió a
otros emporios económicos, apropiarse de miles de hectáreas de
tierras baldías. Se comprobó que detrás de todo estaba el embajador de Colombia
en Washington: Carlos Urrutia Valenzuela. Cómo se hizo. Uribe
Noguera creó 27 compañías de papel de las cuales él era el legal y con cada una
de ellas compró el límite legal permitido de baldíos. Esas empresas de papel,
la mayoría recién creadas habían pagado $40 mil millones, cuando nunca
habían operado y su capital social era ínfimo.
Para ocultar quien estaba detrás de la
operación Uribe Noguera cedió sus 27 empresas de papel a 5
sociedades españolas controladas por Asturias Holding una empresa de
Luxemburgo, un paraíso fiscal en el que las leyes impiden conocer la identidad
de los verdaderos propietarios.
Pero un informe de la empresa de auditoría Deloitte
& Touche, revisora fiscal de Riopaila, reveló que el verdadero dueño de la
operación que había hecho Uribe era el ingenio azucarero Riopaila Castilla.
Además, la firma del embajador
Urrutia y Uribe Noguera había usado la misma estrategia con Carguill,
multinacional que compró 52.575 mil hectáreas en el Vichada.
Las revelaciones continuaron dejando al
descubierto que Corficolombiana,
Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pacho Santos, la familia Matos Barrera,
Manuelita, Pacific Rubiales, Poligrow, Mónica Semillas, The Forest Group, entre
otros, se hicieron adjudicar baldíos del estado, que la constitución y
la ley destinan a los campesinos colombianos.
Aunque no habían sido asesorados por la firma de Uribe Noguera, habían copiado
el modelo.
‘Confianza Inversionista’.
008
2006
Los Nule. Brigard
& Urrutia. Brigard & Urrutia asesoró a 2 fondos “buitre” internacionales:
Invertotal y Hansa Holdings LTD, subsidiaria de Arco Capital Corporation, un fondo gringo e
Invertotal, mexicano-americano, para
que constituyeran la sociedad Solutions and Infrastructure Technologies, con un
capital suscrito de $1 millón, un capital pagado de 0 pesos, sin junta
directiva, Alberto Hernández es el gerente, constituida con el propósito exclusivo de tomar el
control administrativo de las empresas de los Nule, que le deben a estos 2 fondos $80 mil
millones desde 2007. Se
intentaba blindar la plata de los Nule de los acreedores estatales, comenzando
por Bogotá, otras ciudades, gobernaciones y la nación, que les dieron anticipos
para obras que no se han entregado y que tendrían que “hacer cola” detrás de
estos fondos por la ‘Confianza
Inversionista’. Los Nule firmaran el acuerdo,
los Fondos les prometían que se quedarían con el 25% de sus empresas si se
salvaban.
007
2006
Los Nule. Electrolima.
El grupo Nule era propietario de
Enertolima, de la empresa de energía de Pereira e iban por la Electrificadora
del Cauca. Enertolima entro como operador de Electrolima, afectando la
infraestructura eléctrica del Tolima, pese a denuncias presentadas a María Eva
Uribe, superserviciospúblicos, Manuel Maiguasha viceminas y Luis Ernesto Mejía miminas,
candidato vicepresidencial de Noemí y ministro estrella según el gobierno,
no intervinieron.
Resulta que el 50% de Enertolima y el 25% de la empresa de energía
de Pereira, no es de los Nule, sino de la empresa Solutions and Infraestructure
Technologies Colombia S.A.S, que aparece como el dueño mayoritario de la
empresa MNV y como un socio importante de Gas Kapital. La Supersociedades en
visita a las sociedades MNV y Gas Kapital al revisar el libro de
accionistas, descubrió que éste había
sido sustraído de la compañía sin ninguna explicación, que las empresas
carecían de contabilidad desde marzo de 2010, que había habido una cesación de
la actividad contable y tributaria. Un completo desorden financiero.
Los Nule tras 15
años de trayectoria, conformaron un emporio de más 35 empresas en los sectores
de energía, agua y construcción; llegaron a participar en más de 86 consorcios
para las diferentes licitaciones públicas; sus inversiones traspasaron las
fronteras, además de varios países de América Latina, desarrollaron proyectos
en España y en busca de recursos llegaron a China y Dubai. En su mejor momento
facturaron más de 200 millones de dólares al año, y emplearon, directa e
indirectamente a través de sus empresas, a unas 15.000 personas. Se
convirtieron en las estrellas nacientes de la contratación pública del país.
Algunos competidores que perdieron licitaciones frente a ellos, se atreven a
decir que como los sobornos a servidores públicos, fueron parte integral de la
fórmula del triunfo, lo implicaban un sobrecosto adicional que agravaba los
problemas de liquidez.
006
2014 Casos Andrómeda. Andrés
Sepúlveda. El CTI allano un local en Bogotá
con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada
de una central de inteligencia del ejército, que realizaba interceptaciones de
manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes
personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno
con la frac en el marco de los diálogos de Paz de la Habana; en este lugar se
hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias usd, planos de diagramas para
crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos.
En el allanamiento, el CTI
capturó al hacker AndrésSepúlveda, quien compró información de manera ilícita al ejército
sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial
del candidato del Centro Democrático Zuluaga.Un colaborador de Sepúlveda, Daniel Bajaña
Barragán, ecuatoriano, fue capturado por interceptar ilegalmente a Francisco
Santo vicepresidente.
La Fiscalía capturó a 3 miembros del
ejército por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Sepúlveda, además
de anunciar la captura de 4 miembros más.
En informe de la comisión
especial creada por mindefensa, concluyó que no se cumplieron con los
protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo
control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andrómeda,
por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados
relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su
retiro del ejército.
A pesar de estos hallazgos, el
gobierno ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.
005
2004 Compra de Reelección. Yidispolítica. “Vallan votando mientras los condenan”. A partir de las
condenas penales por cohecho propio a los congresistas Yidis Medina, Teodolindo
Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema, quedó judicialmente
demostrado que existieron ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del
gobierno a cambio del voto favorable al proyecto de reforma constitucional que
le permitió a Uribe aspirar a un segundo mandato presidencial. El Alto Tribunal
expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que
se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos
que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio,
minprotecciónsocial y Sabas Pretelt, mininterior y de Justicia y embajador en
Italia. Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la
historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos
sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente,
sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño
institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata
del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al
nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el
presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del
Estado en el época de campaña, por mencionar sólo algunos.
La Corte Suprema
determinó que Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas en
Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que
permitiría al presidente, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Si
Medina hubiera votado en contra, el proyecto de reelección se habría caído.
Yidis Medina fue
sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por cohecho. Además de la
congresista, en el 2015 fueron condenados altos funcionarios del gobierno,
Sabas Pretelt ambos a 80 meses de prisión y Diego Palacio a 60 meses, Alberto
Velásquez, secretario de la Presidencia. También fueron condenados los
congresistas Teodolindo Avendaño e Iban Díaz Mateus.
000
2010 Referendo para reelegirse
a un tercer período. Luis Guillermo Giraldo. El presidente intentó habilitar su nombre para
una segunda reelección mediante un referendo y el comité promotor de la
consulta, en cabeza de Luis Guillermo Giraldo, estuvo en un largo proceso
judicial por graves irregularidades en la recolección de las firmas. El Congreso, en horas
de la madrugada, aprobó la convocatoria al referendo. Pero la Corte
Constitucional, en la histórica sentencia del 26 de febrero del 2010, tumbó la
segunda reelección. Entre otras razones tras comprobar que hubo irregularidades
en la financiación de la campaña y que se gastó hasta seis veces más plata de
lo permitido. El congresista Giraldo y Carlos Alberto
Jaramillo, como representantes de la asociación Primero Colombia, las cabezas
visibles de esa campaña, terminaron imputados por los delitos de fraude
procesal y falsedad en documento público. Fueron exonerados por falta de pruebas a pesar de que aceptaron su
responsabilidad y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía para pagar 54 meses de
cárcel.
004
2004
‘Carrusel de las Notarías’. Surgió a
raíz de las declaraciones del ex superintendente de Notariado y Registro,
Manuel Cuello Baute, quien reveló ante la Corte Suprema el nombre de cerca de
34 congresistas a los cuales acusó de recibir nombramientos y notarías después
de entregar el voto favorable al proyecto que buscaba cambiar un artículo de la
Constitución con el fin de permitir la reelección presidencial.Tras estas
revelaciones la Corte abrió investigación y citó a versión libre a los
siguientes congresistas:
Eduardo Enríquez Maya Carlos Enrique Soto Jaramillo
Plinio Edilberto Olano Becerra Milton Arlex Rodríguez
Sarmiento
Jorge Hernando Pedraza. Jaime Alejandro Amín Hernández
Hernando Torres Barrera Flor Gnecco Arregocés
Tony Jozame Amar José
Luis Arcila Córdoba
Luis Fernando Almario Rojas José Renán Trujillo
Mario Uribe Escobar William
Vélez Mesa
Camilo Hernando Torres Barrera
Por este mismo caso la Corte
había condenado al congresista Alirio Villamizar a 9 años de cárcel por
concusión.
003
2006 Ventajosos Negocios de los hijos del presidente. El escándalo de corrupción que mayor trascendencia
mediática tuvo fue el relacionado con los negocios de sus hijos Tomás y
Jerónimo, quienes compraron a Bavaria SABMiller un terreno por $33 millones en
el municipio de Mosquera, que en sólo 2 años pasó a valer $3 mil millones un incremento
de 9.100% en virtud de las decisiones oficiales tomadas:1ºPor el POT del
municipio de Mosquera y 2ºAl declarar en el lugar donde se encuentra ubicados
dichos predios, La Zona Franca de Occidente, los ministros y altos funcionarios
del estado.
002
2006 Notaría en Tunja. Este caso fue otro de los más sonoros sobre la
utilización de la investidura presidencial para aumentar las arcas de la
familia Uribe Moreno y que tuvo su punto más álgido en julio de 2010, cuando la
Corte instó a la Fiscalía a investigar a Tomás Uribe por injerencia en la
asignación a un recomendado suyo de una notaría de Tunja, en un hecho que se
suma al escándalo de ofrecimientos de prebendas para la reelección de su padre
en 2006.
001
2008 Panamá Papers. Los
Uribe Moreno, aparecen conectados con
Asia America Investment Corporation, desde 2008, con jurisdicción en las Islas
Vírgenes Británicas. “La compañía fue creada
para vender artesanías colombianas en el mundo pero que “el negocio nunca
despegó”. La dirección registrada en Colombia es la carrera 8 No. 7-26,
es decir, la Casa de Nariño. Igual, con fecha noviembre de 2012, figura el
registro de la firma UM Holdings Global Inc a nombre de la sociedad Uribe
Moreno S.A.S. Dueños de "empresas
de maletín", el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación ICIJ, encontró la
ubicación de las empresas en ese ‘paraíso fiscal’ donde invierten los evasores
de impuestos, ladrones empresarios, mafiosos, políticos corruptos, asesinos en
fuga.
Hecho que han
generado debates éticos sobre los diferentes negocios de los Uribe Moreno,
quienes han sido presentados ante la opinión pública como 2 exitosos jóvenes
emprendedores, de 20 y 22 años de edad, en el sector de la propiedad raíz,
construcción y financiamiento de centros comerciales, artesanías, compra de
Cobre y reciclaje de basuras con la firma Residuos Ecoeficiencia, pero que en
virtud de su calidad de hijos del presidente obtuvieron enormes ventajas
comerciales respecto de sus competidores.
000
2002-2010 ‘Contra la Corrupción y la Politiquería’. Un manto de podredumbre por la comisión
de varios delitos cubre al entorno más próximo del cuestionado mandato, quien
en 8 años de gobierno dejó desinstitucionalizada a Colombia. Los escándalos han
salido a la luz pública han estremecido a la opinión pública y demuestran el
talante y la catadura de una gestión que utilizó el gobierno para favorecer sus
intereses y los del gran capital.
Escándalos de gran magnitud que tiene en la
cárcel a altos servidores públicos. Bernardo Moreno secretario de Presidencia,
Mario Aranguren director de la Unidad de Análisis e Información Financiera
UIAF, Jorge Noguera director del DAS, Andrés Felipe Arias minagricultura. Irán
más integrantes de ese gobierno a prisión dada la gravedad de los desafueros
cometidos durante los 2 periodos.
2016 Plebiscito por la Paz. Juan Carlos Vélez Uribe. En la campaña, ‘No a los acuerdos de paz’, en
octubre 2 de 2016, fue el propio gerente de la actividad, Juan Carlos Vélez
Uribe, quien salió a reconocer que habían puesto en marcha una densa estrategia
de mentiras aconsejados por asesores de Brasil y Panamá y financiados por
importantes empresarios del país.
La degradación de la contienda electoral no
es el único daño que le ha infligido a la democracia esta corriente política,
en el mandato 2002-2010 se han descubierto más de 27 grandes escándalos de
corrupción. Pero es el más profundo: ¡6 campañas nacionales, 6 escándalos! No
obstante, para importantes sectores resultará más creíble la ‘Cruzada
Anticorrupción’ del Ordoñez-uribismo.
000
Los 3 huevitos. 1º ‘Seguridad
Democrática’ 2º ‘Cohesión Social’ 3º ‘Confianza Inversionista’.
1º “Seguridad Democrática”. Política destinada a atacar y debilitar a
las organizaciones criminales que actúan en el país. La Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación CNRR, reconoce que en el 2011 los grupos armados ilegales
hacían presencia en 700 municipios, es decir, en el 65% del país. Las Farc, en
166 municipios, el ELN, en 117, las bandas criminales “Los Rastrojos”, en 166,
“Los Urabeños”, en 176, “Erpac”, en 28 y las “Águilas Negras”, en 84
municipios. Los actores armados le disputan al Estado el uso de la coacción y
ésta se orienta en controlar instancias de decisión y de estructuras económicas
e influir en las decisiones de las autoridades.
2º ‘Cohesión Social’.
3º “Confianza
Inversionista”. La estrategia ‘funcionó’: entre el 2000 y el 2015
ingresaron al país $131.400 millones de dólares. Lo que se escondió, con la
cortina de la euforia por los altos precios internacionales del petróleo y los
minerales, es que la renta de esa inversión era mayor (como debía de esperarse)
a lo que estaba ingresando. Para el mismo período la plata que salió del país
como renta de la inversión extranjera fue de $158.427 millones de dólares. Es
decir, cada dólar rentaba el 20% en renta bruta de inversión, un rendimiento
extraordinario. Una economía bulímica, que expulsa más capital del que le
ingresa.
Las reformas al código minero, la reducción
del pago por regalías, sacar a Ecopetrol como socio incondicional de las
operaciones de las petroleras foráneas, eliminar el impuesto de 7% de remesas,
las reformas de flexibilización laboral, los contratos de estabilidad jurídica
y las zonas francas fueron parte fundamental de la estrategia para atraer ese
capital extranjero en forma de inversión extranjera directa.
Para beneficios de particulares, el gobierno
da en concesión las vías, los recursos naturales, estatizamos los territorios
con Zonas Francas, pero vende y privatiza las empresas estatales de alta rentabilidad.
9º
Robos Seguridad Social Pensión - Salud - Riesgos.
2002-2010. ISS. Ley 100.
La
privatización de los desfalcos.
2014 En Colpensiones. Una juez envió a prisión a 8 de 11 capturados por
la Fiscalía, los otros 3 se les dio detención domiciliaria, por concierto para
delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos personales y fraude
procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas, quienes laboraban
como contratistas en la parte de sistemas de la entidad estatal encargada del
régimen de prima media, Colpensiones. La investigación comenzó en mayo 8 de
2014, momento en el cual uno de los directivos de la entidad denunció
irregularidades en el sistema informático de Colpensiones. Los contratistas
crearon una red delincuencial que cobraba por la modificación de los
historiales laborales entre $10 y $100 millones, según la complejidad del
trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon 2 modalidades
de delinquir: la 1ª, consistía en inventar desde cero el historial laboral de
una persona que nunca hubiese estado afiliada al ISS, la entidad encargada del
sistema pensional ni a Colpensiones; la 2ª, consistía en modificar el número de
semanas cotizadas por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes
de lo estipulado. La Fiscalía continúa la investigación.
2015 Desfalco a Colpensiones. Quindío. La fiscalía capturo en Armenia 15 personas,
acusadas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a Colpensiones,
a quienes se les imputo: fraude procesal, falsedad en documento, estafa.Los
detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían
conspirado para apropiarse de más de $1.400 millones de Colpensiones, aunque
la cifra podría llegar a los $7.5 mil millones, debido a que la entidad fue
defraudada durante varios años por esta "empresa criminal" encabezada
por un abogado. Este buscaba a personas mayores que fueran pensionadas o
estuvieran tramitando ese derecho argumentándoles que podía conseguir una
reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional argumentando
una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices conseguían historias
clínicas falsas de los reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes
ficticios que servían de soporte para sustentar una pérdida de capacidad
laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves,
crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces
realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en
donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas retroactivas.
Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a
juzgados y con estos documentos falsos ‘engañaba’ a los jueces para que
dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas pretensiones.
2006 Desfalco a Cajanal. Robo $600 mil millones. Los abogados Armando
Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros
documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones a
Cajanal, tramitando además de manera irregular ante la justicia, pensiones de
gracia, para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más
de $50 mil millones, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal
para el pago de dichas mesadas durante varios años en total el desfalco podría
sumar unos $600 mil millones en 2006. Los beneficiarios recibían el 50% del
pago y los abogados guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las
investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013 por
el tribunal de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7
años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez y multa a los 2 de $269 y $622 millones.
1989. Cajanal. Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por
hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar
Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con
la complicidad de jueces, lograron desfalcar en más de $5 mil millones a la
desaparecida Cajanal, a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.
Hernán Andrade, congresista, fue salpicado
en este escándalo, la Corte Suprema lo investigó en 2008, absolviéndolo en 2014
por falta de pruebas.
2016 Desfalco a Cajanal. Bolívar. Robo $40 mil millones. En 2016 la Fiscalía abrió
investigación contra otro abogado Manlio Aristio Barrios Buelvas, en otro
desfalco a Cajanal en Cartagena, por prevaricato por acción, peculado por
apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal, como responsable de
un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones en 2006. Según el ente
acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de
Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del
orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión
de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho
profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la
Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones, la cifra ha
aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en
alrededor de $40 mil millones.
2011 Escándalo de la Salud. Fosyga. En mayo, Santos anunció el descubrimiento de un
desfalco a los dineros de la salud, gestado desde el 2002 que podrían superar
no millones, sino billones de pesos en el minproteccionsocial. A través de un
trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la
Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial
que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban
reclamaciones fraudulentas al Fosyga, con el que se financia la salud de los
más pobres en Colombia.
Las modalidades de fraude consistía: 1ª en
“autorizarles los pagos a las EPS que habrían sido retenidos”; esto significa
que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder
a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el
servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el
NO-POS, por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al Fosyga
a disponer de los recursos y generar un doble cobro. 2ª era colocar
"personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos
monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los
tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca
recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin
que las beneficiarias se enteraran".
Por estas acciones fueron capturadas 7 personas,
entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS´s.Este
hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS´s en Colombia se
encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de
funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido
al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se
estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto,
las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en
consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y
hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es tan grave que la Supersalud
ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como
los casos de Caprecom y Saludcoop, que eran en su momento las más grandes de
país. Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del país suman, a
finales de 2015, unos $4 billones.
