El siguiente informe hace parte de Las ‘vueltas’ de La ‘Oficina de Envigado’, el más reciente libro del periodista y profesor universitario Juan Diego Restrepo E.

Pablo Escobar. Ilustración: Cristina Montoya.

Por Juan Diego Restrepo E. / juandire@gmail.com

«El nombre de la Oficina viene de los tiempos de Pablo Escobar. Como él se hacía decir doctor, entonces decía que todo doctor tiene su oficina», narró un ex miembro de esta organización criminal a un equipo de investigadores de la Unidad Nacional de Justicia y Paz en noviembre de 2009, durante una entrevista en la que le pedían que explicara el origen de la estructura ilegal llamada «Oficina de Envigado». Según su testimonio, la Oficina como tal inicia en 1985, cuando varios narcotraficantes que convergían en el Cartel de Medellín necesitaron de un mecanismo de regulación de sus negocios. Así lo indicó el entrevistado por las autoridades judiciales: «Era como un grupo de mafiosos que comenzaron a estructurarse. Posteriormente se dio como una cultura del cobro, cuando los problemas con Pablo Escobar se querían arreglar a las malas».

Ese testimonio es de los pocos que han sido dados en ese escenario de justicia transicional llamado de Justicia y Paz, siguiendo las normas de la Ley 975 de 2005, a través de la cual se juzga a los paramilitares que se desmovilizaron de manera colectiva bajo los acuerdos del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el Gobierno Nacional, en junio de 2003. Pese a que en su evolución esta estructura criminal tuvo una fase de articulación al proyecto contrainsurgente que lideraron los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil hacia finales de la década del noventa, varios de quienes estuvieron en ese origen sobrevivieron a esas guerras internas y hoy rinden sus versiones ante Justicia y Paz, aunque no han entregado información sustancial al respecto.

Para establecer detalles más concretos sobre el origen de la Oficina de Envigado se exploraron aquellos expedientes judiciales relacionados con las acciones criminales cometidas por el Cartel de Medellín y que fueron investigadas durante la década del noventa. En esos documentos, se encontraron varios testimonios de sicarios y narcotraficantes que se entregaron a la justicia o fueron capturados, quienes indagados por la existencia de esa empresa criminal ofrecieron sus versiones y explicaciones.

Si bien en ese testimonio de 2009 se dijo que la Oficina había iniciado sus actividades en 1985, sobre esa fecha parece no haber consenso. En uno de los expedientes sobre las acciones criminales del Cartel de Medellín reposa la declaración de un testigo sin rostro, quien el 23 de febrero de 1993 acudió a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Aseguró que existía desde 1980 y precisó sus actividades y relaciones:

[…] en esa época se manejaba a niveles de oficina, la cual era frecuentada por personalidades de la política, la banca, la industria, a donde se iba a ventilar propiedades,  negocios, y se le prestaba plata a la industria. En ese entonces,  solo era cuestión comercial y flujo de dinero, y todo Medellín iba allá a la oficina para que los «llevaran» en los envíos de cocaína. La oficina, en ese entonces, servía para que todo aquel que quisiera fuera y llevara plata para enviar cocaína o se le recibía la misma coca. Para esa época, las oficinas siempre estaban en casafincas del barrio El Poblado ubicadas en zonas estratégicas y se estaban rotando  cada tres o cuatro meses.

En esa concepción como centro de negocios coincidió Frank Cárdenas Palacio, uno de los hombres que sobrevivió, desde mediados de 1992, a los embates de la guerra de Escobar y sus lugartenientes contra sus enemigos, y quien se entregó a la justicia para aportar información útil para perseguir al Cartel de Medellín, acogiéndose al Decreto 264 del 5 de febrero de 1993. Su descripción reposa en una declaración que dio a fiscales regionales de Bogotá, luego de su sometimiento y su disposición a contribuir con datos relevantes sobre esa organización. Preguntado sobre a qué llaman «Oficina», respondió: «La Oficina es en general todo lo que maneja Pablo Escobar; es decir, son actividades de narcotráfico y lavado de dinero, crímenes, secuestros, extorsión».