2002-2011Caprecom. Robo
$4 billones. Afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de
Comunicaciones Caprecom. Génesis. Indebida financiación con proveedores, desvío de recursos
por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que
no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo
inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos. Afectación social. Se
investigan deficiencias en la administración de los recursos de la salud. El
manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para contar
con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de los
sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los
afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo. Vinculados. -Carlos Tadeo Giraldo
Gómez, director general18.11.2002 a 19.09.2010. -Mario Andrés Urán Martínez,
director general 20.09.2010 a 20.09.2011. -Fernando González Rodríguez,
subdirector financiero 30.01.2003 a 31.01.2011. -Rafael Leonardo Páez Fuentes,
secretario general E. -Moisés David Hernández Sánchez, secretario general 11.07.2011
a 15.12.2011. -Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS E de Caprecom. -Bdo
Audit S.A. revisor fiscal, representada por Luz Marina Pérez Serna -Asesorías y
Servicios en Salud – Asalud Ltda, representada por Pedro Fabián Forero.
-Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., representada por Fabio Alberto
Valencia Bustamante.
En mayo de 2011 se
anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, que se
hacía desde varios años atrás, que podrían superar los billones de pesos en el
minprotecciónsocial. Se llegó a decir que era el mayor cartel de corrupción en
el país. Caprecom también era una EPS que tuvo que ser liquidada por no poder
pagar sus deudas, debido al mal manejo de los recursos que le llegaban,
el desvío de esos recursos por pagos de costos, y la indebida financiación
con proveedores. En Caprecom desapareció
$559.500 millones destinados para la salud de los colombianos. Se logró
detectar a un grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial, nombrados por el
ministro Diego Palacio, que organizaron un grupo delictivo, mediante el
cual presentaban reclamaciones fraudulentas al FOSYGA, que es con el que se
financia la salud de los ciudadanos más pobres en Colombia.
Una de las
modalidades de fraude consistía en “autorizar pagos a las EPS que habrían sido
retenidos”; es decir que la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los
pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con
esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los
servicios por el NO-POS por el que responde directamente el Gobierno, lo que
obligaba al FOSYGA a disponer de los recursos y generar un doble cobro.
Por estas y otras acciones de fraude fueron capturadas
7 personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de
EPS. Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del país sumaron,
a finales de 2015, unos $4 billones.
1998-2011 Saludcoop. Robo: $1,7 billones. Afectada: Ministerio de Salud. Vinculados. -Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente SaludCoop
-María Carolina Lamus, -Alberto Castro Cantillo, -Javier Mauricio Sabogal
Jaramillo, -Eugenio Mejía Serna, directivos de Saludcoop EPS -Consultoría de
Estrategias y Negocios S.A. -Estudios e Inversiones Médicas S.A. Hecho generador. La
utilización indebida y contraria a las normas de los recursos parafiscales del
Sistema General de la Seguridad Social en Salud para fines distintos a los
permitidos en beneficio de particulares. Afectación
social. Los afectados son los
aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen subsidiado, la
red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de servicios de salud. Se
vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de la vida. Contexto. En mayo 11 de 2011, por
resolución 0801 de la Supersalud, se ordenó la toma de posesión inmediata de
los bienes y haberes de la EPS Saludcoop. Todo empieza a partir del seguimiento
de la Contraloría, por el uso indebido de los recursos públicos para la
construcción de clínicas y hospitales mediante la desviación de $1.05
billones entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones que desató la
polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por
$6 mil millones, de los cuales $3.541 millones fueron al bolsillo del
presidente Carlos Palacino en el periodo del 2005-2010. Consecuencias. -El
sobreprecio de medicina y tratamientos para la atención de los usuarios de los
servicios de la EPS. -La confusión de los recursos de medicina prepagada
con los que integran el POS en beneficio de los privados. -La falta de pago de
los servicios de salud a los proveedores, que se registraba como utilidad. -El
traslado de aproximadamente 4 millones 500 mil pacientes a Cafesalud, debido a
la apropiación de los recursos públicos y desvío de dineros por parte de su
fundador Carlos Palacino y su equipo conformado por María Carolina Lemus,
Alberto Castro Cantillo, entre otros.
Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, es
investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que
sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes e inversiones
en el extranjero. Saludcoop está en venta y el proceso contra Palacino y otros
responsables continúa. La Contraloría intervino Saludcoop y obligó a sus
directivos, en cabeza de Carlos Palacino, a devolver los 1,4 billones de pesos
correspondientes a la salud, que habían sido desviados de manera ilícita. Según
la Contraloría, desde el año 1998 comenzó el fraude cuando Saludcoop, entre
otros delitos, extendió su red de oficinas y centros médicos apropiándose de un
porcentaje de los dineros de la salud que ingresaban y que eran registrados
como utilidad. Razón que lo sancionó a Palacino y a otros 14 involucrados.
El castigo del
gobierno: Palacino no puede ocupar cargos públicos en 18 años y multa por $56
millones. A 4 años de que el caso tomó forma, ninguno de los acusados ha sido
procesado, Saludcoop está a la venta y el proceso continúa para todos. La EPS
más grande de Colombia también fue una de las más corruptas. 2001-2010
Usó de forma indebida los parafiscales del Sistema
General de la Seguridad Social en Salud y generó pérdidas de $1,7 billones. Por
este caso hay 7 personas procesadas por este caso, que dio cuenta de la
impresionante corrupción en el sector salud.
La Contraloría sancionó a Saludcoop por la
apropiación ilegal de $1,4 billones.
En 2004, la supersalud sancionó a Saludcoop
por la apropiación ilegal de $195 mil millones, sanción que en 2010 y por las
mismas razones elevó a $627 mil millones, al llevar los análisis hasta 2008.
Sanciones confirmadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado.
La Procuraduría inhabilitó a Carlos Palacino
por estafa y por el incremento injustificado de su patrimonio.
La superindustria condenó a Saludcoop por
crear un “cartel” con otras EPS, entre otros delitos, pagarse 2 veces por el
mismo servicio, con la plata de la UPC y con la del Fosyga
Pero el Fiscal Jorge Perdomo, afirmó que la
Fiscalía no ha acusado a nadie porque “se habla mucho de una gran situación de
corrupción pero las pruebas no existen”.
En la Fiscalía tampoco avanza el caso en el
que esta EPS le robó al Fosyga $27 mil millones, al cobrarle por lo que no
había gastado, mediante el truco de girar 8.021 cheques que nunca se hicieron
efectivos. Ni en el otro de 2009 en el que el Grupo Saludcoop –con Cruz Blanca
EPS y Cafesalud EPS– infló en $825 mil millones sus gastos en medicamentos,
según los análisis del CID de la Universidad Nacional de Colombia.
2014 Coomeva EPS. Robo: $146.900 mil millones. Afectada:
Ministerio de Salud. Génesis. Distorsión de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta
y equipo, así como en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y
fueron registrados como costos. Afectación social. El efecto del uso indebido de recursos de la salud, que se generó por
manejos financieros y contables ilegales, evidencia la falta de transparencia y
la debilidad en los controles de las EPS, afectando a los aportantes del
sistema, debilitando financieramente el sistema de salud, contribuyendo así al
deterioro de la calidad de prestación del servicio y a su sostenibilidad financiera.
Vinculados. –CoomevaEPS-Fernando Panesso Serna, gerente.-Piedad
Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general.-Nilson Humberto León Ramírez.-Sandra
Moya Mendoza.-Price Waterhouse Coopers Ltda. -Judith Chica Mosquera, revisora
fiscal de Coomeva EPS. Los altos mandos de Coomeva EPS, distorsionaron cuentas
de costo y para su propio beneficio. Por ese caso, 5 directivos y 3
particulares fueron acusados por la Fiscalía por peculado por
apropiación, contratos sin requisitos legales, celebración indebida de los
mismos, quienes por medio de estos fraudes
se apropiaron de $3.411 mil millones que hacían parte de contratos
irregulares para la compra de medicamentos.
2017 El Cartel de los Abuelos. Risaralda.
El 18 de mayo se realizó la
audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a 8 implicados en
irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde
se atienden 93 personas, el caso fue denunciado por la personería. Hasta el
momento, la Fiscalía ha investigado 4 de 13 contratos en el Programa del Adulto
Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones. Entre los imputados
estaJohn Lemus, secretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía, quien
dice no tener responsabilidad en los cargos imputados. De los 8 implicados, el
fiscal solicito la medida de aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que
aceptó cargos, podría tener rebaja de pena del 50% y detención domiciliaria.
2016 Hospital Universitario del
Valle. Robo $123.783 mil millones. Fueron
capturadas por el CTI, 7 servidores públicos del Hospital Universitario del
Valle de Cali, por celebración indebida de contratos en el centro asistencial,
lo que originó un detrimento patrimonial
en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la
nación Ley 550 para reestructurarla. La Contraloría había
alertado sobre un detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle
por $123.783 millones. Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron
pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los
estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se
encuentra el director de la institución, Jaime Rubiano.
2013-2015 El Cartel de la Hemofilia. Córdoba. Robo $80 mil millones. Estalló luego de una investigación
hecha por la Contraloría, donde descubrió nombres de personas vinculadas al
Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de
hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos
NO-POS. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se
trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba donde más se presentaron casos, Sucre, Bolívar, La
Guajira, donde, a través de falsas IPS, falsificaban listas de enfermos,
evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran
atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a 3
personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los
hechos 2013 a 2015. El desfalcoa la salud por este caso de corrupción estaría,
según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones.
2016 El Cartel del Síndrome de Down. Córdoba. Robo $10 mil millones. Otro escándalo que involucra
al departamento de Córdoba, al ser detectadas irregularidades por parte de la
Contraloría en el pago, por parte de la gobernación, a 4 IPS por $10 mil millones
en la atención a niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió
que los tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aun así, se
pagaron dado que se facturaron por paquetes y no de manera individual, además
que la mitad de estos recursos debieron ser costeados por el POS en lugar del
departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas
EPS. Solo una de estas IPSrecibió cerca de $7 mil millones sin tener un
contrato formal con el departamento.
2015 PAE Programa de Alimentación Escolar. Robo $12.745 mil millones. El Programa de
Alimentación Escolar fue creado en el año 2007. Cuando
se investigaron las denuncias sobre las irregularidades del Programa de
Alimentación Escolar en 7 departamentos de Colombia, se descubrieron 42
irregularidades, incumplimientos por parte de los contratistas, quienes en
teoría, deberían entregar desayunos, almuerzos y refrigerios a las escuelas más
pobres.
Los manejos
en los dineros de los recursos para los niños en Atlántico, Bolívar,
Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre sumaron $12.745 millones en pérdidas.
Ese dinero es equivalente a más de 12.7 millones de raciones de comida
que habrían alimentado a niños que realmente lo necesitaran. Enriquecerse
a costa de la alimentación de los niños más vulnerables, es sin duda un acto
más que vergonzoso y reprochable.
La fiscalía señaló
que este desfalco a las arcas fue “sistemático y constante”. “Alimentos
descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y en condiciones
sanitarias deficientes, incumplimiento de la minuta o ración nutricional
necesaria, operadores que entregan la mitad de raciones contratadas pero cobran
el 100%”, son algunas de las deficiencias de este programa.
2015 La Salud en el Huila. La Fiscalía capturó a 9 personas, entre
funcionarios de IPS, de EPS y alcaldes de municipios del departamento del Huila,
por celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de
contratos, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito,
con detención en establecimiento carcelario. Esto debido a irregularidades
halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila
Comfamiliar y Medilaser, una IPS del departamento que no contaba con personal
médico suficiente para atender la población de este departamento; estos contratos
estaban por un valor aproximado a los $25 mil millones, dineros públicos que
debían ser destinados a la atención de personas inscritas en el Sisben un
sistema estatal de atención en salud para personas de escasos recursos a través
del Régimen Subsidiado. La Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para
"quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisben
para acceder a los servicios de salud".
Además, se descubrió que Comfamiliar realizó
contratos con hospitales, clínicas y centros de salud de los municipios deGarzón
y La Plata por valor de $6 mil millones bajo la modalidad de "eventos
controlados", limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen
Subsidiado. Se capturaron 2 personas más involucradas en el escándalo,
representantes de otra IPS que no cumplía con las facultades legales ni con la
infraestructura necesaria para la atención de usuarios Revivir IPS Clínica
Valle de Laboyos, firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3 mil millones.
Recursos parafiscales de la salud. Robo: $224 mil millones. Afectada: Ministerio de Salud. Génesis. Denuncias sobre desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de
Seguridad Social. Afectación social. El desvío de
recursos parafiscales, que es recaudado del aporte de los colombianos, afecta
el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema y en el
Estado. Vinculados. -Consorcio Fidufosyga
2005-Coomeva EPS -Cruz Blanca E.P.S.-Famisanar E.P.S.-Humana Vivir
E.P.S-Solsalud EPS-Luisa Fernanda Bellini Pérez.
IPS no habilitadas. Robo: $943.900 mil millones. Afectada: Ministerio de Salud. Génesis. Pagos a IPS que según los registros no aparecen como habilitadas.
Afectación social. Se afecta la red hospitalaria
legalmente establecida, poniendo en riesgo su viabilidad financiera y, en
consecuencia, la calidad de la prestación del servicio de salud a los usuarios.
Vinculados: Por determinar.
Hospital Infantil los Ángeles en
Pasto. Nariño. 5 de las 7 implicados
del millonario desfalco al Hospital infantil los Ángeles, fueron capturados en
Pasto. Entre los retenidos hay una trabajadora del área financiera de la
entidad dijo la gerente del Hospital Doris Sarasty quien señaló que la
sustracción de recursos se hizo a través de una nómina paralela para favorecer
a acreedores de deudas particulares de la funcionaria que ya fue separada de su
cargo.
10º
Robos Nacionales
2017 El Cartel de la
Chatarrización. Robo $600 mil millones. La
Fiscalía ordenó, la captura de 28 personas, entre policías, servidores públicos
del mintransporte, tramitadores privados y líderes del sector camionero, por
hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al
estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El gobierno, para
controlar el crecimiento del parque automotor de carga, implementó la Política
de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión
o empresa quería comprar un vehículo, debía chatarrizar o desmantelar otro de
más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones
por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo
monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según la Fiscalía, el Cartel de
la Chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: 1º La
chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios del Ministerio y de
otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de
datos para hacerlo aparecer apto para reposición; 2º la chatarrización de
camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este fin y 3º la
desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos
propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto
la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de
manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que
ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones, a razón de $50
millones por camión. A los capturados
se les imputó concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude
procesal, concurso con el de uso de documento falso, supresión u ocultamiento
de documento público.
Isagén. Acuerdo de Brookfield y Colbun en subasta
de Isagén. Ambas compañías, con
conocimiento del Gobierno, acordaron todo para que la subasta tuviera un solo
proponente. La intención desde el principio, fue el pago por la generadora con
el precio base de la subasta: $6,49 billones. Colbun no participaría y a pesar
del tema siguió el proceso a sabiendas de que iba a ser una licitación con un
solo proponente, lo que podría configurar el delito de colusión, pactar contra
un tercero. Un documento de la Superintendencia del Mercado de Valores de Chile
que demuestra que Colbun nunca manifestó interés en comprar Isagén. Incluso,
cuando fueron cuestionados en una tercera ocasión dijeron que por el aumento de
precio de Isagén “no están en condiciones de presentar una oferta”.
2010 Coljuegos. Etesa. Robo $2 mil millones. Mery Luz Londoño,
gerente de ETESA Empresa territorial para la Salud, cuota del congresista
Cáceres, capturada por el DAS junto con su esposo, Raúl Quintana, por el cobro
de sobornos a propietarios de casinos y máquinas tragamonedas.
La Policía y la fiscalía en varias ciudades
del eje cafetero y luego de una investigación de 1 año, hicieron efectivas 31
órdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y
exfuncionarios de Etesa y Coljuegos; de estas capturas, 3 fueron contra
directores de la entidad. Se descubrió que, a través de empresas de papel,
funcionarios de Coljuegos engañaron al estado generando detrimento patrimonial superior a los $2 mil millones entregando
contratos "a dedo" para activar unas máquinas tragamonedas que habían
sido dadas de baja después de haber sido incautadas por Etesa entidad
predecesora de Coljuegos. Por alguna razón que se desconoce, las máquinas
decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de seguridad de la
entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido habilitadas y
puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones. A los
capturados se les imputo: interés indebido en la celebración de contratos,
celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público,
concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
2016 La Comunidad del Anillo. Se denunció una "red de prostitución homosexual
masculina" que funcionaba en la Policía desde la escuela de cadetes
general Santander, a cargo del director
de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de
esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de
ser obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía,
congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del gobierno.
La periodista que dio a
conocer en su programa de radio una grabación del año 2008, donde se oye aCarlos
Ferro, congresista, sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el
subteniente y miembro de su escolta, Ányelo Palacios. Por esta denuncia la
periodista fue obligada a presentar su renuncia como directora de La FM y
presentadora dercn, configurándose una "persecución" y un
"atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno.
Las declaraciones de las víctimas sirvieron
como base a la Procuraduría para iniciar investigaciones disciplinarias contra
los involucrados en este escándalo, entre ellos, el Director de la Policía,
General Rodolfo Palomino,quien se vio obligado a pedir la baja del servicio
activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más
crítico de su historia. El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía
desempeñando como vice relaciones públicas del mininterior, presentó su
renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación
disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.
El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo
Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de
la Policía debido a acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de
Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi
termina en suicidio del oficial.
2017 Caso Sandra Bonilla. Fue condenada a 90 meses de prisión por peculado
por apropiación y multa de $400 millones, la tesorera de la Agencia Logística
del ejercito Regional Suroccidente, Sandra Bonilla, por una transferencia de
más de $800 millones a cuentas de sus familiares de 2009 a 2014. Además, fueron
condenadas también otras 4 personas que deben pagar penas de 35 a 50 meses de
prisión y multas de $20 a $160 millones por complicidad en el delito.
11º
Robos Regionales.
1980 y 1990. Robos a los dineros
del erario público de gobernaciones y alcaldías en todo el país ocurridos.
2010 Gobernadores y
exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos
públicos. Gobernadores en ejercicio y
exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría
para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus
mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley para
cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos
electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa
reputación en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron
también penalmente en la Fiscalía.
Gobernadores en ejercicio
condenados:
Juan Carlos Abadía, del Valle de
Cauca;
Oscar Raúl Flórez, del Casanare;
Joaco Berrío, de Bolívar;
Felipe Alonso Guzmán, del
Putumayo;
Fredy Forero Renquiva, de Arauca;
Guillermo Alberto González, del
Cauca;
Blas Arvelio Ortiz, del Vichada;
Oscar López, del Guaviare;
Patrocinio Sánchez Montes de
Oca, del Chocó.
Exgobernadores condenados:
Jorge Eduardo Londoño, deBoyacá;
Efrén de Jesús Ramírez, de Guainía;
Luis Carlos Torres Rueda, del Meta;
William Pérez Espinel, del Casanare.
En el periodo de 2009-2016, se sancionaron
por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer
cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales,
diputados y congresistas;
En el periodo 2004-2008 se destituyeron e
inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular.