Son varios los testimonios de sicarios en los que se observa una interpretación muy subjetiva de lo que fue en esa época inicial la Oficina. Por ejemplo, cuando Jairo Posada Valencia, conocido con el alias de Titi, uno de los sicarios más efectivos del Cartel de Medellín, fue interrogado sobre quién había dado la orden del asesinato del entonces coronel Valdemar Franklin Quintero, director de la Policía de Antioquia a finales de la década del ochenta, respondió: «Debió haber sido la Oficina». Y a la interpelación «cuando usted habla de la Oficina, ¿a quién o a quiénes se refiere?», dijo: «O sea el Cartel de Medellín». Pero una nueva interpretación al respecto dio cuando se le preguntó quién le pagaba su sueldo: «A nosotros nos consignaban el salario en la cuenta personal, no sé quién giraba la plata; yo llamo La Oficina a la que mueve el billete del Cartel de Medellín».

Otro de los hombres de confianza de Escobar fue Carlos Mario Alzate Urquijo, identificado como El Arete, quien se entregó a la justicia en tiempos de la cacería contra todos los integrantes del Cartel de Medellín. En diversas indagatorias ante las autoridades judiciales, hizo referencia no solo a una sino a dos «oficinas»: una de ellas era la de Escobar y la otra la de sus socios, los hermanos Galeano y los Moncada. Lo que se infiere de sus declaraciones es que estos «puntos de encuentro» tenían cierta independencia en sus actividades del narcotráfico, particularmente en el manejo de rutas de exportación de la droga hacia Estados Unidos.

Sin embargo, cuando Escobar decidió atacar al Estado a comienzos de los años noventa, antes de su sometimiento a la justicia, las «oficinas» se dividieron tareas: la de Escobar se dedicaría a la guerra y la de los Galeano y Moncada a continuar en el tráfico de drogas para, en parte, sostener esa disputa que tenía como objetivo central lograr que el Gobierno Nacional modificara su postura frente a la extradición de sus nacionales a Estados Unidos. Famosa fue la frase que se acuñó en esa época: «Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos», firmada por un grupo que se hizo llamar «Los Extraditables». Atrás había quedado el intento de reforma constitucional del gobierno de Virgilio Barco a través del proyecto N°. 11 de 1988, que pretendía modificar sustancialmente algunos aspectos del Estado y que fue entorpecido inicialmente por el entonces representante a la Cámara por Antioquia, Mario Uribe, quien respaldó la idea de someter a referendo si se extraditaba o no a los colombianos, pese a que el gobierno de Barco no admitía esa decisión. Para respaldar su postura, el representante dijo: «No puede señalársenos de impertinentes cuando hemos pedido que sea el pueblo quien nos indique el sendero a seguir en esta guerra insoportable que amenaza ruina en el edificio social».

En el Senado, el debate fue igualmente candente y, curiosamente, quien hizo causa común con Mario Uribe, el representante por Antioquia, fue su primo Álvaro Uribe Vélez, quien en una sesión plenaria no respaldó la extradición:

«Con la responsabilidad histórica de buscar estrategias efectivas, yo no creo que la extradición sea una estrategia efectiva. No creo que sea efectivo que nuestros jueces estén intimidados, que nuestros cementerios estén llenos de tumbas de jueces masacrados, porque cumplieron su deber contra el narcotráfico. Es cierto, pero por qué no buscar soluciones imaginativas, honorable senadores».

Finalmente, el gobierno abandonó ese proyecto en diciembre de 1989, «debido a la controversia nacional que se suscitó por propuestas relacionadas con la extradición en el curso de dicho debate».

La postura de Uribe Vélez coincidía con la del capo del Cartel de Medellín, aspecto que coincidió con un informe de la agencia norteamericana FBI enviado desde Bogotá a su oficina en Miami, el 17 de abril de 1990. Una vez pasaron las elecciones al Congreso, aseveró que

(…) la información ha sido confirmada por otras fuentes, contactos de enlace, medios técnicos y operativos de seguridad pública en Colombia y los EE. UU., y se considera fiable (…). Varios políticos de Antioquia ganaron asientos en el Senado. (…). Representan al Partido Liberal y sus campañas fueron asistidas por el grupo de Escobar.

Una revisión a los resultados electorales del 11 de marzo de 1990, permite establecer que los senadores electos en Antioquia por diferentes facciones del Partido Liberal fueron Álvaro Uribe Vélez y Bernardo Guerra Serna.