2013 Empresa de Energía
de Pereira Enerpereira. Risaralda. Robo: $64.700 mil millones. Afectada: Empresa de Energía de
Pereira Enerpereira.La Contraloría
archivo la investigación. Génesis. Directivos de
Enerpereira repartieron ganancias sin liquidación de deudas y depositaron
el capital social de $64.700 mil millones en el Fondo Proyectar Valores, decisión que dejó en riesgo
el patrimonio de la empresa pública de energía de Pereira. El monto
correspondiente al 51% de la Enerpereira es de recursos públicos de la ciudad,
es decir, de los ciudadanos. La capitalización de la empresa al momento de la
adquisición del 49% de las acciones. Vinculados. -Israel Londoño
Londoño.-Adriana M. Wolff Cuartas.-Carlos A. Peña Bernal.-Jaime A. Herrera
Agudelo.-Carlos A. Duque.-Édgar M. Galvis Lugo.-José M. Giraldo
Barreto.-Gabriel A. Viveros Naranjo.-Juan M. Arango Vélez.-Álvaro D. García
Muñoz.-Álvaro Beltrán Alzate.-Guillermo L. Henao Flórez.-Gabriela Jaramillo
Restrepo.-Andrés H. Tamayo Guarín.-Diana M. Pulgarín Santa.-Jorge I. Zapata
Escorcia.-John J. Toro Ríos.-Gabriel Gómez Gutiérrez.-Luis González
López.-César Arango Isaza.-Empresa Capitalizadora del Tolima.-Luis A. Ríos
Velilla. -Kapital Energy.-Enertolima Inversiones S. A. -Manuel Nule Velilla. -Grupo
NULE.
2017 En Corpourabá. Antioquia.
Luego de 2 días de audiencia, 3 empleados
del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de
Urabá, Corpourabá entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la
región, aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y
falsedad ideológica en documento público imputados por la Fiscalía. Se apropiaron
de $2.648 millones en dineros públicos de 2010 a 2016. Esta investigación
comenzó luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución;
además, hay una orden de captura vigente a la tesorera de la entidad.
2017 En la Secretaría de
Movilidad de Medellín. Antioquia. La Fiscalía capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados
y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad, que se dedicaban a
falsificar o alterar infracciones de tránsito, documentos propios de la
entidad, licencias de conducir y SOAT a cambio de dinero. A los detenidos,
quienes se les venía haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se
les imputaron concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento
público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.
2016 En la Secretaría de
Hacienda de Medellín. Antioquia. Fueron capturados y enviados a prisión 6 servidores públicos de la
Secretaría de Hacienda, por concierto para delinquir, cohecho propio e impropio,
cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y peculado por
apropiación. LaFiscalía señala que, desde el 2014, este grupo de personas
habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a
la Alcaldía por cuantía más de $1.800 millones. El modus operandi consistía en:
1º contactar y convencer a contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto
de Impuesto Predial uso de suelo e Industria y Comercio para establecimientos
comerciales e industriales a cambio de considerables sumas de dinero; 2º dejar
prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la
citada prescripción; 3º la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al
sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.
2017 Carrusel de las Cirugías
Plásticas. Antioquia. A comienzos de Julio fueron capturados por la Fiscalía el Contralor de
Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el gerente de la ESE Hospital La María en
Medellín; William Marulanda, y 3 hermanas del contralor Zuluaga. El gerente
Marulanda habría autorizado realizar cirugías plásticas sin realizar el
respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el Contralor y
sus hermanas; en su lugar, se hacían las facturas y posteriormente se anulaban
realizando cobros con valores menores a los reales, a veces, ni se cobraban los
servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, afectando la parte
financiera de ente de salud público. En otros casos, el gerente las hizo pasar
por otros procedimientos para que las cobijara el POS. A los detenidos se les
imputaron peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Según una
auditoría hecha, se habrían hallado desde el año anterior, cuando se solicitó
la investigación a la Fiscalía de este caso por parte de concejales de Medellín
y diputados de Antioquia, un total de 102 procedimientos médicos irregulares
por valor de $130.762.550. Pese a las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el
juez del caso les concedió libertad a los imputados al considerar que no había suficiente
material probatorio; aun así, el proceso sigue su marcha.
2017 Captura de alcaldesa de
Ocaña. Norte de Santander. Capturados por la Fiscalía la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal,
junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert
Urquijo, por violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de
contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a
raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa
firmó un contrato por $80 millones con un contratista que habría financiado su
campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este
accionar, la mandataria municipal vulneró una ley colombiana del año 2011, que
fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas
electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante
laProcuraduría.En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar
una obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrascal.
2017 Captura del alcalde de Mogotes. Santander.
La Fiscalía ordenó la captura en
enero, con la respectiva medida de aseguramiento de prisión por parte de un
Juez, del alcalde en ejercicio de Mogotes, Doryam
Jovanny Rodríguez Avellaneda, por peculado por apropiación, celebración
indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la
investigación fiscal hecha por la Contraloría, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en
2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de
Gobierno de Onzaga, Santander. En el primero, se hallaron irregularidades en la
etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad documento
exigido por la ley colombiana para la realización de un contrato no indicaba el
valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente $18
millones sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no
cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del
mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones, firmado con la
cooperativa Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la
capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco
fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de
la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se
había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido
por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía
ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por
particulares. En Marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio
seguirá su marcha.
2016 En la CAS. Santander.
La Fiscalía capturó y envió a la
cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a 4 funcionarios y
exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS entidad
estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de
Santander; entre ellos, la directora de la entidad, Flor María Rangel, por peculado
por apropiación y falsedad en documento público, debido a irregularidades
encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones, donde se le entregó
casi la totalidad de la plata al contratista Unión Temporal Barrancabermeja sin
que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la
"reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio
ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades
en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría
pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no
se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o
interventoría que verificara la ejecución de las obras.
2015 Captura del alcalde de San
Gil. Santander. En noviembre fue capturado el
alcalde en ejercicio del municipio de Gil Santander; Alvaro Agón Martínez, por fraude al sufragante, concierto para
delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de
dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía
comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el alcalde de San Gil; Javier Agón
condenado por celebración indebida de contratos durante su administración
estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones con un
proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda Brisas del
Porvenir" Asovibrisas. Los estafados pagaron por la administración
de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como
Reserva Forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en
este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para
el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como
alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los
afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto
habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado
para beneficio personal de los Agón. En abril de 2017, Javier Agón fue
condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la
consideran "muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.
2014 Carrusel de contratos en
Bucaramanga. Santander. La Fiscalía capturó al alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis,
imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por
ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, ya
que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de
la destitución de Fernando Vargas Mendoza, alcalde titular por parte de la
Procuraduría, de octubre a diciembre de 2011, firmó contratos por más de $2 mil
millones sin haber pasado por el proceso delicitación respectivo. Además, se
descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron
y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los
supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se
descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos
mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato. El alcalde
Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría
de los delitosimputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria; en el
mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o
interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas,
a 5 y 6 años de prisión respectivamente.
2011 Destitución del Alcalde de Bucaramanga. Santander. En julio, la Procuraduría destituyó e inhabilitó de
ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando
Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el
Instituto Universitario para la Paz Unipaz, al no haber realizado una
licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como
convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones en 2011, que tenía
como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas
del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e
inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del alcalde
Vargas; la más drástica, contra la secretaria de Desarrollo Social del
municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un
contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no
se requieren de procesos licitatorios por la ley.
En enero de 2015, el alcalde
Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos
públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la
construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga.
Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del
citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y
económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios
geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del
área donde se concibió construir el parque". Por este hecho, también
fue sancionado su secretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12
años sin ejercer cargos públicos.
Ordenan captura del exalcalde de Barrancabermeja
por “parapolítica”. Un fiscal de la Unidad de
Antiterrorismo ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Elkin
Bueno Altahona.
2008 Condena a gobernador de Santander. En febrero, fue capturado por la fiscalía en Bogotá
el exgobernador de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por laCorte Suprema a 7 años y 6 meses de prisión por peculado por
aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato
por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la
Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander,
que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del
Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo
irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento
para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto
aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para
el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos
departamentales por $1.404 millones en 2008, para la compra del hotel y después
lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del Contralor
Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con
el banco de occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de
$700 millones en 2008, dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla,
como pago del primer anticipo en la compra del hotel. En 2001, Camacho Prada
había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de
inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una
empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.
2006 Destitución del Alcalde de
Cali. Valle. En diciembre, la Procuraduría
destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en
ejercicio de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de
un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de Cali. El
ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos
autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el
Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad.
No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del
minhacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían
advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun así, el alcalde
lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del
Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer
cargos públicos. En 2013, el alcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el
Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control,
reclamando además los sueldos que dejó de devengar.
2015 Escándalo en los Juegos
Nacionales. Tolima. El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibagué, en
la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización
de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el
Gobierno, a través de Coldeportes, invirtió $258.910 mil millones; de los
cuales se perdieron $66 mil millones, según la Contraloría, dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego
que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en
los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su
construcción. Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el
desfalco, entre contratistas de las obras y funcionarios de la alcaldía de
Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa
cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado
Orlando Arciniegas Lagos, asesor externo de la Secretaría de Hacienda de la
Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36
años y 4 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, peculado por
apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración
indebida de contratosy concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 mil millones
y multa de $22 mil millones. Las investigaciones a 2017 siguen en curso
buscando más responsables. En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva
condena al gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué
Imdri Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, y multa de $61 millones,
que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones en multa.
2013 Escándalo de la Gobernación
del Casanare. Robo $46 mil millones. El
gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y
diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte
Suprema a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector
público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63 mil millones correspondientes
a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado
por apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el
traslado de $38 mil millones del departamento a 5 patrimonios autónomos
constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de
2007 por $25mil millones al patrimonio de Fidupetrol posteriormente condenada
por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebra y
UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que
entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor
del departamento. De esos $63 mil millones, siguen perdidos $46 mil millones.
Regalías. Llanos orientales, la región que concentra las
mayores irregularidades en el manejo de regalías. Según la Contraloría, la
incidencia fiscal en esa región es de $46.954 millones.
Nuevos señalamientos contra la directora de la
cárcel de Yopal. Gina Paola Ura habría
conformado una red interna en el centro carcelario que cobraba por la entrega
de beneficios como detenciones domiciliarias y otorgamiento de la libertad.
Educación y Salud. Choco. El ‘el abogado del
diablo’. La Fiscalía ocupará los bienes,
por $26 mil millones, del abogado Wiston Leonel Torres, quien orquestó grandes
estafas a la educación y la salud de Chocó.
2017 Captura del alcalde de Cartagena.
Bolívar. El 3 de agosto fueron capturados por el CTI el alcalde de Cartagena;
Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; José Julián Vásquez y la
contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por cohecho y tráfico de influencias,
debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de
los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se
había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo;
Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados
disciplinariamente por la Procuraduría todos los concejales de la ciudad que
eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna
propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control
fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien
convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la
convocatoria; el abogado Iván Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia
Fontalvo, cercana al alcalde.
2017 El Cartel de las Regalías.
Córdoba. En enero fue capturado por la
Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento deCórdoba y
director del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien,
según el ente acusador, desvió $150 mil millones producto de regalías
departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento
quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con
el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar
los retos del TLC con USA, proyectos que no se ejecutaron completamente, según
denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin Besaile, causando detrimento
patrimonial al departamento por haber sido girados la casi totalidad de los
recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de
los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso
heterogéneo además de celebración indebida de contratos. Maximiliano García,
funcionario departamental que trabajó con el director de regalías Jairo Zapa,
asesinado al descubrir las irregularidades, también está vinculado al proceso,
además de estar investigado por el crimen de su jefe, igual que Henao.
2017 Captura del alcalde de
Moñito. Córdoba. Fueron capturados por la DIJIN el alcalde de Moñitos; Álvaro Casseres
Matoza junto a su padre; Álvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su
administración con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario por concierto para delinquir, corrupción al sufragante,
constreñimiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripción de
documentos de identidad; descubriéndose estas irregularidades en el proceso de
elección de Casseres Matoza como alcalde de este municipio.
2015 Carrusel de la Educación. Córdoba.
Funcionarios de la Fiscalía
capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que
tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento deCórdoba,
los cuales habrían llegado a los $164 mil millones en 2015. Estos casos
ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de
jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la
Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que
tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las
finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del mineducación
Fiduprevisora. Entre los involucrados está el congresista Armando Benedetti,
por lo cual laCorte Suprema abrió indagación preliminar en su contra.
2016 Escándalo en la Policía de
Barranquilla. Atlántico. En noviembre fueron capturados, en un operativo conjunto entre Policía y
Fiscalía, 19 policías activos que eran parte de la Policía y 2 personas civiles
que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la base de datos
del RUNT, aprovechando su condición de autoridad de tránsito, para chantajear a
aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de dádivas o sobornos,
utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que permitían elmicrófono
a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que había asaltado unos días
atrás, en compañía de un exagente de la institución, una tienda de barrio.
2011 Condena a exalcaldes de Barranquilla.
Atlántico. Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisberg, alcaldes de Barranquilla, fueron
condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por peculado y
celebración indebida de contratos, debido a anomalías en la compra, en agosto 20
de 1998, de 2 lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social
VIS en Barraquilla y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el
Distrito le adelantó $1.120 millones en 2011 del total de $4.500 millones a
Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron,
posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque
presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el
anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por
parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos,
Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda. Los
2 alcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en
la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado
inicialmente en $1.500 millones en 2011, y que terminó con sobrecostos por el
orden de los $4 mil millones; igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era
en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.
2016 Gobernación de La Guajira. Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo
de Estado como gobernadora del departamento a solo 5 meses de haber comenzado
su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación. En su
lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez, ha destapado numerosas irregularidades que
involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las
cuales ha recibido amenazas de muerte. Este escándalo resulta aún más
aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la
corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por
desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas. En
octubre, la Fiscalía capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre
ellos, el alcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra y un gobernador Jorge
Pérez Bernier, además de involucrar en la investigación a 21 personas más,
entre funcionarios nacionales, departamentales y contratistas. Además, la
Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebración indebida
de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las
irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía
como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, La
Guajira, cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos
en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por
irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por
cohecho propio y corrupción al sufragante convencer, mediante coimas, a los
electores para que voten por determinada persona; enviado a prisión, como
medida necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalía. En enero
de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio
Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar PAE del
municipio por valor de $5.713 millones, al comprobarse que a los niños
beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de
manera real, generando rechazo e indignación.
Escándalo En Manaure. La Guajira. La alcaldesa titular, un
exalcalde, 3 secretarios de despacho, un contratista y un líder indígena,
fueron cobijados con orden de captura, y tras ello, se impuso medida de
aseguramiento a algunos y abstención de medida para el exalcalde.La
investigación adelantada por la Fiscalía sobre 3 contratos suscritos por más de
$14 mil millones de los indígenas, que desparecieron sin explicación o soporte
que indique su destino o la forma en que fueron invertidos.
Cinco universidades que engañaron a sus estudiantes. La Fiscalía anunció la imputación de cargos
contra rectores y directivos por estafa agravada y concierto para delinquir. Se
trata de la Fundación Universitaria San Martín, la Universidad Indígena e
Intercultural Jacinto Ortiz, UNICJAO, la Universidad de Cundinamarca, la
Universidad del Pacífico y la Fundación Universitaria Ideas.
12º Robos Financieros.
1982 Crisis
Financiera. Grupo Grancolombiano,
Corporación Financiera Santa Fe, Banco Nacional, Banco del Estado, Furatena.
1982 marca un hito en la cronología de las defraudaciones económicas. Después
de varios meses de omisiones de las autoridades de control y de debates
políticos, estalló la llamada crisis financiera de los años 80, que obligó al
Estado a intervenir a 17 instituciones crediticias que, a través de
autopréstamos, captación ilegal de ahorros o maniobras financieras y bursátiles
para apoderarse de empresas, terminaron defraudando a más de 80 mil ahorradores
privados que, en su momento, perdieron más de $10 mil millones.
Estas
entidades financieras y múltiples compañías inmobiliarias, entre otros, se
dieron a los malos manejos y, a través de operaciones ficticias o falsificando
documentos, desataron una crisis financiera sin precedentes. El asunto desbordó
en la declaratoria de la emergencia económica en 1982 y la expedición del
decreto 2920 para meter en cintura a los banqueros defraudadores. Terminaron
condenados, sujetos como Jaime Michelsen Uribe, Félix Correa, Jaime Mosquera.
En medio
de la crisis, 2 episodios dieron cuenta del deterioro de la banca en Colombia:
1º el Banco
de los Trabajadores. Oficializado en 1986 por
manipulación del ahorro del público, con un accionista mayoritario: Gilberto
Rodríguez Orejuela.
2º La Caja
Vocacional. Fondo pastoral de la Iglesia
Católica, que también cedió a la tentación de captar dineros y promover
acciones dolosas hasta defraudar a muchos de sus cuentahabientes.
1999. El Banco del Estado, el Banco del
Pacífico, el Banco Andino o el Banco Central Hipotecario. Lección no
aprendida porque, 15 años después, la insolvencia de varias entidades
financieras repitió la película. Fue necesario crear, a través de la Ley 510 de
1999, una comisión de la verdad para informarle al país las causas y
responsables de una nueva crisis del sector financiero estatal. Los directores
de estos bancos fueron objeto de falsedades, peculados, sobregiros,
autopréstamos u otras irregularidades que los llevaron a su intervención
estatal.
2012 Interbolsa. Robo: $340 mil millones. Contexto. En el momento menos esperado, en las circunstancias más
ilógicas, durante el año 2012, la comisionista Interbolsa fue intervenida, el principal
corredor de bolsaen Colombia. Una de las razones principales por las cuales se
empezó el proceso, fue la deuda que la comisionista tenía con el banco español
BBVA por una suma de $20 mil millones. También, otro de los puntos principales
fue la caída de Víctor Maldonado, con el 30% de acciones dentro de la
comisionista. Entre los otros acusados se encuentra Rodrigo Jaramillo, cerebro
principal del caso Interbolsa, condenado a 7 años de prisión domiciliaria por
manipulación fraudulenta y administración desleal. El descalabro de la firma,
con un portafolio de 174 millones de dólares, es quizás el más sonado de los
últimos años, una historia de corrupción que defraudó a 1.260 inversionistas
que perdieron más del billón de pesos. Consecuencias.
El desvío de dineros obtenidos
mediante préstamos por $248 mil millones de pesos, utilizados por la directiva
de Interbolsa para uso personal. La incautación de bienes y empresas
intervenidas por una deuda pendiente de Fondo Premium, por un valor de $350 mil
millones. La extradición del fundador de Interbolsa, Víctor Maldonado, hacia
España por estafa gravada y captación masiva de dinero. El descalabro de varias
empresas intervenidas por Interbolsa en operaciones financieras de altas sumas
de dinero. La consolidación de una feria de contratos para el registro de los
incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones. El escándalo estalló por el del
desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsaa
su "Fondo Premium" para su uso personal. Condenas. Tomás Jaramillo
y Juan Carlos Ortiz montaron un entramado que estafó a inversionistas
de Interbolsa y Premium. En el 2016 aceptaron el delito y en marzo pasado
fueron condenados a 5 años y 9 meses de detención domiciliaria, el pago de 100
salarios mínimos como multa. Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, condenado
por manipulación fraudulenta y administración desleal, a 7 años de prisión
domiciliaria, multa de $7 mil millones. Además de otras personas vinculadas con
la entidad.
1997 Escándalo de Invercolsa. Robo $9 mil millones. Estalló durante el período de
Fernando Londoño como ministro del interior y de justicia, en el período
presidencial de Uribe.
La supersociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de
manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de
$9 mil millones en mayo de 1997, obligándolo a presentar su renuncia al cargo
de ministro en 2004. Invercolsa era una empresa de Ecopetrol, la
petrolera estatalque manejaba inversiones en campos petroleros. En febrero de
2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa
adquiridas, al ratificar que el ministro presentó una certificación falsa que
lo acreditaba como propietario de esas acciones.
El Juzgado determinó que Londoño Hoyos no
adquirió ni fue poseedor de buena fe de los $145 millones de acciones de Invercolsa
S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el ministro Londoño debiera restituir
a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos
en que los percibió. Decisión que fue inmediatamente apelada por el ministro y
en 2005, una sala de conjueces del consejo de estado dejó sin efecto la
sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo.
La Corte Constitucional les dio la razón a
ambas entidades, aunque al día de hoy las acciones no han sido devueltas.
2016 Las Libranzas. Estraval.
Elite. Rédito. Robo $2 mil millones. Miles de inversionistas fueron
estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de
empresas como Rédito, Estraval y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de
libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no
estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía, esto no fue
por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para
introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un
esquema pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y
la perdida de sus ahorros. Se estima que las pérdidas pueden ascender a más de
$1.5 billones en 2016 de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas
naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones. La
supersociedades inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015.
La Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto
investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso
Elite. En cuanto a las sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de
sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para
Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas. La Fiscalía
imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal
de dinero.
Rédito S.A. Otra captadora
ilegal, objeto de intervención. Donde figura Juan Carlos Tavera, ex Global
Securitires, Proyectar Valores, quien captó dineros del público a más de 50
inversionistas por valor de $12 mil millones. Aquí el interventor Javier Suárez ha
brillado por su falta de gestión a pesar de haberle denunciado oportunamente
todos los bienes que tenían los captadores. El hombre no fue diligente en
embargarlos y fueron en su mayoría traspasados a terceros, al igual que los
bienes del gerente Edwin Lopera. Ni siquiera ha iniciado las acciones
revocatorias del caso.
Cronología de la liquidación de Estraval. Desde el 15 de abril de 2015, ESTRAVAL S.A. comenzó
a incurrir en mora en la transferencia de los flujos de la cartera recaudada,
hasta que en el mes de marzo de 2016 cesó totalmente en su obligación de
realizar las transferencias de los recursos al BAC.
El 2 de junio de 2016, el BAC toma la
decisión de revocar el mandato de administración, cobro y recaudo de cartera,
para asumir dichas actividades de manera directa, es decir, cuando ESTRAVAL ya
había entrado en liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades,
entidad que había ordenado poner a su disposición los recursos de ESTRAVAL,
como medida cautelar emitida en auto del 26 de mayo de 2016.
25 de mayo de 2016 la Supersociedades
admitió en proceso de reorganización Empresarial a ESTRAVAL;
14 de junio de 2016 decretó la apertura del
proceso de liquidación judicial de los bienes de ESTRAVAL
31 de agosto de 2016 decretó la liquidación
Judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y
patrimonio de ESTRAVAL por captación masiva y habitual no autorizada de
recursos del público.
El hallazgo con incidencia fiscal se
determinó dentro de la Auditoría Regular que adelantó la CGR al BAC. El informe
ya se encuentra publicado en la página web de esta Entidad para conocimiento de
la ciudadanía.
Estraval. Estrategias
en Valores S.A. Se ha conocido que Fernando
Joya, alto directivo de Estraval, está haciendo acercamientos con la
Fiscalía para buscar rebaja en la pena y ha suministrado información que
permite esclarecer lo que ocurrió al interior de esta firma y quienes son las
personas que participaron en todo el descalabro financiero por más de un billón
de pesos, y si se pagará capital e intereses a los inversionistas.
Dentro de
las personas mencionadas hay un expresidente y un exsuperintendente. Y también
se espera que haya un Estraval 2, con una serie de órdenes de captura
a más involucrados en el descalabro financiero.
Estraval.
El lote de Colombian Land tiene un avalúo máximo de $214.000.000.000, de los
cuales se han pagado $12.391.160.731. La supersociedades decide que el monto
actualizado de los valores que debe restituir a la intervención, la señora
María Matilde Carrasquilla Sicard, es de $ 13.316.092.692. Lo que significa que
de un plumazo los afectados de Estraval perdieron $200 mil millones.
Banco Agrario y Estraval. El detrimento
patrimonial de $20 mil millones en Banagrario por Estraval. Loestableció
la Contraloría, derivado de la celebración y ejecución del contrato de compra
de cartera de libranza a descuento celebrado por el Banagrario y ESTRAVAL.
En virtud del mencionado negocio de compra
de cartera, el Banagrario compró a ESTRAVAL créditos de libranza no vencida,
originados por varias cooperativas, por valor de $24.126 millones,
correspondiente a 5.359 libranzas, y le delegó a ESTRAVAL funciones esenciales,
como lo eran la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.
La Contraloría estableció que Banagrario no
dio cumplimiento a su Manual de Políticas de Crédito que exigía que el
vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y tuviera experiencia
mínima de 3 años en la originación de libranzas, ni su trayectoria en la
celebración y ejecución a satisfacción de ese tipo de contratos, como tampoco
existe soporte alguno que demuestre que el BAC obtuvo conocimiento de las
políticas y procedimientos de crédito de las cooperativas que otorgaban los
créditos (originadoras).
Banagrario desconoció las disposiciones de
la Superfinanciera que establecen la obligación del comprador de cartera de
“Conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de
crédito del originador en cada uno de los procesos”.
Se encontraron deficiencias en el
proceso de valoración y estructuración del modelo de negocio de compra de
cartera de libranza por parte del BAC, “al no realizar la evaluación integral
de los riesgos asociados a la operación, entre ellos el riesgo de contraparte,
pues ESTRAVAL fue un intermediario que asumió obligaciones y responsabilidades
propias del negocio, como fueron las consistentes en administrar, cobrar y
recaudar los valores que componían la cartera, para posteriormente transferir
tales recursos al BAC”., explica el informe de auditoría.
Aunado al hecho de que la empresa que
custodiaba los títulos y toda la documentación física de la cartera objeto de
compra, fue contratada directamente por ESTRAVAL bajo su cuenta, riesgo y
costos.
Con miras a recuperar los $19.666.496.435,
el BAC solicitó al Liquidador de ESTRAVAL ser reconocido en el proceso
liquidatorio como acreedor de ESTRAVAL y subsidiariamente como afectado; no
obstante, no fue reconocido como afectado.
Otras situaciones que originaron el
detrimento patrimonial. No se
demostró si el BAC obtuvo pleno conocimiento acerca de los procedimientos,
políticas y trayectoria de ESTRAVAL en los procesos de administración,
seguimiento, recaudo y transferencia de los recursos provenientes de la cartera
vendida, con lo cual el BAC hubiese podido identificar los riesgos adicionales
que suponían la intervención de una persona jurídica a cuyo cargo se
establecieron las importantes labores de administrar, realizar el cobro de la
cartera y transferirla al comprador.
No obstante que en marzo de 2015 ESTRAVAL
había sido sometida a control de la Superintendencia de Sociedades; que en
marzo y abril del mismo año diferentes dependencias del BAC habían advertido
situaciones que ponían en riesgo el negocio y consideraban inconveniente
continuar los vínculos contractuales que se tenían con ESTRAVAL, y que desde
abril de 2015 ESTRAVAL comenzó a demorar las transferencias de las cuotas
recaudadas, el BAC no adoptó ni ejecutó acciones o medidas eficaces y oportunas
frente a tales situaciones, que alertaban posibles riesgos de incumplimiento
del contrato y, con ello, pérdida de los recursos.
El BAC se limitó a realizar gestiones de
cobranza ordinarias, como si ESTRAVAL fuera deudor de un contrato de mutuo, y a
suspender las compras a ESTRAVAL para no incrementar su exposición al
riesgo, pero ante el riesgo inminente de no obtener a futuro el recaudo de la
cartera no realizó gestión temprana alguna, ni tomó medidas oportunas y eficaces
como la que el mismo contrato le permitía, consistente en la revocatoria del
mandato de administración y recaudo.
Fue solo hasta el 2 de junio de 2016 que el
BAC tomó la decisión de revocar el mandato de administración y recaudo de la
cartera, fecha en la cual la Superintendencia de Sociedades ya había admitido
la reorganización Empresarial de ESTRAVAL y como medida cautelar había ordenado
poner a su disposición los recursos de ESTRAVAL, motivo por el cual el BAC no
pudo obtener la transferencia de las sumas que ya se habían descontado en los
créditos de libranza.
Finalmente, no se evidenció la supervisión,
el seguimiento y control a la ejecución del contrato, por cuanto no hubo
evaluación de los requisitos documentales de las libranzas de manera previa a
la ejecución del crédito; no se ejecutaron medidas correctivas tendientes a
subsanar los riesgos identificados previamente y durante la ejecución del
contrato; no se generaron informes que den cuenta de las medidas tomadas en el
momento en que ESTRAVAL incumplió con la transferencia de los recursos en el
plazo pactado, ni cuando suspendió de manera definitiva los pagos al BAC.
En consecuencia, se constituyó hallazgo
fiscal en cuantía de $19.666.496.435, que corresponde al saldo de capital (15.926.494.432),
más la prima ($3.740.002.203).
Con miras a recuperar los $19.666.496.435,
el BAC solicitó al Liquidador de ESTRAVAL ser reconocido en el proceso
liquidatorio como acreedor de ESTRAVAL y subsidiariamente como afectado; no
obstante, no fue reconocido como afectado.
Según información suministrada por el
Liquidador, ESTRAVAL cuenta con activos equivalentes a $41.449 millones, que
debe destinar, en primer orden, a cancelar las reclamaciones por valor superior
a $549.000 millones, de personas naturales y jurídicas que han sido reconocidos
como “afectados”, situación que no cobija al BAC.
2008 Las Pirámides. Robo: $2.16 billones en 2008. En esta ocasión el
estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia
social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la
quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes
retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las
autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales,
captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos las más importantes y
protagonistas de este escándalo; Proyecciones DRFE y DMG. La sospecha de
inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran
originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha
que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero,
producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico.Estas empresas
afectaron la economía del país.
2008 La DMG Política. Aporte campañas políticas $1 mil millones. En el
año 2008 el emporio que David Murcia Guzmán DMG comenzó a construir tres años
antes se desplomó tras ser capturado en Panamá, después de que en Colombia sele
imputara captación ilegal de dinero y lavado de activos. Murcia Guzmán, quien
fue relacionado con reconocidos narcoparamilitares como Carlos Mario Jiménez,
alias “Macaco”, y Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta”, habría defraudó a
centenares de ahorradores en cerca $1,1 billones, según la Supersociedades.
Suscitada a raíz de la intervención, por
parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A.,
luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase
de empresas en Colombia. En grabaciones Murcia, gerente de DMG, conversa con
su cuñado William Suárez ambos capturados por la justicia, dejando en evidencia
la entrega de $400 millones en 2008, como contribución a la campaña política
del candidato a la gobernación de Boyacá y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, magistrado
del consejo de la judicatura, a quien nunca se le abrió investigación por estos
hechos. En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10
políticos ganadores en las elecciones de 2007.
La fiscalía advirtió que también existirían
nexos entre DMG y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses
comerciales de la compañía. El Procurador, Maya, anunció investigación
disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran
vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al consejo
electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías,
asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas
recibieron dineros de DMG.
De estas investigaciones, sólo
una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al
personero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por
8 años. De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los
gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y del Magdalena, Omar Díazgranados, por
sus presuntos vínculos con D.M.G.
2016
Panamá Papers. 850 Colombianos tienen 100.000
millones de dólares ocultos en Paraísos Fiscales. Ortega. El exdirector de la Dian basa su cifra en
una tesis doctoral y dice que sus propietarios evaden millonarios impuestos en
el país. Hay 850 colombianos vinculados con el escándalo de ‘Papeles de
Panamá’. Funcionarios, ex servidores públicos, políticos y empresarios son
señalados de tener negocios en paraísos fiscales y crear empresas ficticias.
‘Son muy pocos los que pagan impuestos en el país’. Entidades sin Ánimo de
Lucro operan como plataformas de evasión.
Para evadir impuesto y depositar dineros fruto del
narcotráfico, robas al erario público. En el procesamiento
de la información participaron 86 periodistas de 38 medios diferentes del
mundo: The Guardian y la BBC, Reino Unido, Le Monde, Francia,
The Washington Post, USA. Tras conocerse la dirección de la base de datos,
revelada en la página web del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación ICIJ, se conoció que de los registros vinculados a Colombia,
entre periodistas, políticos, empresarios y congresista, 41 direcciones en
Barranquilla.
Juanita León García, del portal web de La
Silla Vacía, aparece como socia de la empresa Snowville Overseas, que está
activa. Quien aseguró que “es una empresa de mi familia socia de comercializadoras
de materias primas en el sector alimenticio. Como lo exige la ley, registrada
ante el Banco de la República como inversión en el exterior y reportada en mi
declaración de renta”.
Darío Arizmendi Posada, periodista, director
de noticias de Caracol, figura como beneficiario de la firma Clear Creek
Limited, con sede en Islas Vírgenes, de la que sus 3 hijos son accionistas.
Humberto De la Calle Lombana, jefe
negociador para la paz, con shareholder de Davinia Properties S.A., con
dirección en Bogotá.
Jerónimo y Tomás Uribe Moreno, con Asia
America Investment Corporation, vinculada desde 2008, con jurisdicción en las
Islas Vírgenes Británicas. La dirección registrada en Colombia es la carrera 8
No. 7-26, es decir, la Casa de Nariño. Igual, con fecha noviembre de 2012,
figura el registro de la firma UM Holdings Global Inc a nombre de la sociedad
Uribe Moreno S.A.S.
Alfredo Ramos Maya, congresista del Centro Democrático, vinculado a
Kirtland Holding Inc., empresa activa con jurisdicción en Panamá y dirección en
Medellín.
Roberto Hinestrosa Rey, presidente del
Concejo de Bogotá, de Cambio Radical, está como socio de Crownpeak Enterprises
Inc., con jurisdicción en Panamá.
Efraín Enrique Forero, presidente de
Davivienda, tiene registro en la base de datos como socio de Seavers
International Inc., con sede en Bogotá.
Juan Carlos Echeverry. Presidente Ecopetrol.
Servidores Públicos del sector financiero
que aparecen en el escándalo “Panamá Papers”.
Alberto Carrasquilla, ministro de hacienda
Augusto Acosta, superintendente financiero
Andrés Flórez, director de Fogafín
Ricardo Rubiano-Groot. Jefe de Inteligencia
de la Fuerza Aérea, mayor general. El militar es parte de una compañía de papel
investigada por irregularidades fiscales. Igual, Agentes de servicios secretos de Colombia, en
los ‘Panamá Papers’. Según el diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trataría de
funcionarios de alto rango, actuales y antiguos. En la lista también figuran
intermediarios de la CIA estadounidense.
2015 Crédito de Banco
Agrario a Navelena. Banco de Occidente. Robo $135.805 mil millones. La Contraloría determinó el
detrimento en $135.805 millones, por créditos que el Banco Agrario le hizo a
Navelena, cuyo dueño es la multinacional Odebrecht. Se trata de 2
préstamos, por $70 mil millones y $50 mil que, según el ente de control, no
debieron ser otorgados por la reputación de Odebrecht, y porque la posibilidad
de que fueran pagados estaba supeditada al cierre financiero del proyecto y a
las condiciones de terminación anticipada del convenio. Aunque se suponía
que los créditos debían ser para la recuperación del río Magdalena, la
Contraloría encontró que, el crédito de $50 mil millones, se destinó al pago de
una deuda con el Banco de Occidente.
Según la investigación, el banco
estatal no estudió lo riesgos a los que se exponía, pues no tuvo en cuenta el
escándalo de Odebrecht en Brasil, que ya era ampliamente conocido cuando el
Banco decidió aprobar y desembolsar los créditos. El organismo dice que para el 20 de junio del 2015, cuando se otorgaron
los créditos ya era conocido que 5 directivos de Odebrecht habían sido
detenidos por las autoridades de Brasil por los escándalos de los
sobornos. Aunque algunos delegados del banco intervinieron y afirmaron que
esto implicaba un riesgo reputacional, aun así el préstamo continuó su trámite
y fue otorgado.
Además, tampoco se hizo un análisis
sobre el flujo de caja, que era incierto para esa época, y no se avizoraron las
dificultades de pago que podrían generarse, dice la investigación.
Para la Contraloría es claro que
el banco también desconoció la normatividad de esa entidad y la de la
Superintendencia Financiera en materia de créditos y garantías.
Otra de las
irregularidades es que aunque la junta directiva del banco había aprobado unas
condiciones para el crédito, fueron modificadas por instancias internas sin
realizar una consulta.
Esas modificaciones tuvieron
como origen un concepto del abogado de Navelena “sin que las instancias del
Banco Agrario que conocieron del mismo hubieran realizado un análisis serio de
la garantía o hubieran consultado con la Fiduciaria de Occidente y, lo más
importante, sin que hubieran informado a la Junta Directiva del Banco las modificaciones adoptadas en relación con las garantías, para
que sus miembros pudiera analizar y tomar una decisión seria y suficientemente
informada sobre las mismas”, dice la auditoría hecha por la Contraloría
Delegada para el Sector de Gestión Pública e Instituciones Financieras.
Añade que las condiciones que se
cambiaron fueron específicamente las que tenían que ver con la garantía de pago
del crédito, y las exigencias ante incumplimiento.
Crédito
de Banco Agrario a Navelena: radiografía de un préstamo espinoso. Un concepto jurídico que llegó tarde, tasas mal
calculadas y, en general, modificaciones irregulares quedan expuestas en el
informe de auditoría del Banco Agrario sobre $120 mil millones desembolsados al
consorcio conformado por la multinacional Odebrecht.
Desde el
interior del Banco Agrario de Colombia se habían cambiado las condiciones que
la junta directiva de esa entidad había estipulado para los desembolsos del
crédito por $120.000 millones aprobado a Navelena en noviembre de 2015. Se
trata del préstamo otorgado al consorcio al que se le encargó recuperar la
navegabilidad del río Magdalena y que está compuesto en un 13,3 % por Valorcon
y en 86,5 % por Odebrecht, la firma brasileña que entregó US$11 millones en
sobornos a cambio de contratos de construcción de infraestructura en Colombia y
que está en la mira de las autoridades de varios países por sus tentáculos de
corrupción.
Dos días
después de la publicación de este diario, las conductas de los funcionarios del
banco fueron consignadas en un informe de auditoría interna de la entidad,
conocido por El Espectador.
Allí se recoge el paso a paso de las modificaciones que se hicieron a las
condiciones del préstamo que fue solicitado por Navelena el 26 de agosto de
2015, aprobado por la junta directiva el 12 de noviembre del mismo año y
desembolsado los días 17 y 22 del mes siguiente, en montos de $70.000 millones
y $50.000 millones, respectivamente. Al mismo tiempo, en el documento, se
señalan las “debilidades de control interno y de gobierno corporativo” en el
único banco público del país.