No obstante la decisión del gobierno Barco de enfrentarse al Cartel de Medellín llevó a los narcotraficantes a moverse financieramente para sostener esa guerra. El Arete evocó una reunión en cuyas palabras se revelan las interacciones que tenían las dos «oficinas» ya referidas. Resulta que el Cartel de Medellín tenía una ruta de envío de droga a México conocida como «La Fanny», que salía del departamento del Chocó por el océano Pacífico. En los inicios de la guerra de Escobar contra el Estado, el uso de esta vía se suspendió, pero ante la necesidad de recursos, se decidió reactivarla:

«Es esta época, la Oficina estaba cumpliendo  un papel netamente de guerra contra el Estado, y el narcotráfico era si caso un segundo plano, de todas maneras necesitaban financiación y en una reunión (…) concluyeron que tenían que recoger un dinero para continuar con la lucha, creo que fue como en el año 90-91, se contactaron las personas que en el principio manejaron y coordinaron la ruta La Fanny y se decidió en la reunión que (…) aportarían un dinero por partes iguales para financiar el engranaje de la ruta, o sea, barcos, en trasporte de la cocaína, y en sí todos los gastos que deriva esta ruta, la persona encargada de recibir todos estos dineros y de proporcionarlos a los que iban a manejarla era Kiko Moncada».

A ese tipo de reuniones era habitual que cada «oficina» o clan mafioso enviara sus delegados. En el caso de la reactivación de la ruta La Fanny, alias El Arete tuvo un papel específico: «Pablo Escobar me delegó como coordinador de la parte de la oficina». Tal responsabilidad implicaba una serie de reportes sobre cómo se estaba desarrollando esa ruta, cuánta droga se exportaba, hacia dónde y cuánto dinero generaba.

En asuntos de infraestructura, cada «oficina» ponía también sus recursos. En este caso en particular, tanto la de los Galeano y Moncada, como la de Escobar, colocaron a disposición de la reactivación de la ruta La Fanny: hombres, helicópteros y vehículos para mover la droga que venía de distintos puntos del país y se almacenaba en algunos sitios de Istmina, Chocó, donde también tenían laboratorios de procesamiento del alcaloide. Desde allí era trasladada por vía aérea hasta Bahía Cupica, donde se encaletaba en lanchas rápidas y la trasladaban a un buque camaronero que hacía su recorrido hasta México. Para financiar la guerra contra el Estado, según cuentas de El Arete, se lograron sacar por esta ruta 5400 kilos de cocaína en tres embarques: el primero de 500 kilos, el segundo de 2000 kilos y el tercero de 2900 kilos. Todos ellos llegaron a los puertos mexicanos.

Otro de los aspectos que destacó El Arete en una de sus intervenciones con respecto al funcionamiento de la Oficina del Cartel de Medellín, era el grado de compartimentación sobre las funciones y la información que manejaban sus integrantes. Al ser interrogado por fiscales sobre otras rutas de exportación que tenía bajo su control esta empresa criminal, entre ellas dos conocidas como «Aluminio» y «Las Cerámicas», respondió:

«Esto se manejaba en la oficina con mucho hermetismo, la persona que a ciencia cierta tiene conocimiento de esto era José Fernando Posada Fierro, ya que en la organización se manejaba mucho la discreción ya que entre menos tuviera uno conocimiento de actividades distintas a la de uno, corría menos peligro de enredarse en algún problema, y esto lo recalcaba mucho Pablo Escobar».

En medio de la persecución desatada contra Pablo Escobar y sus hombres, una vez se fugó de la cárcel La Catedral el 22 de julio de 1992, varios de sus colaboradores más cercanos comenzaron a entregarse a la justicia. Uno de ellos fue precisamente Posada Fierro, quien administró las rutas del narcotráfico mientras el jefe del Cartel de Medellín estuvo detenido, y se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales el 28 de febrero de 1993. Sus declaraciones a los fiscales regionales dejaron en evidencia las claves no solo de ese nivel de compartimentación del que habló El Arete, sino de las «áreas de trabajo» que la estructuraban. En su afán de precisar su puesto en la organización, Posada Fierro explicó que sus funciones se centraron en el manejo de las redes de narcotráfico:

«Yo nunca manejé gente que estuviera en la parte militar, esto lo pueden constatar con las personas de la misma organización de Pablo Escobar que están vivas y formaban parte de esa ala militar (…) como dije antes yo bajo mi mando no tenía sicarios ni organizaciones de sicarios, todas las personas que estaban bajo mi mando eran solamente de narcotráfico».

Se deduce, entonces, que aquello que llamaban «Oficina» u «Oficina de Pablo Escobar», tenía cuando menos dos esferas de trabajo: narcotráfico y sicariato, ambas en esferas diferentes, con personal específico que, al parecer, no se juntaban, salvo para tareas excepcionales. Lo dicho por Posada Fierro es importante por cuanto advierte que había «organizaciones de sicarios» al servicio de Escobar y su Cartel, lo que amplía el entramado alrededor de la Oficina.

El surgimiento de la “Oficina”