Fueron
suspendidos de sus cargos el gerente de asesoría jurídica del negocio, Juan
Carlos Orjuela, y el vicepresidente que estaba encargado de la banca comercial
en el momento de los desembolsos efectuados a Navelena, Alejandro Jiménez. Este
último fue apartado ahora de la gerencia de banca empresarial y la Fiscalía
General de la Nación le imputará el cargo de delito de falsedad en documento el
próximo 15 de marzo. Entre las faltas que la auditoría interna le achaca a
Jiménez está haber aprobado el cálculo de las tasas preferenciales que se
dieron en el crédito a Navelena a partir de ingresos “establecidos sobre la
base de expectativas futuras” del área comercial y no ingresos reales.
El informe
de auditoría estudió el crédito desde su origen, análisis y decisión,
constitución de garantía, desembolso y recuperación de la cartera. Advierte
que, de entrada, no hay “una solicitud formal por parte de la empresa
(Navelena) para el trámite de un crédito por $120.000 millones, por cuanto la
existente en los soportes documentales sólo asciende a $100.000 millones”. Es
decir, Navelena en principio pidió prestados $100.000 millones, pero, de alguna
manera, el monto que llegó a la consideración de la junta directiva que aprobó
el crédito es superior en $20.000 millones. Según la auditoría, sólo hubo una
“manifestación vía correo electrónico de la Vicepresidencia de Banca Comercial
en donde se indica a esta oficina que el aumento del monto obedece a la
variación en los gastos preoperativos que ocurre en el lapso de agosto a
septiembre (de 2015)”.
Asimismo,
señala que funcionarios de la entidad ignoraron o no tuvieron en cuenta las
condiciones tanto financieras como reputacionales de Odebrecht. A septiembre de
2015, las cifras de Norberto Odebrecht Colombia (titular del 25 % de Navelena),
“aun cuando reflejan un significativo incremento de los ingresos que pasaron de
$27.864 millones en 2014 a $74.094 millones, por el impacto en los costos y
gastos arrojan pérdidas operacionales por $3.881 millones, las cuales, aunadas
por el rubro de otros egresos, conllevaron a que las pérdidas netas ascendieran
a $7.204 millones”. Agrega que, si bien el hecho de que las pérdidas superen
ampliamente el valor del capital de la compañía no impide la posibilidad de
otorgamiento del crédito en cabeza de Navelena, “sí es un factor de riesgo
inherente sobre el cual no figura mención alguna ni en las presentaciones
comerciales ni en el estudio realizado por la gerencia de análisis de crédito”,
dice la auditoría.
Casi
igualmente inoportuno fue el concepto jurídico que se emitió con respecto a la
reputación de Odebrecht. Para el trámite de la operación a cargo de Navelena,
“la gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio (adscrita a la Vicepresidencia
Jurídica) emite un concepto 13 días después de la aprobación por parte de la
junta directiva (es decir, el 25 de noviembre) en donde plasma su opinión sobre
la ausencia de inhabilidad para contratar con la firma Odebrecht en Colombia”.
Llama la atención en el informe de auditoría que
quienes se pronuncian sobre la posibilidad de que esa empresa pueda contratar,
a pesar de las circunstancias legales que enfrentaban en ese momento en Brasil
Odebrecht y sus directivos, son los abogados externos Ricardo Hoyos Duque,
expresidente del Consejo de Estado, y Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador
general de la Nación, así como las firmas Arrieta Mantilla y Asociados y Jaime
Lombana Villalba & Abogados.
Gran parte
de las 31 páginas de la auditoría se extiende en la minucia de las
modificaciones a las condiciones con base en las cuales la junta directiva dio
su visto bueno al crédito. Entre ellas estaba que el banco tuviera en custodia
el contrato de fiducia mercantil suscrito entre Navelena y Fiduciaria de
Occidente, que la vicepresidencia comercial se asegurara de que el Banco
Agrario quedara como beneficiario de la fuente de pago (fiducia) y, además, que
esa misma vicepresidencia certificara que Cormagdalena reconociera al banco
como “acreedor financiero de la etapa de preconstrucción” y autorizara
modificar el contrato de fiducia suscrito entre Navelena y Fiduoccidente. Eso,
básicamente, garantizaba que al banco se le pagara sí o sí, y con prioridad
respecto a cualquier otro acreedor, pero las condiciones fueron cambiadas.
Según la
comunicación 981 del 16 de diciembre, conocida por este diario, la
vicepresidenta de crédito y cartera, Marcela Ferrán, le informa al
vicepresidente de banca comercial (e), Alejandro Jiménez, que el comité de
crédito (la primera instancia que estudia la solicitud del préstamo) decidió
“aclarar el texto de la garantía de la operación (crédito)” aprobada por la
junta directiva. Eso, según la misma 981, se hizo con base en otra comunicación
del mismo día de la gerencia de asesoría jurídica -a cargo de Juan Carlos
Orjuela- y la vicepresidencia de banca comercial, en la que “se indica que no
es necesario tener en custodia el contrato en original de fiducia mercantil
irrevocable de administración, garantía, fuente de pago y pagos suscrito entre
Navelena S. A. S. y la Fiduciaria de Occidente S. A., dado que el certificado
emitido por la Fiduciaria de Occidente es suficiente”.
Pero,
además, el 17 de diciembre, el día del primer desembolso, la vicepresidencia de
crédito y cartera, el gerente nacional de análisis de crédito (e), la
subgerente de crédito empresarial y oficial (e), el profesional sénior de análisis
financiero (e) y la coordinadora de crédito empresarial y oficial informaron al
vicepresidente de banca comercial (e) que el mismo comité de crédito de la
vicepresidencia de crédito decidió “modificar el texto de las condiciones
previas al desembolso” del crédito. Según la comunicación 0992 de esa fecha, se
eliminó el requisito de que Navelena incluyera al Banco Agrario como
beneficiario de la fuente de pago de la fiducia y de certificar que
Cormagdalena reconociera al banco como acreedor financiero de la etapa de
preconstrucción y la modificación del contrato de fiducia mercantil.
Finalmente, el 22 de diciembre, día del segundo desembolso, por $50.000
millones, el comité de crédito hizo otra “aclaración”, firmada por Irleana
Martínez, profesional sénior de análisis financiero, y Édgar Velasco,
coordinador de crédito: dado que no era necesario tener original del contrato
de fiducia, “el banco deja en custodia la copia”.
Lo
irregular de estos hechos parte de la base de que, según la política institucional
del Banco Agrario, cualquier modificación de las condiciones financieras y de
garantías de una operación de crédito debe ser aprobada por el estamento que
dio originalmente el visto bueno. Es decir, a la luz de eso, la única que
podría haber modificado las reglas de juego era la junta directiva, y así lo
reconoce la misma auditoría.
Ahora
bien, ¿por qué estaba encargado Alejandro Jiménez en la vicepresidencia de
banca comercial? Fuentes del Banco Agrario confirmaron que la titular de esa
dependencia, Mónica Santamaría, estaba ocupando el cargo de vicepresidenta
encargada de Banca Agropecuaria, después de que, por decisión de la junta
directiva, Magdalena Fandiño dejara esa función.
Se informó
sobre diferencias que, existían entre miembros de la junta directiva y el
expresidente del Banco Agrario -Francisco Solano-, quien estaba en el cargo al
momento de la aprobación del crédito a Navelena. La razón era que el órgano
directivo tenía en buen concepto a Fandiño, pero Solano no se sentía a gusto trabajando
con ella. Posterior a la remoción de la funcionaria por parte de la junta
directiva, que accedió a la petición de Solano, este último decidió cambiar a
otros dos vicepresidentes, lo cual no cayó bien en la junta.
En un
artículo publicado el 2 de julio, Francisco Solano explicó: “Hice unos cambios
que creí que eran necesarios para el banco, normales. Cuando los tres cambios,
al otro día salió que en Bancolombia habían cambiado a cuatro. Consideraba que
había cosas por mejorar (…) que haya tenido un timing desafortunado, en una
coyuntura complicada, sobre todo por los temas de la junta. Se mezclaron dos
variables independientes por una decisión de la asamblea en la que no tengo
nada que ver (el cambio en los miembros independientes de la junta)”.
¿Qué
sigue? El Banco Agrario espera la audiencia de caducidad del contrato de
alianza público-privada entre Cormagdalena y Navelena, que se llevará a cabo el
próximo ocho de marzo, en vista de que el consorcio no cumplió con el cierre
financiero el pasado 22 febrero, fecha en que terminaba el último plazo que la
Corporación había otorgado. El banco estima que el dinero del crédito se
estaría recuperando aproximadamente en mayo.
El informe
de auditoría sugiere la inexperiencia o por lo menos la descoordinación que en
el momento del desembolso existía en el banco y que hizo cambiar de parecer una
y otra vez sobre la naturaleza del crédito: “La carencia en el interior del
banco de una línea de crédito para la financiación de una operación catalogada
en principio como un crédito puente en un proyecto de infraestructura, que se
ajustara a las condiciones del mercado sin tener que acudir a condiciones
excepcionales para obrar en consecuencia, determinó que en las etapas de
análisis posteriores se propusiera como un cupo de tesorería, se aprobara como
crédito con destino a inversión y finalmente se desembolsara como una operación
de capital de trabajo que, además, a la fecha aparece nombrada en el sistema
como un mejoramiento de perfil de deuda por defectos asociados a la falta de
coherencia entre las etiquetas que identifican las líneas de crédito en los
diferentes módulos del sistema”.
Según
documentos publicados por Caracol Radio,
Entre 2007
y 2016 el Banco Agrario aprobó recursos por más de $2,1 billones a empresas del
sector de infraestructura.
Allí están
incluidas las garantías bancarias de casi medio billón de pesos sobre las que
informó este diario en enero pasado y otorgadas para proyectos de vías de
cuarta generación, respaldos que fueron aprobados con un plazo de 12 meses
renovables, entre febrero y julio de 2016, apenas meses después de que el Banco
Agrario estableció la política y las normas que rigen la expedición de ese tipo
de garantías, procedimiento que fue reglamentado internamente en 2016.
Además de
las determinaciones disciplinarias que se tomaron dentro del banco -con
respecto al gerente Orjuela y el vicepresidente (e) Jiménez-, la entidad está
evaluando cómo mejorar el proceso de aprobación de créditos, que, a la luz del
informe de auditoría, está en mora desde hace rato.
El proceso
sobre las irregularidades en el crédito seguirá en la Procuraduría, la
Contraloría y la Fiscalía, ante la cual el ministro de Agricultura, Aurelio
Iragorri, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República,
Camilo Enciso, interpusieron denuncia penal. “Es penoso que el ministro y el
secretario de Transparencia escurran sus responsabilidades en los subalternos,
cuando la junta directiva siempre conoció que Marcelo Odebrecht estaba preso y
que el riesgo reputacional era un hecho objetivo y protuberante, a pesar de los
‘sesudos’ conceptos de pomposos y costosos abogados externos”.
13º Carteles
Industriales y Comerciales.
La lista de los carteles
en Colombia puede ser interminable, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos
de ellos surgieron hace más de 10 años y con el tiempo reaparecieron.
Cartel de la
contratación en Bogotá 1990-2017. Es
el más grande, el más antiguo, el que no recuerdan los colombianos, sobre todo
los bogotanos, quienes aún padecen los estragos del llamado ‘carrusel de la
contratación’ que se gestó durante la alcaldía de Juan Martín Caicedo Ferrer,
Peñalosa I-II, los Moreno Rojas. Alcaldes, congresistas, funcionarios, los Nule,
contratistas, interventores, se reparten billonarios contratos de obras
públicas en Bogotá. Como: Transmilenio, construcción y remodelación de calles,
carreras, troncales, puentes, desniveles, deprimidos, desviando los anticipos
de dichas construcciones a sus cuentas. Después de años de investigaciones los
órganos de control se limitan a tasar en monto del rodo y el detrimento patrimonial.
Cartel del Azúcar 2010-2013. La SIC descubrió que los
ingenios azucareros se asociaron con otros países para evitar que llegara
azúcar importada a Colombia. De esta manera, la oferta sería mínima y el precio
a los consumidores se podía mantener alto. Finalmente la Asociación de
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia Asocaña fue multada junto con 14
empresas, entre las que figuraron Riopaila Castilla, Ingenio del Cauca y
Manuelita, y que se vieron obligadas a pagar $324.441 mil millones de pesos.
Todo comenzó en 2010, cuando representantes
de la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño, Comestibles San
Antonio, Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas,
Aje Colombia, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Compañía Nacional de
Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Meals de Colombia S. A. y Casa Luker
denunciaron la obstrucción de las importaciones del azúcar, que es una materia
prima esencial para sus negocios.
Cartel del Cemento 2005-2013.
La SIC, quien vela por la libre
competencia para que los colombianos no terminen pagando más por un producto o
servicio, inició hace un par de años una investigación contra varias compañías
como Cementos Argos, Holcim, Cémex Colombia, Cementos San Marcos y Cementos
Tequendama al detectar que entre ellas, había acuerdos de precios para
mantenerlos altos. Aunque la SIC acusó a 14 funcionarios y castigó a dichas
empresas con multa de $3.183 mil millones en total, tiempo después la multa
contra Argos se cayó.
Cartel de los Tubos 2004-2014. La SIC sanciono con $231 mil millones a 3 empresas: American
Pipe, Manufacturas de Cemento Titán, Tubox, por conformar un cartel para fijar artificialmente los precios
en el sector de los tubos de cemento, en2004 a 2014, tiempo en el
que se habrían cometido las conductas anticompetitivas, las empresas vendieron en el mercado
local $250 mil millones.
Cartel del Papel 1998-2014.
La SIC formuló pliego de cargos en
contra de Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de
Risaralda, Drypers por la cartelización empresarial que desarrollaron desde
1998 hasta 2013, cuando varias empresas decidieron delatar el cartel. La multa
fue de $60 mil millones.
Cartel del Papel Higiénico
2002-2016. La SIC
impuso sanciones por $70 mil millones. En 2002 las empresas Productos Familia, Colombiana
Kimberly, Papeles Nacionales, C. Y P. conformaron
el cartel a través de sus directivos, que acordaron
fijar conjuntamente el precio del papel higiénico, servilletas, toallas para
cocina, de la línea tisu, pañuelos para
manos y cara. Fueron amos y señores
del negocio durante los más de 14 años que duró el cartel afectando a 3.7
millones de hogares, manipulando los precios de productos de la canasta
familiar.
Cartel de los Cuadernos 2001-2016.
La SIC impuso
sanciones por $70 mil millones para cada empresa, a Kimberly, Carvajal y
Scribe, el cartel “se originó en el año 2001, se
mantuvo hasta el 2014. El cartel fijo los precios del segmento económico, intermedio y premium de los
cuadernos” Estas empresas habrían creado un acuerdo para evitar la
competencia y así poder inflar los precios de estos útiles escolares, que afectaron a más de 9 millones de estudiantes.
Cartel de la Chatarrización
2017. La Policía capturó a 20
personas en todo el país por este cartel, empezando por Pedro Aguilar, quien
sería la cabeza del cartel de la chatarrización. Fueron más de 12 mil vehículos
de carga chatarrizados de manera fraudulenta, “operaciones que podrían
representar ganancias aproximadas a los $600 mil millones, es decir, $50 millones
por cada camión”.
Cartel del Ganado 2017. La SIC descubrió irregularidades en las subastas ganaderas
y anunció una millonaria multa de $2.692 mil millones. Son 17 empresas que
hacen parte del sector de las subastas ganaderas y que fueron sancionadas por
“violación a la libre competencia”. Según la SIC, “las mencionadas sociedades
formaron un cartel empresarial para fijar, coordinada y artificialmente, una
comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas”.
Cartel de los Medicamentos
2016. Y luego llegó el cartel
de los fármacos. Se trataba de 38 pacientes que presentaron 269 autorizaciones
fraudulentas para reclamar medicamentos de alto costo que luego eran vendidos a
un precio mucho mayor. Nueva EPS fue la entidad que resultó afectada con el
desfalco al entregar 6.123 dosis de medicamentos que sumaban más de $1.261 mil
millones.
Cartel de la Hemofilia 2016.
Si hasta este punto usted cree que los
carteles en Colombia tocaron fondo, el cartel de la hemofilia lo hará pensar
que las mafias son capaces de lograr lo que se propongan sin importar el daño
que causan. Quienes conformaron esta organización usaban pacientes con
hemofilia para robarse los recursos destinados a la salud. El caso ocurrió en
Córdoba, donde los supuestos pacientes reclamaban medicamentos no contemplados
en el POS.
14º
Contralores Condenados
1º
Julio Enrique Escallón 1971-1975. Estuvo detenido
por corrupción.
2º Aníbal Martínez Zuleta 1975-1982. En 1985 la Corte Suprema lo sentenció a 3 años de prisión
por haber autorizado la apertura de una cuenta con dineros de la Contraloría,
de la que obtuvo luego préstamos personales por $5 millones. La Corte lo
responsabilizó de cohecho, pero se libró
de la cárcel. Le dieron libertad condicional y tuvo que pagar multa.
3º Rodolfo González 1982-1990. Su gestión recibió críticas por clientelismo y terminó
enredado por la avalancha del proceso 8.000.
4º Manuel Francisco Becerra 1990-1994. En 1998 fue condenado a 70 meses de prisión y multa de
$300 millones por estar en la nómina de la mafia. El contador del cartel,
Guillermo Pallomari, declaró que le dio a Becerra 300 millones en efectivo.
Logró que una instancia internacional declarara ilegal su proceso. Proceso
8.000.
5º David Turbay 1994-1998.
En pleno ejercicio de su cargo fue capturado por la Fiscalía y llevado a
juicio. Fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por haber recibido $49
millones del cartel de Cali para sus campañas políticas. Proceso 8.000.
15º Firmas auditoras
investigadas por casos corrupción.
Estos entes ‘zombis’ tenían que
haber notado, prevenido, detectado los movimientos financieros que derivaron en los diferentes hechos de corrupción que se
produjeron después. Lista de las firmas investigadas por la Junta Central de
Contadores por acción anti ética y penal:
1ª
Reficar y CB&: Price
Waterhouse Cooper y Ernst and Young.
2ª Navelena: La contadora es Mariela Patricia Marroquín Aragón y
su revisor fiscal es Diego Armando Lara de Price Waterhouse Cooper, junto con
KPMG.
3ª Constructora Norberto
Odebrecht S.A: El contador
público es Héctor William Santos Jiménez y su revisor fiscal es Camilo Reyes,
de Price Waterhouse Cooper.
4ª Odebrecht Latinvest Colombia
S.A.S: El contador es el
mismo de Odebrecht, Héctor William Santos, y su revisor fiscal es Diego Armando
Lara, de Price Waterhouse Cooper.
5ª Concesionario Ruta del Sol: La contadora es Luz Ángela Gutiérrez Hernández y su
revisor fiscal Luis Jovany Gómez Forero de Price Waterhouse Cooper.
6ª Estraval: La contadora Marisela Triana Quintero y su revisora
fiscal es Rosalba Janeth Morroy.
7ª Élite: Las contadoras son Luz Astrid Bernal Espinosa y Luz
Miriam Buitrago, y su revisora fiscal es Shirley Andrea Pulido que pertenece a
Moore Stephens, junto con Global Consultant Group S.A.S.
16º Para Olvidar.
1829-30
Disolución de la Gran Colombia. Separación Ecuador Venezuela. 1829 Venezuela 1829. Ecuador 1830.La Gran Colombia se creó en 1819 con la unión de
Nueva Granada, hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá en un intento de unir
en una sola nación a varios pueblos del norte de la América del Sur, la nueva
República fue vista por sus naciones constituyentes más como un recurso para
unir fuerzas contra el poder colonial y prevenir su restablecimiento, que como
la culminación de un proceso de identificación social, económica y política de
sociedades marcadamente desiguales en su composición y en el grado de
estructuración del poder social.El principal líder ideológico para la creación
de la Gran Colombia fue el Libertador Simón Bolívar, quien pretendía crear una
nación fuerte, económicamente poderosa y mantener su independencia. Fue el
sueño de unidad más ambicioso de Latinoamérica. Las potencias europeas y USA no
los aceptaron.
1903
Separación de Panamá.
1974 Golfo de Coquivacoa. En 1974 el presidente liberal
Alfonso López Michelsen
2016 Nicaragua y Colombia. Pérdida
de Territorio. Es un litigio histórico por el archipiélago caribeño de San Andrés,
Providencia, Santa Catalina y unos cayos. No se conocen las actas del gobierno en las que se
plasman las decisiones que llevaron a la pérdida del mar territorial
aledaño a San Andrés.
1928
Masacre de las Bananeras. En 1928 se produjo la horrible matanza de las
bananeras, con casi dos mil víctimas, y esto causó el inicio del derrumbe de la
hegemonía conservadora, pero también el punto de partida del moderno populismo
colombiano. En efecto, el joven parlamentario liberal Jorge Eliécer Gaitán tomó
la bandera de la lucha contra la United Fruit y del castigo a los asesinos de
las bananeras, ganó el proceso parlamentario y luego el proceso penal, logró la
expulsión de la United Fruit del país y dio con ello comienzo a una
impresionante carrera política de lucha contra las oligarquías.
La
Guerra entre Esmeralderos.
La
Bonanza de la Marihuana ‘Bonanza Marimbera’.
La
Bonanza Cocalera.
El
Cartel de Pereira. El Bloque
Pereirano. Territorio Neutral donde los diferentes carteles se reunían a
planificar sus intereses Estratégicos. Bloque que impuso un Presidente, después
de asesinar un Candidato. Presidente financiado para un Periódico en Risaralda
El
Cartel de Medellín.
El
Cartel de Cali.
El
Cartel del Norte del Valle.
El
Cartel de la Costa Atlántica.
17º
Las Guerras Civiles en Colombia.
1778. “Sublevación de los Pardos”. Valle del Cauca. Fue una zona caracterizada por las revueltas de
negros y gentes del común en el siglo XVIII. En 1778 tuvo lugar un movimiento
llamado “Sublevación de los Pardos”, en el que la población negra de
Llanogrande, la actual Palmira y Tuluá, se rebeló contra el trabajo obligatorio
que debían prestar en el camino del Chocó.
1780. Rebelión de los Negros. Valle del Cauca. Las restricciones en la siembra de tabaco
motivaron también el enfrentamiento con las autoridades por parte de los negros
libres de Puerto Tejada, Candelaria, Llanogrande y Tuluá en 1780; en este caso,
la protección de grupos de negros armados permitió que el tabaco, pese a las
prohibiciones, se continuara cultivando. En la insurrección registrada en
Cartago, las acciones se dirigen contra los guardas y estancos de aguardiente,
y se pegan en las casas de los guardas pasquines que advierten sobre ataques
sino se derogan las medidas fiscales. Al no ser depuesta la nueva legislación,
se efectúan ataques a los estancos en los que participan mulatos.
1781. Rebelión de los Comuneros. Primera
Etapa. ‘Reforma Tributaria’. Los impuestos motivaron los levantamientos del
común. Las reformas borbónicas con el fin de incrementar los ingresos reales,
mejorar el control burocrático sobre las colonias e incrementar la extracción
de sus riquezas, imposición de nuevos impuestos, monopolios o de su incremento, el impuesto de la armada
de Barlovento, produjeron rechazo, protestas y
levantamientos de comerciantes, propietarios de tierra, arrendatarios, y
consumidores.
La revuelta fue encabezada por compradores y
expendedores de ganado, a quienes se les imponía un gravamen de un real por
cada cabeza de vacuno.
La imposición del estanco del tabaco, que le
daba al gobierno español el control de su producción y comercio, afectó a los
empresarios privados acostumbrados a su comercio y a los beneficios derivados
de su favorable relación con los cosecheros y pequeños propietarios, dado que a
estos la hoja no se les cambiaba por dinero sino por mercancías. Como la
administración directa no se imponía sólo al tabaco, en otros ámbitos también
se lesionaron los intereses de la élite criolla.
A nivel de los sectores populares, lo que
más afectó fue el alza en los gravámenes sobre el tabaco –dos reales por libra–
y el aguardiente, y sobre todo la restricción al cultivo de tabaco, junto al
hecho que la represión al cultivo acarreó no sólo la destrucción de las
siembras sino daños a otros cultivos, así como robos, abusos y atropellos por
parte de los guardas, sin contar con la prisión y la imposición de penas
secundarias impuestas sin ninguna equidad. La composición de las tierras de
resguardo afectó, además de los indígenas, a mestizos y blancos pobres que
trabajaban en dichas tierras. Cronología:
1781
16 de marzo. La protesta comunera inicia en
la provincia del Socorro y se generaliza por las poblaciones de los actuales
departamentos de Boyacá y Cundinamarca, como Chatalá, Pamplona, Zipaquirá,
Maracaibo, Tequia, Riachuelo, Simacota. Entre marzo 16 y junio 7 de 1781, se
presentan 33 tumultos en toda la región.
18 de abril. Se da lectura a Nuestra Cédula
o Cédula del Pueblo. El pasquín que plasmó los objetivos iniciales de la
rebelión, estaba redactado en verso, escrito por un fraile dominico y el
criollo Jorge Lozano de Peralta. Se nombró a Juan Francisco Berbeo, comandante
general, y como capitanes a Antonio Monsalve, Francisco Rosillo, José Antonio
Estévez, Ramón Ramírez y Joaquín Fernández Álvarez.
Los únicos miembros del pueblo
que alcanzaron título dentro del movimiento fueron el labrador José Antonio
Galán, el portero del Cabildo del Socorro, Manuel José Ortíz, y el tejedor de
mantas Isidro Molina. Otros personajes que aparecen en los motines iniciales
son el talabartero Lorenzo Alcantuz, la cigarrera Manuela Beltrán, el tejedor
de mantas José Delgadillo, los carniceros Ignacio Ardila, Pablo Ardila, Roque
Cristancho, Miguel Uribe, el arriero Hilario Galán, los labradores mestizos
José Velandia y Francisco Antonio Mesa y los sombrereros mestizos Nicolás
Pedraza y Miguel Fulgencio de Vargas.
7 de mayo. El Supremo Consejo de Guerra
definió como prioridad la movilización militar sobre Santafé. En su camino, el
ejército del común derrota la expedición pacificadora que había salido a
hacerle frente en Puente Real, hoy Puente Nacional.
12 de mayo. Apresamiento del
oidor por tropas del ejército del común.
19 de mayo. En Casanare, vecinos
criollos dirigidos por Javier de Mendoza, quien se había designado como
subalterno del rey inca Túpac Amaru, se tomaron las principales ciudades,
abolieron los impuestos y depusieron al gobernador.
26 de mayo. Levantamiento en
Támara por la situación que pasan tejedores e indios a causa de los nuevos
impuestos.
29 de mayo. El ejército comunero, que 20.000
mujeres y hombres, avanzó con la toma de Girón.
2 de junio. Se consolidó la insurrección al
llegar a Zipaquirá, a un día de distancia de Santafé.
7 de junio. Se aprueban las capitulaciones de Zipaquirá.Llegado a Zipaquirá, el
ejército del común dividió opiniones cuando tuvo que decidirse entre avanzar
hacia Santafé o negociar. El comandante general Francisco Berbeo y los
capitanes generales estuvieron a favor de la negociación, en contra estuvieron
el resto de los comuneros.
El regente visitador nombró al arzobispo
Caballero y Góngora como principal negociador de la Junta, recibió de Berbeo
las Capitulaciones, un documento con 35 puntos que exigía reformas
administrativas, mayores oportunidades para los criollos y un mejor tratamiento
para los indígenas, y lo firmó el 6 de junio, siendo a su vez aprobado por la
Audiencia al día siguiente. Percibida la firma como una victoria y en
condescendencia con las autoridades, Berbeo ordenó la dispersión del ejército
comunero.Entre lo acordado en Zipaquirá destaca:
1º -la abolición de los
impuestos de la armada de Barlovento,
2º -el de guías y tornaguías,
3º -el de ramo de barajas,
4º -el gracioso donativo,
5º -el de las medias anatas;
6º -la rebaja del impuesto de
alcabala;
7º -el retorno a los antiguos
precios de productos como el aguardiente, la sal, el papel sellado y la
pólvora, las tarifas de correos.
-Se derogaron:
8º -el estanco de tabaco,
9º -los peajes de entrada a
Santafé,
10º -el decreto que ordenaba la
limitación del número de tiendas.
-Se estableció:
11º -el derecho de armar
rancherías en tierras cercadas a orillas de los caminos por parte de los
viajeros.
-Respecto a los indios:
12º -se rebajaron los tributos,
13º -se los exoneró del pago de
derechos religiosos,
14º -se les concedió los
beneficios y explotación exclusiva de las minas de sal de Zipaquirá.
15º -Se aprobó la posibilidad de
que regresaran a los resguardos, siempre y cuando no hubiesen sido rematados,
16º -de convertirse en propietarios
individuales.
-En cuanto al clero:
17º -se rechazaron los derechos
eclesiásticos,
18º -se pidió el control sobre
los derechos que cobraban los clérigos, los notarios y los escribanos
religiosos.
-Se planteó:
19º -la preferencia para los americanos
en los empleos de primera y segunda categoría,
20º -el mantenimiento del
ejército del común,
21º -el nombramiento de un
corregidor
22º -Justicia mayor para los
pueblos,
23º -el perdón general para
todos los participantes en la rebelión.
6 de julio. El virrey Flores, que se había
fugado para Cartagena, desconoció los acuerdos totalmente, confirmando su
negativa, envía 500 soldados a Santafé, para restaurar el orden.
Segunda Etapa. Radicalización, expansión de la
revuelta y Berberismo.
8 Junio. Galán se desplaza por los pueblos del
valle del río Magdalena. El momento
de mayor radicalidad en la rebelión comunera tiene lugar después de la firma de
las capitulaciones, cuando José Antonio Galán da nuevos rumbos a la revuelta
llevando a cabo liberaciones de esclavos, reparto de tierras y sustitución de
autoridades. Galán, quien no había estado en la firma de los acuerdos A su
paso, las rebeliones de indígenas y negros se desencadenaron. Al mismo tiempo
que los berberistas desmovilizaba el ejército del común y que Galán hacía su
campaña revolucionaria en el Magdalena, se presentaban nuevas insurrecciones en
la provincia de Antioquia, los llanos orientales y algunos lugares de la
provincia de Popayán. Del mismo modo, se presentaron en junio tumultos en Ocaña,
Lobatera y Rosario de Cúcuta.
Mestizos, negros e indios se plantean
reivindicaciones propias; de ahí la liberación de esclavos y la negación de la
autoridad real, reconociendo por el contrario a Túpac Amaru como nuevo rey en
las Indias.
En Casanare, el gobernador reunió indios de
varios pueblos y se juró por el rey inca.
En Neiva, los mestizos insurreccionados,
ante el imperativo de rendirse formulado por el gobernador de la provincia,
contestaron que no tenían ninguna orden del rey Túpac Amarú para hacerlo.
Berberismo. Soborno y Traición. La dirección de la 1ª. Etapa del movimiento, conformada
por el notablado local y criollos blancos pobres, Juan Francisco Berbeo, comandante
general, los capitanes generales, Salvador Plata, Antonio Monsalve, Francisco
Rosillo, José Antonio Estévez, Ramón Ramírez y Joaquín Fernández Álvarez, fueron
sobornados por la corona española, con entrega de poder local, recaudo de los
impuestos, manejo de los monopolios, tierras en sus provincias de origen,
promesa de títulos nobiliarios y el perdón por liderar la rebelión, a cambio se
comprometieron y fueron parte activa en el proceso de represión. Berbeo, ordena
obstaculizar las comunicaciones con el Ejercito de los Comuneros comandado por
José Antonio Galán, perseguirlos, aniquilarlos, capturarlos y asesinarlos.
Salvador Plata, apresa con engaños a Galán.
El cierre de la 2ª. Fase de la
rebelión estará marcado por la traición, apresamiento y muerte de Galán, junto
con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz; así como por la
persistencia de la protestas.
12 de junio. En Honda se ordena que sea vendidala
azumbre de aguardiente a 9 reales.
16 de junio. Galán entra a Mariquita.
17 de junio. En Antioquia. Se
presentaron protestas en distintas regiones que no tuvieron ninguna
coordinación. En las poblaciones de El Guarne, La Mosca, Rionegro y Palencia se
formaron entre esclavos y gentes del común, que contaron con el apoyo del
alcalde de Rionegro. El primer motín tuvo ocasión en Guarne, contra el
establecimiento de pulperías y el cobro de 2 pesos de oro limpio para obtener
el título de mazamorreros lavadores.
En Julio, se registraron protestas en
Rionegro, de donde se propagó por Medellín, Arma, San Vicente y Marinilla. Este
alzamiento de los propietarios mineros de la región junto con mestizos que
trabajaban como mazamorreros o se dedicaban al comercio, tenía como fin pedir
que se limitara la extensión de las minas y la abolición de los impuestos de
“mazamorreo” y del gracioso donativo. Propusieron, la extinción de las tiendas
establecidas en las minas y su reemplazo por el libre comercio –TLC-, la rebaja
en los precios del aguardiente, la licencia para portar armas, el castigo para
los guardas que atropellaran a la población y la designación de los criollos en
los cargos de jueces y administradores de las rentas reales. A algunas de sus
peticiones las autoridades accedieron, al menos temporalmente.
Para septiembre, los cosecheros de
tabaco de Sacaojal y Sopetrán se sumaron a las protestas, comandados por el
liberto Pedro Lastra. Los amotinados impidieron que los alguaciles continuaran
arrancando las siembras de tabaco, a los gritos de “Todos tenemos tabacales” y
“no obedecerían ni a Dios ni al rey”. Las exigencias de los rebeldes,
presentadas ante el gobernador por medio del cura de Sacaojal, consistían en la
extinción de los estancos de tabaco y aguardiente, libre siembra y beneficio
del tabaco, a lo que se respondió con una violenta represión de la revuelta.
A mediados de septiembre, los tabacaleros selevantaron
en contra delas rondas que realizaban los guardas del estanco del tabaco en
busca de cultivos clandestinos. En Sacaojal, Sopetrán, San Jerónimo,
Quebradaseca, La Miranda y El Tablazo, los vecinos se apoderaron del paso del
río Cauca y controlaron la comunicación hacia el poblado de Antioquia y lugares
vecinos. En esta ocasión, el gobernador se vio obligado a suspender las medidas
contra los defraudadores de la renta, aunque luego se retracta del acuerdo y
condena a muerte a varios comprometidos.
19 de junio. Los comuneros de
Mariquita ajustician al gobernador.
23 de junio. Estalla rebelión en
Honda a consecuencia de la agitación de Galán por haciendas y minas del valle
del río Magdalena.
23 de junio. En Pasto, los
motines populares se iniciaron en protesta por el estanco de aguardiente y
contaron con la participación principalmente de indios y mestizos. El
movimiento se extendió por Túquerres y otros pueblos.
Junio Provincia de Neiva. Los tumultos se
presentaron en toda la Provincia, luego en Aipe, Caguán, Villavieja,
Fortalecillas y el Volcán, comprometieron a indios y libertos en protesta por
las medidas sobre la siembra del tabaco y el estanco de aguardiente.
6 de julio. En oficio dirigido
al Cabildo de Santafé, el virrey Flores ordena desde Cartagena suspender la
publicación de las capitulaciones.
16 de Julio "Los naturales del pueblo de Támara".
Casanare. Francisco Javier de Mendoza, criollo propietario de un hato ganadero,
organizó un numeroso ejército de indígenas provenientes de Pore, Támara, Ten,
Manare y otros pueblos, a quienes liberó de pagar impuestos, los instó a atacar
al clero de los pueblos cercanos y les ordenó obedecer a los capitanes
comuneros del Socorro. Identificándose como el apoderado del inca, les hizo
jurar lealtad al rey de América, Túpac Amaru, y se hizo llamar capitán general
y gobernador de la provincia de los llanos. Mendoza mantuvo su actividad por 4
meses más, hasta que fue reducido por una milicia paramilitar privada
financiada por el marqués de San Jorge, uno de los hombres más ricos de
Santafé.
26 de julio. Llegan a la capital
noticias sobre la nueva insurrección en El Socorro y el objetivo que tiene de
marchar hacia Santafé.
Julio. Comuneros
en la Capitanía General de Venezuela. Se extiende la rebelión hacia las
poblaciones limítrofes de la Capitanía General de Venezuela como San Antonio de
Cúcuta, San Antonio del Táchira, San Cristóbal, La Grita, Bailadores, Ocaña,
Mérida, Ejido, Timotes y Villa de San Xual, en las que se eliminan impuestos y nombran capitanes de
entre los vecinos. El inicio de las sublevaciones fue atribuido a capitanes
provenientes de Pamplona y Socorro, los sargentos de milicias Carnero y Suárez
acusados de agitadores por autoridades de Maracaibo. Estos tumultos también
terminaron en la organización de un ejército, que reconoció la dirección
política y militar del Supremo Consejo de Guerra del Socorro. La rebelión
concluyó por la falta de apoyo de los habitantes de Trujillo y Caracas, quienes
se negaron a participar. Para agosto de 1781, las autoridades españolas habían
sometido a las poblaciones insurrectas y tomado prisioneros a los principales
cabecillas.
31 de agosto. En carta al
virrey, Bernet informa sobre derrota del ejército realista.
9 de septiembre. Es descubierta
una conspiración de esclavos en Antioquia.
11 de septiembre. Se decide en
El Socorro una nueva marcha sobre Santafé.
19 de septiembre. Se expide el
acta capitular sobre las disposiciones luego de las capitulaciones. Entre ellas
la prédica de la orden religiosa de los capuchinos para incentivar el
arrepentimiento.
13 de octubre. Galán es
capturado en Onzaga.
En noviembre de 1781 en Buriticá, provincia
de Antioquia, los indios del pueblo se negaron a pagar tributos y el impuesto
del gracioso donativo. Las tropas enviadas al lugar aplastaron el
levantamiento.
1782 Enero. En San Andrés de Tumaco. Se registran levantamientos en contra los
estancos, en cabeza del Vicente de la Cruz, negro liberto, negro libre, Francisco Sánchez de la Flor, quien comandaba la insurrección, vecino de Tumaco
que residía en Quito, Eugenia y Dominga Ballejo, entre
otros.
21 de enero. Por medio de
oficio, el rey ordena enviar tropas a Honda para contener a los rebelados.
30 de enero. Se publica la
sentencia de muerte contra José Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel
Ortiz. En febrero 1 son ejecutados. Luego de la ejecución y restaurado el
orden, el virrey Flores restableció los impuestos motivo de los levantamientos
del común.
Julio. La corona nombró como
sucesor del virrey Flores a Caballero y Góngora.
1783 Enero 4. Desacato de los vecinos de Fusagasugá al decreto que prohíbe sembrar
tabaco y anuncia los castigos a los infractores.
Entre
1810-24. Padecimiento de las Guerras de la Independencia. Muchos grupos y sectores explotados entendieron o
intuyeron, desde el primer momento, que la "independencia" era un
asunto de los señores hacendados y de los grandes comerciantes.
Los negros de la costa colombo-venezolana se
alzaron en armas para luchar por el rey de España y en contra de la
emancipación.
En los valles y montañas del sur, en Pasto,
en el Cauca, en las llanuras del Huila y en la montaña antioqueña, millares de
pequeños agricultores y colonos combatieron ferozmente contra los ejércitos de
la Gran Hacienda.
La guerra social se extendió por todo el
territorio de lo que más tarde se llamaría "La Gran Colombia" pero de
esto solamente ha quedado constancia documental en la provincia venezolana y en
algunas regiones del sur de Colombia.
Paralelamente, los ejércitos libertadores
organizados con tenacidad sobrehumana por Simón Bolívar, aplicaron la Guerra a
Muerte en Venezuela y Colombia, desde 1813 hasta 1820. Durante esos 7 años no
se hicieron prisioneros ni hubo sobrevivientes entre los vencidos de una
batalla o una escaramuza. Todos los españoles capturados por los patriotas eran
pasados por las armas. Se arrasaban pueblos enteros, incluyendo ancianos
mujeres y niños. No se hizo distinción alguna entre los combatientes y la
población civil. En Pasto, se ofreció amnistía absoluta a las partidas
guerrilleras campesinas que entregaran sus armas, y una vez obtenida la paz se
procedió a exterminarlas implacablemente.
Detrás de esta felonía había una clara
conciencia de clase: se trataba de la lucha de la gran hacienda contra el
minifundio, de los señores contra la plebe, de una estrategia de autoridad
contra una expresión de libertad.
En 1829. Estalló la guerra en Antioquia, dirigida por el general Córdova.
Asesinado por un Irlandés, Ruperto Hand.
En 1830. Guerras Civiles Regionales. Tuvimos una guerra contra el
Perú y numerosas guerras civiles regionales: En Antioquia 2; Cauca 1; Magdalena 1; Tolima 1; Cundinamarca 1
incruenta; En Panamá 2, entre 1862 y 1879 un presidente muerto en campo de
batalla, 7 derrocados violentamente y 1 envenenado
De 1932 a 1933. Guerra Internacional con Perú. Que desangró la economía nacional
y produjo daños muy graves en las relaciones entre los dos pueblos. Perdimos
Territorio.
Entre
1839-41."Guerra de los Supremos"
o “de los Conventos”. Horrenda.
Entre 1843-50. Hubo incontables asonadas y motines locales y regionales.
En 1851. Guerra de los Latifundistas.
Se alzaron en armas los latifundistas y amos esclavistas para impedir la
abolición de la esclavitud y para derrocar al presidente José Hilario López,
quien además de decretar la libertad de los esclavos apoyó a las organizaciones
de artesanos y realizó la primera Reforma Agraria en la historia del país.
En 1854. Guerra de los Artesanos. Para Colombia la
insubordinación y toma del poder por el general tolimense José María Melo en
1854 tuvo una significación excepcional: a sólo treinta años de consumada la
independencia, a 60 de la Revolución de los Comuneros del Socorro y Charalá,
por primera vez en la vida republicana del país una clase social distinta de la
burguesía, el artesanado, se asomó al poder. El general José María Melo dio un golpe de estado
apoyado por los artesanos y las Sociedades Democráticas, lo cual produjo un
levantamiento general de la oligarquía. El baño de sangre concluyó con
fusilamientos en masa de artesanos y el destierro de más de 2 mil de ellos a
las regiones inhóspitas del Darién.
Entre 1859-62. Tuvimos otra guerra, mejor dicho, muchas guerras provinciales
entrelazadas en una sola gran conflagración, cuyo resultado fue el triunfo del
federalismo, afianzado a sangre y fuego en la terrible guerra de 1876-77.
Entre
1876-77.
Entre
1884-1885."Regeneración
Nacional".Los excesos del sistema federal
condujeron a la reacción que se conoce con el nombre de "Regeneración Nacional",
movimiento liberal-conservador que se impuso en la guerra de 1884-84 y que
implementó la Constitución de 1886, vigente en Colombia hasta 1991.
En 1895. Se libró una breve pero muy sangrienta guerra civil, que debe ser
vista como el preludio de la inmensa conflagración de 1899-1902, Guerra de los
Mil Días.
1899-1902.
Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días abrió en el país una
herida que no se ha cerrado. En ella se aplicaron sistemáticamente los métodos
de exterminio de pueblos enteros. Durante 3 años fue saqueado el campo
colombiano, dejando agotados los recursos naturales y humanos de la nación. La
ocasión fue aprovechada por nuestros amigos del Norte para darnos prueba de su
amistad en el istmo de Panamá. Las cañoneras norteamericanas impidieron a la
flota colombiana desembarcar en tierra panameña y la independencia de Panamá se
consumó por obra y gracia de la estúpida política de la oligarquía colombiana,
unida a la felonía yanqui.
Al comenzar el siglo, la hegemonía
conservadora impuso un régimen muy represivo, tanto en lo material como en lo
espiritual. Se intentó imponer un modelo de desarrollo que en muchos aspectos
evoca la dictadura de Porfirio Díaz en México, pero que en Colombia estuvo
marcado por el servilismo más absoluto a los caprichos más retrógrados del
Vaticano y la Iglesia Católica. El naciente movimiento obrero fue reprimido con
ferocidad. Fueron frecuentes las huelgas heroicas, con balaceras y muertos.
Durante la década de los años 20 se crearon sindicatos textiles, ferroviarios,
de la alimentación, de los petroleros, de las bananeras. Muchos de ellos fueron
organizados por mujeres. Los pioneros de la organización proletaria fueron
anarquistas, socialistas, comunistas.
En la guerra de los mil días, muchos del
estado mayor de los Liberales, se apropiaron de inmensas fincas en diferentes
regiones del país, quienes más adelante se opondrían en alianza con sectores
del conservatismo, el sector financiero y la iglesia, para torpedear las
reforma agraria y sus decretos reglamentarios, cuyo resultado fue la explosión
d la violencia liberal conservadora, que dirigieran Mariano y Laureano.
1930. La República Liberal. Terminó empantanada en la corrupción de sus
gobernantes. Los escándalos se sucedían en la prensa y la radio, mientras el
abismo entre los oligarcas liberales y el movimiento Gaitanistas se iba
haciendo más profundo.
1945. Chulavitas. Pájaros. Aplanchadores. Chusmeros. En ese período trágico de nuestra historia, los colombianos cometimos
todas las atrocidades que nos habían enseñado los caudillos oligárquicos del
siglo pasado: mutilaciones, decapitaciones masivas, descuartizamientos, en fin,
todo lo que el lector pueda imaginar y mucho más que no puede imaginar. El país
se agotó en rituales de sadismo y horror.
Comenzó a perfilarse la estrategia guerrera de la reacción conservadora.
Al amparo de la doctrina Truman, se aplica un plan de violencia "de baja
intensidad" en los campos y pueblos. Se trataba de impedir el triunfo
electoral de Gaitán, desmovilizar a los campesinos liberales, anular la
capacidad de resistencia del pueblo y recuperar el control de la tierra para el
gran latifundio. La violencia se encendió otra vez, con ferocidad inaudita,
pero oficialmente reinaba la paz. Las masacres eran frecuentes y se estima que en ellas
murieron más de 130.000 personas. Hasta hace unos años, en Villahermosa, norte del Tolima, se decía que en
no se conseguía un liberal ni para remedio. Las masacres eran frecuentes y se estima que en ellas
murieron más de 130.000 personas.
Comenzaron a conformarse cuadrillas conservadoras, "chulavitas" en Boyacá, “pájaros” en el
Valle, “aplanchadores” en Antioquia, en Tolima, costa caribe.
Encargadas de quitarle la cédula de
identidad a cada campesino liberal, por la razón o la fuerza. Pero en realidad
la estrategia era más profunda: se trataba de iniciar la violencia generalizada
"por abajo", por el campesinado pobre, de manera que cuando llegara a
los "notables" fuera ya demasiado tarde para responder.
Esta estrategia fue tan eficaz, que todavía
hoy muchos historiadores sostienen que la Gran Violencia comenzó en 1948, con
el asesinato de Gaitán, pero cuando fue asesinado, el 9 de abril de 1948, ya la
violencia había cobrado miles de víctimas en los departamentos de Boyacá, Santander,
Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca, y comenzaba a dejar
su huella sangrienta las regiones cafeteras, eje cafetero.
Chulavitas. Boyacá. Facción de la policía conservadora que operaba en
la región cundiboyacense. Es el epíteto utilizado para denominar las bandas
armadas de origen campesino en Colombia que existieron durante los primeros
años de La Violencia, conformado por gentes del campo procedentes de la vereda
Chulavita, municipio de Boavita, departamento de Boyacá, reclutados rápidamente
en enclaves conservadores del nororiente del departamento de Boyacá, para
defender al gobierno conservador del presidente Mariano Ospina Pérez, con el
objetivo de restablecer el orden en Bogotá, la cual estaba sumida en el caos,
el pillaje y la violencia callejera debido al Bogotazo, que fue una
manifestación espontánea de una turba enfurecida tras la muerte del caudillo
liberal Jorge Eliécer Gaitán. Los Chulavitas cumplieron su misión con eficacia,
aunque con exceso de fuerza; luego fueron usados como contrapeso a las
guerrillas liberales denominadas también como Los cachiporros, estacionadas en
los Llanos Orientales, razón por la cual algunos historiadores los definen como
la semilla del conflicto armado en Colombia.
Pájaros. Valle del Cauca. Un grupo armado ilegal que existió durante los
años de La Violencia conformado por campesinos y habitantes de filiación
conservadora, procedentes de pueblos con dicha filiación, principalmente en el
Valle del Cauca y sobre todo en Tuluá, análoga los chulavitas. El objetivo de
los "pájaros", nombre dado en 1953 tras el ascenso de Laureano Gómez
a la presidencia y con el poder definitivamente conservador, era asesinar e
intimidar a los residentes y campesinos de filiación liberal opositores a los
gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Gómez. Los pájaros eran pagados con buenas
sumas de dinero por los caciques conservadores: Asesinos a sueldo, patrocinados
por terratenientes o gente del poder, para eliminar opositores políticos. Los
“Pájaros” tenían como norte fundamental eliminar liberales. El más conocido de
ellos fue León María Lozano, alias “El Cóndor”, que desde Tuluá, Valle del
Cauca, determinaba quien vivía y quien moría en la región, en el propósito de
hacer viable la “cordillera azul”.
Llanos Orientales. En el caserío La Bonita, Villahermosa, norte del
Tolima, su crecimiento y proyección en manos de colonizadores antioqueños llegados
de Abejorral y Sonsón, hacían prever que el azul prevalecería, por encima de
cualquier requerimiento social o económico. Hasta hace unos años, en
Villahermosa, se decía que en no se conseguía un liberal ni para remedio.
Cundinamarca. Una de esas cacerías ha quedado en la memoria de los colombianos como
prueba patente de la eficacia del ejército nacional. El legendario guerrillero
Efraín González, conservador, se mantuvo fuera de la ley durante años y fueron
necesarios más de 1.000 soldados para cazarlo en el centro de Bogotá, en una
persecución que duró varias horas. Se destruyeron edificios y se utilizó
artillería para eliminar a un bandido fugitivo armado con una pistola. Después
de la batalla de Boyacá, que selló la independencia del país en 1819, no se
había visto tanto heroísmo.
1946 La Guerrilla Liberal. Grupos
liberales armados que se consolidan durante el gobierno de Rojas Pinilla, que
controlan de norte a sur toda la cordillera, en defensa de liberales y venganza
sectaria, como reacción a la guerra
desatada por Mariano y Laureano. Guerrilla liberal o "chusma"
contra los "comuneros" o “chulos” miembros del ejército. Cuando los campesinos denunciaban los atropellos
ante el ejército en espera de protección y
justicia, el militar de mando preguntaba a qué partido pertenecían, y, oyendo
que al liberal, decían: "¿Cachiporro? Que se los traguen los chulos".
Los asesinados se diferenciaban, a bala, si eran por guerrilleros liberales,
con ‘corte de franela’ ejecutados por las cuadrillas conservadoras.
De los jefes liberales alzados en armas en
los años 40 y 50, los más mentados eran, aparte de Guadalupe Salcedo, Eduardo
Franco Isaza, Eliseo Velásquez, Tulio Bautista y sus 4 hermanos, Carlos
Rodríguez “el pote”, Bernardo Giraldo “el tuerto”, Rafael Sandoval “failache”,
Eduardo Nossa, y muy destacadamente, Dumar Aljure “el valiente”. En vísperas
del advenimiento del régimen militar que negoció con ellos, el número de
guerrilleros se calculaba en unos 3.000, auxiliados por 2.000 colombianos más.
Si se les preguntaba por qué estaban en combate, respondían: “para entregar el
poder al pueblo Gaitanistas”.
En Tolima, Huila, Eje cafetero, Norte del Valle. Adoptaron nombres de miedo, Capitán Veneno, El
Tigre, Alma Negra, Zarpazo, Capitán Venganza, el pollo de la Tebaida, Sangre
Negra y Tarzán, 2 de los más feroces bandoleros del fin de la violencia,
"Desquite" sus cuadrillas sembraron el terror en los territorios del
Tolima y el viejo Caldas, entre 1956 y 1963. Sembraron el terror por todas las
comarcas del país. Uno a otro fueronasesinados, en cacerías que costaban la
vida a civiles de toda condición y edad.
Quindío. La más importante de dichas
"guerrillas" era la comandada por el reservista tolimense Teófilo
Rojas Barón alias "Chispas"; logró abarcar en su zona de control casi
todo el municipio de Calarcá, con sus corregimientos de Córdoba, Quebrada
Negra, Barcelona y Albania y parte considerable de Génova, Pijao y Armenia. La
evocación de un campesino parcelario sobre su propia suerte entre 1950 y 1953,
la remembranza de otro campesino letrado de la situación vivida desde 1954 en
su vereda, una de las áreas controladas por "Chispas", de los comerciantes de las tiendas, incluyendo
algún conservador y en las veredas de los otros municipios de la cordillera oíamos
decir sin cesar durante la serie de entrevistas: "Si no es por Chispas,
destruyen a todos los liberales del pueblo" o "Gracias a Chispas
pudimos conservar las parcelas".
No existen
registros que "Chispas" o "El Mosco" o los jefes de las
principales cuadrillas liberales que se gestaron antes del "Frente
Nacional", hubiesen hecho riquezas traducibles en tierra o en inversiones
urbanas. "Chispas", por ejemplo, durante la tregua de 1958 a 1959
aparece como un propietario pequeño que cultiva con sus propias manos la
tierra. La compra de la "mejora" habría sido posible mediante un
préstamo otorgado por los fondos gubernamentales de Rehabilitación.
Después de entregar sus armas en 1955,
fueron cazados y exterminados los ex combatientes. El jefe guerrillero
Guadalupe Salcedo desmovilizado, fue asesinado en 1957. Junto a Salcedo se
entregaron otros jefes guerrilleros liberales: Dumar Aljure, Eduardo Fonseca,
Carlos Perdomo y Jorge González. Algo parecido sucedió en escenarios distintos
a los Llanos: en el Tolima, en Santander y en Antioquia.
1948
El Bogotazo. Operación Pantomima. El 9 de abril de 1948, la CIA con la complicidad de la
oligarquía colombiana liberal – conservadora, asesinaba una esperanza más del
pueblo colombiano en las calles céntricas de Bogotá. El asesinato del líder popular produjo una violenta
insurrección en la capital, el "Bogotazo" en momentos en que se
celebraba la Conferencia Panamericana. En muchas ciudades y pueblos del país se
formaron juntas revolucionarias y hubo momentos en que se creyó que el gobierno
iba a caer. La USA intervino al enviar tropas desde Panamá para afianzar al
régimen. Pero el gaitanismo no había creado estructuras políticas sólidas,
capaces de enfrentarse a la inmensa tarea de la toma del poder. Y así como las
fuerzas del gobierno no podían restablecer el orden en todos los rincones del
país, tampoco las fuerzas populares podían imponer el suyo ni crear nuevos
mecanismos democráticos para el manejo de los territorios bajo su control.
Bien pronto se diluyó el ímpetu
revolucionario de las masas y el país quedó a merced de la violencia
generalizada, sin dirección central y sin estrategia, de dos pueblos
enfrentados por el odio: el pueblo liberal y el pueblo conservador.
Porque la violencia fue popular. Participaron
en ella hombres, ancianos, mujeres y niños. La lucha fue muy desigual e
irregular, porque al lado de las masacres de población civil cometidas por
población civil, hubo masacres cometidas por militares disciplinados, por
bandas paramilitares conservadoras y por guerrillas liberales.
1953-56
Golpe de Estado del General Rojas. Y a pesar de que Rojas Pinilla
no quería y vacilaba, porque en Colombia las oligarquías no han dado casi nunca
permiso para estas cosas, lo obligaron a deponer al presidente y a asumir el
mando con un plan de "reconciliación" y Pacificación Nacional:
"La Patria por Encima de los Partidos". Y así fue cómo nos decretaron
la paz.
En este escenario el Jefe Supremo, como
llamaban al Rojas Pinilla, el General Presidente, se apartó de los gobiernos
conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta
Arbeláez, 1946-1953, que llamaban a los llaneros alzados en armas “bandoleros”
o “delincuentes comunes que actuaban movidos por odios y pasiones para
satisfacer sus deseos personales”, porque los denominó “guerrilleros”, es
decir, delincuentes políticos.
A la hora de la verdad. Embriagados por la
que consideraban una gran victoria del Régimen de las Fuerzas Armadas, sus
propagandistas no contaron todo lo qué pasó con los desmovilizados. Estos,
campesinos que regresaron a las tierras que ocuparon antaño, confiados en las
promesas de Bogotá, las encontraban en manos de conservadores que, lejos de
restituírselas, los expulsaban de nuevo en medio de amenazas. O sea que los
reinsertados liberales no hallaron la prometida paz.
Que no fue tan completa la pacificación del
régimen militar pudo comprobarse, asimismo, porque en su transcurso y según las
mismas declaraciones oficiales, estaban en pie de guerra los municipios de
Cabrera; Carmen de Apicalá; Cunday; Icononzo; el mismísimo Melgar, sede de una
importante base militar; Pandi; y Venecia. Con el argumento de acabar con el
comunismo, los altos mandos enviaron a algunas de esas localidades al Batallón
Colombia, curtido en Corea, y emplearon hasta bombas de napalm. Se inició
entonces otro de los terribles desplazamientos que han caracterizado al viejo
conflicto armado de Colombia. El pacificador Rojas Pinilla, en 1955, destinó
252 millones de pesos a las fuerzas armadas y apenas 41 millones a la salud y
62.5 a la educación, pero en honor a la verdad, preciso es recordar que no
gastó más en seguridad que lo que hicieron los ex presidentes Ospina Pérez,
Gómez y Urdaneta. Dos años después de que los civiles recuperaron el poder,
todavía quedaban en Colombia 43 cuadrillas de bandoleros en plena actividad con
casi 500 integrantes.
1958-1975.
El Frente Nacional. Esta época se debe llamar "Las mafias" le
viene mejor. Fue una
coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido
Conservador. A manera de respuesta contra la dictadura militar en 1953, su
consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes
índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales, los representantes
de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, Liberal y Laureano Gómez Castro,
Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos
partidos para restaurar la presencia en el poder del Bipartidismo. El 24 de
julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas,
en donde se estableció como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16
años, el poder presidencial se alternaría, cada 4 años, entre un liberal y uno
conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la
dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la transición política efectuada por una
Junta Militar, y con la elección de Alberto Lleras Camargo, y llegó a su fin el
7 de agosto de 1974.
Fue en estos años que comenzaron
a actuar las primeras mafias organizadas:
1ª. La mafia de los esmeralderos.
Colombia es el segundo productor de esmeraldas del mundo. En torno a los
basureros de las minas, bajo control del ejército, comenzó la actividad de
robos en gran escala. Pronto hubo más delitos, más dólares y más violencia en
las regiones esmeralderas. Políticos corruptos compraban y vendían cargos de
auditores en las minas, para negociar con las mafias y favorecer el comercio
clandestino. Más violencia. Más arbitrariedad. Más corrupción.
2ª. La mafia de la política.
Después de siglo y medio de guerras civiles, el partido liberal y el
conservador se pusieron de acuerdo para alternarse en el poder durante 16 años,
manteniendo la paz por arriba para impedir que el pueblo hiciera su propia
guerra. De esta época data la "Guerra Sucia" en Colombia, pues fue
preciso comenzar a matar, hacer desaparecer, intimidar e eliminar por
diferentes medios a dirigentes estudiantiles, sindicales, campesinos, políticos
de oposición, etc.
El Frente Nacional gobernó casi
ininterrumpidamente con Estado de Sitio, y los gobiernos que le han sucedido lo
siguen haciendo. La represión, con los años, se ha convertido en una rutina
implacable. En un país donde la pena de muerte no existe, los allanamientos
practicados por las fuerzas de policía y del ejército siempre terminan con el
mismo saldo: familias enteras son exterminadas y luego se pone el rótulo de
"guerrillero" a cada muerto, incluyendo a los bebés. A partir del
Frente Nacional, el estado colombiano se erige como un Estado Terrorista,
independientemente de la buena o mala voluntad del presidente de turno.
3ª. Las mafias de la marihuana,
primero, y de la cocaína, más tarde.Al amparo de estas políticas represivas
nacieron, originalmente capitales de políticos regionales que se invierten en
este negocio, con la anuencia o la complacencia del poder central. Cuando estas
mafias comienzan a desarrollar sus propias violencias, y especialmente cuando
entran en conflictos con USA, los grandes políticos liberales y conservadores
reaccionan e intentan reprimir estas actividades. Pero ya es tarde.
Desde 1958 han recibido regalos, dineros,
caballos de carreras, automóviles, invitaciones y zalamerías de los peores
mafiosos del país. Comparten con ellos acciones en las grandes empresas.
Reciben sus contribuciones en las campañas electorales. En muchas regiones del
país, dependen por entero de las mafias. El círculo se ha cerrado.
Las mafias han desarrollado y
"modernizado" la escuela tradicional de la violencia en Colombia. Además
de los métodos de tortura y exterminio que los partidos tradicionales
perfeccionaron durante casi dos siglos de guerras civiles y asonadas
anticonstitucionales, las mafias han introducido los atentados en gran escala,
los asesinatos sistemáticos de jueces y periodistas, los descuartizamientos con
sierra mecánica y otros avances técnicos similares.
La expansión de la actividad
mafiosa no solamente ha significado una ampliación de los territorios de la
violencia en Colombia en las cuatro últimas décadas del siglo. Además, y esto
es lo más grave, ha significado una descomposición general de la sociedad
colombiana. Los dineros de la mafia, sus métodos y su política de corrupción
han penetrado en las instituciones, en los partidos políticos, en todos los estamentos
sociales, en las fuerzas militares y policiales e incluso en los movimientos
llamados "revolucionarios", como mencionaré más adelante.
Las mafias han sabido aprovechar
en su beneficio el tradicional "clientelismo" de la política
colombiana. Se han apoderado de puntos claves en la estructura gamonalista y
caciquista de los partidos políticos. Han logrado intimidar, neutralizar,
corromper, sobornar o simplemente convertir en socios de sus fechorías a
magistrados, ministros, mandatarios, jefes civiles y militares.
Una parte importante del país ha
respondido a este desafío con valor y coraje civil. La respuesta de las fuerzas
de la corrupción ha sido implacable: centenares de jueces, periodistas,
políticos honestos, han sido asesinados brutalmente. Debe constatarse que a
pesar de esto, muchos colombianos continúan sosteniendo con dignidad y valor
sus posiciones en contra de la corrupción, el clientelismo político y la
penetración de las mafias en las instituciones del país.
4ª. El Cartel o La era de las guerrillas.
Durante el Frente Nacional
nacieron también las guerrillas revolucionarias.
ELN.
1964 FARC. Nace la guerrilla de las
Farc en mayo 27 de 1964.
EPL.
1973 M-19. El líder máximo, Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Carlos Pizarro,
Alvaro Fayad.
1985-2001
Asesinatos Selectivos.
1985 Exterminio de la UP. Fue un genocidio político, delito de Lesa
humanidad. Se desconoce la cifra total de militantes o simpatizantes de la
Unión Patriótica que fueron asesinados, pero cálculos parciales estiman que pudieron
ser unos 3,500 y un buen número de desaparecidos.
La Unión Patriótica UP es un partido
político colombiano de izquierda, fundado en 1985 como parte de una propuesta
política legal de varios grupos. Tomó distancia de los grupos insurgentes y llamó
a negociar una paz democrática y duradera.
Asesinatos. Dos candidatos presidenciales,
los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 8 congresistas, 13
diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3.500 de sus militantes,
otras fuentes aseguran que fueron unos 5.000, fueron sometidos a exterminio
físico y sistemático por grupos narcoparamilitares, miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado, ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular
y narcotraficantes; los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país.
1987 agosto 14. Sicarios motorizados
derribaron la puerta de la residencia del Senador Pedro Luis Valencia en
Medellín y fue acribillado.
Alejandro Cárdenas Villa, quien fue alcalde
de la UP en Mutatá, pasó luego a la gerencia de la Corporación de Vivienda y
Desarrollo Social de Medellín CORVIDE, y murió asesinado a plena luz del día en
la Plaza de Ferias de Medellín.
Gabriel Jaime Santamaría, siendo presidente
de la Asamblea de Antioquia, murió asesinado dentro de la oficina de
presidencia en La Alpujarra de Medellín, a pesar de las medidas de seguridad.
1988 mayo 18. Fue asesinado en Medellín
Elkin Martínez, elegido para posesionarse en Remedios, Antioquia. Fue asesinado
en una recepción de hotel mientras tomaba una foto turística. Su muerte
desencadenó el paro del nordeste antioqueño en Segovia y Remedios, paro que
duró cerca de 3 semanas. Los narcoparamilitares de Puerto Boyacá incursionaron
en Segovia el 11 de noviembre de 1988 al mando de Alonso J. Vaquero Agudelo
mejor conocido como el ‘Negro Vladimir’ bajo las órdenes de los hermanos Carlos
y Fidel Castaño jefes de las ACCU y Henry Pérez comandante de los narcoparamilitares
del magdalena medio. Entraron disparando y dejando a 48 muertos incluyendo
niños, mujeres y ancianos. El ‘Negro Vladimir’ participó también en las
masacres de 14 campesinos en Cimitarra, Santander, 19 comerciantes en Puerto
Boyacá y 15 funcionarios de la Fiscalía en La Rochela, Santander.18 Estos
hechos se conocieron posteriormente como la Masacre de Segovia, Masacre de La
Rochela y la Masacre de Cimitarra.
1997. A Elkin Martínez lo reemplazó Carlos
Rojo Uribe quien también murió asesinado el 1 de agosto de 1997 por los
alrededores del batallón Bomboná, junto con 7 personas que fueron sacadas de
sus casas en Remedios, Antioquia
1988. La muerte en Puerto Valdivia del
concejal de Valdivia, Henry Montenegro, desató un paro en el Bajo Cauca
antioqueño, que duró una semana hasta que se hiciera presente una comisión del
gobierno. Henry Montenegro perdió la Alcaldía de Valdivia por 1 voto en las
elecciones de 1988.
1992. Fue perpetrada la masacre de Caño
Sibao contra dirigentes de la UP.
1993. Henry Millán González dirigente y
fundador de la UP en el departamento del Caquetá, represente a la cámara del
Caquetá, asesinado en diciembre 7 de 1993 en la plaza de mercado de Florencia
Caquetá con 3 impactos de bala en la cabeza.
1995. Aída Avella, concejal de Bogotá a
quien intentaron matar en 1995. Refugiada en Suiza desde hace varios años.
2002. Octavio Sarmiento Bohórquez congresista
por Arauca fue asesinado por el grupo de Autodefensas Vencedores de Arauca, el
1 de octubre de 2002.
2013 Julio. El Consejo de Estado le devolvió
la personería jurídica a la UP, que había sido suprimida debido a que en las
elecciones legislativas de 2002 no obtuvo representación en el Congreso; el
fallo reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático contra
dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a
las elecciones y por tanto no obtuvieran la representación requerida.
2014. Estas ejecuciones o asesinatos de los
miembros de la UP en los años 80´s y 90´s fueron declarados en 2014 por la
Fiscalía como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan
por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de
seguridad del Estado, narcoparamilitares, para impedir el ascenso de
movimientos de izquierda en la política colombiana; en consecuencia, estos
crímenes seguirán siendo investigados de manera permanente y se procederá a
judicializar a quienes resulten implicados.
1987
Antioquia. Magnicidios. Universidad de Antioquia. 22 profesores y estudiantes de la U. de A. fueron
asesinados, la racha sangrienta se inició en julio 3 de 1987, pasados 30 años,
nadie ha sido detenido, juzgado o condenado por este magnicidio.
1º - 3 de julio - Darío Garrido
Ruiz. Profesor de la facultad de odontología de la Universidad de Antioquia
UdeA.
2º - 4 de julio - Edison Castaño
Ortega. Estudiante de la Facultad de Odontología de la UdeA, al otro día de
haber sido asesinado un profesor de su misma facultad.
3º - 14 de julio - José Abad
Sánchez. Estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UdeA, desaparecido, torturado y asesinado.
4º - 26 de julio - John Jairo
Villa Peláez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UdeA, torturado y
asesinado.
5º - 27 de julio - Yowaldin
Cardeño Cardona. Estudiante del Liceo de
la UdeA.
6º - 27 de julio - José Ignacio
Londoño. Estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la
UdeA, torturado y asesinado el 2 de Agosto.
7º - 3 de agosto - Carlos López
Bedoya. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de
Antropología de la UdeA, asesinado 2 horas después de haber sido sepultado el
estudiante José Ignacio Uribe Londoño.
8º - 5 de agosto- Gustavo Franco
Marín. Estudiante de la Facultad de Ingeniería UdeA.
9º - agosto - Hernando Restrepo.
Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
10º - 14 de agosto - Pedro Luis
Valencia. Médico, Senador de la República por la UP, Profesor de la Facultad de
Enfermería y Salud Pública de la UdeA. El comando paramilitar irrumpió en la
casa del senador Valencia a bordo de un campero, atropelló la puerta del garaje
de la residencia situada a unas seis cuadras de la IV Brigada del Ejército, y
cuando el congresista se asomó a una de las ventanas para averiguar qué estaba
sucediendo, fue atacado con ráfagas de ametralladora. A los 48 años de edad, luego de una exitosa carrera política en las filas
de la izquierda, en los últimos tiempos de la Unión Patriótica, Valencia
Giraldo pagó con su vida sus incontables denuncias. ‘don berna’ aseguró sobre el crimen del senador
Valencia: “Carlos Castaño fue personalmente a ese operativo con miembros de la
IV Brigada”
11º - 25 de agosto - Luis Felipe
Vélez, Presidente de ADIDA.
12º - 25 de agosto - Leonardo
Betancur Taborda. Profesor de la Facultad de Medicina y Miembro del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, asesinado Asociación de
Institutores de Antioquia -ADIDA- en donde estaban acompañando el traslado del
féretro de Luis Felipe Vélez, Presidente de ADIDA quien había sido asesinado
horas antes en esta misma sede.
13º - 25 de agosto - Héctor Abad Gómez. Profesor de la Facultad de Salud Pública de la UdeA y miembro del
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, fue asesinado junto
con Leonardo Betancur a la entrada de ADIDA.Seis disparos
acabaron con la vida del médico Héctor Abad.
14º - 17 de octubre - Rodrigo
Guzmán. Médico internista del Hospital San Vicente de Paúl, vicepresidente de
la Asociación de Médicos Internos y Residentes Seccional Antioquia.
15º - 24 de octubre- Orlando
Castañeda Sánchez. Estudiante de la Facultad de Medicina de la UdeA, detenido,
desaparecido, torturado y asesinado.
16-20º - 24 de noviembre –Masacre 6 asesinatos: 1ª Orfelina Sánchez, de 28 años; 2ª María Concepción Bolívar, de 19 años,
recién graduada de bachiller; 3ª el joven obrero Iriam Zuluaga, de 30 años; 4ª Luz
Marina Ramírez, 21 años y estudiante de Química y Farmacia de la Nacional; 5ª Pedro
Sandoval, de 18 años.
21º - 10 de diciembre - Francisco
Gaviria. Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UdeA,
desaparecido, torturado y asesinado.
22º - 16 de diciembre - Luis
Felipe Vélez. –Noreña- Abogado, Profesor de la Facultad de Derecho de la UdeA,
Presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y miembro del Partido
Conservador.En la tercera semana de diciembre, después de ser
secuestrado en Medellín, el cadáver de Vélez fue encontrado en un paraje de la
carretera al mar. Con dos impactos de bala los asesinos acabaron con la vida de
un intelectual que le entregó 19 años a la Universidad de Antioquia.
Las confesiones de Don Berna, 25 años
después. Por estos crímenes jamás hubo un detenido. A comienzos de febrero de
2012, el jefe narcoparamilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró
que Carlos Castaño, fue el determinador de estos asesinatos. Don Berna indicó que todos estos crímenes hicieron parte de
una estrategia de los paramilitares para apoderarse de la capital antioqueña.
Cuando la Fiscalía le preguntó qué miembros del ejército ayudaron a Castaño en
su plan para apoderarse de la ciudad, Don Berna guardó silencio y dijo que por
problemas de seguridad preferiría no mencionar a nadie. Al único al que se
refirió fue al general Farouk Yanine Díaz, ya fallecido, que en vida fue
señalado, además, como responsable de la masacre de La Rochela, ocurrida el 18
de enero de 1989. “Este general era clave en el apoyo a las autodefensas en
asuntos logísticos, de relaciones con otros oficiales y con información”.
1986-89 Periodistas Asesinados. Antes de Diego
Vargas Escobar, en Medellín fueron asesinados los periodistas Alberto Lebrún
Múnera 11·01·1986, el mismo Héctor Abad Gómez 25·08·1987, Nelson Gavini Alzate
11·11·1987, Jorge León Vallejo Rendón 15·06·1989, Juan Gabriel Caro Montoya
17·06·1989; Roberto Sarasty Obregón 10·10·1989, Martha Luz López 10·10·1989 y
Miguel Arturo Soler Leal 10·10·1989.
Carlos Gónima
1998 Jesús María Valle Jaramillo. Asesinado en febrero 27 en su oficina, piso 4º Edificio
Colón, en frente del Tribunal de Justicia, en el centro de Medellín. Máximo
defensor de los derechos humanos en Antioquia, se desempeñaba como Presidente
del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Defensor de los
presos políticos de Antioquia y Diputado en la Asamblea de Antioquia por el
partido Conservador. Señalo a altos oficiales del Ejército y de la Gobernación
de Antioquia, su connivencia con grupos de narcoparamilitares y autodefensas y
como responsables de varias masacres en Ituango y El Aro.
- Otras Masacres en Antioquia:
1996. San Roque agosto;
1997. Vegachi febrero 29, Mutata mayo 29,
Segovia abril 22, Sabanalarga julio 12, El Retiro agosto 14, Dabeiba
noviembre 24;
1998. Mutata enero 14, Urrao abril 28, Sabanalarga julio 12, San Carlos octubre
25, Remedios noviembre 5, Yolombo noviembre 18;
1999. San Carlos junio 17, Yolombo agosto 31, Heliconia octubre 10, Concepción
diciembre 20;
2000. Yarumal enero 17, Urrao febrero 4, San Carlos abril 15;
2001. Peñol enero 5, Yolombo enero 4 y abril 16, San Carlos mayo 17, Peque
julio 4, Remedios julio 7, Alejandría octubre 19.
FALTAN
Colfuturo
Epm une
Secretario de seguridad Medellín
Villegas moreno
Paraíso fiscal panamá Bancolombia
Bavaria mincultura
El metro y el TransMilenio de
Bogotá,
Cruz Gobernado Cundinamarca
Gobernado condenarme Ardila
periódico
Buscar Luque falto
Café fede juan Valdés
Bananeras
San Andrés pastrana mar
territorial
Coquivacoa
Perú
Nicaragua
Fuero
Comisión
Exención tributaria
Lloreda
Cossío cárceles
Yopal acueducto
Choco carretera
Crispín
16 de marzo. La protesta comunera inicia en la provincia del Socorro y se generaliza por las poblaciones de los actuales departamentos de Boyacá y Cundinamarca, como Chatalá, Pamplona, Zipaquirá, Maracaibo, Tequia, Riachuelo, Simacota. Entre marzo 16 y junio 7 de 1781, se presentan 33 tumultos en toda la región.
Para septiembre, los cosecheros de tabaco de Sacaojal y Sopetrán se sumaron a las protestas, comandados por el liberto Pedro Lastra. Los amotinados impidieron que los alguaciles continuaran arrancando las siembras de tabaco, a los gritos de “Todos tenemos tabacales” y “no obedecerían ni a Dios ni al rey”. Las exigencias de los rebeldes, presentadas ante el gobernador por medio del cura de Sacaojal, consistían en la extinción de los estancos de tabaco y aguardiente, libre siembra y beneficio del tabaco, a lo que se respondió con una violenta represión de la revuelta.
En 1854. Guerra de los Artesanos. Para Colombia la insubordinación y toma del poder por el general tolimense José María Melo en 1854 tuvo una significación excepcional: a sólo treinta años de consumada la independencia, a 60 de la Revolución de los Comuneros del Socorro y Charalá, por primera vez en la vida republicana del país una clase social distinta de la burguesía, el artesanado, se asomó al poder. El general José María Melo dio un golpe de estado apoyado por los artesanos y las Sociedades Democráticas, lo cual produjo un levantamiento general de la oligarquía. El baño de sangre concluyó con fusilamientos en masa de artesanos y el destierro de más de 2 mil de ellos a las regiones inhóspitas del Darién.
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